En Perú, un gran tema de derechos humanos son las condenas por los abusos cometidos durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y el 2000. En ese tiempo, se estima que murieron o desaparecieron 70.000 personas, victimas tanto de la acción de agentes del gobierno como de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. Hasta mayo de 2017, reporta Human Rights Watch, solo 17 casos resultaron en condenas.

Por Alejandro Di Franco

En los últimos años, la democratización del Perú ha sido notoria. Hoy es un país que se encuentra en pleno proceso de transición hacia una sociedad más igualitaria, con muchos avances hechos últimamente. No obstante, continúan los problemas, especialmente en ciertos grupos históricamente relegados que se enfrentan no solo a obstáculos legales sino también a ideas anticuadas que todavía persisten en la sociedad.

En primer lugar a las mujeres, aunque hubo ciertos avances. Tanto desde el gobierno como desde la sociedad se ve reflejada una mayor conciencia contra la discriminación y los antiguos estereotipos. Desde el marco legal, las leyes de cuotas de género están logrando una participación política más activa por parte de ellas. Sin embargo, todavía se está muy lejos de la igualdad. Muchas veces, por ejemplo, estas cuotas de género no se respetan en elecciones municipales o regionales. A nivel sociedad, todavía persisten ideas y practicas machistas. Probablemente las cifras más preocupantes de todas sean las de femicidios, que solo en el año 2017 llegaron a las 368 víctimas, según el informe de Human Rights Watch del 2018.

Tal como enfatiza el Tercer Examen Periódico Universal (EPU) realizado en 2017, los pueblos indígenas continúan enfrentando discriminación por parte de la sociedad, en el campo laboral, en el educativo y en la salud. A pesar de que se había avanzado, pasando leyes que establecían la consulta previa de estos pueblos antes de conceder licencias a empresas para extraer recursos naturales en sus tierras; en la práctica esto no se da siempre así: algunos sectores, como el minero, no realizan estas consultas, y estas actividades económicas no solo vulneran los derechos de estas comunidades sino que muchas veces también generan un impacto ambiental muy grande.

En este grupo se presentan también las tasas más altas de algunas enfermedades como el SIDA, un alto grado de analfabetismo, y hasta muchas veces tienen dificultad para acceder a ciertas cosas como el documento de identidad.

En cuanto a la población LGBTQ no se ve un gran avance: el informe de Human Rights Watch reporta que el 60% de este colectivo ha sufrido algún tipo de violencia o discriminación. Las parejas del mismo sexo todavía no se pueden casar ni tener uniones civiles, y el Plan Nacional de derechos humanos 2012-2016 ni siquiera menciona a la población LGBTQ.

Resulta positiva la nueva modificación del Código Civil, que mejora la situación de las personas con discapacidades. Esta reforma establece “que las personas con discapacidad física y mental tienen la misma capacidad jurídica que cualquier otro ciudadano peruano, incluida la facultad de decidir si desean someterse a tratamiento médico, contraer matrimonio o tener hijos”. Más allá de esto, algunos desafíos persisten: para nombrar un dato, solo el 50% de los niños con discapacidad están escolarizados.

La situación del Perú en cuanto a la inmigración es particularmente difícil, principalmente por la llegada de venezolanos que escapan de la crisis en su país. Según la ACNUR, Perú tuvo un incremento del 900% en las solicitudes de asilo. En este contexto, resulta buena la respuesta del entonces presidente Kuczynski al aprobar por decreto un proceso de permiso especial para que los inmigrantes venezolanos puedan permanecer en el país (un permiso por el cual ya se han beneficiado más de 90.000 venezolanos). A pesar de esto, los refugiados pueden enfrentar problemas como discriminación, trata y contrabando.

Por otra parte, entre los niños hay algunos buenos indicadores, como la prohibición de los castigos corporales y humillantes o el aumento de la tasa de escolaridad tal como recomendaba el segundo EPU realizado en 2011 (a pesar de que cerca de 383.000 niños menores de 12 años están fuera del sistema educativo y más de 643.000 se encuentran en riesgo de abandonarlo, según el tercer EPU del 2017). No obstante, lamentablemente continúan situaciones como el trabajo infantil, la malnutrición y hasta mortalidad, acentuadas especialmente en las zonas rurales.

En Perú, un gran tema de derechos humanos son las condenas por los abusos cometidos durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y el 2000. En ese tiempo, se estima que murieron o desaparecieron 70.000 personas, victimas tanto de la acción de agentes del gobierno como de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. Hasta mayo de 2017, reporta Human Rights Watch, solo 17 casos resultaron en condenas.

En este contexto, no se puede dejar de mencionar el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000) en diciembre del 2017. El expresidente había estado preso por secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos bajo su administración. Este indulto fue luego anulado por la Corte Suprema de Justicia en el 2018.

En la actualidad los abusos de autoridad no han desaparecido, en particular por parte de las fuerzas policiales durante los estados de emergencia. Esto es especialmente grave cuando se denuncian detenciones y agresiones a activistas y defensores del medio ambiente o derechos humanos. En las  cárceles del país, además, se suman otros problemas como es el hacinamiento y las malas condiciones.

Perú es un país que se encuentra avanzando hacia un camino más democrático, luego períodos de autoritarismo, tal como refleja el informe de Freedom House 2017. Sin embargo, es evidente que todavía hay espacio para el progreso, al que sin duda se puede llegar con una democracia vibrante que cuente con una fuerte participación de la sociedad civil y las minorías.

En Perú, un gran tema de derechos humanos son las condenas por los abusos cometidos durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y el 2000. En ese tiempo, se estima que murieron o desaparecieron 70.000 personas, victimas tanto de la acción de agentes del gobierno como de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. Hasta mayo de 2017, reporta Human Rights Watch, solo 17 casos resultaron en condenas.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.