De acuerdo a la puntuación del BTI de 2024 (3.65), Pakistán ha sido desde el inicio del índice en 2006 una autocracia de línea dura, esto puede estar justificado en las irregularidades y corrupción a nivel político, la falta de seguimiento del debido proceso en cuanto a la participación democrática, así como la persecución de opositores y minorías étnico-religiosas, entre otros.

Por Irene Pinchi Arriaga

Simpatizantes del ex primer ministro Imran Khan protestando por un presunto fraude en las elecciones generales de 2024. Fuente: Fareed Khan en Associated Press.

Pakistán, ubicado en el corazón del sur de Asia, es un país que combina una amplia diversidad cultural y étnica con una historia política compleja. Desde su independencia en 1947, tras la partición del Imperio Británico, ha desempeñado un papel estratégico en la región, enfrentando desafíos tanto internos como externos. Actualmente, es una república parlamentaria federal, y su liderazgo está encabezado por Shehbaz Sharif, elegido primer ministro en 2024. Sin embargo, la política pakistaní ha estado marcada históricamente por la influencia predominante de las fuerzas armadas, que han moldeado no solo el panorama político, sino también el económico, al ejercer un control significativo sobre sectores estratégicos y partidos políticos. Este predominio ha generado tensiones, como la censura de Imran Khan en 2022, que muchos atribuyen a diferencias en la política exterior, particularmente en el cambio de enfoque respecto a China, dejando de lado las relaciones con Estados Unidos.

En términos económicos, Pakistán enfrenta retos significativos. Su economía, centrada en la agricultura, está dominada por poderosas élites terratenientes que perpetúan desigualdades estructurales. A esto se suma una tradición de intervencionismo estatal que, aunque busca estabilizar indicadores macroeconómicos, ha tenido un impacto limitado en la calidad de vida de sus ciudadanos. De hecho, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Pakistán enfrenta niveles persistentemente bajos de desarrollo humano.

La influencia del islam atraviesa todos los ámbitos de la sociedad pakistaní, jugando un rol central tanto en su identidad nacional como en su política interna y externa. Este contexto complejo convierte a Pakistán en un actor clave para entender las dinámicas geopolíticas y socioeconómicas del sur de Asia.

En el ámbito internacional, las relaciones con la India han sido especialmente conflictivas. Desde la partición del Imperio indio británico que deriva en la creación de la India y Pakistán, los desacuerdos fronterizos y las tensiones religiosas han sido constantes, mientras que la independencia de Bangladesh en 1971 ocurrió dadas las profundas divisiones internas relacionadas con las mismas causas étnico-religiosas que se mezclaban con la explotación económica y la marginación política de comunidades orientales por parte de las élites occidentales.

El Bertelsmann Transformation Index (BTI) es un índice que nos permite observar cómo es que países como Pakistán están avanzando o retrocediendo hacia una democracia y una economía de mercado, a partir de dos índices (Índice de Estatus y el Índice de Gobernanza) que reflejan la transformación política, económica y de gobernanza de 137 países. Se emplea una metodología cualitativa, en la cual expertos de cada país asignan puntuaciones de 1 a 10 tras analizar indicadores específicos utilizando un libro de códigos estandarizado; posteriormente, estas puntuaciones son revisadas y calibradas regional e interregionalmente para garantizar coherencia.

En términos generales, se puede observar que las transformaciones de Pakistán hacia la consolidación de valores democráticos y liberales han sido mínimas o incluso inexistentes. Los gráficos reflejan una tendencia claramente descendente en las tres dimensiones analizadas o, en el mejor de los casos, una continuidad. Los puntajes más bajos se han registrado en momentos críticos para la gobernanza, como en 2008 debido a la crisis financiera global, y en 2022, a raíz de la crisis política que resultó en la llegada de Shehbaz Sharif al poder. Así, estos fenómenos se pueden ver reflejados en el decrecimiento de los puntajes del BTI 2010 y 2024, respectivamente. Además, se debe acotar que el impacto en el BTI 2010 fue mucho más intempestivo por la caída abrupta de aproximadamente 1 punto en las 3 dimensiones, mientras que la disminución en el BTI 2024 fue más baja en todas las dimensiones.

