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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
12-05-2018Uzbekistán y el «síndrome soviético»
Aunque el periodo 2015 y 2017 ha sido una época de mejoramiento de los derechos humanos en Uzbekistán, el país todavía sigue siendo un régimen autoritario bajo un «síndrome soviético». Así, en el país se podría aplicar la famosa doctrina de Lenin «un paso adelante, dos pasos atrás».Por Florie Postis
El presidente del país, Shavkat Mirzioiev, ha prometido reformas después de dos décadas de gobierno represivo bajo el gobierno de Islam Karimov, cuya muerte fue anunciada el 2 de septiembre de 2016. En un discurso a finales de 2017 en el Parlamento de Uzbekistán, el presidente ha insistido en el reforzamiento de la democratización, del Estado de derecho y de la justicia y esta iniciativa fue elogiada por una gran parte de los dirigentes del G20 y de las organizaciones internacionales.
En un país que sufrió el Imperio ruso en el siglo XIX, de la presión de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su independencia en diciembre de 1991 y de un régimen dictatorial durante casi 30 años, se puede percibir un primer paso prometedor hacia una apertura democrática. Human Rights Watch subraya los esfuerzos del país en el ámbito de los derechos humanos en 2018. Sin embargo, cuando nos acercamos a lo que ocurre en la práctica, parece difícil entender si esos mínimos esfuerzos están realmente poniendo fin al autoritarismo permanente del gobierno.
Hacia una apertura externa y interna
En el plano internacional, los dos últimos presidentes abrieron las puertas del país a diferentes mecanismos de defensa de los derechos humanos y en este sentido recibieron en mayo de 2017 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en octubre del mismo año una misión de dos semanas del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la libertad de religión. También una delegación de Human Rights Watch tuvo la oportunidad de viajar al país para hacer un reporte y finalmente las autoridades autorizaron un acceso restringido a los medios internacionales por primera vez desde 2005.
Por otra parte, Uzbekistán pasó a ser miembro de diferentes organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, la OSCE, la UNESCO, la OMC y la Organización Mundial del Turismo. Sobre los 165 Estados que han reconocido políticamente al país, 103 establecieron relaciones diplomáticas con él gracias por ejemplo a la apertura de rutas aéreas directas y al desarrollo de medidas incitativas para las inversiones extranjeras.
A nivel interno, durante sus 26 años de gobierno, Islam Karimov ha intentado dirigir obras para la reconstrucción de las infraestructuras urbanas y viarias y se ha abolido la pena de muerte en 2008.
Con el nuevo presidente, los pasos para el mejoramiento de los derechos humanos en el país están dirigidos más precisamente hacia la liberación de presos políticos. En efecto, las autoridades dejaron en libertad 17 prisioneros desde septiembre de 2016. El aumento significativo del número de liberados es un real signo de esperanza en el país, aunque las autoridades siguen usando el artículo 221 del código penal de Uzbekistán que permite alargar de manera arbitraria las condenas de los presos políticos. El 3 de febrero, Dilmourod Saïdov, periodista y activista de los derechos humanos, fue liberado. Algunos días después, afirmaba en una entrevista que había sido torturado físicamente y psicológicamente durante su encarcelamiento así que el país todavía se desgarra entre autoritarismo y libertad.
El post-Karimov Uzbekistán está también haciendo cambios en el ámbito de la protección de los derechos de los ciudadanos. En febrero de 2017 se aprobó una estrategia de actuación para la reforma judicial que establece varias prioridades de reformas, entre ellas garantizar la independencia real del poder judicial, aumentar su eficacia y autoridad y garantizar la estricta protección jurídica de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, la primera y única NGO especializada en políticas sociales que había vivido importantes restricciones entre 2014 y 2015 ahora está permitida en el país como otras pequeñas asociaciones. En el mismo ámbito, otra reforma reduce de 72 a 48 horas el tiempo máximo que una persona puede estar detenida antes de comparecer ante un juez.
Un paso adelante, dos pasos atrás
Aunque el periodo 2015 y 2017 ha sido una época de mejoramiento de los derechos humanos en Uzbekistán, el país todavía sigue siendo un régimen autoritario bajo un “síndrome soviético”. Así, en el país se podría aplicar la famosa doctrina de Lenin “un paso adelante, dos pasos atrás”.
