Meron Estefanos, una nativa que reside en Suecia, activista por los DDHH de su país, afirma: “Eritrea tiene uno de los regímenes más represivos del mundo. Básicamente, el régimen es dueño de su vida hasta que tiene 50 años”. Es que Eritrea es un país de 26 años que nunca tuvo elecciones y donde no hay ningún tipo de libertad.

Por Juliana Mercanti

Eritrea, popularmente conocida como “la Corea del Norte de África” o “el país-prisión”, ha tenido un 2018 esperanzador en materia de Derechos Humanos: firmaron la paz con Etiopía, extraoficialmente anunciaron que se acabará el servicio militar por tiempo ilimitado y penalizaron la mutilación femenina. Pero, lejos de mejorar, los eritreos continúan sumidos en la pobreza, abusos y leyes que solo se reducen a palabras.

En su Tercer Examen Periódico Universal (EPU) realizado el 28 de enero del 2019, la ONU afirmó que en Eritrea los funcionarios habían participado en ataques persistentes, generalizados y sistemáticos contra la población civil desde 1991 y que había motivos razonables para creer que habían cometido crímenes de lesa humanidad: delitos de esclavitud, detención ilegal, desaparición forzada, tortura, persecución, violación, asesinato y que los jefes militares también eran responsables de los abusos cometidos en el contexto de los programas de servicio militar del Gobierno y en las fronteras. Este panorama no ha cambiado desde la realización del primer EPU en noviembre del 2009.

Eritrea no es una democracia. El Estado nacional está constituido por un gobierno de facto, siendo Isaias Afewerki, mandamás de El frente Popular para la Democracia y a Justicia (PFDJ), la cabeza de la constante opresión de su pueblo.

Según el informe de Freedom House, “La libertad en el mundo 2018”, la Constitución Nacional de 1997 nunca se ha implementado, el PFDJ es el único partido legalmente reconocido en Eritrea y desde 1993, cuando se logró la independencia frente a Etiopía, no se celebran elecciones. El gobierno opera sin escrutinio público. Los datos básicos sobre el presupuesto estatal y sus créditos no se divulgan públicamente, y los funcionarios no están obligados a revelar sus activos.

Un promedio de 5.000 personas huyen por mes de su Eritrea natal; en su mayoría, son niños y niñas sin acompañantes que buscan evadir el servicio militar obligatorio, en el que deben alistarse sin objeción de consciencia a los 18 años y por tiempo indefinido. Los jóvenes, muchas veces se convertían en víctimas de la trata y contrabando de personas; en el Tercer EPU, la ONU se mostró preocupada por la implicación de oficiales militares en el contrabando.

 Human Rights Watch denuncia que durante el servicio militar, obligan a los reclutas a realizar trabajos forzados por una paga mínima, convirtiéndose en esclavos del estado nacional. "Para mí, estaba claro que no tenía futuro”, asegura Ephraim, un joven de 17 años entrevistado por Médicos Sin Fronteras que pudo escapar.

Ephraim tuvo mucha suerte porque las fronteras de su país se encuentran totalmente herméticas y todo aquel que es encontrado intentando huir es fusilado, o  apresado sin cargos ni juicio. Tan dramática es la situación en Eritrea que las personas ven como una mejor opción poner en riesgo sus vidas que permanecer en país. Y muchas veces, si logran escapar, el estado hostiga a sus familiares como castigo, o son deportados de los países en los que se encuentran de paso y se los encarcela al regresar a Eritrea.

Algunos analistas justifican este abuso por la constante tensión con su vecino, Etiopía. Pero eventos como el primer vuelo comercial en 20 años entre Asmara, capital nacional de Eritrea, y Etiopia, junto con la reunión bilateral donde se firmó un acuerdo de paz el pasado julio del 2018, dan esperanzas a los jóvenes de que pueda cumplirse lo reglamentado en la constitución nacional y el servicio militar se limite a los 18 meses o que sea eliminado.

Al pueblo eritreo se le niega un nivel de vida adecuado y poder satisfacer sus necesidades básicas. UNICEF prevé que 22.700 niños menores de cinco años padecían desnutrición aguda grave durante el año y que la mitad de todos lo niños sufren retraso en el crecimiento. Como si esto fuera poco, el gobierno limita la cantidad mensual de dinero en efectivo que las personas pueden retirar por mes de sus cuentas bancarias personales; lo que restringe a la población de poder comprar alimentos y demás artículos básicos.

Meron Estefanos, una nativa que reside en Suecia, activista por los DDHH de su país, afirma: “Eritrea tiene uno de los regímenes más represivos del mundo. Básicamente, el régimen es dueño de su vida hasta que tiene 50 años”. Es que Eritrea es un país de 26 años que nunca tuvo elecciones y no tiene una constitución. No hay ningún tipo de libertad: no hay libertad de reunión ni de movimiento, para ello se necesita un permiso. Consideran que la libertad de culto es una amenaza. No existe la libertad de expresión, y todos los medios de comunicación del país son estatales.

 

Eritrea completa el grupo de los cinco países con la mayor cantidad de periodistas presos. Con un total de 17 encarcelados. La mayoría ha estado en prisión desde que el presidente Isaías Afwerki abruptamente cerró a los medios independientes en 2001, y se desconoce si todos están vivos.

Freedom House, asegura que varias organizaciones con sede en el extranjero intentan proporcionar cobertura a los eritreos que pueden recibirla, incluida la British Broadcasting Corporation (BBC), que lanzó servicios de noticias en Internet en los idiomas locales en septiembre de 2017 y planificó agregar programas de radio. Pero solo un promedio del 1% de la población tiene acceso a internet.

 

Para concluir, la presión internacional y el demoledor informe de la ONU (EPU), sumados a la paz con Etiopía, son un as de esperanza para un pueblo cansado de la sumisión.  El régimen de Afewerki, va demostrando sus debilidades lentamente. Tal vez sea hora de que el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, le haga honor a su nombre y llame a la oposición exiliada a conformar una Eritrea democrática.

Juliana Mercanti