Venezuela: Las autoridades deben liberar de inmediato a los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García de Fundaredes

Las detenciones arbitrarias, la negación del derecho a una defensa razonable, la obstrucción de la justicia y el debido proceso, y el uso de la justicia como herramienta de persecución política pueden constituir crímenes de lesa humanidad, reconocidos por Naciones Unidas.

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Las organizaciones abajo firmantes rechazan rotundamente y expresan su profunda preocupación por la detención y encarcelamiento el 2 de julio de tres defensores de derechos humanos (DDH) de la ONG Fundaredes, entre ellos el director de la organización, Javier Tarazona, así como los activistas Rafael Tarazona y Omar García. Su detención demuestra la rápida escalada de la persecución política y criminalización de defensores de derechos humanos en Venezuela, quienes monitorean, documentan e informan de manera independiente sobre la crítica situación de derechos humanos del país.

El 2 de julio el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvo a los tres activistas, junto a un cuarto, Jhonny Romero de la ONG CONFAVIT, al frente de la Fiscalía General del Estado Falcón, donde los activistas habían estado denunciando el acoso por parte del SEBIN que habían sufrido el día anterior durante una capacitación para activistas de derechos humanos. Después de varias horas, Romero fue liberado. Sin embargo, los tres activistas de Fundaredes fueron trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal de terrorismo, donde fueron acusados de incitar al odio, la traición a la patria y terrorismo, cargos que se utilizan con frecuencia para criminalizar a defensores de derechos humanos y periodistas que buscan defender las libertades fundamentales en Venezuela. Los tres activistas fueron enviados a prisión después de que se les negó el acceso a sus abogados y en su lugar se les asignó un defensor público. Mientras tanto, a sus abogados se les negó el acceso al expediente del caso, lo que obstaculizó cualquier posibilidad de brindar una defensa adecuada.

Ante estos hechos, recordamos a las autoridades venezolanas que la detención y prisión arbitraria, la imposición de cargos falsos por motivos políticos, la negación del derecho a una defensa razonable, la obstrucción de la justicia y el debido proceso, así como el uso sistemático del sistema de justicia como herramienta para la persecución política, equivale a posibles crímenes de lesa humanidad, como lo reconoce la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela. Además, la detención de los activistas de Fundaredes sólo un día después de la publicación del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el débil cumplimiento de Venezuela de las recomendaciones de la ONU, refuerza la constante falta de compromiso del gobierno de Maduro con el Sistema Universal de Protección y el respeto por los estándares internacionales en la materia.

Venezuela debe garantizar las condiciones básicas para que los / as defensores de derechos humanos realicen su trabajo con libertad y seguridad, sin temor a represalias o encarcelamiento. Exigimos que las autoridades venezolanas pongan en libertad de inmediato a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, y dejen de criminalizar la labor de los defensores para documentar abusos y defender los derechos de los venezolanos.

Firman:

Amnistía Internacional
CADAL
Civil Rights Defenders
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo
Freedom House
International Institute on Race, Equality and Human Rights
International Service for Human Rights
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Robert F. Kennedy Human Rights

Antecedentes

Fundaredes es una de las pocas organizaciones que monitorea, documenta e informa sobre la violencia y los abusos a los derechos humanos cometidos por grupos armados en las regiones fronterizas de Venezuela, áreas peligrosas y de difícil acceso donde el acceso a la información es escaso. Más recientemente, Fundaredes ha sido fundamental en la documentación del conflicto armado entre las fuerzas armadas de Venezuela y una de las facciones disidentes de las FARC que comenzó en marzo de 2021 en el estado venezolano de Apure. Los activistas de Fundaredes han enfrentado constantemente acoso por parte de funcionarios del gobierno de Maduro por su trabajo, de tal manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para Tarazona, su director, en junio de 2020, citando un riesgo urgente.

El conflicto de Apure ha desplazó a más de 5.000 venezolanos a través de la frontera hacia el estado colombiano de Arauca. Desde que inició, Fundaredes ha enfrentado una creciente vigilancia y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado por documentar e informar sobre graves violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que allí ocurren.

La documentación de Fundaredes sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno de Maduro y los grupos guerrilleros colombianos ELN y FARC también ha alimentado las acusaciones recientes. El 6 de julio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, justificó la detención de los activistas, argumentando que los informes de Fundaredes carecen de fundamento y socavan la seguridad de Venezuela.

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