En un contexto de permanente violencia entre clanes y enfrentamiento entre el gobierno somalí, Al-Shabab, la AMISOM, y otras fuerzas extranjeras, el costo humanitario ha sido considerable.

Por Facundo González Sembla

En 1991, luego de la caída de Siad Barre - dictador de Somalia desde 1969 - el país vivió un proceso inédito de colapso de las instituciones estatales, estallido de una cruenta y prolongada guerra civil, protagonizada por diferentes Señores de la Guerra, y fragmentación de su integridad territorial, por ejemplo con la secesión Somaliland. Si bien a lo largo de los años ’90 se realizaron numerosas intervenciones internacionales en Somalia, las mismas fueron descoordinadas e incapaces de lidiar con un conflicto que, no solo continuó tras la retirada de las mismas al comenzar el nuevo siglo, sino que se agravó con el desarrollo de la piratería, y el avance de organizaciones islamistas, como la Unión de Cortes Islámicas hacia 2006, y Al-Shabab.

A pesar de esto, gracias a esfuerzos diplomáticos y a la intervención militar de la Unión Africana a través de la AMISOM, en 2012 logró reunirse un parlamento y formarse un gobierno federal, que - tras las elecciones celebradas en febrero de 2017- es ahora encabezado por el presidente Mohammed Abdullahi "Farmajo". Si bien la continuidad del gobierno central es una buena noticia, aún son muchos los desafíos que oscurecen el horizonte de Somalia.

En primer lugar es preciso advertir que el gobierno federal somalí es incapaz de ejercer su autoridad, y monopolizar el uso de la fuerza legítima en todo el territorio del país, un elemento central de la estatalidad, que no logra alcanzarse incluso con el apoyo de los Estados Unidos, y los más de 22.000 soldados de la AMISOM desplegados en el terreno. De esta manera el gobierno enfrenta actores que amenazan su legitimidad, como lo son las milicias de los diferentes clanes en los que se basa la sociedad somalí, y que disputan entre sí por recursos y territorios, y Al-Shabab, una organización islamista alineada con Al-Qaeda que controla las zonas rurales del sur y centro del país.

De acuerdo al Reporte de Somalia 2018 del Índice de Transformación de la Bertelsmann Stiftung “todos los actores armados de Somalia, incluyendo al ejército y a la AMISOM, han estado involucrados en serias violaciones a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, y ataques a civiles.” 

Actualmente se estima que Al-Shabab cuenta con entre 7.000 y 9.000 militantes armados, y en los últimos tiempos ha realizado ataques a través de coches bomba y asesinatos. El más reciente de ellos ocurrió el 1 de julio, en la ciudad capital de Mogadiscio, cuando disparos con morteros dirigidos a los cuarteles de la AMISON, en un área residencial, causaron al menos 5 muertos y 10 heridos, todos ellos civiles. Según explica el Council on Foreign Relations, es con el doble objetivo de evitar que Somalia se convierta en un Estado refugio del extremismo islamista, y garantizar la estabilidad del Cuerno de África, que los Estados Unidos proveen apoyo financiero y logístico a la misión de la Unión Africana, y desarrolla operaciones antiterroristas en el país.

En este contexto de permanente violencia entre clanes y enfrentamiento entre el gobierno somalí, Al-Shabab, la AMISOM, y otras fuerzas extranjeras, el costo humanitario ha sido considerable. De acuerdo a Human Rights Watch extensas áreas del país se ven amenazadas constantemente por el fantasma de la hambruna, llevando en 2017 el número de desplazados internos a 2 millones. Por otro lado, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a mayo de 2018, 1.090.851 somalíes han sido acogidos como refugiados en países vecinos (48% en Kenia, 23% en Etiopía y en Yemen, entre otros).

Además resulta particularmente difícil la situación de los niños de las regiones dominadas por Al-Shabab, que son adoctrinados en escuelas coránicas y luego utilizados en acciones militares; así como de las mujeres y niñas desplazadas de sus hogares, expuestas a violaciones o violencia de género por cualquiera de los actores contendientes. Frente a esto, numerosas organizaciones humanitarias han denunciado dificultades en el acceso a las áreas de mayor necesidad.

En este marco de absoluta fragilidad, en los últimos días el International Crisis Group ha advertido sobre el recalentamiento del conflicto entre la autoproclamada República de Somaliland y la región autónoma somalí de Puntland, por el control de las áreas de Sool y Sanaag, que juntas forman un corredor que va desde la frontera etíope hasta el Golfo de Adén. En lo que va de 2018 ya ha habido al menos 22 enfrentamientos armados en torno a la estratégica ciudad de Tukaraq, devenida en el frente de batalla.

Si este litigio estallara en enfrentamiento armado, ambos bandos se verían empujados a un prolongado conflicto que desestabilizaría el norte de Somalia, agravaría la situación humanitaria, y podría generar un espacio propicio para la expansión de Al-Shabab.

Facundo González Sembla