Artículos
Promoción de la Apertura Política en Cuba
De la homofobia a la transfobia: La equidad de género no llega a todos por igual
Pese al discurso de apertura a la diversidad de género, como la referido al matrimonio igualitario, el régimen cubano se ha caracterizado a lo largo de las décadas por la discriminación a quienes no se ajustaban a la normativa estándar heterosexual, persiguiendo a quienes expresaban otras orientaciones minoritarias con leyes draconianas y sometiéndolos al escarnio público.Por María Matienzo Puerto y Kirenia Yalit Núñez
¿Qué es la libertad de género para la revolución cubana? ¿A quiénes se circunscribe el discurso de género en el contexto cubano actual? Y sobre todo, ¿qué hace que el Estado cubano se interese por estos discursos de género si se mantuvo por varias décadas encarcelando y criminalizando todo tipo de expresión que no fuera heternormativa y patriarcal?
Los años que transcurrieron entre noviembre de 1965 y julio de 1968 marcaron a la sociedad cubana para siempre. Durante estos 2 años en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) las personas que no se ajustaban a los estereotipos impulsados por la revolución social de Fidel Castro fueron sometidas a terapias de conversión a través de trabajo forzado.
El escritor Abel Sierra Madero corrobora estas prácticas en entrevistas realizadas con el fin de socavar información para sus investigaciones sobre “el hombre nuevo”. En el artículo “Lo de las UMAP fue un trabajo ‘top secret’: Entrevista a la Dra. María Elena Solé Arrondo”[i], quien fuera profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, afirma haber participado de un equipo creado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) para el estudio y la “rehabilitación” de homosexuales recluidos en la UMAP.
“Ese primer trabajo fue en mayo del 66, por ahí, es decir, a los cinco o seis meses de haber comenzado la UMAP. La idea era hacer una evaluación de estas personas, es decir, de los homosexuales en particular, porque allí en las UMAP había otras personas que no eran homosexuales. Ese trabajo tenía dos partes; una parte era evaluar desde el punto de vista psicológico a estas personas, y otra parte era evaluar la parte pedagógica; yo fui a la parte psicológica que aplicamos pruebas psicológicas. Y el resultado de esta evaluación —estamos hablando del año 66–67— [fue que] la mayoría de ellos tenían muy bajo nivel cultural; [el número de] los del nivel universitario, que yo recuerdo, era mínimo. Yo me quedé un poco asombrada con todo aquello, cosa que yo no imaginaba lo que iba a oír y lo que iba a ver”.
El mundo vivía una revolución sexual, la comunidad LGTBIQ comenzaba a florecer y Cuba avanzaba en dirección opuesta. El periodista Luis Cino cita a Samuel Feijóo, folklorista y escritor también, en uno de los discursos más radicales de la época publicado en el periódico El Mundo, en 1965, bajo el título Revolución y vicios: “No se trata de perseguir homosexuales, sino de destruir sus posiciones, sus procedimientos, su influencia. Higiene social revolucionaria se llama eso. Habrá de erradicárseles de sus puntos claves en el frente del arte y de la literatura revolucionaria”.[ii]
La UMAP cerró oficialmente en el 68 con la aprobación de la Ley 1129 de Servicio Militar Obligatorio[iii] pero la cacería por razones de orientación sexual no cesó. En la década siguiente Fidel Castro en el Congreso de Educación y Cultura de 1971 legitimó e hizo política de Estado la exclusión. Las exigencias de higienización social de Samuel Feijóo y otros intelectuales y funcionarios fueron retribuidas con nuevas persecuciones y la anulación de la vida pública y cultural de personas abiertamente homosexuales[iv].
Entre 1971 y 1976 sucedió lo que se conoce como el Quinquenio Gris aunque la grisura de estas políticas habían antecedido a estas fechas y no perdieron su tono homofóbico hasta bien entrada la década del 80 del siglo XX.