Transformación política

De acuerdo a la puntuación del BTI de 2024 (3.65), Pakistán ha sido desde el inicio del índice en 2006 una autocracia de línea dura, esto puede estar justificado en las irregularidades y corrupción a nivel político, la falta de seguimiento del debido proceso en cuanto a la participación democrática, así como la persecución de opositores y minorías étnico-religiosas, entre otros.

En términos de estatalidad (puntuado con 4.5 según el BTI 2024), el monopolio del uso de la fuerza suele ser desafiado por diversos grupos terroristas, insurgentes, criminales, entre otros, los cuales están causando un aumento de la violencia en el último tiempo. Se afirma que gran parte de la violencia se desarrolla en la provincia de Baluchistán, así como en las áreas tribales bajo administración federal que comparten frontera con Afganistán, país caracterizado por la presencia de grupos terroristas. Por lo mismo, el gobierno ha empleado el Plan de Acción Nacional desde 2015 para tratar de mitigar las arremetidas terroristas en el país, esta iniciativa se ha visto obstaculizada luego de la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, ya que ha dado paso al libre desenvolvimiento de la acción del terrorismo y el extremismo en esa área. El atractivo de optar por la adhesión a organizaciones terroristas parte del hecho de que la administración pública en países como Pakistán es precaria, con una infraestructura deficiente que impide el desarrollo y dificulta el proyecto de vida de las personas más pobres. Los indicadores sociales tampoco muestran mejoras contundentes. La falta de acción del estado puede deberse a la baja recaudación de impuestos, así como a la falta de políticas a largo plazo, debido a la polarización de la clase política.

Es relevante mencionar, la importancia del islam en la política pakistaní, ya que según la constitución es una república islámica, así podemos encontrar instituciones como el Consejo de Ideología Islámica o el Tribunal Federal Sharía que influyen en los dictámenes legislativos y en las decisiones de las cortes seculares. Ante ello, los movimientos feministas están tratando de luchar contra las imposiciones del sistema patriarcal que utiliza estas instituciones para preservar el poder de subyugación que tienen contra las mujeres. Adicionalmente, se debe señalar que la blasfemia es un delito que se castiga con la muerte y que suele ser utilizado para la persecución de minorías no musulmanas.

La participación política es un tema complejo, dada las constantes interrupciones al poder, lo cual ha provocado que desde 2019 ningún gobierno termine su mandato; por lo mismo, el puntaje para la participación política ha fluctuado de 3.5 a 4.5 en promedio, según el BTI, actualmente este indicador ha caído a 3.8. Así, esto se puede ver reflejado en las dificultades para lograr elecciones libres y justas que involucran restricciones a derechos políticos de aproximadamente 20 millones de personas, los cuales representan poblaciones vulnerables que no pueden cumplir con el requisito de contar con un documento de identidad para poder registrarse en la Comisión Electoral de Pakistán (ECP por sus siglas en inglés).

A su vez, las irregularidades durante los comicios electorales son evidentes, debido al dominio de unos pocos partidos; entre ellos, La Liga Musulmana de Pakistán, fundada en 1993 y conocida como PML-N, es un partido político conservador en Pakistán, liderado por Nawaz Sharif. También, está el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), conocido como el Movimiento de Justicia de Pakistán, es un partido político fundado en 1996 por Imran Khan, quien fue primer ministro de Pakistán entre 2018 y 2022. Su influencia creció significativamente en las elecciones de 2013 y 2018, convirtiéndose en uno de los tres principales partidos del país. Por último, el Pakistan People’s Party (PPP) es un partido político de centro-izquierda fundado en 1967. A lo largo de su historia, ha sido una de las principales fuerzas políticas de Pakistán, aunque ha enfrentado desafíos, incluyendo dictaduras militares, mantiene una sólida base en la provincia de Sindh. El proceso particular en el que se llevan a cabo las elecciones, en las que el ECP necesita del apoyo de las burocracias locales, permite que estas vinculadas a los partidos mencionados puedan manipular los resultados. Otros derechos políticos como la libertad de expresión y el derecho a reunión y asociación se suelen instrumentalizar para acallar protestas y perseguir opositores. Por ejemplo, distintos gobiernos han hecho uso de la Agencia de Investigación Federal (FIA, por sus siglas en inglés) para investigar a individuos por sus discursos en línea y prohibir el acceso a miles de páginas web. Recientemente, se ha creado la Agencia Nacional de Delitos Cibernéticos, la cual fue creada para combatir el ciberterrorismo y sus variantes, aunque en la realidad esté enfocada en frenar la disidencia política.

