Gracias a la participación de diversos sectores de la academia, del exilio y de la experticia, el informe de Marifeli Perez-Stable se propone examinar de manera abarcadora cómo lidiar con un pasado violento marcado por violaciones de derechos humanos en un marco comparativo con otras experiencias.

Por Marie-Laure Geoffray

El proyecto “Memoria, Verdad y Justicia”, coordinado por la académica Marifeli Perez-Stable,  que dio lugar a un informe hace más de quince años de unas 127 páginas, ha sido poco comentado tanto en los círculos académicos como en la prensa o en el sector de la política profesional. Se puede incluso decir que ha caído en el olvido, aunque la página web del proyecto todavía pueda ser consultada y el informe descargarse. Desde entonces, han surgido otros proyectos de memoria y justicia poscomunista, como Archive Cuba, dirigido por Maria Werlau, y Justicia Cuba, encabezado por el abogado mexicano René Bolio, que tienen mucho más apoyo dentro de la comunidad cubana en el exilio y han obtenido la atención de la prensa estadounidense e internacional, así como el apoyo de organizaciones como la OEA. ¿Pues, es pertinente hacer hoy un balance del proyecto liderado por Marifeli Perez-Stable?

Creemos que sí es pertinente por dos razones. La primera, porque es posible que el informe haya padecido de las críticas que fueron hechas a su coordinadora, quién defendió en algún momento de su juventud a la revolución cubana, aunque haya más tarde públicamente repudiado ese activismo juvenil. La segunda es que ese informe no es solo el resultado del trabajo de la coordinadora, sino de un grupo extenso de expertos de calidad, con posicionamientos diversos respecto al régimen comunista cubano, y que vale la pena interesarse por su contenido. Si uno se detiene en leer el informe de manera extensa, se dará cuenta que es un documento único, que articula reflexiones sólidas y que toma el riesgo de proponer senderos y cuestionamientos ambiciosos que siguen vigentes dieciséis años después de su publicación.

La primera calidad del “task force” reunido por Marifeli Pérez-Stable es su diversidad. Está integrado por expertos cubano-americanos (16) y de otras nacionalidades (10 - EEUU, España, Argentina, Suecia, República Dominicana, Guatemala, Canadá), de varios perfiles (académicos, activistas, miembros de partidos o de ONG), pero todos expertos reconocidos en temas de regímenes políticos autoritarios, derechos humanos y justicia transicional, con posicionamientos diversos (desde un apego a la social-democracia o al liberalismo hasta corrientes conservadoras). Falta por cierto la participación de la sociedad civil cubana insular, pero se explica por la imposibilidad, en la época, de viajar fuera de la isla, así como de comunicarse de manera fluida con el exterior.

La segunda calidad deriva de la primera. Gracias a la participación de diversos sectores de la academia, del exilio y de la experticia, el informe se propone examinar de manera abarcadora cómo lidiar con un pasado violento marcado por violaciones de derechos humanos en un marco comparativo con otras experiencias. Mientras muchas veces la peculiaridad de la situación cubana lleva los debates a focalizarse solo sobre Cuba, aquí se discuten qué lecciones extraer de experiencias previas de justicia transicional para pensar mejor lo que se puede hacer en el caso cubano. Permite pensar mejor las estrategias de toda transición (¿negociación o ruptura?), el balance de las responsabilidades (¿del gobierno cubano solo o también del gobierno estadounidense y de los sectores violentos del exilio?), y los posibles caminos de reconciliación (a través una comprensión profunda de las dinámicas de la polarización extrema de la situación).  Se trata pues a la vez de un ejercicio académico y de un trabajo de construcción de una agenda práctica para lograr la reconciliación nacional en Cuba.

Esa meta – lograr la reconciliación nacional – constituye la tercera calidad de este informe. Dentro de un contexto muy polarizado, el informe subraya la necesidad absoluta de un diálogo respetuoso de las diferentes perspectivas, sin descalificaciones previas ni anatemas estigmatizadoras, entre cubanos de la isla y cubanos de la diáspora, pero también entre los propios cubanos de la diáspora. De hecho, mientras el papel de los cubanos de la isla está presentado como central e imprescindible para lograr la meta, se insiste en que la diáspora también tiene que cumplir con la necesidad de crear un espacio plural de discusión donde quepa la mayor diversidad de perspectivas y opiniones. Pero el tema de la reconciliación individual consigo mismo y dentro de las familias también es subrayado. Ahora, el hecho de que el embargo, así como el tema de las propiedades no hayan sido discutidos dentro del trabajo del “task force” – por tratarse de temas demasiado polémicos – demuestra que todavía hay trabajo por hacer.

Esta reseña no es más que un llamamiento a discutir este valioso y pionero trabajo, a ampliar el panel de expertos involucrados en el debate ahora que gran parte de la sociedad civil cubana si puede viajar, y a cuestionar sus perspectivas y conclusiones a partir de todo el saber construido sobre memoria y justicia transicional desde más de tres lustros.

Marie-Laure Geoffray

Consejera Académica

Profesora de Ciencia Política en el Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (IHEAL), en Université Sorbonne Nouvelle (París, Francia), e investigadora del Centro de Estudios sobre las Américas (CREDA). Es doctora en Ciencia Política por Sciences Po (París, Francia), y fue investigadora postdoctoral en el proyecto “desiguALdades.net” del Ibero-Amerikanisches Institut de la Freie Universität (Berlín, Alemania). Asimismo, desde 2017 es miembro del Instituto Universitario Francés (IUF). Geoffray se especializa en el estudio de las dinámicas de la protesta en contextos autoritarios y en los procesos de democratización. Ha publicado el libro Contestar à Cuba, y numerosos artículos en francés, inglés y español.