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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
14-05-2021Colombia: dispararse un tiro en el pie
El nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, anunció una nueva reforma tributaria que no gravará bajo ningún concepto a la clase media y pobre; ni impondrá el IVA a los productos de la canasta familiar; sino que apuntará a que las empresas paguen más impuestos con lo que llegaría a una recaudación imprescindible (en eso está de acuerdo todo el espectro político) de 7500 millones de dólares. La paradoja es que con el bloqueo de carreteras y las medidas que van más allá de la protesta pacífica, Colombia ha perdido ya casi la mitad de ese dinero.Por Hugo Machín Fajardo
Si el presidente Iván Duque hubiera aceptado la sugerencia de su antecesor Juan Manuel Santos, y si los integrantes de la protesta iniciada el 28 de abril hubieran hecho caso al senador de izquierda y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quizás Colombia se hubiera ahorrado muertes, lesionados, civiles y policías. Ambas propuestas fueron realizadas el pasado domingo 2 de mayo.
Tampoco Colombia tendría que dedicar aproximadamente 7500 millones de dólares para recuperar las pérdidas ocasionadas por los bloqueos en rutas nacionales que representan cifras equivalentes a la mitad de lo que se pretende recaudar con una reforma tributaria considerada imprescindible por todo el espectro político colombiano.
El ex presidente Santos (2010 — 2018), se puso a la orden de Duque y ofreció una plataforma mínima de salida a la crisis desatada por la protesta ciudadana: «respeto por los derechos humanos, un nuevo contrato social para buscar equidad e implementación del acuerdo de paz». Duque no le escuchó y esperó cinco días para convocar a un gran diálogo nacional.
Petro inmediatamente después de retirada la propuesta de reforma tributaria por Duque, y que había desatado la ola de manifestaciones —se contabilizan 5 mil movilizaciones en 15 días— envió su mensaje: ya se había logrado el objetivo del paro nacional iniciado el 28 de abril y había que «rodear al Presidente». A su juicio, se abría otra etapa de negociación política encaminada por los partidos. Otro senador de izquierda, Gustavo Bolívar, agregó que si la izquierda ganaba las elecciones generales del 2022—quizás alentado porque hoy las encuestas le dan primacía, pero en Colombia hay segunda vuelta— el nuevo gobierno no podría dedicar la mitad del presupuesto a pagar deuda externa, por lo que, además de repudiar el vandalismo, también dijo «no querer que el país se hunda».
La situación en Colombia no escapa a lo que se vivió en 2019 en este país y en otras regiones de Latinoamérica, y que luego de un año largo de pandemia, con todo lo que ha implicado en materia de pérdidas de vidas, de trabajo y de perspectivas, vuelve a hacerse presente.
Un cuadro de la informalidad en el sector laboral latinoamericano realizado por el Banco Mundial advierte que a 2018 comparado con la década 1990/1999 ya venía creciendo la informalidad laboral en la región. En el caso de Colombia, pasó del 46,7%, al 52% en el presente. Es una participación en el conjunto del PIB nacional de un poco más del 30%. En peor situación están Bolivia, Honduras y Nicaragua. Y muy cerca de Colombia, se ubican Perú, Ecuador y Paraguay.
En otro aspecto, en El Salvador, se verifica un creciente autoritarismo presidencial y desconocimiento del presidente Nayib Bukele hacia los otros poderes del Estado. En México, el presidente Andrés López Obrador cada día se desliza más hacia un populismo que siempre ha tenido consecuencias negativas para nuestros países. En Brasil, la desastrosa gestión negacionista de la pandemia de Jair Bolsonaro generó un caos sanitario, y su propuesta cada vez más anti agenda de derechos, va preparando un panorama de dura confrontación política para el año que viene.
Chile hoy está inmerso en un debate que apuesta a solucionar todo mediante una nueva Constitución redactada por una ciudadanía en muchos casos ajena a la elaboración de un nuevo contrato social imprescindible, pero que debe hacerse con conocimiento legal. La atención política chilena está centrada en las elecciones municipales a realizarse el 15 y 16 de mayo en que, por primera vez en la historia democrática de Chile, se elegirán por elección popular a los Gobernadores Regionales. Y también se elegirán a los representantes de la región para el proceso de la redacción de una nueva Constitución. En una tercera votación los chilenos decidirán quienes serán sus próximas autoridades comunales: alcalde y concejales. La Convención Constitucional comenzará a operar en junio, y después se enfocarán en las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en noviembre. Eso ha determinado que el presidente Sebastián Piñera hoy sea prácticamente un gestionador de la gobernabilidad en los 6 meses que restan para las elecciones presidenciales.
