Es de lamentar que, no teniendo nada para ganar ni para perder, el kirchnerismo no haya promovido una reforma política que realmente contribuya a transparentar los mecanismos electorales y a mejorar la calidad de la representación política.

Por Adrián Lucardi

El proyecto de reforma política que el gobierno envió al Congreso el 28 de octubre pasado está pensado para favorecer al kirchnerismo en las presidenciales de 2011. Pero dada la impopularidad del gobierno, es muy difícil que éste pueda triunfar en dichas elecciones. Por ello es de lamentar que, no teniendo nada para ganar ni para perder, el kirchnerismo no haya promovido una reforma política que realmente contribuya a transparentar los mecanismos electorales y a mejorar la calidad de la representación política.

El proyecto de reforma propone modificaciones en tres áreas. En primer lugar, endurece los requisitos necesarios para constituir un partido, y se eleva el piso requerido para presentar candidaturas nacionales: todos los candidatos para cargos electivos deberán pasar por una primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO), cuyos resultados sólo serán válidos si vota un cierto porcentaje del padrón. La idea es fortalecer a los partidos y volverlos más representativos, pero en realidad estas medidas dificultarán la aparición de nuevas fuerzas y beneficiarán a los poco representativos aparatos del PJ y la UCR.

En segundo lugar, se prohíben los aportes empresarios a las campañas electorales, y se establece que solamente el Estado podrá contratar publicidad en radio y TV para luego distribuirla entre los partidos. El objetivo es que las campañas electorales sean más equitativas, pero lo cierto es que nada impide que los candidatos oficialistas hagan campaña con los recursos del Estado, como hasta ahora.

En tercer lugar, se moderniza el Código Electoral, digitalizando los padrones y unificando las mesas de hombres y mujeres. Estas reformas son necesarias, pero muy limitadas, ya que no se hace nada por promover la adopción del voto electrónico o la boleta única.

Ello no es nada sorprendente si tenemos en cuenta que el objetivo no declarado del proyecto es favorecer a los candidatos oficialistas en 2011. Básicamente, el gobierno pretende que los límites al financiamiento privado de las campañas aumenten la importancia electoral del aparato del Estado, y que las PASO obliguen a los peronistas disidentes a competir dentro del partido y ser derrotados por el aparato que responde al kirchnerismo, o bien pagar el (ahora elevado) costo de armar un nuevo partido.

Sin embargo, el principal problema que enfrenta el gobierno en 2011 no pasa por la legislación electoral, sino por sus bajos niveles de popularidad, sobre todo entre los sectores de clase media. Y en ese sentido, la ley de reforma política podría resultar contraproducente. Primero, el peronismo disidente podría competir por dentro del partido, y derrotar al kirchnerismo aprovechando que las primarias abiertas y obligatorias son más competitivas que las cerradas. Y segundo, el principal problema que enfrenta la oposición no peronista es la desconfianza mutua entre sus referentes, lo que les impide acordar un candidato presidencial común. Pero el sistema de PASO les resolvería el problema, permitiendo elegir a un candidato presidencial que capte los votos del electorado no peronista.

En suma, el gobierno enfrenta una situación difícil, tanto si la ley es aprobada como si no. Pero justamente el no tener mucho que ganar ni que perder más allá de 2011 lo podría haber motivado a impulsar una reforma política que realmente contribuya a transparentar las prácticas electorales, mediante tres mecanismos: a) Obligar a renunciar a los funcionarios electos que quieran postularse para otro cargo, lo que acabaría con las candidaturas testimoniales; b) Implementar la boleta única y/o el voto electrónico; y c) Colocar a las cuestiones electorales bajo la jurisdicción de un organismo independiente del poder político.

Una propuesta focalizada en estos puntos hubiera encontrado un amplio apoyo entre sectores opositores de todos los colores políticos, lo que le hubiera conferido una amplia legitimidad. Dado que el gobierno no ha querido avanzar en esa dirección, esperemos que la oposición se haga cargo y tome la posta.

Adrián Lucardi es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Adrián Lucardi

Consejero Académico

Es profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM (México). Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) y doctor en Ciencia Política por la Washington University in St. Louis (Estados Unidos). Su trabajo fue publicado en The Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies y Legislative Studies Quarterly, entre otros.