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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
17-05-2018Venezuela: Crónicas de una elección anunciada
Independientemente de los resultados del 20 de mayo, ya tenemos un ganador indiscutible: el tiempo que sumerge a los venezolanos en la desesperación, la miseria y el hambre.
Por Adriana Flores
La palabra “elecciones” es asociada inmediatamente a democracia, pues es el medio por el cual la ciudadanía elige a sus representantes de Gobierno. ¿Pero qué sucede en Venezuela?
Uno de los acontecimientos políticos recientes que más polémica ha causado en el lado occidental del planeta son las elecciones presidenciales de Venezuela a celebrarse el próximo domingo 20 de mayo. El proceso de elecciones venezolano ha sido objeto de rechazo no sólo por un amplio sector de la oposición del país y por la ciudadanía en general, sino también por los gobiernos de países democráticos como Perú, Chile, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos, entre otros, que además desconocen anticipadamente los resultados porque prevén una victoria fraudulenta de Nicolás Maduro.
Hay defensores del sistema electoral que argumentan que la existencia de elecciones es razón suficiente para hablar de democracia, más aún cuando Venezuela ha pasado por 23 procesos electorales en los últimos 19 años. Además, existe una opinión generalizada por parte de simpatizantes del oficialismo y de algunos sectores de la oposición, de que el sistema utilizado por el Consejo Nacional Electoral es transparente e inalterable, pues la totalización de los votos se hace a través de un sistema encriptado que los testigos de los partidos pueden vigilar en todo momento.
Sin embargo, el esfuerzo de ONG’s, actores políticos y sociedad civil ha logrado determinar qué ocurre durante cada proceso electoral en el país.
A partir del referéndum revocatorio de Hugo Chávez en el año 2004, la coalición opositora -para ese entonces denominada Coordinadora Democrática-, denunció en reiteradas oportunidades ante el máximo representante del Poder Electoral irregularidades durante ese y los siguientes procesos electorales. Quizás la denuncia más importante fue la creación de la Lista Tascón, ideada por el fallecido diputado de la Asamblea Nacional Luis Tascón y utilizada para coaccionar y despedir a los funcionarios públicos que habían firmado contra Chávez. Dichas denuncias hasta la actualidad no han obtenido respuesta. Sin embargo, desde el año 2005 el incremento continuo de los precios del barril de petróleo, que llegó a superar los 100$, sumergió al país en una euforia rentista que muy pronto le hizo olvidar a la población las irregularidades denunciadas por la ONG Súmate con respecto a ese proceso revocatorio. Posterior a esa bonanza petrolera, la Revolución Bolivariana liderada por el fallecido ex presidente Hugo Chávez, no requirió de mayores trucos más allá de la recurrente propaganda política que era obligatoria transmitir por los canales nacionales durante al menos 8 horas diarias, además de los programas sociales (misiones) de los que eran beneficiarios gran parte de la población.
Luego del fallecimiento de Hugo Chávez, durante las elecciones presidenciales de abril del 2013, cuyo candidato fue Nicolás Maduro, actual presidente de facto, la ONG Monitoreo Ciudadano reportó la publicación de propaganda política oficialista fuera del cronograma electoral, incluso en entes públicos.
Asimismo, la ONG Transparencia Venezuela reportó 281 violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales durante las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015: uso de recursos públicos con fines electorales, propaganda engañosa, propaganda en organismos públicos, intimidación y amenazas a trabajadores públicos o beneficiarios de programas sociales, entre otras.
Y, a pesar de que los Diputados de la Asamblea Nacional resultaron electos por mayoría abrumadora, se les ha impedido ejercer sus funciones hasta la actualidad, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sentenciado como inconstitucionales las leyes emanadas por el Poder Legislativo Nacional, además lo ha declarado -sin sustento legal- en desacato por haber incorporado a la plenaria a los tres Diputados electos del Estado Indígena de Amazonas. Según el TSJ, estos diputados no pueden ser incorporados al parlamento porque sobre ellos pesa una investigación administrativa dirigida por el Consejo Nacional Electoral por presuntamente haber incurrido en irregularidades durante su elección, concretamente en la compra de votos. En todo caso, si existieron irregularidades el Consejo Nacional Electoral debía haber convocado una nueva elección. Hasta la fecha no se han demostrado esas presuntas irregularidades.