La sujeción a la ley para garantizar la imparcialidad y justicia de su aplicación es deficiente y, de acuerdo al BTI, se ha mantenido en 3.3 desde 2016. Claramente, no hay una separación de poderes ante las interferencias de los partidos políticos, los grupos de poder y las fuerzas armadas en la política, la economía y la vida social. Hay pocos mecanismos de transparencia para regular la corrupción y los que existen como la Oficina de Responsabilidad Nacional (NAB, por sus siglas en inglés) son debilitados y/o utilizados para perseguir a la oposición.

Los derechos civiles son directamente vulnerados en un régimen autoritario; por lo mismo, este indicador no ha superado los 4 puntos desde el BTI 2006, actualmente tiene un puntaje de 3. Una clara ejemplificación del porqué de esta calificación se evidencia en el uso de la tortura y la detención preventiva como mecanismos frecuentes en las políticas de seguridad interna pakistaní, a pesar de que se haya ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los ciudadanos se ven sometidos a juicios arbitrarios por tribunales militares, mientras que los más activistas suelen ser víctimas de desapariciones. Otro sector que ve afectado sus derechos son las minorías étnicas, quienes suelen ver restringido su derecho a la libre circulación, gracias a la discriminación sistémica y cotidiana. Esta discriminación es fomentada e inculcada desde temprana edad en los libros de colegio, en estos se insiste en el odio confesional y racial. Además, la comunidad LGBTQ+ se ve amenazada ante la criminalización de su sexualidad y la discriminación que muchas veces puede ser manifestada a través de la violencia a personas trans.  

Por último, en cuanto a la integración política y social, el BTI otorga un puntaje de 4 que no ha tenido muchas variaciones desde 2006. Esto se debe a que Pakistán se caracteriza por la enorme importancia que la sociedad brinda a las redes basadas en la familia, el parentesco y el compromiso con su comunidad. En base a ello, se puede entender la gestación de relaciones clientelistas por parte de los partidos políticos, quienes en cada elección tratan de encauzar la volatilidad electoral hacia sus beneficios. Así, estas prácticas han impactado en el sistema de partidos, lo cual ha derivado en una fragmentación del voto de acuerdo a las regiones en que se divide el Estado. Estas prácticas no son recientes, sino que se han ido asentado a lo largo de la historia, debido a la precariedad institucional, la corrupción y la violencia.

Transformación económica

El último informe del BTI sobre la transformación económica en Pakistán asigna un puntaje de 3.64, evidenciando las limitaciones significativas que enfrenta el país en este ámbito. Esto se puede ver reflejado en los alarmantes niveles de desigualdad y pobreza; no obstante, esta es una realidad constante en la población, dado que sus autoridades presentan poca capacidad y voluntad para realizar reformas que respondan a las necesidades básicas de la población. Por tal motivo, el indicador de barreras socioeconómicas se mantiene bajo desde el primer informe del BTI con un puntaje de 3. De esta manera, mientras que en 2021 más del 20% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, en 2022 esta cifra aumentó al 38%, y un 12% adicional se encontraba en situación de vulnerabilidad, en riesgo de caer en la pobreza.

A nivel macroeconómico, la devaluación de la rupia ha provocado un aumento en los precios al consumidor y un encarecimiento de las importaciones. Este fenómeno está relacionado con el endeudamiento excesivo del país con instituciones como el FMI, combinado con la crisis política que afecta al país desde 2022. Así, la estabilidad fiscal y monetaria son indicadores que descendieron de forma muy violenta por el impacto de la crisis de 2008; mientras que el BTI de 2006 mostraba un puntaje de 8 puntos, en el 2010 era de 4 y Pakistán necesitaba un monto de 4000 a 5000 millones para estabilizar su economía. Actualmente, el déficit fiscal es de un 7,7% en 2023 y el crecimiento económico ha aumentado a 2% en 2024, luego de una caída abrupta en 2023 de 6% a un 0.6%.

