Algo queda claro desde el inicio del problema del COVID19: por más problemas que tengan, siempre los países democráticos están mejor preparados para hacerle frente a situaciones extremas como estas. Por eso comprobamos que la utilización de la gravedad de la pandemia para cortar espacios de libertad se presenta en nuestra región con matices y diferencias. Hay casos extremos como el de Cuba, seguido de cerca por Venezuela, y los hay más leves como el de Argentina.

Por Sabrina Ajmechet

Cada país, según el estado de su cultura democrática, trata con las consecuencias de la pandemia de modo diferente.

En aquellos lugares en los que las instituciones son más débiles, la sociedad civil aparece aletargada, la oposición política tiene miedo de pagar costos y la prensa tiene poco rigor y objetividad. En estos escenarios, las autoridades políticas encuentran un espacio fértil para aplicar medidas que van en contra de la libertad de los ciudadanos y atentan contra el funcionamiento rutinario de la institucionalidad democrática.

Los extremos no son necesarios para percibirlo. No es necesario recurrir a la trágica situación cubana, con su nueva Constitución y el decreto 370, para encontrar que las situaciones excepcionales favorecen las tentaciones autoritarias.

En el caso de Argentina, gobernada hace pocos meses por un nuevo ciclo peronista, se han ido sucediendo una cantidad de hechos que ponen una vez más en discusión la calidad de la democracia argentina.

Algunas cuestiones son estructurales y tienen capítulos en cada uno de los Poderes de la Nación.

Durante muchas semanas el ejecutivo se las ingenió para que el congreso no sesione. Más allá del funcionamiento de las comisiones parlamentarias, el gobierno usó la pandemia para intervenir sobre el normal desempeño legislativo. Ahora da la sensación que comienza a retornar la normalidad. Luego de un primer intento vano y muy costoso, cruzado por denuncias e inoperancias, el Senado volvió a tener una sesión, en modo virtual. Con solo cuatro Senadores en la sala y presidido por la vicepresidente, el pleno funcionó para legitimar los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Alberto Fernández dictó desde el inicio de la pandemia.

Por el lado de la justicia, que se mantiene aún en feria, las cosas son extrañas por su selectividad. Claramente en feria para los ciudadanos normales, un Tribunal Federal determinó la prisión domiciliaria para el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Otro tribunal, en este caso de Casación y de la Provincia de Buenos Aires, otorgó -amparándose en la situación de las cárceles y los peligros de contagio de coronavirus- la prisión domiciliaria a miles de presos. Alguno de ellos eran criminales peligrosos, violadores y abusadores de menores. Por más sorprendente que resulte, incluso hubo casos en los que se liberó ¡en plena cuarentena! a personas que acreditaban como domicilio su situación de calle. En este contexto poco sorprendió que no se cumpliera con la ley de víctimas -aquella que obliga a los jueces a informarles a las víctimas sobre la liberación de sus victimarios-, como tampoco asombró que se liberara a algunos delincuentes que terminaron siendo detenidos al día siguiente, cuando volvieron a violar la ley.

Es evidente que no es solo el Poder Ejecutivo quien actúa de forma arbitraria y avanza contra el cuidado de la población y la libertad de los individuos que debe cuidar. El problema encuentra expresiones en los diversos poderes y también es necesario señalar que no distingue partidos ni facciones. Si queremos encontrar un responsable tenemos que pensar en algo tan abstracto y, a la vez, tan concreto como la cultura política.

Estas tentaciones autoritarias no se limitan a la escala nacional. En la Argentina se comprobó que a nivel subnacional también se hizo un uso político de la pandemia y se buscó limitar las libertades personales. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, expresó claramente en un discurso que iban a marcar las casas de los contagiados para que todos supieran quiénes eran y así poder ejercer mejor el control social. Hay intendentes de lugares pequeños que han armado empalizadas para no dejar entrar ni salir a nadie del territorio, en una indudable actitud ilegal y coercitiva. Algunos instauraron toques de queda a la población que fueron anunciados con sirenas a determinadas horas y otros han decidido, arbitrariamente, que nadie puede circular los días domingos.

En la patagónica provincia de Neuquén, un poblado de poco más de 20.000 habitantes y ningún caso de coronavirus decretó la ley seca, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, sin explicar la relación entre beber alcohol y la pandemia. La provincia de San Luis, un viejo feudo peronista, con la excusa del COVID19 prohibió la entrada de los medios gráficos nacionales. Los puntanos solo pueden leer las noticias del diario La República, que, casualmente, es propiedad de la familia del gobernador.

En la abierta y cosmopolita Ciudad de Buenos Aires también se han dado algunas muestras de lo tentador que le resulta al poder político ejercer el control de la libertad de los ciudadanos. El Gobierno quiso aplicar, hace unos días, una medida que limitaba a los mayores de 70 años salir de su casa, obligándolos a realizar un llamado a un número oficial y a obtener autorización expresa. El fuerte rechazo de la medida -ahí funcionó muy bien la activación ciudadana- obligó a las autoridades a explicar su política como un ejercicio de cuidado. Otra circunstancia en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también mostró su costado más restrictivo fue cuando, frente a un ambiguo anuncio del presidente de la Nación que pareció permitirnos a todos -adultos y menores- salidas recreativas de una hora a 500 metros a la redonda, se apresuró a explicarnos que eso no aplicaba a los porteños.

Hay elementos que pueden ser tenidos en cuenta para mensurar el rol de los Estados y la densidad de las distintas democracias. Uno de ellos es la provisión transparente de datos. Los países con mayores niveles de democratización manejan los datos con mayor fluidez y alcance ciudadano. Otra variante importante es la acción política conjunta, entendida como la capacidad de los gobiernos en un momento de crisis para consensuar con la oposición y con la sociedad civil las medidas que se toman, su temporalidad y su alcance. En ambas cuestiones, la Argentina ha mostrado debilidades.

Sin embargo, algo queda claro desde el inicio del problema del COVID19: por más problemas que tengan, siempre los países democráticos están mejor preparados para hacerle frente a situaciones extremas como estas. Por eso comprobamos que la utilización de la gravedad de la pandemia para cortar espacios de libertad se presenta en nuestra región con matices y diferencias. Hay casos extremos como el de Cuba, seguido de cerca por Venezuela, y los hay más leves como el de Argentina. Como en tantas otras situaciones, los problemas se resuelven con más y mejor democracia.

Sabrina Ajmechet

Doctora en Historia (Universidad de Buenos Aires), Magister en Historia (IDAES - Universidad Nacional de San Martín) y Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales). Es profesora de Historia del Pensamiento Político Argentino en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de Historia General en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, de Análisis de Políticas Públicas II en la Maestría en Desarrollo Humano de FLACSO y sobre "Populismos Latinoamericanos" para el programa IFSA-Butler University. Es columnista de historia en el programa de CNN "Argentina Adolescente" y publica periódicamente en Clarín y Perfil.