Los candidatos presidenciales de Perú que van a segunda vuelta el 6 de junio, Keiko Fujimori, de derecha, y Pedro Castillo, de izquierda, firmaron la «Proclama Ciudadana» redactada por las iglesias católica y evangélica… ¿Qué nos está diciendo esto? Que existe en la región un notorio desencanto de la ciudadanía con las conducciones políticas.
También en Colombia el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, sostiene que «el Estado colombiano ha perdido su legitimidad» y advierte que la actual situación «afectará a las elecciones del 2022». El jueves 13 de mayo reclamó «un viraje de fondo en el gobierno de línea dura» y respaldó los bloqueos de las vías nacionales: «sin bloqueo no hay protesta», dijo en la emisora La W, de Bogotá. Tradicionalmente la Iglesia católica, y desde hace unos años las evangélicas, inciden mucho en la político-electoral colombiana. En los cuarenta del siglo pasado, la prédica clerical se orientaba a identificar a los liberales con el pecado, y a apoyar la acción, muchas veces violenta, del Partido Conservador contra ese sector ciudadano. En los sesenta, varios sacerdotes españoles, algún colombiano como Camilo Torres, integraron la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y uno de ellos, Manuel Pérez, alias Poliarco, (1943 – 1998), la dirigió durante veinte años
No deberíamos extrañarnos de la agitación continental que se vive en el presente, ni de la reticencia a las conducciones partidarias. Latinbarómetro hace años que advierte sobre el creciente descreimiento ciudadano en la democracia latinoamericana. No es ni será un panorama exclusivo colombiano.
Cuando por fin Duque accedió a dialogar con la dirigencia del Paro Nacional, se le aparecieron en Casa de Nariño 40 representantes del movimiento de protesta. No hubo acuerdo ese lunes 10 de mayo. Se había perdido la posibilidad de lograr un rápido levantamiento del bloqueo que no de la protesta, que es legítima y responde a causas reales: la pobreza en el país alcanza al 42%, o sea 4 de cada 10 colombianos están en una situación muy difícil, 21 millones de colombianos son pobres; 7,5 están en situación de pobreza extrema; 1,7 familias acceden solo a dos comidas diarias. Colombia cuenta con 50 millones de habitantes. Dos millones de colombianos que integraban la clase media estimada en 14 millones de personas antes de la pandemia, pasaron a vivir en la pobreza según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es una pérdida de casi una década de recuperación económica del país.
A la fecha se registran 35 o 42 muertes, según se aceptan las cifras de la Defensoría del Pueblo, o de las ONGS; 716 civiles y 849 policías heridos; 40 personas desaparecidas, 704 detenidos por hechos vandálicos (14 ya en la cárcel), 1.200 hechos violentos, 127 investigaciones al interior de la fuerza publica por presunto abuso de autoridad y mal uso de la fuerza; y utilización de armas de fuego en la protesta. Según la policía, más de 1.000 disparos fueron efectuados contra la fuerza pública en el marco de las movilizaciones cuya característica mayoritaria es la protesta pacífica.
Mientras tanto, el bloqueo de carreteras y trancones en las principales ciudades está poniendo en riesgo la producción masiva de alimentos, y miles de puestos de trabajo en 22 de los 32 departamentos de Colombia en opinión de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): «Está en riesgo el abastecimiento de todo el país. En primer lugar, de oxígeno tan necesario hoy a raíz del Covid. Están detenidos, sin poder viajar desde el Cauca a Bogotá, más de 1,200 camiones con 700 mil toneladas de comida que ya suponen una pérdida de 465 millones de dólares. Al no poder transportarse las raciones alimenticias de animales, están en riesgo más de 30 millones de aves y 3 millones de cerdos que son la proteína que abastece a todo el país. Se dejó de recoger más de 300 mil litros de leche diarios».