Por otra parte, la justa competencia y la organización de mercado son supervisados por entes reguladores como la Economic Coordination Committee (ECC) y la Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP); no obstante, estas instituciones suelen cumplir sus funciones de manera deficiente o incompleta. Por esa razón, el gobierno de Imran Khan lanzó la Iniciativa de modernización regulatoria de Pakistán (PRMI) como parte de los esfuerzos para atraer mayor inversión extranjera directa y simplificar los marcos regulatorios en un enfoque multinivel. Aun así, los resultados son pocos y lentos, lo cual ha derivado en la continuidad de prácticas anticompetitivas a través de mayores subsidios, recorte de impuestos y preferencias en los contratos con el Estado. Siempre que se quiera hacer al país más atractivo para la inversión, se tendría que pensar en cómo asegurarles a los inversores que efectivamente se respetarán sus derechos a pesar de los cambios de gobierno y de los intereses particulares de actores internos. No obstante, el indicador de derechos de propiedad revela una caída constante desde el BTI 2006 hasta 2024 cambiando de 7 puntos a 4. Es el resultado del mal funcionamiento de las leyes y la amenaza constante de las expropiaciones, dado que empresas e individuos con mayor poder suelen utilizar prácticas coercitivas e ilegales para instaurar sus proyectos en el país.

Si bien existen programas de bienestar que buscan establecer una red básica de seguridad social universal, estos intentos se ven obstaculizados por la falta de recursos y políticas públicas a largo plazo. Del mismo modo, se puede señalar la baja inversión en el sector de educación y salud, así como el impacto de los ajustes monetarios en la desfinanciación de programas sociales. En el marco de la pandemia, se emplearon programas como el Benazir Income Support Programme y el Ehsaas Taleemi Wazaif Programme, los cuales apelaban respectivamente al apoyo de estudiantes en situación de vulnerabilidad y a la reducción de pobreza con un enfoque directo en las mujeres. De todas formas, las jerarquías, desigualdades y discriminación se han vuelto parte de la cotidianeidad de los pakistaníes, esto representa un problema para el desarrollo de un proyecto de vida de aquellos más afectados por la desigualdad como las mujeres o las minorías étnicas sin mencionar a la invisibilizada comunidad LGBTQ+.

Transformación de la gobernanza

El índice de gobernanza en Pakistán es de 3.26, de acuerdo al BTI 2024, lo cual nos brinda una idea cuán débil es la persecución de objetivos y su cumplimiento en las principales instituciones del gobierno. El 2010 es el año en que el puntaje comienza a descender de 4 a 3 por las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y el aumento de las tensiones con vecinos como Afganistán y La India. Los rezagos de estas crisis inciden en el nivel de dificultad hacia una mayor y mejor gobernanza, y a su vez, padecen de la obstaculización de límites estructurales como la influencia de una élite que ha creado un entorno burocrático favorable a sus intereses en el sector público, lo cual limita los intentos de reforma y dificulta el cumplimiento de la ley. Del mismo modo, los estratos más bajos de la sociedad aún tienen que lidiar con la falta de oportunidades y la discriminación, por lo que es poco probable que puedan salir de la pobreza en el corto plazo.

Así, la capacidad de conducción política ha disminuido de 4 a 3 según el BTI, aunque estos valores se encuentran dentro de su rango habitual de fluctuación. Los cambios observados se explican, en gran medida, por la falta de claridad en las prioridades nacionales, las cuales se ven afectadas por los constantes choques de intereses entre las instituciones gubernamentales, como las fuerzas armadas, y los gobiernos de turno. Prueba de ello es el escenario de conflicto durante 2022 que demuestra cómo los militares tratan de mantener su posición dominante a toda costa; mientras, los partidos políticos apuntan hacia otra dirección, ganar el mayor caudal político posible para las próximas elecciones. En consecuencia, los fallos en la implementación de políticas públicas perjudican los resultados en materia económica, lo cual ha derivado en la suspensión de la ayuda por parte del FMI y una agudización de la crisis de la balanza de pagos. A la vez que, en el ámbito político, la polarización no permite que los principales partidos puedan concertar y tomar decisiones respecto a proyectos a largo plazo.