El primer elemento de esta ausencia de democracia se nota en el uso de la violencia masiva y más particularmente en el uso de la tortura. En 2015, Amnistía Internacional empezó su campaña Stop Torture en Uzbekistán y subrayó el automatismo de la violencia de las fuerzas de seguridad uzbekas. Durante dos años, el movimiento se movilizó para que se prohíba la tortura y el uso de elementos obtenidos bajo violencia en los juicios. Finalmente, el 30 de noviembre de 2017, el presidente Mirziyoyev firmó un decreto para prohibir el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, pero eventos recientes han mostrado la vacuidad de esos compromisos. En efecto, a finales del año 2017, Mourad Djouraev – antiguo diputado condenado por “delitos contra el Estado” a 21 años bajo condiciones degradantes, inhumanas y crueles – falleció algunos meses después que le autorizaron a recibir atención médica afuera del país. Hoy, las autoridades todavía bloquean fuertemente las libertades de los opositores.
Las libertades de expresión y de prensa siguen siendo fuertemente restringidas en el país. Uzbekistán es uno de los 15 países clasificados por Reporteros Sin Fronteras como “enemigos de internet”. El gobierno bloquea sitios que critican el régimen y existe una lista de temas, imágenes y palabras prohibidos. Sin embargo, en medio de este bloqueo, apareció una nueva cadena televisa, Uzbekistán 24, que empezó a criticar las políticas económicas y sociales del gobierno. Por lo tanto, en septiembre y octubre del año 2017, unos periodistas y escritores fueron encarcelados. En marzo de 2018, las autoridades se negaron a liberar a la activista Elena Urlaeva de un hospital psiquiátrico. Muchos observadores piensan que esta decisión se debe al trabajo de la activista que luchó durante toda su vida para el mejoramiento de los derechos humanos en el país y que se enfocó esos últimos años en el trabajo forzado.
En efecto, el trabajo forzado es una de las violaciones de derechos humanos más graves en el quinto productor de algodón del mundo. En agosto de 2017, un decreto presidencial prohibió oficialmente el reclutamiento forzoso de menores, estudiantes, personal médico y docente para trabajar en los campos de algodón. Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2017, el presidente Mirzioiev reconoció el uso de mano de obra forzada en la industria del algodón en Uzbekistán y prometió ponerle fin. Sin embargo, diferentes grupos presentaron evidencias de trabajo forzoso e infantil durante y después del otoño 2017 mientras el gobierno utilizaba la intimidación, la violencia y la detención arbitraria para impedir que los activistas y los periodistas informaran sobre lo que estaba pasando. Human Rights Watch y el Foro Uzbeko-Alemán de Derechos Humanos señalaron que el Banco Mundial financia alrededor de US$ 500 millones en proyectos agrícolas relacionados con el trabajo forzoso y el trabajo infantil en Uzbekistán. Bajo los acuerdos de préstamo, el gobierno uzbeko debería cumplir con las leyes que prohíben el trabajo forzoso y el trabajo infantil porque el Banco Mundial puede suspender los créditos si hay evidencia creíble de violaciones. El apoyo del Banco Mundial a estos proyectos ha creado la impresión de que Uzbekistán está tomando medidas de buena fe para poner fin al trabajo forzoso, cuando en realidad el gobierno está forzando de nuevo a sus ciudadanos, niños incluidos, a plantar algodón, además de calabazas, tomates y otros productos agrícolas.
Con respecto a la libertad de identidad sexual, las autoridades manifestaron de forma reiterada que no tenían intención de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre hombres, que constituían un delito penado con hasta tres años de prisión. Las relaciones homosexuales consentidas siguen estando sumamente estigmatizadas, y es habitual que las personas LGBTI sufran violencia, detención arbitraria y discriminación a manos de agentes estatales y no estatales.
Finalmente, el país es uno de los más restrictivos en cuanto a las prácticas religiosas, aunque en agosto de 2017 el presidente pidió públicamente que se revisaran los cargos contra las personas detenidas por presunta posesión de material religioso o “extremista” prohibido. También requirió que se “rehabilitara” a las personas arrepentidas de haberse unido a movimientos islámicos. Finalmente, aunque el gobierno tiene una lista “negra” con todas las personas sospechadas de pertenecer a grupos extremistas, anunció que se había reducido la lista de 17.582 personas a 1.352. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades siguen persiguiendo a las comunidades cristianas. En abril de 2017, en la región autónoma de Karakalpakistán, cuatro hombres protestantes fueron detenidos por haber practicado cultos juntos en una casa. Según Amnesty International, en octubre de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión de creencias observó que la práctica de la religión estaba sujeta a una regulación excesiva que daba prioridad a la seguridad por encima de la libertad.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Shavkat Mirziyoyev ha intentado mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Podemos notar por ejemplo el anuncio del fin de las visas de salida del país – una reliquia soviética que permitió evitar la huída masiva de activistas y artistas del país. Sin embargo, esos mínimos esfuerzos no tienen un impacto real sobre la sociedad y el país todavía está sufriendo de un “síndrome soviético” a través de su autoritarismo. Según el Bertelsmann Transformation Index, las transformaciones políticas recientes no permiten al país obtener un mejor posicionamiento que el 113 país sobre 129.
