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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
27-07-2018Preocupante situación de los derechos humanos en Guatemala
El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicaron un comunicado conjunto en el que condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos.Por Eva Valladares Antón
Guatemala, el país de la eterna primavera, es un lugar en constante lucha y movimiento por mejorar la situación de una población muy heterogénea. La violencia, la desigualdad y las violaciones de los derechos humanos son parte de la rutina en este paraíso natural. Quien conoce Guatemala queda asombrado por sus volcanes, lagos y cultura originaria, pero también por los niveles de violencia y la impunidad a la que están acostumbrados sus habitantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un informe exhaustivo sobre el estado de los derechos humanos en Guatemala basándose en su visita in situ al país en agosto de 2017.
Cabe destacar el gran avance que Guatemala ha tenido en cuanto al combate a la impunidad en los últimos años, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo avalado directamente por las Naciones Unidas cuyo objetivo es desenterrar y erradicar las tramas de corrupción que colman las instituciones estatales en Guatemala. Entre abril y septiembre de 2015, se vivieron meses de indignación bañada de esperanza: la sociedad civil se levantó contra un gobierno tildado de corrupto. Bajo el lema de “Yo no tengo presidente”, germinó el clamor popular que pedía la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti. En abril de 2015, salió a la luz pública una red de defraudación aduanera denominada “La Línea” tras una ardua investigación del MP, bajo la dirección de la fiscal general Thelma Aldana, y de la CICIG, a cargo del comisionado Iván Velázquez. A través de esta red de corrupción, los empresarios que querían pagar menos impuestos al importar sus productos, llamaban a una línea de teléfono para negociar la llegada a Guatemala de mercancía a precio rebajado. En esta investigación se vieron involucrados el presidente y vicepresidenta del país, lo que conmocionó a la población, que se echó a las calles para exigir su renuncia. Finalmente, tanto Pérez Molina como Baldetti se vieron obligados a renunciar por ser cada vez más evidente su implicación en “La Línea” y por la presión social, que exigía cada vez con más fuerza la renuncia de ambas figuras políticas, quienes actualmente se encuentran encarcelados. A pesar de estos grandes avances en materia de impunidad, el nivel de la corrupción estatal y de la impunidad dan lugar a alarmantes abusos de derechos humanos que ponen en peligro la estabilidad de este país centroamericano.
El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicaron un comunicado conjunto en el que condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos pertenecientes a organizaciones indígenas y campesinas y muestran su preocupación por el incremento de ataques violentos en contra de defensores de derechos humanos en las últimas semanas. Siete defensores de derechos humanos guatemaltecos han sido asesinados desde el pasado mayo por ataques de diversa índole. El 9 de mayo fue asesinado en Jalapa Luis Arturo Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que defendía el desarrollo rural de los pueblos indígenas y de los campesinos. Al día siguiente, José Can Xol, otro líder campesino y autoridad indígena perteneciente al Comité Campesino del Altiplano (CCDA) fue asesinado en Alta Verapaz. Durante el mes de junio, al menos tres defensores más fueron asesinados. Históricamente, la población indígena guatemalteca ha sido relegada en temas como la seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios y muchos de estos defensores trabajan sobre estos temas para, entre otras cosas, intentar evitar la explotación minera en territorio indígena. Tanto la CIDH como la OACNUDH muestran su preocupación por la situación de “violencia e indefensión de las comunidades indígenas y sus defensoras o defensores en Guatemala, estrechamente relacionada con la situación de discriminación y exclusión que enfrentan, así como la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios”. En un país donde se estima que el 80% de la tierra pertenece al 3% de la población, el problema de la tenencia de tierra, así como las concesiones otorgadas a compañías multinacionales en territorio indígena, son las principales razones por las que los defensores de derechos humanos en Guatemala batallan. Amnistía Internacional hacía un llamamiento el pasado mes de junio para pedir a las autoridades guatemaltecas que tomen medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y para que se investiguen los ataques contra los mismos, tras el homicidio de siete defensores de derechos humanos en el período de cuatro semanas. Según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “Las personas que valientemente defienden los derechos humanos en Guatemala están siendo asesinadas con una regularidad terrible. Las autoridades deben emprender acciones urgentes para proteger a estas personas frente a estos ataques brutales y calculados antes de que se pierdan más vidas.”