Hubo saqueos a camiones detenidos en las vías nacionales y a las granjas productoras de comida. Las 550 mil familias que dependen del café producido en Colombia están ante una realidad incierta. Se suma la escasez de combustible.
El miércoles 13, 250 agentes antidisturbios con apoyo del ejército intervinieron la vía Panamericana para evitar los saqueos a autos y vehículos que se desplazan por esa importante ruta nacional que llega al principal puerto colombiano, de Buenaventura, sobre el Pacífico.
El nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo inició contacto con los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper y anunció una nueva reforma tributaria que no gravará bajo ningún concepto a la clase media y pobre; ni impondrá el IVA a los productos de la canasta familiar; sino que apuntará a que las empresas paguen más impuestos con lo que llegaría a una recaudación imprescindible (en eso está de acuerdo todo el espectro político) de 7, 5 millones de dólares.
La paradoja es que con el bloqueo de carreteras y las medidas que van más allá de la protesta pacífica, Colombia ha perdido ya casi la mitad de ese dinero. Es dispararse un tiro en el pie.
Y el país venía en recuperación, condicionada obvio, pero en el año de la pandemia recuperó más de 2 millones de puestos de trabajo formal de los casi 5 millones que había perdido en el 2020.
A su vez, las exportaciones crecieron un 36, 4% respecto a abril del 2020.
Una encuesta de Datexco conocida el martes 11, informó que más del 75,1% apoya el paro, aunque el 55,6 % quiere que el paro termine y un 37,6 % que siga. También consigna que el 74,8% de los colombianos se ha visto afectado por el paro y el 74,1 % cree que las movilizaciones fueron infiltradas por grupos criminales. Esto último da pie al argumento esgrimido por representantes del Gobierno que los hechos violentos son inducidos desde Caracas, habida cuenta de la situación existente en la frontera colombo – venezolana donde diversos grupos ilegales colombianos operan con bases en estados de Venezuela. Un 82,2% de los encuestados por Datexco opinó que el Gobierno no ha hecho un buen manejo del paro nacional, mientras que un 7,0% respondió que sí lo ha hecho
A todo esto, el país enfrenta un inminente colapso hospitalario con solo un 15% de las camas de cuidados intensivos para Covid-19 y apenas poco más de un 4% de la población vacunada.
Hugo Machín FajardoRedactor Especial del Portal Análisis LatinoPeriodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
Si el presidente Iván Duque hubiera aceptado la sugerencia de su antecesor Juan Manuel Santos, y si los integrantes de la protesta iniciada el 28 de abril hubieran hecho caso al senador de izquierda y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quizás Colombia se hubiera ahorrado muertes, lesionados, civiles y policías. Ambas propuestas fueron realizadas el pasado domingo 2 de mayo.
Tampoco Colombia tendría que dedicar aproximadamente 7500 millones de dólares para recuperar las pérdidas ocasionadas por los bloqueos en rutas nacionales que representan cifras equivalentes a la mitad de lo que se pretende recaudar con una reforma tributaria considerada imprescindible por todo el espectro político colombiano.
El ex presidente Santos (2010 — 2018), se puso a la orden de Duque y ofreció una plataforma mínima de salida a la crisis desatada por la protesta ciudadana: «respeto por los derechos humanos, un nuevo contrato social para buscar equidad e implementación del acuerdo de paz». Duque no le escuchó y esperó cinco días para convocar a un gran diálogo nacional.
Petro inmediatamente después de retirada la propuesta de reforma tributaria por Duque, y que había desatado la ola de manifestaciones —se contabilizan 5 mil movilizaciones en 15 días— envió su mensaje: ya se había logrado el objetivo del paro nacional iniciado el 28 de abril y había que «rodear al Presidente». A su juicio, se abría otra etapa de negociación política encaminada por los partidos. Otro senador de izquierda, Gustavo Bolívar, agregó que si la izquierda ganaba las elecciones generales del 2022—quizás alentado porque hoy las encuestas le dan primacía, pero en Colombia hay segunda vuelta— el nuevo gobierno no podría dedicar la mitad del presupuesto a pagar deuda externa, por lo que, además de repudiar el vandalismo, también dijo «no querer que el país se hunda».
