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Análisis Sínico
04-08-2018La estrategia de China dentro del espacio de ONU en detrimento de la protección de los derechos humanos
Las intervenciones de China en los mecanismos de protección de derechos humanos dentro del sistema de ONU quedan sumamente en evidencia a partir del informe de Human Rights Watch (HRW) «The Costs of International Advocacy. China´s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms». Este trabajo da cuenta de los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para debilitar dichos mecanismos de las instituciones destinadas a proteger estos derechos y así evitar su progreso tanto en China como en el mundo.Por Ludmila González Cerulli
Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en 2006, China ha gozado de su membresía de manera ininterrumpida y con plenitud, salvo un año. Hasta el momento, la ha empleado para escudarse del escrutinio de los derechos humanos en su territorio, oponerse a las resoluciones específicas de cada país e, incluso, defender las nociones de soberanía y seguridad nacional en contraposición del monitoreo internacional de los derechos humanos. Todo esto con el fin último de silenciar las víctimas de la represión, evitar la participación de las ONGs en las sesiones del CDH y perpetuar el poderío del Partido Comunista de China (PCCh).
Aunque su condición de Estado Miembro establece el compromiso con los principios de la ONU, -muy- a menudo, China los obstruye por esta causa. Interfiere en el sistema de los procedimientos especiales, agota las instancias para bloquear a los referentes de la sociedad civil y, además, trabaja colaborativamente con un grupo de estados aliados para diluir cualquier iniciativa en pos de los derechos y libertades. Estos hechos generan un contexto de presión, amenaza y un gran desafío para la ONU.
Las intervenciones de China en los mecanismos de protección de derechos humanos dentro del sistema de ONU quedan sumamente en evidencia a partir del informe de Human Rights Watch (HRW) “The Costs of International Advocacy. China´s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms”, publicado en 2017. Este trabajo da cuenta de los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para debilitar dichos mecanismos de las instituciones destinadas a proteger estos derechos y así evitar su progreso tanto en China como en el mundo. La investigación de HRW comprueba que el rol proactivo de este Estado Miembro se desenvuelve con el objetivo de socavar la capacidad del sistema de ONU, cuya búsqueda de fortalecer el cumplimiento global de las normas internacionales de derechos humanos queda distorsionada, desorientada y desesperanzada.
Un factor transversal a favor de China es el crecimiento de su influencia internacional. Ésta no sólo le permite ejercer control sobre el registro de la situación de derechos humanos que se conoce dentro del espacio de Naciones Unidas, sino que atenta contra la integridad del sistema en su totalidad. Pero para llevarlo a cabo, China empieza por labrar el campo de acción, gestiona sus recursos y despliega una serie de tácticas que encauza su misión.
Como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China tiene un peso predominante en el CDH y este atributo traza la posibilidad de jugar un papel de mayor hegemonía junto con sus aliados, conocidos como “Like-Minded Group” (LMG)- Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Bután, China, Cuba, Egipto, India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sri Lanka, Sudán, Siria, Venezuela, Vietnam y Zimbawe. Los miembros de este grupo actúan, simbióticamente, para defender sus espaldas ante acusaciones de violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, se oponen a las resoluciones específicas de los países que registran las situaciones más graves de derechos humanos. Gracias a la existencia del LMG, China puede optar por mantenerse con bajo perfil, porque sabe que la solidaridad de sus aliados contribuirá con sus fines sin ensuciarse (o al menos, no tanto como lo habitual).
Las ONGs representan una pieza indispensable en el sistema de derechos humanos de ONU. Pero como China integra el Comité permanente de ONGs del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), dispone de voz, voto y muñeca para determinar cuáles son las ONGs que pueden acreditar. Las candidatas nunca significan amenazas para la República Popular China (RPC). Por el contrario, las mismas son GONGOs, organizaciones no gubernamentales encubiertas que están patrocinadas por los gobiernos y pretenden aparentar como ONGs. Éstas son armas de doble cuchilla y se afilan al compás de los objetivos de los estados autoritarios como el de Xi Jinping. El parámetro de selección tiene un primer filtro. China sólo admite la participación de ONGs que respetan la postura oficial sobre el Tíbet y Taiwán. De hecho, insiste en hacer referencia a estos territorios con “la terminología apropiada”, según su criterio: la Región Autónoma del Tíbet y la Provincia de Taiwán.
Sumado a lo anterior, existe una acentuada manipulación de China en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU). ¿Cuál es el método? Hay tres componentes. Por un lado, los aliados del LMG formulan comentarios positivos entre sí durante el examen y desestiman aquellos negativos; por otro, se reclutan GONGOs- en lugar de ONGs-; y, a su vez, encuentran otras delegaciones para que hablen a favor de China. Esta defensa mutua distorsiona el proceso de los EPU, debilita el sistema de los derechos humanos y dificulta proveer la necesaria atención global a las serias violaciones de derechos humanos en el planisferio.