El conocido como Triángulo Norte de Centroamérica – Honduras, El Salvador y Guatemala – se ha ganado la fama por ser una de las regiones del mundo más violentas del mundo. Según el informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en el primer semestre de 2018 se produjeron un total de 2371 muertes homicidas, un promedio de 395 muertes al mes. El 70% de las mismas fueron por arma de fuego. Esto significa que a diario mueren un promedio de 3 o 4 personas en territorio guatemalteco, una de las tasas más altas de la región. La mayoría de estos delitos están relacionados con las maras, el narcotráfico y el crimen organizado, que representan los desafíos más importantes en materia de seguridad del país.
Colectivos vulnerables: las mujeres y la niñez guatemaltecas
Por otra parte, la violencia contra la mujer en Guatemala es una de las más altas de la región. El Grupo Guatemalteco de Mujeres ha analizado las tendencias de muertes violentas de mujeres y feminicidios en Guatemala durante los últimos 17 años. Desde el año 2000 hasta mediados de 2017, unas 10,374 mujeres han muerto violentamente en Guatemala, un promedio de 610 mujeres por año. Los medios internacionales se hicieron eco del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en marzo de 2017, donde murieron 41 niñas bajo la protección del Estado, lo que muchos han catalogado como un feminicidio de Estado. Este caso dejó entrever a la comunidad internacional la crisis en materia de derechos humanos que sufre esta nación centroamericana. Además de las muertes violentas de mujeres, Guatemala ostenta uno de los niveles más altos de abusos sexuales a niñas menores de 14 años. Se estima que el 80% de estas violaciones son perpetradas por miembros cercanos de la familia, dando lugar a un alto índice de embarazos infantiles y adolescentes. . Así, entre enero y junio de 2018 se registraron más de 51 mil embarazos de niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años, según el Observatorio de Salud Reproductiva. En un país donde el 56% de los embarazos no son planificados, el Código Penal en Guatemala castiga el aborto intencional con una pena de uno a tres años de prisión. Sólo en el caso de peligro para la madre es legal abortar en Guatemala.
A su vez, el colectivo LGBTI sufre altos índices de violencia, especialmente las mujeres trans. La CIDH denuncia en su informe la carencia de medicamentos para el tratamiento de VIH en los hospitales, lo que vulnera el derecho a la salud, en especial de las mujeres trans, el colectivo más afectado por esta enfermedad.
El porcentaje de población indígena en Guatemala es al menos del 41%, según fuentes oficiales, aunque algunas organizaciones indígenas indican que este porcentaje se situaría en la realidad en un 60%. La población indígena en Guatemala enfrenta uno de los más altos índices de exclusión social. Las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala están expuestas a un alto grado de criminalización y violencia. A su vez, los pueblos indígenas encuentran obstáculos en el acceso al sistema de justicia, donde el sistema no se adecúa para superar las barreras lingüísticas, geográficas y culturales de un país que cuenta con 23 idiomas indígenas y un 48% de la población que vive en el área rural.
En cuanto a los flujos migratorios, Guatemala se caracteriza por ser un país de tránsito, asilo, retorno y origen de migrantes y refugiados. Miles de hondureños y salvadoreños transitan por Guatemala en busca del sueño americano. A su vez, miles de guatemaltecos buscan el mismo porvenir en su huida hacia el norte, escapando de la desigualdad y violencia que acecha tanto a Guatemala como a sus países vecinos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 18 mil guatemaltecos solicitaron asilo en otros países entre enero y octubre de 2017. Muchos de los que llegaban a la frontera de Estados Unidos eran niños y niñas no acompañados procedentes de Guatemala. En su viaje hacia el norte, los migrantes centroamericanos se enfrentan a la violencia durante la travesía, así como a las detenciones arbitrarias en territorio mexicano y la falta de atención consular y médica.
A poco menos de un año de las elecciones, el actual presidente Jimmy Morales se enfrenta a unos datos que arrojan grandes carencias en el sistema de justicia, de salud y educativo en Guatemala, además de unos índices de violencia, corrupción e impunidad alarmantes. Por ahora, la esperanza en Guatemala está puesta en el futuro.