Florie PostisFrancia
El presidente del país, Shavkat Mirzioiev, ha prometido reformas después de dos décadas de gobierno represivo bajo el gobierno de Islam Karimov, cuya muerte fue anunciada el 2 de septiembre de 2016. En un discurso a finales de 2017 en el Parlamento de Uzbekistán, el presidente ha insistido en el reforzamiento de la democratización, del Estado de derecho y de la justicia y esta iniciativa fue elogiada por una gran parte de los dirigentes del G20 y de las organizaciones internacionales.
En un país que sufrió el Imperio ruso en el siglo XIX, de la presión de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su independencia en diciembre de 1991 y de un régimen dictatorial durante casi 30 años, se puede percibir un primer paso prometedor hacia una apertura democrática. Human Rights Watch subraya los esfuerzos del país en el ámbito de los derechos humanos en 2018. Sin embargo, cuando nos acercamos a lo que ocurre en la práctica, parece difícil entender si esos mínimos esfuerzos están realmente poniendo fin al autoritarismo permanente del gobierno.
Hacia una apertura externa y interna
En el plano internacional, los dos últimos presidentes abrieron las puertas del país a diferentes mecanismos de defensa de los derechos humanos y en este sentido recibieron en mayo de 2017 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en octubre del mismo año una misión de dos semanas del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la libertad de religión. También una delegación de Human Rights Watch tuvo la oportunidad de viajar al país para hacer un reporte y finalmente las autoridades autorizaron un acceso restringido a los medios internacionales por primera vez desde 2005.
Por otra parte, Uzbekistán pasó a ser miembro de diferentes organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, la OSCE, la UNESCO, la OMC y la Organización Mundial del Turismo. Sobre los 165 Estados que han reconocido políticamente al país, 103 establecieron relaciones diplomáticas con él gracias por ejemplo a la apertura de rutas aéreas directas y al desarrollo de medidas incitativas para las inversiones extranjeras.
A nivel interno, durante sus 26 años de gobierno, Islam Karimov ha intentado dirigir obras para la reconstrucción de las infraestructuras urbanas y viarias y se ha abolido la pena de muerte en 2008.
Con el nuevo presidente, los pasos para el mejoramiento de los derechos humanos en el país están dirigidos más precisamente hacia la liberación de presos políticos. En efecto, las autoridades dejaron en libertad 17 prisioneros desde septiembre de 2016. El aumento significativo del número de liberados es un real signo de esperanza en el país, aunque las autoridades siguen usando el artículo 221 del código penal de Uzbekistán que permite alargar de manera arbitraria las condenas de los presos políticos. El 3 de febrero, Dilmourod Saïdov, periodista y activista de los derechos humanos, fue liberado. Algunos días después, afirmaba en una entrevista que había sido torturado físicamente y psicológicamente durante su encarcelamiento así que el país todavía se desgarra entre autoritarismo y libertad.
El post-Karimov Uzbekistán está también haciendo cambios en el ámbito de la protección de los derechos de los ciudadanos. En febrero de 2017 se aprobó una estrategia de actuación para la reforma judicial que establece varias prioridades de reformas, entre ellas garantizar la independencia real del poder judicial, aumentar su eficacia y autoridad y garantizar la estricta protección jurídica de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, la primera y única NGO especializada en políticas sociales que había vivido importantes restricciones entre 2014 y 2015 ahora está permitida en el país como otras pequeñas asociaciones. En el mismo ámbito, otra reforma reduce de 72 a 48 horas el tiempo máximo que una persona puede estar detenida antes de comparecer ante un juez.
Un paso adelante, dos pasos atrás
Aunque el periodo 2015 y 2017 ha sido una época de mejoramiento de los derechos humanos en Uzbekistán, el país todavía sigue siendo un régimen autoritario bajo un “síndrome soviético”. Así, en el país se podría aplicar la famosa doctrina de Lenin “un paso adelante, dos pasos atrás”.
El primer elemento de esta ausencia de democracia se nota en el uso de la violencia masiva y más particularmente en el uso de la tortura. En 2015, Amnistía Internacional empezó su campaña Stop Torture en Uzbekistán y subrayó el automatismo de la violencia de las fuerzas de seguridad uzbekas. Durante dos años, el movimiento se movilizó para que se prohíba la tortura y el uso de elementos obtenidos bajo violencia en los juicios. Finalmente, el 30 de noviembre de 2017, el presidente Mirziyoyev firmó un decreto para prohibir el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, pero eventos recientes han mostrado la vacuidad de esos compromisos. En efecto, a finales del año 2017, Mourad Djouraev – antiguo diputado condenado por “delitos contra el Estado” a 21 años bajo condiciones degradantes, inhumanas y crueles – falleció algunos meses después que le autorizaron a recibir atención médica afuera del país. Hoy, las autoridades todavía bloquean fuertemente las libertades de los opositores.