La situación en Colombia no escapa a lo que se vivió en 2019 en este país y en otras regiones de Latinoamérica, y que luego de un año largo de pandemia, con todo lo que ha implicado en materia de pérdidas de vidas, de trabajo y de perspectivas, vuelve a hacerse presente.
Un cuadro de la informalidad en el sector laboral latinoamericano realizado por el Banco Mundial advierte que a 2018 comparado con la década 1990/1999 ya venía creciendo la informalidad laboral en la región. En el caso de Colombia, pasó del 46,7%, al 52% en el presente. Es una participación en el conjunto del PIB nacional de un poco más del 30%. En peor situación están Bolivia, Honduras y Nicaragua. Y muy cerca de Colombia, se ubican Perú, Ecuador y Paraguay.
En otro aspecto, en El Salvador, se verifica un creciente autoritarismo presidencial y desconocimiento del presidente Nayib Bukele hacia los otros poderes del Estado. En México, el presidente Andrés López Obrador cada día se desliza más hacia un populismo que siempre ha tenido consecuencias negativas para nuestros países. En Brasil, la desastrosa gestión negacionista de la pandemia de Jair Bolsonaro generó un caos sanitario, y su propuesta cada vez más anti agenda de derechos, va preparando un panorama de dura confrontación política para el año que viene.
Chile hoy está inmerso en un debate que apuesta a solucionar todo mediante una nueva Constitución redactada por una ciudadanía en muchos casos ajena a la elaboración de un nuevo contrato social imprescindible, pero que debe hacerse con conocimiento legal. La atención política chilena está centrada en las elecciones municipales a realizarse el 15 y 16 de mayo en que, por primera vez en la historia democrática de Chile, se elegirán por elección popular a los Gobernadores Regionales. Y también se elegirán a los representantes de la región para el proceso de la redacción de una nueva Constitución. En una tercera votación los chilenos decidirán quienes serán sus próximas autoridades comunales: alcalde y concejales. La Convención Constitucional comenzará a operar en junio, y después se enfocarán en las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en noviembre. Eso ha determinado que el presidente Sebastián Piñera hoy sea prácticamente un gestionador de la gobernabilidad en los 6 meses que restan para las elecciones presidenciales.
Los candidatos presidenciales de Perú que van a segunda vuelta el 6 de junio, Keiko Fujimori, de derecha, y Pedro Castillo, de izquierda, firmaron la «Proclama Ciudadana» redactada por las iglesias católica y evangélica… ¿Qué nos está diciendo esto? Que existe en la región un notorio desencanto de la ciudadanía con las conducciones políticas.
También en Colombia el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, sostiene que «el Estado colombiano ha perdido su legitimidad» y advierte que la actual situación «afectará a las elecciones del 2022». El jueves 13 de mayo reclamó «un viraje de fondo en el gobierno de línea dura» y respaldó los bloqueos de las vías nacionales: «sin bloqueo no hay protesta», dijo en la emisora La W, de Bogotá. Tradicionalmente la Iglesia católica, y desde hace unos años las evangélicas, inciden mucho en la político-electoral colombiana. En los cuarenta del siglo pasado, la prédica clerical se orientaba a identificar a los liberales con el pecado, y a apoyar la acción, muchas veces violenta, del Partido Conservador contra ese sector ciudadano. En los sesenta, varios sacerdotes españoles, algún colombiano como Camilo Torres, integraron la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y uno de ellos, Manuel Pérez, alias Poliarco, (1943 – 1998), la dirigió durante veinte años
No deberíamos extrañarnos de la agitación continental que se vive en el presente, ni de la reticencia a las conducciones partidarias. Latinbarómetro hace años que advierte sobre el creciente descreimiento ciudadano en la democracia latinoamericana. No es ni será un panorama exclusivo colombiano.
