Prensa
Ocho años de la Primavera Negra de Cuba: entre la pena y el olvido
Fuente: Infobae (Argentina)
Por Gabriel C. Salvia
En 2003, la dictadura cubana detuvo a 75 opositores, acusándolos de delitos que en los países democráticos son derechos fundamentales y condenándolos a penas de hasta veinte años de cárcel
Al cumplirse el octavo aniversario de lo que se conoció como "La Primavera Negra de Cuba", solamente quedan en prisión dos referentes democráticos detenidos en aquella oportunidad. La mayoría de los presos políticos del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003 fueron liberados gracias a las gestiones de la Iglesia Católica en Cuba y el gobierno español.
Sin embargo, el detonante que produjo en casi un año la excarcelación de medio centenar de demócratas cubanos, fue la muerte de Orlando Zapata Tamayo, preso político detenido por protestar contra la ola represiva de marzo del 2003 y que acumuló una pena de treinta años de prisión. Zapata Tamayo murió el 23 de febrero de 2010 tras una huelga de hambre de ochenta y dos días, lo que provocó la indignación internacional y una mayor presión a la dictadura castrista que los llevó a iniciar un proceso de liberación de presos políticos.
Precisamente, cuando se inició la Primavera Negra del 2003, las condenas internacionales no se centraron en la detención arbitraria de 75 personas inocentes, sino en los tres mulatos a los que se les aplicó la pena de muerte tras juicios sumarísimos, debido a que habían secuestrado una lancha con turistas para escapar de Cuba pero sin haber provocado lesiones a ninguna persona. Por eso, sin el sacrificio de Zapata Tamayo no se hubieran producido las liberaciones de casi todo el grupo de los 75 detenidos hace ocho años, pues es la pérdida evitable de una vida lo que provoca indignación y reclamos sin precedentes hacia la dictadura de más de medio siglo de los hermanos Castro.
En consecuencia, antes de que se repita un caso trágico como el de Zapata Tamayo, el reclamo a la dictadura cubana tiene que estar dirigido a que elimine las normas que reprimen el ejercicio de los derechos fundamentales. De hecho, los presos políticos excarcelados que quedaron en la isla, lo están bajo licencia extra penal y tanto ellos, como cualquier otra persona que en Cuba se exprese o actúe en contra de la opinión del pensamiento único establecido allí, puede ser detenido y condenado a las prolongadas penas que establece la legislación orwelliana del régimen castrista que se mantiene intacta.
Esa fue la petición que hace un año presentaron destacados referentes latinoamericanos, dirigiéndose a los países de la región "con el objetivo de solicitarles que reclamen ante el régimen cubano la liberación de todas las personas que en ese país se encuentran encarceladas por delitos que, de acuerdo con los estándares internacionales, son derechos básicos... Es hora que América Latina se ponga del lado de los demócratas cubanos y le exija al régimen de los hermanos Castro que inicie una apertura política garantizando derechos muy elementales como la libertad de asociación y expresión".
Entre los firmantes de la declaración "El ejercicio de los derechos no es delito: Reclamo por la liberación de todos los presos políticos en Cuba", difundida hace exactamente un año, se encontraban personalidades como Patricio Aylwin, Julio César Strassera y Graciela Fernández Meijide, entre otros, con enorme autoridad moral para realizar dicho reclamo.
Por ejemplo, el último de los presos políticos excarcelados, Librado Linares García, ingeniero electrónico y titular del Movimiento Cubano Reflexión, fue condenado a 20 años de prisión por las actividades pacíficas de su grupo, destacándose la circulación de material de lectura, la organización de pequeñas reuniones y actos públicos. Estas actividades disidentes a la dictadura cubana incluían el boicot político, no asistiendo a los actos oficiales y promoviendo la abstención electoral.
Linares, el primero de los presos políticos en negarse en 2008 a ser liberado con la condición de tener que ser despatriado a España, terminó cumpliendo una condena que duró ocho años, ¡el mínimo por el cual en la Argentina se castiga al homicidio!
En definitiva, las liberaciones de personas inocentes que se encontraban presas en Cuba no es ninguna señal de apertura de su gobierno, pues mantiene intacta su maquinaria represiva, incluyendo las penas que convierten a los derechos humanos en delitos y eso es lo que no hay que olvidar.