Con el objetivo de minimizar aún más a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, el CNE convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente como un supra poder que toma decisiones en materia legislativa. Estos funcionarios fueron elegidos violando los procedimientos que establece la Ley electoral y la Constitución venezolana, entre ellos la ausencia de tinta indeleble, lo que permitió que una misma personas votara en varias oportunidades; falta de auditorías previas y posteriores al proceso de votación; uso del carnet de la patria -Documento creado por el gobierno para dar beneficios económicos- en sustitución de la cédula de identidad -qué es el único documento válido para votar según la legislación. Las irregularidades fueron de tal magnitud que Antonio Mugica, un alto representante de Smartmatic, empresa encargada de llevar a cabo los procesos electorales automatizados en Venezuela desde el Referendo Revocatorio contra Hugo Chávez en el año 2004, declaró que la empresa no podía garantizar los resultados obtenidos por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente porque la data había sido manipulada en, por lo menos, un millón de votos.
Más recientemente, durante las elecciones a Gobernadores en octubre del 2017, luego de haber transcurrido casi un año desde el vencimiento del periodo legal para dichos cargos, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones. Según el Centro de Justicia y Paz se reportaron casos de intimidación a los electores en los centros de votación, reubicación deelectores a otros centros sin autorización, electores que no habían votado pero que aparecían que si lo habían hecho en el cuaderno de votación, máquinas de votación dañadas durante horas, mesas de centros de votación que no habían sido abiertas durante horas, detenciones arbitrarias de electores y testigos.
En el caso del estado Bolívar, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al candidato del oficialismo, a pesar de que el candidato opositor Andrés Velasquez demostró con las actas de las máquinas de votación que los resultados eran falsos y era él quien realmente había ganado la elección. Fue allí, donde se logró por primera vez demostrar la forma en que se configuraban los fraudes de las elecciones en Venezuela. Adicionalmente, el Gobernador Juan Pablo Guanipa fue destituido a los pocos días por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Constitución venezolana establece que la juramentación debe realizarse ante el Consejo Legislativo de cada Estado.
Dos meses después, en diciembre del 2017 se celebraron las elecciones a Alcaldes. El rector del CNE Luis Emilio Rondón declaró que hubo una serie de irregularidades que incluía el voto asistido a personas que no tenían algún tipo de discapacidad, la recompensa del voto a cambio de ayuda, puntos de proselitismo político a menos de 200 metros del centro de votación y testigos de oposición que fueron sacados a la fuerza por grupos paramilitares de su mesa de votación.
En éstos dos últimos procesos, el poder legislativo estadal y municipal respectivamente, no fueron elegidos aunque la Ley de Regulación de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales establece que deben ser electos simultáneamente con el poder ejecutivo. La mayoría de los funcionarios del poder legislativo a nivel de los municipios son oficialistas y no tienen fecha de elección. Los funcionarios legislativos estadales serán electos el próximo 20 de mayo junto al Presidente de la República.
Por otro lado, las grandes dificultades de acceso a los alimentos que tiene el ciudadano venezolano coartan su libertad de conciencia para decidir libremente en una elección. Susana Rafalli, representante de Cáritas de Venezuela, afirmó en una entrevista que una persona con hambre carece de pensamiento político pues vota por quien le ofrezca un almuerzo y no por libertad. Y efectivamente, en Venezuela el 87% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y dentro de ello el 61% vive en la pobreza extrema, según Encovi. Es realmente complicado preocuparse por el contexto político cuando ni siquiera se logra cubrir las necesidades más básicas.
Ahora bien, lo antes descrito nos abre un panorama mucho más amplio de los posibles escenarios durante y después del 20 de mayo. Independientemente de los resultados, ya tenemos un ganador indiscutible: el tiempo que sumerge a los venezolanos en la desesperación, la miseria y el hambre.
