Pasada la atención internacional a las protestas del 11 de julio en Cuba, la situación de los manifestantes detenidos en esa fecha y en los días que siguieron cayó poco menos que en el olvido, mientras la represión estatal y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos retomaban su cauce habitual, sino incluso peor. Pero representantes de la sociedad civil redoblaron sus esfuerzos y dieron testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia del 21 de octubre, de la persecución de sus colegas, familiares, y de ellos mismos en estos meses.

Por Ramiro Pellet Lastra

Pasada la atención internacional a las protestas del 11 de julio en Cuba, la situación de los manifestantes detenidos en esa fecha y en los días que siguieron cayó poco menos que en el olvido, mientras la represión estatal y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos retomaban su cauce habitual, sino incluso peor. Pero representantes de la sociedad civil redoblaron sus esfuerzos y dieron testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia del 21 de octubre, de la persecución de sus colegas, familiares, y de ellos mismos en estos meses.

Los activistas Katherine Mojena, Laritza Diversent, Sayli Navarro, Michel Matos y Osvaldo Navarro refirieron con lujo de detalles la escalada de violencia y represión en Cuba desde el estallido social de julio, una embestida sistemática y calculada de las fuerzas de seguridad, seguida de un sistema carcelario despiadado.

Según se desprende de sus duros relatos, respaldados por números y testimonios, se trató de una estrategia contra los manifestantes en general, y contra referentes de la disidencia en particular, quienes fueron sistemáticamente rastreados, detenidos, aislados y maltratados. 

Como recordó Katherine Mojena, promotora de Cuba Decide, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) registró manifestaciones en al menos 45 ciudades y pueblos, y en todos los casos los ciudadanos fueron mal encarados por la policía y otros grupos de choque trabajando a las órdenes del gobierno.

Era la lógica natural, derivada del obediente seguimiento de las órdenes del presidente Miguel Díaz-Canel, que llamó a sus partidarios “al combate” y a “enfrentar en las calles estas manifestaciones”. Quienes salieran a protestar, dijo el líder del régimen, tendrían “que pasar por encima de nuestros cadáveres, y estamos dispuestos a todo”.   

Esas arengas presidenciales “incentivaron al odio, estigmatizando la protesta y promoviendo tácitamente el uso de la violencia y el enfrentamiento de la ciudadanía”, dijo Mojena en su presentación ante la audiencia.

Sin garantías

Tras el llamado a “defender la revolución”, vinieron las consecuencias: represión, detenciones y un eterno limbo judicial. Mientras los focos de la atención se alejaban de la escena del crimen, las cárceles se colmaban de presos políticos. Otros disidentes debieron exiliarse o se hicieron invisibles, evadiendo a la policía.

Para los detenidos, no había nada que esperar de los tribunales cubanos. “El Estado ha incumplido en todos los casos con el debido proceso y con los lineamientos mínimos legales para garantizar a las víctimas de detenciones arbitrarias el acceso a la justicia”, dijo Mojeda.

“Le pido a la CIDH que interceda por la liberación de mi hijo, porque tener pensamientos propios no es un crimen”, dijo por su parte Liset Fonseca Rosales, la madre de un detenido, en un video presentado en la audiencia.

Como ella, distintos familiares prestaron testimonio a través del video, que si bien reforzó la potencia de las denuncias también aumentó el riesgo de represalias del gobierno, nada de lo cual atenuó su resolución.

“He tenido que hablar con muchas personas, buscar abogados. Las acusaciones que pesaban sobre mi hijo eran por haber roto la fotografía de Fidel”, añadió la madre de Roberto Pérez Fonseca, detenido como muchos desde julio.

“Cuando hablo con él solo me dice que ahí los tratan mal, que los tratan como perros”, dijo en otro testimonio Yaira Prieto La Rosa, la mujer del detenido Juan Emilio Pérez Estrada. “Aún estamos en espera del juicio”, añadió.    

Según estimaciones de los organismos de derechos humanos, en estos momentos hay 572 personas privadas de la libertad en relación con las protestas del 11 de julio. Al igual que Pérez Estrada, son muchos los ciudadanos que están a la espera de un proceso judicial, aunque no abrigan mayores esperanzas de que sea un proceso justo.

Sayli Navarro, también promotora de Cuba Decide, señaló que por haber participado en la revuelta su padre “enfrenta 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, atentados y desacato”.

Visibilidad

Dada la criminalización de la disidencia cubana, los representantes de la sociedad civil insistieron en pedirle a la CIDH que ayude a visibilizar la situación, una misión urgente debido, como dijo Laritza Diversent, directora de Cubalex, al altísimo número de detenidos y a las deplorables condiciones de su confinamiento.

“Según nuestro registro, al menos 33 personas se contagiaron con Covid-19 durante su estancia en prisión, debido a las condiciones higiénicas lamentables y el hacinamiento de las celdas”, aseguró. Entre los contagiados de Covid-19 está el padre de Sayli Navarro, quien luego de superar la enfermedad fue diagnosticado con lesiones fibrosas en el pulmón izquierdo. Desde entonces no recibe tratamiento médico, a pesar de ser además diabético.

Otra alerta que le dieron a la CIDH fue la “racialización” represiva del régimen: solo el 24% de los afrodescendientes detenidos en el marco de las protestas fueron excarcelados, contra el 40% de las personas de piel blanca.

Quizás lo más novedoso en estos meses de ajustes de cuentas de parte del régimen, además de la gravedad de la escalada, haya sido la decidida resolución del gobierno para recortar el uso y el alcance de las redes sociales, herramientas fundamentales para la circulación de la crítica.  

Se activó el decreto que legaliza “los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores del servicio de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en internet”, dijo Diversent. Fue, en otras palabras, la consecuencia de la inquietud del régimen sobre el poder emancipador de las redes sociales y su capacidad de multiplicar y asociar las voces divergentes.

Entre estas voces sobresale el Movimiento San Isidro, “con la misión de salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía cubana”, como bien señaló Michel Matos, gestor cultural, productor y activista durante su interesante aporte en la audiencia.

El Movimiento San Isidro, que expresa su disidencia a través del arte, ya sentía el impacto de la represión al menos desde fines de 2020, pero las cosas se agravaron este año. “Las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de prisiones preventivas, han sido el recurso más utilizado por el gobierno cubano para acallar el disenso de los artistas”, dijo Matos en su presentación.

La reunión de la CIDH tuvo un ejemplo en tiempo real sobre la represión en curso en la isla. El historiador Manuel Cuesta Morúa, reconocido miembro de la disidencia cubana y varias veces encarcelado por las fuerzas de seguridad, se vio impedido de participar de la audiencia.

En el mismo momento en que se desarrollaba la sesión virtual, según relataron sus compañeros, su casa estaba rodeada por las fuerzas de seguridad, que además habían cortado la señal de internet, aislando así al disidente de su entorno inmediato y del resto del mundo: el sueño de la cúpula del partido para todos los ciudadanos.

Ramiro Pellet Lastra

Coordinador Editorial

Periodista y escritor. Graduado en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Salvador, con un posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Su experiencia en periodismo incluye la Agencia France Presse -en la sede regional para América Latina de Montevideo-, así como las secciones Cultura y Mundo del diario La Nación. Como autor publicó las novelas No va más, El legado del Inca y La noche triste de Gardel.