Como la corrupción está enraizada, el uso eficiente de recursos es imposible porque la normativa que se debería cumplir es frecuentemente violada para otorgar subsidios, excepciones, financiamiento irregular, entre otros. Y en tanto haya instituciones poderosas y con fines distintos no pueden coordinar, porque en su búsqueda de consolidación de poder colisionan con los intereses de otros agentes. De esta forma, poco o nada se puede evitar con la National Accountability Bureau (NAB), la principal agencia anticorrupción del país. Además, esta institución suele ser instrumentalizada por los gobiernos de turno para acusar y entablar investigaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de sus rivales políticos y opositores.

Desde 2006 el puntaje de construcción de consensos ha ido de 3.8 a 3.4 en 2024, esto se debe en parte por el hecho de que Pakistán es un país autoritario en el que difícilmente los ciudadanos y los grupos con menor poder pueden intervenir y negociar en los debates respecto al futuro de su país. De la misma forma, al ser un país multiétnico, multiconfesional y polarizado, existen pocos consensos de los que se pueda hacer referencia. El más resaltable es el de transitar hacia una economía de mercado; a pesar de ello, suele ser cuestionado por los grupos de interés vinculados a sectores productivos como la agricultura o la construcción. Habría que mencionar la importancia de este tipo de sectores para el empleo de millones de pakistaníes, ya que más de 1/3 de la población trabaja en el sector agrícola. Una reducción del proteccionismo implicaría un golpe fuerte para la capacidad adquisitiva y el trabajo de estos agricultores. Por otra parte, las cada vez más abruptas contiendas electorales generan incentivos para que los políticos puedan cumplir sus promesas, viéndose comprometidos a ser juzgados en las siguientes votaciones. Esto nos sugiere que los ciudadanos pueden ejercer cierta agencia para negociar y luchar por una mayor coherencia en la política pública.

Finalmente, se puede decir que la cooperación internacional es otro indicador defectuoso que tiene un puntaje de 4 según el BTI de 2024. Uno de los factores que influye en su bajo puntaje es la dependencia a los préstamos de bancos como el FMI, lo que provoca que gran parte de su PBI sea destinado a pagar la deuda externa. Este desvío de fondos deriva en un menor presupuesto para abordar los planes de reformas socioeconómicas en el largo plazo. En esa misma línea, el país ha tenido altibajos en el indicador de credibilidad ante la falta de grandes estrategias y los posibles vínculos con el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. En el 2022, fue eliminado de la lista de financistas del terrorismo supervisada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego de 4 años.

Por otra parte, la participación de Pakistán en la COP27 fue destacable, dado que ante las inundaciones de 2022 donde 33 millones de personas resultaron afectadas, abogó por un fondo para que los países más expuestos al cambio climático puedan lidiar con los daños y pérdidas. En cuanto a la relación con sus vecinos, a las élites políticas parece serles funcional tener a La India cerca, ya que les permite excusarse de sus límites al explotar las divisiones que existen con este país culpando a los indios por sus resultados deficientes. Estas tensiones han disminuido su participación en organización internacionales y regionales de las cuales India es parte. Por el lado de Afganistán, el gobierno pakistaní ha mostrado una postura favorable hacia la cooperación con los talibanes en el poder. Sin embargo, esta alianza podría resultar peligrosa, ya que fortalece a organizaciones terroristas como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), que buscan imponer la sharía como fundamento del Estado y abolir el Estado pakistaní.

Irene Pinchi Arriaga

Pasante Internacional

Estudiante del 7mo ciclo de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con destacada trayectoria académica, perteneciente al quinto superior de la facultad de Ciencias Sociales. Es pasante internacional de CADAL.