Infobae.com (Buenos Aires, Argentina)
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Por Gabriel C. Salvia
En 2003, la dictadura cubana detuvo a 75 opositores, acusándolos de delitos que en los países democráticos son derechos fundamentales y condenándolos a penas de hasta veinte años de cárcel
Al cumplirse el octavo aniversario de lo que se conoció como "La Primavera Negra de Cuba", solamente quedan en prisión dos referentes democráticos detenidos en aquella oportunidad. La mayoría de los presos políticos del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003 fueron liberados gracias a las gestiones de la Iglesia Católica en Cuba y el gobierno español.
Sin embargo, el detonante que produjo en casi un año la excarcelación de medio centenar de demócratas cubanos, fue la muerte de Orlando Zapata Tamayo, preso político detenido por protestar contra la ola represiva de marzo del 2003 y que acumuló una pena de treinta años de prisión. Zapata Tamayo murió el 23 de febrero de 2010 tras una huelga de hambre de ochenta y dos días, lo que provocó la indignación internacional y una mayor presión a la dictadura castrista que los llevó a iniciar un proceso de liberación de presos políticos.
Precisamente, cuando se inició la Primavera Negra del 2003, las condenas internacionales no se centraron en la detención arbitraria de 75 personas inocentes, sino en los tres mulatos a los que se les aplicó la pena de muerte tras juicios sumarísimos, debido a que habían secuestrado una lancha con turistas para escapar de Cuba pero sin haber provocado lesiones a ninguna persona. Por eso, sin el sacrificio de Zapata Tamayo no se hubieran producido las liberaciones de casi todo el grupo de los 75 detenidos hace ocho años, pues es la pérdida evitable de una vida lo que provoca indignación y reclamos sin precedentes hacia la dictadura de más de medio siglo de los hermanos Castro.
En consecuencia, antes de que se repita un caso trágico como el de Zapata Tamayo, el reclamo a la dictadura cubana tiene que estar dirigido a que elimine las normas que reprimen el ejercicio de los derechos fundamentales. De hecho, los presos políticos excarcelados que quedaron en la isla, lo están bajo licencia extra penal y tanto ellos, como cualquier otra persona que en Cuba se exprese o actúe en contra de la opinión del pensamiento único establecido allí, puede ser detenido y condenado a las prolongadas penas que establece la legislación orwelliana del régimen castrista que se mantiene intacta.
Esa fue la petición que hace un año presentaron destacados referentes latinoamericanos, dirigiéndose a los países de la región "con el objetivo de solicitarles que reclamen ante el régimen cubano la liberación de todas las personas que en ese país se encuentran encarceladas por delitos que, de acuerdo con los estándares internacionales, son derechos básicos... Es hora que América Latina se ponga del lado de los demócratas cubanos y le exija al régimen de los hermanos Castro que inicie una apertura política garantizando derechos muy elementales como la libertad de asociación y expresión".
Entre los firmantes de la declaración "El ejercicio de los derechos no es delito: Reclamo por la liberación de todos los presos políticos en Cuba", difundida hace exactamente un año, se encontraban personalidades como Patricio Aylwin, Julio César Strassera y Graciela Fernández Meijide, entre otros, con enorme autoridad moral para realizar dicho reclamo.
Por ejemplo, el último de los presos políticos excarcelados, Librado Linares García, ingeniero electrónico y titular del Movimiento Cubano Reflexión, fue condenado a 20 años de prisión por las actividades pacíficas de su grupo, destacándose la circulación de material de lectura, la organización de pequeñas reuniones y actos públicos. Estas actividades disidentes a la dictadura cubana incluían el boicot político, no asistiendo a los actos oficiales y promoviendo la abstención electoral.
Linares, el primero de los presos políticos en negarse en 2008 a ser liberado con la condición de tener que ser despatriado a España, terminó cumpliendo una condena que duró ocho años, ¡el mínimo por el cual en la Argentina se castiga al homicidio!
En definitiva, las liberaciones de personas inocentes que se encontraban presas en Cuba no es ninguna señal de apertura de su gobierno, pues mantiene intacta su maquinaria represiva, incluyendo las penas que convierten a los derechos humanos en delitos y eso es lo que no hay que olvidar.
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