Un total de 137 delegaciones presentaron recomendaciones a Egipto durante el diálogo interactivo. Sin embargo, Argentina no estuvo entre ellas, dándole efectivamente la espalda a la sociedad civil egipcia y a los actores democráticos que sufren violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Por Dorothea Krueger

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El 28 de enero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra) llevó a cabo el diálogo interactivo de Egipto para el cuarto Examen Periódico Universal (EPU), uno de los mecanismos clave del Consejo para examinar el historial de derechos humanos de un país. El diálogo interactivo, por su parte, proporciona una plataforma para que los Estados miembros de la ONU recomienden medidas específicas para ayudar al país examinado a mejorar su cumplimiento de los derechos humanos. Aunque se rige por la etiqueta diplomática y la reciprocidad, este proceso encarna lo que los internacionalistas y politólogos denominan «señalar y avergonzar»: exponer públicamente las violaciones de los derechos humanos en la escena internacional para presionar a los gobiernos a que respeten las normas internacionales.

En el ámbito de la sociedad civil, CADAL, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, monitorea el EPU de Estados autoritarios como parte de su análisis de las políticas exteriores en derechos humanos. En este contexto, CADAL se compromete a nombrar y avergonzar no sólo poniendo de relieve la situación de los derechos humanos en los regímenes autocráticos sometidos al EPU, sino también evaluando los compromisos de otros Estados con los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, evidenciados en su participación en el diálogo interactivo del EPU.

Múltiples estudios e índices internacionales documentan el incumplimiento de Egipto en materia de derechos humanos. Según el Monitor CIVICUS, el espacio cívico egipcio está «cerrado», lo que refleja las graves restricciones a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica. La Unidad de Inteligencia de The Economist clasifica a Egipto como un régimen autoritario, citando unos resultados especialmente pobres en los procesos electorales, el pluralismo y las libertades civiles. Del mismo modo, el Índice de Libertad en el Mundo de Freedom House considera a Egipto «No libre».

Los Estados miembros de la ONU pueden formular recomendaciones fundamentadas para el país examinado basándose en los informes recopilados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y en la información presentada por los actores nacionales de la sociedad civil antes de cada sesión del EPU. Según las evaluaciones realizadas por expertos independientes de la ONU, entre los retos más acuciantes de Egipto en materia de derechos humanos se incluyen cuestiones como:

• La falta de investigación y rendición de cuentas efectivas de las alegaciones de tortura y desapariciones forzadas, tanto como la falta de medidas de prevención. 

• El uso excesivo de la fuerza, especialmente en el contexto de manifestaciones.

• El uso generalizado de la prisión preventiva y otras violaciones de las garantías procesales.

• La criminalización de las reuniones pacíficas y las restricciones indebidas del derecho de asociación.

• La persecución de periodistas críticos y la represión de la libertad de expresión.

• Legislación discriminatoria y lagunas jurídicas que no protegen los derechos de las mujeres, las minorías religiosas y los miembros de la comunidad LGBTQIA+.

En respuesta, varias delegaciones hicieron recomendaciones concretas. Países como Estonia, Chequia, Austria, Suecia, Luxemburgo, Noruega y Liechtenstein instaron a Egipto a tomar medidas para investigar de forma independiente todas las denuncias de tortura o a adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OP-CAT), que se centra en la prevención de la tortura. 

Por su parte, Lituania, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Reino Unido, Austria, Chile, Costa Rica, Chequia, Estonia y Alemania formularon recomendaciones significativas para proteger el espacio cívico, salvaguardar los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, y garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, los abogados y los periodistas. 

Además, varias delegaciones -Liechtenstein, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Suiza, Uruguay, Austria, Chile, Chequia, Estonia y Alemania, entre ellas- pidieron limitar, suspender o abolir la pena de muerte.

Un total de 137 delegaciones presentaron recomendaciones a Egipto durante el diálogo interactivo. Sin embargo, Argentina no estuvo entre ellas, dándole efectivamente la espalda a la sociedad civil egipcia y a los actores democráticos que sufren violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Este silencio es especialmente llamativo dada la propia historia de Argentina. El país conmemoró recientemente el 49 aniversario del golpe militar de 1976, que dio paso a más de siete años de dictadura y a la práctica sistemática del terrorismo de Estado. Si Argentina está verdaderamente comprometida con los principios de Memoria, Verdad y Justicia, estos valores deberían guiar también su política exterior, no sólo sus conmemoraciones nacionales.

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Dorothea Krueger

Asistente de proyectos

Tiene un Bachelor of Arts en International Cultural and Business Studies de la Universidad de Passau (Alemania), es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL) y posee un Master of Arts en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Tréveris (Alemania). En 2020 llevó a cabo una pasantía en CADAL y luego colaboró como estudiante voluntaria en asistencia de investigación. Desde 2024 es Asistente de Proyectos de CADAL.