La organización CADAL hizo un pedido de acceso a la información pública al gobierno con relación al tema «personas refugiadas de Venezuela en Argentina». Las cifras son poco benévolas y demuestran una política distante, al menos en la gestión del actual gobierno, de las necesidades de las personas pertenecientes a la mayor crisis migratoria que ha enfrentado la región.

Por Rigoberto Lobo Puentes

En la Argentina y como en cualquier país de la región y el mundo, es común escuchar por las calles la tonada de voz venezolana, esto, producto de la crisis migratoria más grande de la región y una de las más grandes del mundo. A finales del año 2022 la crisis de migrantes y refugiados venezolanos ocupaba el segundo lugar en el mundo, después de la de Siria e incluso por encima de la ucraniana.

Según Naciones Unidas, más de siete millones trecientas mil personas han salido de Venezuela hasta la fecha, pero la historia no termina ahí. La situación socio política y la crisis de derechos humanos en Venezuela están lejos de una real mejoría y diariamente continúan saliendo más personas, enfrentándose a los riesgos que puedan implicar según la ruta que decidan, las barreras migratorias en los países receptores y una creciente xenofobia.

Según los datos entregados a CADAL por la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (CONARE), desde el año 2017 y hasta junio de este año 2023, fecha en que fueron suministradas las estadísticas, 6.442 personas provenientes de Venezuela solicitaron refugio. Si comparamos esa cifra con los más de doscientos veinte mil venezolanos que viven en Argentina, es un porcentaje bajo y es que incluso muchas personas ignoran la existencia de este proceso de protección internacional.

En cuanto a la cantidad de personas venezolanas a las que se les reconoció el estatus de refugiadas desde el año 2017 hasta la actualidad, son solo 315 personas según los datos aportados por la CONARE a CADAL, lo cual representa un porcentaje de aprobación bastante bajo. También es notable, con el considerable número de solicitudes de refugio de nacionales venezolanos, que en el año 2022 no se aprobó ninguno y en los primeros cinco meses del 2023 tampoco sucedió.

Es importante mencionar que a la par se revisaron las estadistas publicadas por la CONARE en el sitio web oficial, resultando muy curioso que ambas estadísticas no coincidan en los números y no se trata de manzanas, se trata de personas con necesidades de protección.

Según la Ley de Procedimientos Administrativos en Argentina, caducidad se refiere a que, pasados sesenta días de un trámite, se paralice sin justificación de peso por la persona actuante y el procedimiento pasaría a ser archivado. Ahora, la CONARE señala que desde 2017 y hasta la fecha, 255 procesos de solicitud de refugio de venezolanos han sido calificados así. Esto no sería un numero preocupante en cuanto al total de solicitudes, pero lo que sí causa cierta alarma es que la CONARE en los datos entregados a CADAL menciona adicionalmente que, para el 12 de mayo de 2023, del total de las solicitudes de nacionales venezolanos, 4.670 entrarían en caducidad.

Es probable que algunas personas abandonen el proceso. Lo preocupante es que ese número mencionado en los datos otorgados por la CONARE representen más del 70% del total de solicitudes de refugio en Argentina por personas provenientes de Venezuela. Quizás hace más ruido cuando hay personas solicitantes de refugio que tienen más de 13 meses esperando por la entrevista, paso fundamental para que la CONARE pueda revisar el caso y tomar una decisión, y otra cosa muy distinta es el tiempo que transcurra habiendo sucedido la entrevista y que la Comisión resuelva lo que considere acertado.

Es común en el mundo que las personas solicitantes de refugio tengan barreras por el idioma, no tengan suficientes documentos de identidad, recursos económicos, puedan ser una persona o un grupo familiar y que toda demora en la respuesta afecte sus vidas de manera transversal. Los refugiados venimos de situaciones complejas, de violaciones masivas a los derechos humanos, catástrofes, conflictos armados, violencia incluso extrema, persecución y otros factores que nos empujaron a huir de nuestros países de origen, y es por ello que el refugio es un derecho humano.

También resulta fundamental mencionar que toda persona solicitante de refugio que no reciben una respuesta oportuna, es revictimizada, además de que sus vidas no pueden solo girar en torno a estar sentadas en una oficina gubernamental esperando que la burocracia decida si resuelve. Las personas refugiadas llegan a los países como el resto de los migrantes, a resolver su día a día, posiblemente sin redes de apoyo y contención y sin el apoyo de los familiares que quedaron atrás, en múltiples y diversas historias de familias rotas y desparramadas por el mundo.

Argentina ha sido parte de los pactos internacionales en los que se comprometió en materia de migrantes y refugiados. El año pasado el tema sobre refugiados fue clave en la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de Las Américas y que Argentina apoyó. Es decir, Argentina es un país que desde hace décadas es un referente en cuestión de derechos humanos y no solo en la región, sino también en el mundo.

Si se camina por las calles de Argentina, es fácil notar que los representantes, o al menos la gestión actual, están alejados de los representados, porque la buena receptividad de las personas hacia los provenientes de Venezuela no se parece a la poca receptividad del gobierno actual hacia los mismos o al menos con los refugiados. También para las personas provenientes de Venezuela, resulta bastante incomodo ver una gestión de gobierno tan cercana e incluso amigable con el régimen de Nicolás Maduro. Quizás esto último y la poca disposición de otorgar el refugio a venezolanos esté estrechamente relacionado.

El gobierno argentino está en la capacidad de crear algún mecanismo especial de atención a personas migrantes y refugiadas de Venezuela. Ya sucedió en la gestión del gobierno anterior algo parecido y no se trata de valorar ideológicamente cada gobierno, sino de valorar toda medida que sea a favor de las personas y que luego no sucedan retrocesos.

La gestión del gobierno actual en Argentina ha intentado revivir organismos poco funcionales como la CELAC, por un lado, un organismo que resulta bastante agradable al dictador Nicolás Maduro porque quizás sea el espacio donde se le recibe y no se le cuestionan sus graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto a migrantes y refugiados podemos decir que resulta bastante hipócrita que al menos la mitad de los países de la CELAC piden visas para el ingreso de venezolanos y que algunos de esos procesos son prácticamente imposibles para lograr una respuesta positiva de visa.

Las personas migrantes y refugiadas realizan valiosos aportes en los países de acogida, en algunos de ellos incluso se ha visto reflejado en el incremento del producto interno bruto. Son personas con ciertas habilidades técnicas, oficios y títulos universitarios que contribuyen con las sociedades, además del valor cultural que puedan sumar en los países receptores. Las personas migrantes y refugiadas necesitan de políticas de Estado que tengan que ver con ellas y no exclusivamente con los mandatarios de sus países o los gobiernos y aunque suene fastidioso repetirlo, siempre deben estar del lado de las personas y con mayor sensibilidad a las poblaciones afectadas.

Rigoberto Lobo, exiliado venezolano en Buenos Aires - Argentina, defensor de derechos humanos, director y fundador de la organización Promedehum en Venezuela.

Rigoberto Lobo Puentes

Venezolano, investigador y defensor de derechos humanos, fundador de la ONG Promedehum, Esto es El Post y colaborador en otras organizaciones.