En los noventa con la crisis económica y la apertura del turismo, la orientación sexual y la identidad de género comenzaron a asociarse a la prostitución, y por tanto, fue perseguida como una actividad criminal. Las actas de advertencia por “asedio al turismo” y las condenas posteriores si se reincidía, o las condenas por peligrosidad social pre delictivas para condenar la prostitución, eran muy frecuentes entre hombres que tenían relaciones con otros hombres, y entre la población trans femenina.
Para las mujeres trans no existía una prisión especial ni eran hechas prisioneras con las demás mujeres que eran juzgadas por ejercer la prostitución también, sino que iban a cumplir sus condenas a las prisiones de los hombres[v]. Tal como ha sucedido con Brenda Díaz, la manifestante del 11 de julio de 2021 que ha sido condenada a 14 años de privación de libertad en una cárcel para hombres en el municipio Güines. O con Alfredo Martínez Rivera, condenado en juicio sumario a un año de privación de libertad y trasladado a la Prisión de Mujeres de Occidente de La Habana. O como el caso de Yoan de la Cruz, otro manifestante del 11 de julio quien fuera llevado a los tribunales vestido de rosado para llamar la atención sobre su orientación sexual y su condición de seropositivo.
Los nuevos controles
Han pasado más de treinta años y las personas trans siguen sin ser reconocidas con la identidad que ellas y ellos han escogido. La política reaccionaria del siglo XX ha sido reemplazada por el control de instituciones como el CENESEX que pertenecen al Ministerio de Salud Pública y que perciben a la comunidad LGTBIQ desde la sanidad.
Actualmente el proceso para modificar el nombre de las personas trans en sus documentos de identidad y sin que hayan pasado por un procedimiento quirúrgico es en apariencia sencillo. Deben presentar en las oficinas del Registro Civil de su municipio el certificado de nacimiento, un certificado de antecedentes penales, un documento que acredite que la persona es reconocida por el nombre que desea y una declaración jurada con la presencia de al menos dos testigos ante notaría que den fe del nuevo nombre.[vi] No obstante, el proceso resulta largo y engorroso. Los funcionarios encargados de hacer los trámites desconocen cómo hacer los procedimientos.
“Solo se sabe de cuatro personas que han logrado poner el nombre con que se identifican. Es un proceso por el nivel de burocracia transversalizado por la homofobia”, apunta Raúl Soublet[vii], activista y miembro de la comunidad LGTBIQ y agrega que es un proceso centralizado en La Habana y que durante la pandemia fueron suspendidas las consultas y los tratamientos sin que se hiciera un análisis serio sobre las consecuencias en la vida de las personas trans.
A finales de 2019 y frente a la creciente ola de violencia que se comenzaba a visibilizar en Cuba, un grupo de 40 mujeres presentaron ante la Asamblea del Poder Popular una Solicitud de Ley Integral contra la violencia contra las niñas y las mujeres. En esa propuesta se incluía el derecho de las mujeres trans a ser reconocidas y el derecho de todas a ser protegidas por leyes que condenaran la violencia política contra activistas, a ser protegidas de los feminicidas[viii]. La respuesta fue un aumento de la represión y la postergación de la ley, dentro del programa legislativo, para el 2028.
Al año siguiente, el 2020, aumentaron las campañas de descrédito sobre los feminismos que no se ajustaban a los cánones ideológicos del socialismo; las activistas trans que era detenidas eran llamadas por nombres masculinos, ignorando por completo su elección de identidad. Aumentaron también considerablemente los feminicidios.
En el primer semestre del 2022 organizaciones no gubernamentales como Yo Sí Te Creo, la Red Femenina y el Observatorio de violencia de género Alas Tensas, han registrado 25 feminicidios, casi el doble de los ocurridos en el 2021[ix].
Ninguna de las leyes promovidas en los últimos 4 años ha valorado la perspectiva de género como un camino hacia la equidad. El Código Penal[x] no tipifica los feminicidios. El Decreto Ley 35[xi] no penaliza la violencia ni el acoso en línea. El Código de las Familias[xii] ha jugado con los anhelos de una comunidad, ha centrado la propaganda, para dar una idea de democracia, en el matrimonio igualitario y a la par que propone la “unión legal” mantiene un lenguaje heteronormativo cuando se refiere madre y padre, en singular, para hablar de la responsabilidad parental.
