(Clarín) En un país de fronteras cerradas, sin prensa independiente, sin acceso libre a Internet, con restricciones a la libertad de reunión y con todas, absolutas todas las instancias institucionales controladas por el Estado es muy difícil quebrar cualquier cerco represivo. Por eso, lo ocurrido el domingo 11 de julio por la tarde en San Antonio de los Baños y luego replicado en diferentes ciudades del interior pone de manifiesto no que el régimen haya bajado su carga represiva, sino que la mayoría de la gente ha perdido el miedo histórico y ha demostrado estar dispuesta a sufrir las consecuencias de la protesta a cambio de recuperar su derecho a vivir libremente. 

Por Rubén Chababo

(Clarín) Cuba, como todo estado militarizado, siempre ha tenido una fuerza represiva sumamente aceitada, capaz de responder de manera inmediata ante cualquier asomo de disidencia.

A lo largo de los últimos años los intentos por quebrar ese orden represivo fueron muchos, pero en general breves, dada la eficacia del régimen en aplastar con inmediatez cualquier insubordinación. Uno de esos últimos intentos tuvo lugar en el año 94 en el ya célebre Maleconazo, cuando decenas de ciudadanos se volcaron a las calles y fueron reprimidas ante la presencia misma de Fidel Castro. En la memoria de ese país aún perdura el recuerdo de la dura violencia estatal desplegada en aquel intento de reclamo de derechos. Nada diferente a lo ocurrido en estas últimas semanas contra los integrantes del Movimiento San isidro, un agrupamiento de artistas pertenecientes a las barriadas más pobres de La Habana quienes han sido duramente hostigados y encarcelados. Un Movimiento que logró algo que no habían logrado los disidentes del pasado: hacerse ver por fuera de los contornos de la isla. En un país de fronteras cerradas, sin prensa independiente, sin acceso libre a Internet, con restricciones a la libertad de reunión y con todas, absolutas todas las instancias institucionales controladas por el Estado es muy difícil quebrar cualquier cerco represivo. Por eso, lo ocurrido el domingo 11 de julio por la tarde en San Antonio de los Baños y luego replicado en diferentes ciudades del interior pone de manifiesto no que el régimen haya bajado su carga represiva, sino que la mayoría de la gente ha perdido el miedo histórico y ha demostrado estar dispuesta a sufrir las consecuencias de la protesta a cambio de recuperar su derecho a vivir libremente.

Hacia comienzos de los años 60 Cuba había logrado iniciar un proceso de transformación social y política que fue saludado por una parte importante del mundo. Desde Sartre a Vargas Llosa no faltaron elogios a ese nuevo amanecer político que se inauguraba sobre los restos dejados por el régimen criminal de Batista. Pero luego vino lo que ya Orwell o Zamiatin habían anticipado en sus novelas: la Revolución fue apropiada por una burocracia férrea y la construcción de un Estado totalitario fue a lo que se abocaron. A lo largo de las décadas no han faltado ni presos políticos, ni desaparición de personas, ni persecución sistemática a cualquier disidencia. A pesar de ser estos datos evidentes y fáciles de constatar, gran parte del progresismo europeo y latinoamericano continuó cerrando filas con el régimen mostrando un altísimo grado de indolencia frente al dolor de los humillados al aplicar una sencilla y perversa ecuación: solo son víctimas que merecen mi atención cuando el poder que victimiza es opuesto al de mi ideología.

Históricamente, toda crítica al régimen cubano termina ubicando a quien la enuncia en el bando de la derecha, desacreditando de ese modo su enunciado. La historia del siglo XX puede oficiar de magisterio en este caso porque nada diferente ocurrió en Europa en los años 50 y 60 cuando algunos intelectuales de izquierda se atrevieron a denunciar el Gulag soviético frente a la opinión de muchos colegas que no tardaron en acusarlos de ser agentes del imperio. De ese modo, mientras la izquierda europea decidió mirar hacia otro lado para no hacerle el juego al enemigo, millones de personas del otro lado de la Cortina de hierro, padecieron la desgracia de sus vidas en el más atroz confinamiento. Para esos indolentes intelectuales habitantes de la rive gauche, la voz de ninguna Ajmátova, de ningún Solyenitzin, de ningún Grossman fue creíble ni mereció su atención sensible.

Pero lo cierto es que aquellos que buscan la pureza informativa, pueden, si así lo desean, enterarse de lo que sucede en estas horas en Cuba a través de la mirada de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, exactamente las mismas instituciones humanitarias que cumplieron un rol fundamental en la denuncia de los crímenes cometidos por nuestras dictaduras en los años 70.  Si fueron creíbles en el pasado, si esas organizaciones son creíbles hoy cuando denuncian los atropellos que cometen los gobiernos colombiano o salvadoreño sobre sus sociedades civiles, ¿por qué no hacerlo en el caso cubano? Solo una perversa construcción y defensa de un doble estándar a la hora de vigilar el respeto a los derechos humanos puede ser la explicación que tengamos más al alcance para entender la negación o la relativización de los hechos que hoy tienen lugar en la isla.

Hoy, las calles de Cuba se han vuelto a llenar de gente que pide nada más ni nada menos que el debido respeto a sus derechos básicos. Lo hace con el mismo derecho que nos asiste a los ciudadanos chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos o mexicanos cuando salimos a la calle a luchar por la dignidad de nuestras vidas en diferentes momentos de la historia.

No escuchar el reclamo de la sociedad cubana, desmerecer su llamado de auxilio, dudar en brindar nuestra comprometida solidaridad es, no cabe ninguna duda, hoy más que nunca, ser inmoralmente cómplices, por egoísmo e indiferencia, de la brutal injusticia que se descarga sobre sus vidas.

Rubén Chababo

Consejero Académico

Profesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario donde dicta anualmente el Seminario sobre Memoria y Derechos Humanos. Es docente y miembro del Consejo académico de la Maestría de Estudios Culturales dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y fue integrante del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá (Colombia). Ha dictado cursos y conferencias en diferentes universidades nacionales y extranjeras en torno a los dilemas de la memoria en la escena contemporánea. Entre 2002 y 2014 fue Director del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, una de las primeras instituciones museológicas dedicadas a abordar el tema del Terrorismo de Estado en la Argentina. Se desempeñó también como Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Es Director del Museo Internacional para la Democracia.