Para graficar la atmósfera de retroalimentación entre los miembros del LMG, es preciso recordar lo ocurrido en el proceso del EPU de China en 2013. Durante su ejecución, Cuba alentó a China en la defensa de su derecho a la soberanía por sobre el monitoreo internacional a través de las visitas de los expertos independientes al país. Luego, en el EPU de Cuba, China felicitó a Cuba por sus (supuestos) logros en el ámbito de derechos humanos. Más allá del coworking del LMG, hay otra condición determinante. Dado a que China es un socio comercial clave para África y América Latina- principalmente, con el avance de la Cooperación Sur-Sur-, capitaliza el apoyo de muchos de estos países. Así se construye un cúmulo de acciones que dañan la credibilidad de ONU, porque no logra asegurar la integridad de los mecanismos del sistema de derechos humanos.
Este escenario nos tiene que incentivar a denunciar cada una de las tácticas implementadas sistemáticamente por parte del PCCh: la dura represión a la sociedad civil, los sobornos a los expertos independientes con comidas y viajes a China para enseñarles su cosmovisión, las listas negras con los nombres de activistas que no pueden participar en eventos de ONU ni las sesiones del CDH, denegar el acceso en China a las visitas de los procedimientos especiales, la intercepción a los defensores de derechos humanos en el aeropuerto para restringir su salida del país, intimidaciones, amenazas, encarcelaciones y desapariciones.
Las detenciones de Cao Shunli (el 14 de septiembre de 2013 en el aeropuerto de Pekín cuando iba rumbo a Ginebra para presenciar una sesión del CDH), Chen Jianfang (en la misma fecha por intentar asistir a esta sesión) y Peng Lanlan (en 2012 por llamar la atención a la negativa de China de consultar a las ONGs para su participación en el EPU de China), de ninguna manera deben olvidarse. Estos casos constituyen una mínima proporción del costo real de la defensa internacional de los derechos humanos.
El próximo EPU de China concluirá en noviembre de este año. Por esta razón, es imprescindible la función de la ONU en cuanto a la meta urgente de garantizar la participación de la sociedad civil y- más aún- preservar su seguridad. Así, los activistas de derechos humanos chinos podrán asistir y formar parte de estos recursos, ya sea con su presencia o al brindar información. Pero en primera instancia, el salto que hay que proyectar es ampliar el acceso a los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos.
Ludmila González Cerulli
Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en 2006, China ha gozado de su membresía de manera ininterrumpida y con plenitud, salvo un año. Hasta el momento, la ha empleado para escudarse del escrutinio de los derechos humanos en su territorio, oponerse a las resoluciones específicas de cada país e, incluso, defender las nociones de soberanía y seguridad nacional en contraposición del monitoreo internacional de los derechos humanos. Todo esto con el fin último de silenciar las víctimas de la represión, evitar la participación de las ONGs en las sesiones del CDH y perpetuar el poderío del Partido Comunista de China (PCCh).
Aunque su condición de Estado Miembro establece el compromiso con los principios de la ONU, -muy- a menudo, China los obstruye por esta causa. Interfiere en el sistema de los procedimientos especiales, agota las instancias para bloquear a los referentes de la sociedad civil y, además, trabaja colaborativamente con un grupo de estados aliados para diluir cualquier iniciativa en pos de los derechos y libertades. Estos hechos generan un contexto de presión, amenaza y un gran desafío para la ONU.
Las intervenciones de China en los mecanismos de protección de derechos humanos dentro del sistema de ONU quedan sumamente en evidencia a partir del informe de Human Rights Watch (HRW) “The Costs of International Advocacy. China´s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms”, publicado en 2017. Este trabajo da cuenta de los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para debilitar dichos mecanismos de las instituciones destinadas a proteger estos derechos y así evitar su progreso tanto en China como en el mundo. La investigación de HRW comprueba que el rol proactivo de este Estado Miembro se desenvuelve con el objetivo de socavar la capacidad del sistema de ONU, cuya búsqueda de fortalecer el cumplimiento global de las normas internacionales de derechos humanos queda distorsionada, desorientada y desesperanzada.
Un factor transversal a favor de China es el crecimiento de su influencia internacional. Ésta no sólo le permite ejercer control sobre el registro de la situación de derechos humanos que se conoce dentro del espacio de Naciones Unidas, sino que atenta contra la integridad del sistema en su totalidad. Pero para llevarlo a cabo, China empieza por labrar el campo de acción, gestiona sus recursos y despliega una serie de tácticas que encauza su misión.
