Ante la falta de justicia, la comunidad internacional ha avanzado en conjunto con el presidente del país en el establecimiento de un Tribunal Penal Especial para juzgar a los autores de los abusos a los derechos humanos cometidos desde el año 2003 hasta el presente.

Por Bruno J. Zacconi

La crisis política, económica y social con tintes religiosos que se inició en el año 2012, cuando el grupo armado Seleka derrocó al entonces presidente de la República Centroafricana, no cesa. La impunidad general en el corazón de Africa genera que no se vea una mejora en la situación en el país que cuenta con uno de los puntajes más bajos en el Índice de Desarrollo Humano.

  En líneas generales, el Estado no posee el control sobre su territorio ya que los grupos armados ex Seleka -musulmanes- y antibalaka -cristianos- controlan una gran porción del territorio del país generando que parte de la población se encuentre sumergida en una inseguridad con graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, según el informe de Human Rights Watch del 2018, el gobierno del presidente Touadéra, con el apoyo de socios internacionales, ha mantenido el control de la capital -Bangui- y algunas áreas en el suroeste.

  Sumado a esto, informes como el de Amnistía Internacional, remarcan que se han bajado los presupuestos de la Misión para el mantenimiento de paz de la ONU que lleva la sigla de MINUSCA, y que protegía a los civiles de grupos armados, aunque se incrementó el número de efectivos.

  Cabe decir que los informes recalcan la importancia de los acuerdos firmados por el gobierno y la mayoría de los grupos en junio del 2017, que incluía un alto al fuego inmediato. Sin embargo, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch alertan sobre los índices de homicidios, torturas, agresiones sexuales y ataques que tienen lugar en el país; ponen el foco en los ataques continuos que sufren los miembros de las agencias de ayuda humanitaria ofreciendo el dato, por ejemplo, de que más de 249 civiles fueron asesinados entre mayo y septiembre del 2017.

  Las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU no pueden cumplir su misión. La violencia aumenta y los cadáveres de civiles tiñen el suelo centroafricano. Las mismas tropas son acusadas de explotación y abusos sexuales, teniendo el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que crear un grupo de trabajo para prevenir esas prácticas y darles respuesta. Estas denuncias han generado una retirada de efectivos como los ugandeses, pero que fue suplida por Estados Unidos, entre otros.

  Entre abril y mayo del año 2017 se produjo una escalada de violencia que originó un aumento substancial en las personas refugiadas en países como Chad, Camerún o la República Democrática del Congo. Así, se contabilizan aproximadamente 540.000 refugiados. También se debe recalcar que cerca de 600.000 personas fueron desplazadas internamente en el territorio aunque sin posibilidad de encontrar condiciones adecuadas de vida. Según Human Rights Watch casi el cincuenta por ciento del total de la población de 4,6 millones de habitantes necesita asistencia humanitaria. Asimismo, el plan de respuesta humanitaria no recibe la financiación correspondiente lo que agrava la situación de los ciudadanos de la República.

  Ante esta crítica situación, muchos grupos de ayuda humanitaria de diversas organizaciones de todo el mundo han tenido que retirarse de ciertas ciudadesy pueblos por la escala de violencia. Esto empeoró el escenario humanitario ya que el sistema de salud dependía casi en su totalidad de estas organizaciones.

  A todo el panorama descripto debe sumarse que aquellos responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos, como los grupos armados o fuerzas de seguridad, gozan de una gran impunidad. El sistema nacional de justicia no investiga muchos hechos ocurridos, y mucho menos enjuicia a quienes violan la ley.

  Ante la falta de justicia, la comunidad internacional ha avanzado en conjunto con el presidente del país en el establecimiento de un Tribunal Penal Especial para juzgar a los autores de los abusos a los derechos humanos cometidos desde el año 2003 hasta el presente. Estados como los Países Bajos, EE.UU, entre otros, han prestado financiamiento y asistencia técnica para el funcionamiento de esta instancia judicial.

  Se debe concluir que la situación en la República Centroafricana es crítica: una sociedad fracturada por un conflicto inter-religioso, donde la elite política utiliza el gobierno para el enriquecimiento mientras la población se sumerge cada vez más en una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Sólo el paso del tiempo dirá si este túnel en que se encuentra el país tiene luz al final del camino.

Bruno J. Zacconi