La situación empeoró desde el golpe de Estado del 2013, cuando los grupos armados empezaron a atacar a los civiles brutalmente. Desgraciadamente, hasta las mismas fuerzas de la ONU han tenido responsabilidad en casos de violaciones de derechos humanos. La impunidad sigue siendo un problema importante en la lucha por los derechos humanos en este país.

Por Eric Cuevas

El actual Presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, fue electo el 30 de marzo de 2016. Su elección, al igual que las elecciones legislativas que tuvieron lugar a fines de 2015, representaron un importante fortalecimiento de la democracia en el país después de varios años de turbulencia política.

Los reportes de Freedom House del 2014, 2015 y 2016 detallan esta turbulencia. En marzo de 2013, una alianza de milicias rebeldes llamado Seleka derrocó al entonces Presidente Bozize, lo cual justificaron por el incumplimiento de las condiciones de un previo acuerdo de paz por parte del gobierno. El líder del golpe de Estado, Michel Djotodia, se proclamó presidente y estableció un régimen no democrático, expulsando a todos los funcionarios electos y nombrando a sus reemplazantes. Asimismo, Djotodia suspendió la constitución y el parlamento, instalando en su lugar el Consejo Transicional Nacional (CTN). En 2014, Djotodia dimitió como jefe de Estado ante la protesta internacional y el CTN nombró a la Presidenta interina Catherine Samba-Panza, quien ocupó el poder en el gobierno transicional hasta las recientes elecciones.

Si bien estas elecciones señalan que se está estableciendo de nuevo la gobernanza democrática en el país, el poder del gobierno es muy débil, especialmente en cuanto al poder judicial. Amnesty International reporta que, en 2016, la presencia y el funcionamiento de las instituciones judiciales siguen siendo limitados, teniendo muy poco alcance fuera de la capital. Además, las autoridades judiciales no tienen capacidad de investigar y enjuiciar aquellos sospechados de crímenes o violaciones de los derechos humanos. De hecho, en las regiones dónde están los grupos armados, son estos grupos los que administran cualquier forma de justicia que exista.

Unas de las razones principales detrás de este débil estado de derecho es el continuo conflicto entre los grupos armados que ha causado estragos en todo el país desde el golpe del 2013. Estos grupos se dividen en general entre las fuerzas ex Seleka, que son mayoritariamente musulmanes y antes formaban parte de la alianza que ejecutó el golpe del 2013, y las fuerzas cristianas anti-Balaka, las cuales se formaron como respuesta a los frecuentes ataques de los Seleka contra las poblaciones cristianas y empezaron una vez que tomaron el poder en el 2013. Este conflicto, aunque disminuyó en intensidad en 2015, empezó a intensificarse de nuevo desde junio del 2016.

Estas fuerzas armadas han sido responsables de diferentes tipos de violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo el uso de tortura, secuestros, violencia sexual y destrucción de propiedades. Lo peor de todo es que estos grupos utilizan estas tácticas no sólo contra sí mismos, sino también intencionalmente contra los civiles inocentes, resultando en más de 467,800 refugiados y 384,300 desplazados internos en el 2016. Según la ACNUR, desde el comienzo del conflicto en 2013, un 25 porciento de la población del país ha sido desplazada internamente.

Y según Amnesty International, estos grupos ahora empiezan a atacar las organizaciones de ayuda humanitaria también. En el 2016, la ONU reportó más de 300 ataques contra estas organizaciones y al menos 5 trabajadores muertos como resultado.

Pero no sólo son los grupos armados los que han sido culpables de violar los derechos humanos. También se encuentran culpables los agentes de la MINUSCA, la fuerza de mantenimiento de la paz que fue establecida en el 2014 por la ONU como respuesta al estallido de violencia. Además de ser criticada por ser inefectiva en la protección de los civiles, la misma ONU ha reportado que agentes de la MINUSCA han cometido actos de violencia sexual contra los civiles. Aunque la ONU ha reforzado su sistema de monitoreo y denuncias en respuesta a estos reportes, los enjuiciamientos aún son escasos.

Además del derecho a la seguridad, el derecho de la libertad de expresión también se ve reprimida. Desde el golpe del 2013,  muchas emisoras de radio comunitarias permanecen cerradas. Y a pesar de la protección constitucional de la libertad de la prensa, sigue habiendo sanciones penales para ciertos casos de difamación. Pero quizás la mayor amenaza para la libertad de expresión es la inseguridad causada por los grupos armados. Toda la población, incluso los periodistas y los trabajadores de ayuda humanitaria, se encuentran con movilidad reducida, ya que los grupos armados controlan muchas de las rutas en el país. También se reporta que la participación política de los ciudadanos y su expresión de opiniones políticas en general se encuentran limitadas, ya que los grupos armados amenazan a los civiles.

Aunque la impunidad sigue siendo unos de los mayores desafíos para los derechos humanos en la República Centroafricana, ha habido algunos avances importantes. En cuanto a la justicia interna, en junio del 2015, el gobierno de la República Centroafricana adoptó una ley que establece la Corte Penal Especial. Esta corte reuniría jueces nacionales e internacionales para enjuiciar casos de violaciones de los derechos humanos cometidos dentro del país. A pesar de que el establecimiento de la corte lleva un progreso muy lento, en agosto del 2016 la ONU y el gobierno de la República Centroafricana firmaron un documento que detalla las responsabilidades de la corte.

Por parte de la comunidad internacional, en el 2014, la Corte Penal Internacional empezó una investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos dentro del país desde el 2012. Estás investigaciones continúan hasta la actualidad. 

Eric Cuevas