Ya queda de parte de los y las líderes de la región en garantizar que las próximas elecciones en Venezuela sean celebradas en democracia.
Adriana Flores
La palabra “elecciones” es asociada inmediatamente a democracia, pues es el medio por el cual la ciudadanía elige a sus representantes de Gobierno. ¿Pero qué sucede en Venezuela?
Uno de los acontecimientos políticos recientes que más polémica ha causado en el lado occidental del planeta son las elecciones presidenciales de Venezuela a celebrarse el próximo domingo 20 de mayo. El proceso de elecciones venezolano ha sido objeto de rechazo no sólo por un amplio sector de la oposición del país y por la ciudadanía en general, sino también por los gobiernos de países democráticos como Perú, Chile, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos, entre otros, que además desconocen anticipadamente los resultados porque prevén una victoria fraudulenta de Nicolás Maduro.
Hay defensores del sistema electoral que argumentan que la existencia de elecciones es razón suficiente para hablar de democracia, más aún cuando Venezuela ha pasado por 23 procesos electorales en los últimos 19 años. Además, existe una opinión generalizada por parte de simpatizantes del oficialismo y de algunos sectores de la oposición, de que el sistema utilizado por el Consejo Nacional Electoral es transparente e inalterable, pues la totalización de los votos se hace a través de un sistema encriptado que los testigos de los partidos pueden vigilar en todo momento.
Sin embargo, el esfuerzo de ONG’s, actores políticos y sociedad civil ha logrado determinar qué ocurre durante cada proceso electoral en el país.
A partir del referéndum revocatorio de Hugo Chávez en el año 2004, la coalición opositora -para ese entonces denominada Coordinadora Democrática-, denunció en reiteradas oportunidades ante el máximo representante del Poder Electoral irregularidades durante ese y los siguientes procesos electorales. Quizás la denuncia más importante fue la creación de la Lista Tascón, ideada por el fallecido diputado de la Asamblea Nacional Luis Tascón y utilizada para coaccionar y despedir a los funcionarios públicos que habían firmado contra Chávez. Dichas denuncias hasta la actualidad no han obtenido respuesta. Sin embargo, desde el año 2005 el incremento continuo de los precios del barril de petróleo, que llegó a superar los 100$, sumergió al país en una euforia rentista que muy pronto le hizo olvidar a la población las irregularidades denunciadas por la ONG Súmate con respecto a ese proceso revocatorio. Posterior a esa bonanza petrolera, la Revolución Bolivariana liderada por el fallecido ex presidente Hugo Chávez, no requirió de mayores trucos más allá de la recurrente propaganda política que era obligatoria transmitir por los canales nacionales durante al menos 8 horas diarias, además de los programas sociales (misiones) de los que eran beneficiarios gran parte de la población.
Luego del fallecimiento de Hugo Chávez, durante las elecciones presidenciales de abril del 2013, cuyo candidato fue Nicolás Maduro, actual presidente de facto, la ONG Monitoreo Ciudadano reportó la publicación de propaganda política oficialista fuera del cronograma electoral, incluso en entes públicos.
Asimismo, la ONG Transparencia Venezuela reportó 281 violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales durante las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015: uso de recursos públicos con fines electorales, propaganda engañosa, propaganda en organismos públicos, intimidación y amenazas a trabajadores públicos o beneficiarios de programas sociales, entre otras.
Y, a pesar de que los Diputados de la Asamblea Nacional resultaron electos por mayoría abrumadora, se les ha impedido ejercer sus funciones hasta la actualidad, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sentenciado como inconstitucionales las leyes emanadas por el Poder Legislativo Nacional, además lo ha declarado -sin sustento legal- en desacato por haber incorporado a la plenaria a los tres Diputados electos del Estado Indígena de Amazonas. Según el TSJ, estos diputados no pueden ser incorporados al parlamento porque sobre ellos pesa una investigación administrativa dirigida por el Consejo Nacional Electoral por presuntamente haber incurrido en irregularidades durante su elección, concretamente en la compra de votos. En todo caso, si existieron irregularidades el Consejo Nacional Electoral debía haber convocado una nueva elección. Hasta la fecha no se han demostrado esas presuntas irregularidades.