Eva Valladares Antón
Guatemala, el país de la eterna primavera, es un lugar en constante lucha y movimiento por mejorar la situación de una población muy heterogénea. La violencia, la desigualdad y las violaciones de los derechos humanos son parte de la rutina en este paraíso natural. Quien conoce Guatemala queda asombrado por sus volcanes, lagos y cultura originaria, pero también por los niveles de violencia y la impunidad a la que están acostumbrados sus habitantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un informe exhaustivo sobre el estado de los derechos humanos en Guatemala basándose en su visita in situ al país en agosto de 2017.
Cabe destacar el gran avance que Guatemala ha tenido en cuanto al combate a la impunidad en los últimos años, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo avalado directamente por las Naciones Unidas cuyo objetivo es desenterrar y erradicar las tramas de corrupción que colman las instituciones estatales en Guatemala. Entre abril y septiembre de 2015, se vivieron meses de indignación bañada de esperanza: la sociedad civil se levantó contra un gobierno tildado de corrupto. Bajo el lema de “Yo no tengo presidente”, germinó el clamor popular que pedía la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti. En abril de 2015, salió a la luz pública una red de defraudación aduanera denominada “La Línea” tras una ardua investigación del MP, bajo la dirección de la fiscal general Thelma Aldana, y de la CICIG, a cargo del comisionado Iván Velázquez. A través de esta red de corrupción, los empresarios que querían pagar menos impuestos al importar sus productos, llamaban a una línea de teléfono para negociar la llegada a Guatemala de mercancía a precio rebajado. En esta investigación se vieron involucrados el presidente y vicepresidenta del país, lo que conmocionó a la población, que se echó a las calles para exigir su renuncia. Finalmente, tanto Pérez Molina como Baldetti se vieron obligados a renunciar por ser cada vez más evidente su implicación en “La Línea” y por la presión social, que exigía cada vez con más fuerza la renuncia de ambas figuras políticas, quienes actualmente se encuentran encarcelados. A pesar de estos grandes avances en materia de impunidad, el nivel de la corrupción estatal y de la impunidad dan lugar a alarmantes abusos de derechos humanos que ponen en peligro la estabilidad de este país centroamericano.
El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicaron un comunicado conjunto en el que condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos pertenecientes a organizaciones indígenas y campesinas y muestran su preocupación por el incremento de ataques violentos en contra de defensores de derechos humanos en las últimas semanas. Siete defensores de derechos humanos guatemaltecos han sido asesinados desde el pasado mayo por ataques de diversa índole. El 9 de mayo fue asesinado en Jalapa Luis Arturo Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que defendía el desarrollo rural de los pueblos indígenas y de los campesinos. Al día siguiente, José Can Xol, otro líder campesino y autoridad indígena perteneciente al Comité Campesino del Altiplano (CCDA) fue asesinado en Alta Verapaz. Durante el mes de junio, al menos tres defensores más fueron asesinados. Históricamente, la población indígena guatemalteca ha sido relegada en temas como la seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios y muchos de estos defensores trabajan sobre estos temas para, entre otras cosas, intentar evitar la explotación minera en territorio indígena. Tanto la CIDH como la OACNUDH muestran su preocupación por la situación de “violencia e indefensión de las comunidades indígenas y sus defensoras o defensores en Guatemala, estrechamente relacionada con la situación de discriminación y exclusión que enfrentan, así como la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios”. En un país donde se estima que el 80% de la tierra pertenece al 3% de la población, el problema de la tenencia de tierra, así como las concesiones otorgadas a compañías multinacionales en territorio indígena, son las principales razones por las que los defensores de derechos humanos en Guatemala batallan. Amnistía Internacional hacía un llamamiento el pasado mes de junio para pedir a las autoridades guatemaltecas que tomen medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y para que se investiguen los ataques contra los mismos, tras el homicidio de siete defensores de derechos humanos en el período de cuatro semanas. Según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “Las personas que valientemente defienden los derechos humanos en Guatemala están siendo asesinadas con una regularidad terrible. Las autoridades deben emprender acciones urgentes para proteger a estas personas frente a estos ataques brutales y calculados antes de que se pierdan más vidas.”