En ninguna de estas leyes se reconoce el derecho a las personas trans a ser reconocidas legalmente como ellas quieren ser identificadas. La imagen oficial es de apertura, pero en los muros de mujeres activistas como Kiriam Gutiérrez Pérez siguen apareciendo denuncias como la del 8 de septiembre de 2022 donde narra cómo Keilys Carranza Álvarez de 20 años, fue expulsada de su trabajo por vestir acorde a su identidad. El discurso de la equidad, de la libertad de género llega hasta que las personas trans intentan ocupar un lugar en la sociedad.
En Cuba ha habido una instrumentalización de los derechos de la comunidad LGTBIQ en función de intereses políticos y económicos. El centro nunca ha sido los derechos humanos y sí la apertura de un turismo[xiii] del que Cuba ha estado ajeno y que podría dejar grandes dividendos económicos[xiv]. En los medios audiovisuales y en la propaganda, el discurso puede parecer de tolerancia, pero basta con que esas personas exijan sus derechos para que la violencia adquiera un matiz homofóbico y misógino.
[i] enero 2016 Cuban Studies. Resumen en reserchgate.net
[ii] Cino, Luis: Aquellos tiempos grises que no debemos olvidar los cubanos. Cubanet News, La Habana, 2019.
[iii] Ponte, José Antonio: ¿Qué fueron las UMAP?. Diario de Cuba, Madrid, 2014.
[iv] Vicent, Mauricio: El recuerdo del ´quinquenio gris´ moviliza a los intelectuales cubanos, El País, La Habana, 2007.
[v] Pérez, Yusnaby: Prostitución masculina en Cuba, una historia real. Radio Martí, La Habana, Cuba, 2014
[vi] Sabina González, Jessica: El cambio de nombre para las personas trans en Cuba: ¿cómo funciona? Alas Tensas, La Habana, 2022.
[vii] Entrevista inédita a activista Raúl Soublet
[viii] Colectivo de autoras: https://negracubanateniaqueser.com/2019/11/21/solicitud-de-ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-en-cuba/
María Matienzo Puerto y Kirenia Yalit Núñez María Matienzo Puerto es escritora y periodista independiente. Sus reportes sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en CubanetNews
Kirenia Yalit Núñez es psicóloga y activista de derechos humanos. Miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Justicia 11J
¿Qué es la libertad de género para la revolución cubana? ¿A quiénes se circunscribe el discurso de género en el contexto cubano actual? Y sobre todo, ¿qué hace que el Estado cubano se interese por estos discursos de género si se mantuvo por varias décadas encarcelando y criminalizando todo tipo de expresión que no fuera heternormativa y patriarcal?
Los años que transcurrieron entre noviembre de 1965 y julio de 1968 marcaron a la sociedad cubana para siempre. Durante estos 2 años en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) las personas que no se ajustaban a los estereotipos impulsados por la revolución social de Fidel Castro fueron sometidas a terapias de conversión a través de trabajo forzado.
El escritor Abel Sierra Madero corrobora estas prácticas en entrevistas realizadas con el fin de socavar información para sus investigaciones sobre “el hombre nuevo”. En el artículo “Lo de las UMAP fue un trabajo ‘top secret’: Entrevista a la Dra. María Elena Solé Arrondo”[i], quien fuera profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, afirma haber participado de un equipo creado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) para el estudio y la “rehabilitación” de homosexuales recluidos en la UMAP.
“Ese primer trabajo fue en mayo del 66, por ahí, es decir, a los cinco o seis meses de haber comenzado la UMAP. La idea era hacer una evaluación de estas personas, es decir, de los homosexuales en particular, porque allí en las UMAP había otras personas que no eran homosexuales. Ese trabajo tenía dos partes; una parte era evaluar desde el punto de vista psicológico a estas personas, y otra parte era evaluar la parte pedagógica; yo fui a la parte psicológica que aplicamos pruebas psicológicas. Y el resultado de esta evaluación —estamos hablando del año 66–67— [fue que] la mayoría de ellos tenían muy bajo nivel cultural; [el número de] los del nivel universitario, que yo recuerdo, era mínimo. Yo me quedé un poco asombrada con todo aquello, cosa que yo no imaginaba lo que iba a oír y lo que iba a ver”.