Con el objetivo de minimizar aún más a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, el CNE convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente como un supra poder que toma decisiones en materia legislativa. Estos funcionarios fueron elegidos violando los procedimientos que establece la Ley electoral y la Constitución venezolana, entre ellos la ausencia de tinta indeleble, lo que permitió que una misma personas votara en varias oportunidades; falta de auditorías previas y posteriores al proceso de votación; uso del carnet de la patria -Documento creado por el gobierno para dar beneficios económicos- en sustitución de la cédula de identidad -qué es el único documento válido para votar según la legislación. Las irregularidades fueron de tal magnitud que Antonio Mugica, un alto representante de Smartmatic, empresa encargada de llevar a cabo los procesos electorales automatizados en Venezuela desde el Referendo Revocatorio contra Hugo Chávez en el año 2004, declaró que la empresa no podía garantizar los resultados obtenidos por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente porque la data había sido manipulada en, por lo menos, un millón de votos.
Más recientemente, durante las elecciones a Gobernadores en octubre del 2017, luego de haber transcurrido casi un año desde el vencimiento del periodo legal para dichos cargos, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones. Según el Centro de Justicia y Paz se reportaron casos de intimidación a los electores en los centros de votación, reubicación deelectores a otros centros sin autorización, electores que no habían votado pero que aparecían que si lo habían hecho en el cuaderno de votación, máquinas de votación dañadas durante horas, mesas de centros de votación que no habían sido abiertas durante horas, detenciones arbitrarias de electores y testigos.
En el caso del estado Bolívar, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al candidato del oficialismo, a pesar de que el candidato opositor Andrés Velasquez demostró con las actas de las máquinas de votación que los resultados eran falsos y era él quien realmente había ganado la elección. Fue allí, donde se logró por primera vez demostrar la forma en que se configuraban los fraudes de las elecciones en Venezuela. Adicionalmente, el Gobernador Juan Pablo Guanipa fue destituido a los pocos días por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Constitución venezolana establece que la juramentación debe realizarse ante el Consejo Legislativo de cada Estado.
Dos meses después, en diciembre del 2017 se celebraron las elecciones a Alcaldes. El rector del CNE Luis Emilio Rondón declaró que hubo una serie de irregularidades que incluía el voto asistido a personas que no tenían algún tipo de discapacidad, la recompensa del voto a cambio de ayuda, puntos de proselitismo político a menos de 200 metros del centro de votación y testigos de oposición que fueron sacados a la fuerza por grupos paramilitares de su mesa de votación.
En éstos dos últimos procesos, el poder legislativo estadal y municipal respectivamente, no fueron elegidos aunque la Ley de Regulación de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales establece que deben ser electos simultáneamente con el poder ejecutivo. La mayoría de los funcionarios del poder legislativo a nivel de los municipios son oficialistas y no tienen fecha de elección. Los funcionarios legislativos estadales serán electos el próximo 20 de mayo junto al Presidente de la República.
Por otro lado, las grandes dificultades de acceso a los alimentos que tiene el ciudadano venezolano coartan su libertad de conciencia para decidir libremente en una elección. Susana Rafalli, representante de Cáritas de Venezuela, afirmó en una entrevista que una persona con hambre carece de pensamiento político pues vota por quien le ofrezca un almuerzo y no por libertad. Y efectivamente, en Venezuela el 87% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y dentro de ello el 61% vive en la pobreza extrema, según Encovi. Es realmente complicado preocuparse por el contexto político cuando ni siquiera se logra cubrir las necesidades más básicas.
Ahora bien, lo antes descrito nos abre un panorama mucho más amplio de los posibles escenarios durante y después del 20 de mayo. Independientemente de los resultados, ya tenemos un ganador indiscutible: el tiempo que sumerge a los venezolanos en la desesperación, la miseria y el hambre.
Ya queda de parte de los y las líderes de la región en garantizar que las próximas elecciones en Venezuela sean celebradas en democracia.