El conocido como Triángulo Norte de Centroamérica – Honduras, El Salvador y Guatemala – se ha ganado la fama por ser una de las regiones del mundo más violentas del mundo. Según el informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en el primer semestre de 2018 se produjeron un total de 2371 muertes homicidas, un promedio de 395 muertes al mes. El 70% de las mismas fueron por arma de fuego. Esto significa que a diario mueren un promedio de 3 o 4 personas en territorio guatemalteco, una de las tasas más altas de la región. La mayoría de estos delitos están relacionados con las maras, el narcotráfico y el crimen organizado, que representan los desafíos más importantes en materia de seguridad del país.
Colectivos vulnerables: las mujeres y la niñez guatemaltecas
Por otra parte, la violencia contra la mujer en Guatemala es una de las más altas de la región. El Grupo Guatemalteco de Mujeres ha analizado las tendencias de muertes violentas de mujeres y feminicidios en Guatemala durante los últimos 17 años. Desde el año 2000 hasta mediados de 2017, unas 10,374 mujeres han muerto violentamente en Guatemala, un promedio de 610 mujeres por año. Los medios internacionales se hicieron eco del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en marzo de 2017, donde murieron 41 niñas bajo la protección del Estado, lo que muchos han catalogado como un feminicidio de Estado. Este caso dejó entrever a la comunidad internacional la crisis en materia de derechos humanos que sufre esta nación centroamericana. Además de las muertes violentas de mujeres, Guatemala ostenta uno de los niveles más altos de abusos sexuales a niñas menores de 14 años. Se estima que el 80% de estas violaciones son perpetradas por miembros cercanos de la familia, dando lugar a un alto índice de embarazos infantiles y adolescentes. . Así, entre enero y junio de 2018 se registraron más de 51 mil embarazos de niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años, según el Observatorio de Salud Reproductiva. En un país donde el 56% de los embarazos no son planificados, el Código Penal en Guatemala castiga el aborto intencional con una pena de uno a tres años de prisión. Sólo en el caso de peligro para la madre es legal abortar en Guatemala.
A su vez, el colectivo LGBTI sufre altos índices de violencia, especialmente las mujeres trans. La CIDH denuncia en su informe la carencia de medicamentos para el tratamiento de VIH en los hospitales, lo que vulnera el derecho a la salud, en especial de las mujeres trans, el colectivo más afectado por esta enfermedad.
El porcentaje de población indígena en Guatemala es al menos del 41%, según fuentes oficiales, aunque algunas organizaciones indígenas indican que este porcentaje se situaría en la realidad en un 60%. La población indígena en Guatemala enfrenta uno de los más altos índices de exclusión social. Las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala están expuestas a un alto grado de criminalización y violencia. A su vez, los pueblos indígenas encuentran obstáculos en el acceso al sistema de justicia, donde el sistema no se adecúa para superar las barreras lingüísticas, geográficas y culturales de un país que cuenta con 23 idiomas indígenas y un 48% de la población que vive en el área rural.
En cuanto a los flujos migratorios, Guatemala se caracteriza por ser un país de tránsito, asilo, retorno y origen de migrantes y refugiados. Miles de hondureños y salvadoreños transitan por Guatemala en busca del sueño americano. A su vez, miles de guatemaltecos buscan el mismo porvenir en su huida hacia el norte, escapando de la desigualdad y violencia que acecha tanto a Guatemala como a sus países vecinos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 18 mil guatemaltecos solicitaron asilo en otros países entre enero y octubre de 2017. Muchos de los que llegaban a la frontera de Estados Unidos eran niños y niñas no acompañados procedentes de Guatemala. En su viaje hacia el norte, los migrantes centroamericanos se enfrentan a la violencia durante la travesía, así como a las detenciones arbitrarias en territorio mexicano y la falta de atención consular y médica.
A poco menos de un año de las elecciones, el actual presidente Jimmy Morales se enfrenta a unos datos que arrojan grandes carencias en el sistema de justicia, de salud y educativo en Guatemala, además de unos índices de violencia, corrupción e impunidad alarmantes. Por ahora, la esperanza en Guatemala está puesta en el futuro.
