La decisión se toma en un momento crítico, como una maniobra utilitaria para mantener el flujo de los miles de millones de dólares de los emigrados, sin los cuales millones de cubanos quedarían reducidos a la más terrible miseria y el gobierno a una bancarrota al nivel del estropicio económico que ha generado.

Por Haroldo Dilla Alfonso

Todo lo relacionado con la emigración es, por diversas razones- un tema de primer orden en la actualidad política cubana. En primer lugar, porque los emigrados tienen un rol fundamental -económico, cultural y político- en el presente insular y será creciente en el futuro. En segundo lugar, porque esta migración ha sido rehén del diferendo entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, país este último que acapara el 90% de todos los emigrados cubanos. Y, por último, porque cualquier relajamiento es novedoso, si tenemos en cuenta que la política del gobierno cubano frente a sus emigrados ha sido regularmente hostil, expoliadora y despectiva, y los migrantes fueron descriptos por varias décadas como una escoria moral y política que no cabía en la nueva obra revolucionaria. Al menos, hasta los 90s, en que los emigrados se convirtieron en soporte principal del consumo familiar en medio de la crisis desencadenada entonces y que no termina, y un soporte clave de la carcomida balanza de pagos cubana.

Ahora el tema vuelve a ser noticia, cuando el canciller cubano ha anunciado nuevas medidas de apertura. Cuatro en total: 1) se eliminó la llamada “habilitación”, consistente en un permiso bienal para visitar la isla por un máximo de 90 días que los emigrados deberían conseguir en los consulados cubanos; 2) Los cubanos que posean yates pueden entrar con ellos a algunas marinas disponibles en la isla; 3) Los hijos de cubanos nacidos en el extranjero pueden nacionalizarse sin avecindarse en la isla; y 4) Se les reconocen algunos derechos a los cubanos que salieron de Cuba irregularmente -ilegales les llama el documento oficial- que hasta el momento no podían visitar la isla. Se realizó el anuncio en una reunión con personas y organizaciones cubanas proclives al gobierno cubano y radicadas en Estados Unidos, muestra parcializada y sectaria que el gobierno cubano acostumbra a definir como representantes de los emigrados.

El canciller afirmó que Cuba se abre, mientras los Estados Unidos se cierran, en alusión a las medidas punitivas, hasta el momento injustificadas, del gobierno de Trump. Pero olvidó aclarar que Estados Unidos “cierra” en una relación internacional -no importa ahora cuan deplorable haya sido su política-  mientras que el gobierno cubano “abre” respecto a sus propios ciudadanos. Y que solamente abre una breve hendija en una habitación cerrada, oscura y llena de humo.

Hay dos cuestiones que vale la pena observar.

Primero, que los cambios que ha anunciado el canciller siguen dejando a Cuba en el peor lugar de las relaciones de un estado con sus emigrados, de los que depende económicamente. Ninguno de los cambios tiene que ver con una perspectiva de derechos, como tampoco ocurrió cuando se produjo la reforma migratoria de 2013. Se trata, como entonces, de medidas pragmáticas destinadas a mantener el flujo de cubanos a la isla en momentos en que la embajada cubana en Washington -dados los recortes de personal- no puede procesar las decenas de miles de permisos de visita (por no más de 90 días al año) que se otorgan a los ciudadanos cubanos emigrados. 

Se trata, sin lugar a duda, de un paso administrativo positivo, pero que no implica el derecho de los cubanos emigrados a visitar libremente su patria, a radicarse en ella sin permiso, o a tener propiedades o derechos civiles y políticos, etc. No es difícil advertir, por ejemplo, que la eliminación del permiso para visitar la isla está severamente constreñida por la ley vigente. Esta ley establece que no podrán entrar a la isla los emigrados que hayan (lo escribo casi textual) organizado, estimulado, realizado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.  Enunciado que no aclara que significan los verbos de involucramiento, ni que debe interpretarse como actos hostiles, menos aún que implica el orden existente. Y que obviamente mantiene un derecho de exclusión en manos del estado cubano, favorable a su gobernabilidad autoritaria pero lesiva a la noción de ciudadanía. No hay derechos: solo permisos más relajados.

La segunda cuestión es el contexto internacional en que se produce la decisión. Esta no es el resultado de una perspectiva aperturista al calor de un relajamiento de tensiones bilaterales. Ello hubiera sido así si la medida hubiese sido adoptada cuando Barack Obama abrió relaciones, eliminó múltiples medidas restrictivas y visitó La Habana en señal de buena voluntad, cuando, al contrario, la reacción gubernamental cubana fue arreciar la represión y denunciar al presidente demócrata como un enemigo de guantes de seda. La decisión se toma en un momento crítico, como una maniobra utilitaria para mantener el flujo de los miles de millones de dólares de los emigrados, sin los cuales millones de cubanos quedarían reducidos a la más terrible miseria y el gobierno a una bancarrota al nivel del estropicio económico que ha generado.

Las crónicas hablan de vítores y aplausos de los cubanos emigrados invitados a la reunión con el canciller. ¿Qué aplaudían?

Haroldo Dilla Alfonso

(La Habana,1952) es historiador y doctor en ciencias, mención sociología, del InstitutoPolitécnico Federal de Lausana. Fueinvestigador del Centro de Estudiossobre América, en La Habana. Actualmente es Director de la OficinaInstituto de Estudios Internacionalesen Santiago de Chile de la Universidad Arturo Prat.