Cuando por fin Duque accedió a dialogar con la dirigencia del Paro Nacional, se le aparecieron en Casa de Nariño 40 representantes del movimiento de protesta. No hubo acuerdo ese lunes 10 de mayo. Se había perdido la posibilidad de lograr un rápido levantamiento del bloqueo que no de la protesta, que es legítima y responde a causas reales: la pobreza en el país alcanza al 42%, o sea 4 de cada 10 colombianos están en una situación muy difícil, 21 millones de colombianos son pobres; 7,5 están en situación de pobreza extrema; 1,7 familias acceden solo a dos comidas diarias. Colombia cuenta con 50 millones de habitantes. Dos millones de colombianos que integraban la clase media estimada en 14 millones de personas antes de la pandemia, pasaron a vivir en la pobreza según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es una pérdida de casi una década de recuperación económica del país.
A la fecha se registran 35 o 42 muertes, según se aceptan las cifras de la Defensoría del Pueblo, o de las ONGS; 716 civiles y 849 policías heridos; 40 personas desaparecidas, 704 detenidos por hechos vandálicos (14 ya en la cárcel), 1.200 hechos violentos, 127 investigaciones al interior de la fuerza publica por presunto abuso de autoridad y mal uso de la fuerza; y utilización de armas de fuego en la protesta. Según la policía, más de 1.000 disparos fueron efectuados contra la fuerza pública en el marco de las movilizaciones cuya característica mayoritaria es la protesta pacífica.
Mientras tanto, el bloqueo de carreteras y trancones en las principales ciudades está poniendo en riesgo la producción masiva de alimentos, y miles de puestos de trabajo en 22 de los 32 departamentos de Colombia en opinión de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): «Está en riesgo el abastecimiento de todo el país. En primer lugar, de oxígeno tan necesario hoy a raíz del Covid. Están detenidos, sin poder viajar desde el Cauca a Bogotá, más de 1,200 camiones con 700 mil toneladas de comida que ya suponen una pérdida de 465 millones de dólares. Al no poder transportarse las raciones alimenticias de animales, están en riesgo más de 30 millones de aves y 3 millones de cerdos que son la proteína que abastece a todo el país. Se dejó de recoger más de 300 mil litros de leche diarios».
Hubo saqueos a camiones detenidos en las vías nacionales y a las granjas productoras de comida. Las 550 mil familias que dependen del café producido en Colombia están ante una realidad incierta. Se suma la escasez de combustible.
El miércoles 13, 250 agentes antidisturbios con apoyo del ejército intervinieron la vía Panamericana para evitar los saqueos a autos y vehículos que se desplazan por esa importante ruta nacional que llega al principal puerto colombiano, de Buenaventura, sobre el Pacífico.
El nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo inició contacto con los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper y anunció una nueva reforma tributaria que no gravará bajo ningún concepto a la clase media y pobre; ni impondrá el IVA a los productos de la canasta familiar; sino que apuntará a que las empresas paguen más impuestos con lo que llegaría a una recaudación imprescindible (en eso está de acuerdo todo el espectro político) de 7, 5 millones de dólares.
La paradoja es que con el bloqueo de carreteras y las medidas que van más allá de la protesta pacífica, Colombia ha perdido ya casi la mitad de ese dinero. Es dispararse un tiro en el pie.
Y el país venía en recuperación, condicionada obvio, pero en el año de la pandemia recuperó más de 2 millones de puestos de trabajo formal de los casi 5 millones que había perdido en el 2020.
A su vez, las exportaciones crecieron un 36, 4% respecto a abril del 2020.
Una encuesta de Datexco conocida el martes 11, informó que más del 75,1% apoya el paro, aunque el 55,6 % quiere que el paro termine y un 37,6 % que siga. También consigna que el 74,8% de los colombianos se ha visto afectado por el paro y el 74,1 % cree que las movilizaciones fueron infiltradas por grupos criminales. Esto último da pie al argumento esgrimido por representantes del Gobierno que los hechos violentos son inducidos desde Caracas, habida cuenta de la situación existente en la frontera colombo – venezolana donde diversos grupos ilegales colombianos operan con bases en estados de Venezuela. Un 82,2% de los encuestados por Datexco opinó que el Gobierno no ha hecho un buen manejo del paro nacional, mientras que un 7,0% respondió que sí lo ha hecho
A todo esto, el país enfrenta un inminente colapso hospitalario con solo un 15% de las camas de cuidados intensivos para Covid-19 y apenas poco más de un 4% de la población vacunada.