El mundo vivía una revolución sexual, la comunidad LGTBIQ comenzaba a florecer y Cuba avanzaba en dirección opuesta. El periodista Luis Cino cita a Samuel Feijóo, folklorista y escritor también, en uno de los discursos más radicales de la época publicado en el periódico El Mundo, en 1965, bajo el título Revolución y vicios: “No se trata de perseguir homosexuales, sino de destruir sus posiciones, sus procedimientos, su influencia. Higiene social revolucionaria se llama eso. Habrá de erradicárseles de sus puntos claves en el frente del arte y de la literatura revolucionaria”.[ii]
La UMAP cerró oficialmente en el 68 con la aprobación de la Ley 1129 de Servicio Militar Obligatorio[iii] pero la cacería por razones de orientación sexual no cesó. En la década siguiente Fidel Castro en el Congreso de Educación y Cultura de 1971 legitimó e hizo política de Estado la exclusión. Las exigencias de higienización social de Samuel Feijóo y otros intelectuales y funcionarios fueron retribuidas con nuevas persecuciones y la anulación de la vida pública y cultural de personas abiertamente homosexuales[iv].
Entre 1971 y 1976 sucedió lo que se conoce como el Quinquenio Gris aunque la grisura de estas políticas habían antecedido a estas fechas y no perdieron su tono homofóbico hasta bien entrada la década del 80 del siglo XX.
En los noventa con la crisis económica y la apertura del turismo, la orientación sexual y la identidad de género comenzaron a asociarse a la prostitución, y por tanto, fue perseguida como una actividad criminal. Las actas de advertencia por “asedio al turismo” y las condenas posteriores si se reincidía, o las condenas por peligrosidad social pre delictivas para condenar la prostitución, eran muy frecuentes entre hombres que tenían relaciones con otros hombres, y entre la población trans femenina.
Para las mujeres trans no existía una prisión especial ni eran hechas prisioneras con las demás mujeres que eran juzgadas por ejercer la prostitución también, sino que iban a cumplir sus condenas a las prisiones de los hombres[v]. Tal como ha sucedido con Brenda Díaz, la manifestante del 11 de julio de 2021 que ha sido condenada a 14 años de privación de libertad en una cárcel para hombres en el municipio Güines. O con Alfredo Martínez Rivera, condenado en juicio sumario a un año de privación de libertad y trasladado a la Prisión de Mujeres de Occidente de La Habana. O como el caso de Yoan de la Cruz, otro manifestante del 11 de julio quien fuera llevado a los tribunales vestido de rosado para llamar la atención sobre su orientación sexual y su condición de seropositivo.
Los nuevos controles
Han pasado más de treinta años y las personas trans siguen sin ser reconocidas con la identidad que ellas y ellos han escogido. La política reaccionaria del siglo XX ha sido reemplazada por el control de instituciones como el CENESEX que pertenecen al Ministerio de Salud Pública y que perciben a la comunidad LGTBIQ desde la sanidad.
Actualmente el proceso para modificar el nombre de las personas trans en sus documentos de identidad y sin que hayan pasado por un procedimiento quirúrgico es en apariencia sencillo. Deben presentar en las oficinas del Registro Civil de su municipio el certificado de nacimiento, un certificado de antecedentes penales, un documento que acredite que la persona es reconocida por el nombre que desea y una declaración jurada con la presencia de al menos dos testigos ante notaría que den fe del nuevo nombre.[vi] No obstante, el proceso resulta largo y engorroso. Los funcionarios encargados de hacer los trámites desconocen cómo hacer los procedimientos.
“Solo se sabe de cuatro personas que han logrado poner el nombre con que se identifican. Es un proceso por el nivel de burocracia transversalizado por la homofobia”, apunta Raúl Soublet[vii], activista y miembro de la comunidad LGTBIQ y agrega que es un proceso centralizado en La Habana y que durante la pandemia fueron suspendidas las consultas y los tratamientos sin que se hiciera un análisis serio sobre las consecuencias en la vida de las personas trans.
