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Promoción de la Apertura Política en Cuba
¿Hasta cuando Fidel Castro?
Ahora, la extensa y remanente dictadura de América Latina “sorprende” nuevamente a la opinión pública mundial al fusilar a tres de sus ciudadanos que habían secuestrado una embarcación turística con el propósito de fugarse a los Estados Unidos. De esta manera, el régimen cubano detuvo, condenó y fusiló a estas personas en menos de diez días, lo cual evidencia la inexistencia de un sistema judicial en ese país. Por Gabriel C. Salvia
La constitución y el código penal vigentes en Cuba muestran objetivamente el carácter dictatorial del régimen que gobierna en ese país desde el 1 de enero de 1959; y la aplicación de dichos textos jurídicos pone en evidencia los atropellos a la vida, a la libertad y a la propiedad bajo la dictadura de Fidel Castro.
Ahora, la extensa y remanente dictadura de América Latina “sorprende” nuevamente a la opinión pública mundial al fusilar a tres de sus ciudadanos que habían secuestrado una embarcación turística con el propósito de fugarse a los Estados Unidos. De esta manera, el régimen cubano detuvo, condenó y fusiló a estas personas en menos de diez días, lo cual evidencia la inexistencia de un sistema judicial en ese país.
Hace menos de un mes, precisamente el 18 de marzo, la dictadura de Fidel Castro detuvo a 79 opositores pacíficos –incluyendo periodistas independientes-, y muchos de ellos ya se encuentran cumpliendo penas que rondan los 20 años de prisión, lo cual generó protestas de gobiernos y organizaciones de derechos humanos.
La mayoría de los detenidos trabajaban en favor de una iniciativa de referéndum conocida como “Proyecto Varela”, que fue presentada ante la Asamblea cubana el 10 de mayo del 2002 luego de reunir 11.020 firmas, de las diez mil que exige la constitución socialista vigente.
Frente a estos sucesos, la resolución presentada por Uruguay, Costa Rica y Perú en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que se tratará el miércoles 16 de abril, quedó demasiado tibia y ya trasciende que la condena podría ser más contundente. En cualquier caso, no habría que discutir mucho entre los sectores democráticos de la Argentina sobre la posición que debe adoptar nuestro país.
En todo caso, si éste o cualquier gobierno argentino fuera consecuente con la defensa de los derechos humanos su actitud frente a la dictadura cubana debería ser más enérgica. Lo que llama la atención en Argentina es el tratamiento parcial o complaciente de sectores políticos y periodísticos, que en sus respectivos casos disfrutan en nuestro país de libertades que son inexistentes en Cuba.
Sería importante que todos los candidatos presidenciales de Argentina fijaran públicamente su posición con respecto al régimen cubano, lo cual serviría para conocer si sus eventuales gobiernos se alinearían en el respeto a las libertades fundamentales o si, por el contrario, serán complacientes o partidarios de la represión de los derechos individuales.
Gabriel Salvia es Director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina www.cadal.org
Este artículo fue originalmente publicado el 14 de Abril de 2003 en el diario Ambito Financiero de Buenos Aires.
Gabriel C. SalviaDirector GeneralActivista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.
La constitución y el código penal vigentes en Cuba muestran objetivamente el carácter dictatorial del régimen que gobierna en ese país desde el 1 de enero de 1959; y la aplicación de dichos textos jurídicos pone en evidencia los atropellos a la vida, a la libertad y a la propiedad bajo la dictadura de Fidel Castro.
Ahora, la extensa y remanente dictadura de América Latina “sorprende” nuevamente a la opinión pública mundial al fusilar a tres de sus ciudadanos que habían secuestrado una embarcación turística con el propósito de fugarse a los Estados Unidos. De esta manera, el régimen cubano detuvo, condenó y fusiló a estas personas en menos de diez días, lo cual evidencia la inexistencia de un sistema judicial en ese país.
Hace menos de un mes, precisamente el 18 de marzo, la dictadura de Fidel Castro detuvo a 79 opositores pacíficos –incluyendo periodistas independientes-, y muchos de ellos ya se encuentran cumpliendo penas que rondan los 20 años de prisión, lo cual generó protestas de gobiernos y organizaciones de derechos humanos.
La mayoría de los detenidos trabajaban en favor de una iniciativa de referéndum conocida como “Proyecto Varela”, que fue presentada ante la Asamblea cubana el 10 de mayo del 2002 luego de reunir 11.020 firmas, de las diez mil que exige la constitución socialista vigente.
Frente a estos sucesos, la resolución presentada por Uruguay, Costa Rica y Perú en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que se tratará el miércoles 16 de abril, quedó demasiado tibia y ya trasciende que la condena podría ser más contundente. En cualquier caso, no habría que discutir mucho entre los sectores democráticos de la Argentina sobre la posición que debe adoptar nuestro país.
En todo caso, si éste o cualquier gobierno argentino fuera consecuente con la defensa de los derechos humanos su actitud frente a la dictadura cubana debería ser más enérgica. Lo que llama la atención en Argentina es el tratamiento parcial o complaciente de sectores políticos y periodísticos, que en sus respectivos casos disfrutan en nuestro país de libertades que son inexistentes en Cuba.
Sería importante que todos los candidatos presidenciales de Argentina fijaran públicamente su posición con respecto al régimen cubano, lo cual serviría para conocer si sus eventuales gobiernos se alinearían en el respeto a las libertades fundamentales o si, por el contrario, serán complacientes o partidarios de la represión de los derechos individuales.
Gabriel Salvia es Director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina www.cadal.org
Este artículo fue originalmente publicado el 14 de Abril de 2003 en el diario Ambito Financiero de Buenos Aires.