Como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China tiene un peso predominante en el CDH y este atributo traza la posibilidad de jugar un papel de mayor hegemonía junto con sus aliados, conocidos como “Like-Minded Group” (LMG)- Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Bután, China, Cuba, Egipto, India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sri Lanka, Sudán, Siria, Venezuela, Vietnam y Zimbawe. Los miembros de este grupo actúan, simbióticamente, para defender sus espaldas ante acusaciones de violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, se oponen a las resoluciones específicas de los países que registran las situaciones más graves de derechos humanos. Gracias a la existencia del LMG, China puede optar por mantenerse con bajo perfil, porque sabe que la solidaridad de sus aliados contribuirá con sus fines sin ensuciarse (o al menos, no tanto como lo habitual).
Las ONGs representan una pieza indispensable en el sistema de derechos humanos de ONU. Pero como China integra el Comité permanente de ONGs del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), dispone de voz, voto y muñeca para determinar cuáles son las ONGs que pueden acreditar. Las candidatas nunca significan amenazas para la República Popular China (RPC). Por el contrario, las mismas son GONGOs, organizaciones no gubernamentales encubiertas que están patrocinadas por los gobiernos y pretenden aparentar como ONGs. Éstas son armas de doble cuchilla y se afilan al compás de los objetivos de los estados autoritarios como el de Xi Jinping. El parámetro de selección tiene un primer filtro. China sólo admite la participación de ONGs que respetan la postura oficial sobre el Tíbet y Taiwán. De hecho, insiste en hacer referencia a estos territorios con “la terminología apropiada”, según su criterio: la Región Autónoma del Tíbet y la Provincia de Taiwán.
Sumado a lo anterior, existe una acentuada manipulación de China en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU). ¿Cuál es el método? Hay tres componentes. Por un lado, los aliados del LMG formulan comentarios positivos entre sí durante el examen y desestiman aquellos negativos; por otro, se reclutan GONGOs- en lugar de ONGs-; y, a su vez, encuentran otras delegaciones para que hablen a favor de China. Esta defensa mutua distorsiona el proceso de los EPU, debilita el sistema de los derechos humanos y dificulta proveer la necesaria atención global a las serias violaciones de derechos humanos en el planisferio.
Para graficar la atmósfera de retroalimentación entre los miembros del LMG, es preciso recordar lo ocurrido en el proceso del EPU de China en 2013. Durante su ejecución, Cuba alentó a China en la defensa de su derecho a la soberanía por sobre el monitoreo internacional a través de las visitas de los expertos independientes al país. Luego, en el EPU de Cuba, China felicitó a Cuba por sus (supuestos) logros en el ámbito de derechos humanos. Más allá del coworking del LMG, hay otra condición determinante. Dado a que China es un socio comercial clave para África y América Latina- principalmente, con el avance de la Cooperación Sur-Sur-, capitaliza el apoyo de muchos de estos países. Así se construye un cúmulo de acciones que dañan la credibilidad de ONU, porque no logra asegurar la integridad de los mecanismos del sistema de derechos humanos.
Este escenario nos tiene que incentivar a denunciar cada una de las tácticas implementadas sistemáticamente por parte del PCCh: la dura represión a la sociedad civil, los sobornos a los expertos independientes con comidas y viajes a China para enseñarles su cosmovisión, las listas negras con los nombres de activistas que no pueden participar en eventos de ONU ni las sesiones del CDH, denegar el acceso en China a las visitas de los procedimientos especiales, la intercepción a los defensores de derechos humanos en el aeropuerto para restringir su salida del país, intimidaciones, amenazas, encarcelaciones y desapariciones.
Las detenciones de Cao Shunli (el 14 de septiembre de 2013 en el aeropuerto de Pekín cuando iba rumbo a Ginebra para presenciar una sesión del CDH), Chen Jianfang (en la misma fecha por intentar asistir a esta sesión) y Peng Lanlan (en 2012 por llamar la atención a la negativa de China de consultar a las ONGs para su participación en el EPU de China), de ninguna manera deben olvidarse. Estos casos constituyen una mínima proporción del costo real de la defensa internacional de los derechos humanos.
El próximo EPU de China concluirá en noviembre de este año. Por esta razón, es imprescindible la función de la ONU en cuanto a la meta urgente de garantizar la participación de la sociedad civil y- más aún- preservar su seguridad. Así, los activistas de derechos humanos chinos podrán asistir y formar parte de estos recursos, ya sea con su presencia o al brindar información. Pero en primera instancia, el salto que hay que proyectar es ampliar el acceso a los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos.