A finales de 2019 y frente a la creciente ola de violencia que se comenzaba a visibilizar en Cuba, un grupo de 40 mujeres presentaron ante la Asamblea del Poder Popular una Solicitud de Ley Integral contra la violencia contra las niñas y las mujeres. En esa propuesta se incluía el derecho de las mujeres trans a ser reconocidas y el derecho de todas a ser protegidas por leyes que condenaran la violencia política contra activistas, a ser protegidas de los feminicidas[viii]. La respuesta fue un aumento de la represión y la postergación de la ley, dentro del programa legislativo, para el 2028.
Al año siguiente, el 2020, aumentaron las campañas de descrédito sobre los feminismos que no se ajustaban a los cánones ideológicos del socialismo; las activistas trans que era detenidas eran llamadas por nombres masculinos, ignorando por completo su elección de identidad. Aumentaron también considerablemente los feminicidios.
En el primer semestre del 2022 organizaciones no gubernamentales como Yo Sí Te Creo, la Red Femenina y el Observatorio de violencia de género Alas Tensas, han registrado 25 feminicidios, casi el doble de los ocurridos en el 2021[ix].
Ninguna de las leyes promovidas en los últimos 4 años ha valorado la perspectiva de género como un camino hacia la equidad. El Código Penal[x] no tipifica los feminicidios. El Decreto Ley 35[xi] no penaliza la violencia ni el acoso en línea. El Código de las Familias[xii] ha jugado con los anhelos de una comunidad, ha centrado la propaganda, para dar una idea de democracia, en el matrimonio igualitario y a la par que propone la “unión legal” mantiene un lenguaje heteronormativo cuando se refiere madre y padre, en singular, para hablar de la responsabilidad parental.
En ninguna de estas leyes se reconoce el derecho a las personas trans a ser reconocidas legalmente como ellas quieren ser identificadas. La imagen oficial es de apertura, pero en los muros de mujeres activistas como Kiriam Gutiérrez Pérez siguen apareciendo denuncias como la del 8 de septiembre de 2022 donde narra cómo Keilys Carranza Álvarez de 20 años, fue expulsada de su trabajo por vestir acorde a su identidad. El discurso de la equidad, de la libertad de género llega hasta que las personas trans intentan ocupar un lugar en la sociedad.
En Cuba ha habido una instrumentalización de los derechos de la comunidad LGTBIQ en función de intereses políticos y económicos. El centro nunca ha sido los derechos humanos y sí la apertura de un turismo[xiii] del que Cuba ha estado ajeno y que podría dejar grandes dividendos económicos[xiv]. En los medios audiovisuales y en la propaganda, el discurso puede parecer de tolerancia, pero basta con que esas personas exijan sus derechos para que la violencia adquiera un matiz homofóbico y misógino.
[i] enero 2016 Cuban Studies. Resumen en reserchgate.net
[ii] Cino, Luis: Aquellos tiempos grises que no debemos olvidar los cubanos. Cubanet News, La Habana, 2019.
[iii] Ponte, José Antonio: ¿Qué fueron las UMAP?. Diario de Cuba, Madrid, 2014.
[iv] Vicent, Mauricio: El recuerdo del ´quinquenio gris´ moviliza a los intelectuales cubanos, El País, La Habana, 2007.
[v] Pérez, Yusnaby: Prostitución masculina en Cuba, una historia real. Radio Martí, La Habana, Cuba, 2014
[vi] Sabina González, Jessica: El cambio de nombre para las personas trans en Cuba: ¿cómo funciona? Alas Tensas, La Habana, 2022.
[vii] Entrevista inédita a activista Raúl Soublet
[viii] Colectivo de autoras: https://negracubanateniaqueser.com/2019/11/21/solicitud-de-ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-en-cuba/
María Matienzo Puerto es escritora y periodista independiente. Sus reportes sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en CubanetNews
Kirenia Yalit Núñez es psicóloga y activista de derechos humanos. Miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Justicia 11J