Las libertades de expresión y de prensa siguen siendo fuertemente restringidas en el país. Uzbekistán es uno de los 15 países clasificados por Reporteros Sin Fronteras como “enemigos de internet”. El gobierno bloquea sitios que critican el régimen y existe una lista de temas, imágenes y palabras prohibidos. Sin embargo, en medio de este bloqueo, apareció una nueva cadena televisa, Uzbekistán 24, que empezó a criticar las políticas económicas y sociales del gobierno. Por lo tanto, en septiembre y octubre del año 2017, unos periodistas y escritores fueron encarcelados. En marzo de 2018, las autoridades se negaron a liberar a la activista Elena Urlaeva de un hospital psiquiátrico. Muchos observadores piensan que esta decisión se debe al trabajo de la activista que luchó durante toda su vida para el mejoramiento de los derechos humanos en el país y que se enfocó esos últimos años en el trabajo forzado.
En efecto, el trabajo forzado es una de las violaciones de derechos humanos más graves en el quinto productor de algodón del mundo. En agosto de 2017, un decreto presidencial prohibió oficialmente el reclutamiento forzoso de menores, estudiantes, personal médico y docente para trabajar en los campos de algodón. Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2017, el presidente Mirzioiev reconoció el uso de mano de obra forzada en la industria del algodón en Uzbekistán y prometió ponerle fin. Sin embargo, diferentes grupos presentaron evidencias de trabajo forzoso e infantil durante y después del otoño 2017 mientras el gobierno utilizaba la intimidación, la violencia y la detención arbitraria para impedir que los activistas y los periodistas informaran sobre lo que estaba pasando. Human Rights Watch y el Foro Uzbeko-Alemán de Derechos Humanos señalaron que el Banco Mundial financia alrededor de US$ 500 millones en proyectos agrícolas relacionados con el trabajo forzoso y el trabajo infantil en Uzbekistán. Bajo los acuerdos de préstamo, el gobierno uzbeko debería cumplir con las leyes que prohíben el trabajo forzoso y el trabajo infantil porque el Banco Mundial puede suspender los créditos si hay evidencia creíble de violaciones. El apoyo del Banco Mundial a estos proyectos ha creado la impresión de que Uzbekistán está tomando medidas de buena fe para poner fin al trabajo forzoso, cuando en realidad el gobierno está forzando de nuevo a sus ciudadanos, niños incluidos, a plantar algodón, además de calabazas, tomates y otros productos agrícolas.
Con respecto a la libertad de identidad sexual, las autoridades manifestaron de forma reiterada que no tenían intención de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre hombres, que constituían un delito penado con hasta tres años de prisión. Las relaciones homosexuales consentidas siguen estando sumamente estigmatizadas, y es habitual que las personas LGBTI sufran violencia, detención arbitraria y discriminación a manos de agentes estatales y no estatales.
Finalmente, el país es uno de los más restrictivos en cuanto a las prácticas religiosas, aunque en agosto de 2017 el presidente pidió públicamente que se revisaran los cargos contra las personas detenidas por presunta posesión de material religioso o “extremista” prohibido. También requirió que se “rehabilitara” a las personas arrepentidas de haberse unido a movimientos islámicos. Finalmente, aunque el gobierno tiene una lista “negra” con todas las personas sospechadas de pertenecer a grupos extremistas, anunció que se había reducido la lista de 17.582 personas a 1.352. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades siguen persiguiendo a las comunidades cristianas. En abril de 2017, en la región autónoma de Karakalpakistán, cuatro hombres protestantes fueron detenidos por haber practicado cultos juntos en una casa. Según Amnesty International, en octubre de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión de creencias observó que la práctica de la religión estaba sujeta a una regulación excesiva que daba prioridad a la seguridad por encima de la libertad.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Shavkat Mirziyoyev ha intentado mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Podemos notar por ejemplo el anuncio del fin de las visas de salida del país – una reliquia soviética que permitió evitar la huída masiva de activistas y artistas del país. Sin embargo, esos mínimos esfuerzos no tienen un impacto real sobre la sociedad y el país todavía está sufriendo de un “síndrome soviético” a través de su autoritarismo. Según el Bertelsmann Transformation Index, las transformaciones políticas recientes no permiten al país obtener un mejor posicionamiento que el 113 país sobre 129.
