Las medidas de distanciamiento social son absolutamente necesarias, y algunas limitaciones a las libertades de circular van a tener que ser toleradas mientras que dure la pandemia para poder “aplanar la curva”. Sin embargo, y justamente, por tratarse de un evento extraordinario, se va a tener que seguir de cerca y discernir qué medidas son necesarias y científicamente justificadas, y cuáles de ellas son una mera fachada para silenciar oposiciones.

Por Alejandro Di Franco

Durante el último mes, las noticias acerca de la pandemia del coronavirus han dominado los titulares del mundo. A medida que transcurren las semanas, además de las trágicas consecuencias en el campo de la salud, se empieza a pensar en las consecuencias a largo plazo en la sociedad, la política y la economía. Si bien algunas organizaciones no gubernamentales han publicado artículos al respecto, no está muy discutida la relación entre la pandemia y la situación de derechos humanos. La cuestión es cómo están preparados los regímenes violadores de libertades civiles para lidiar con este problema y en la utilización del mismo a favor de regímenes iliberales.

En cuanto al primer tema, a priori no parecería haber demasiada relación entre regímenes democráticos y el coronavirus. Después de todo, la pandemia es, justamente, global, y no respeta las fronteras nacionales. Además, países como China o Singapur parecen ya tenerla bajo control, mientras que democracias como Italia, España y Estados Unidos son los que ahora cuentan con más casos. En Latinoamérica, al 30 de marzo, oficialmente Cuba tiene 170 casos y Venezuela 129. En contraste, Chile, Argentina y Uruguay tienen bastantes más (2400, 820 y 310, respectivamente).

Sin embargo, en primer lugar, hay que mirar con cuidado estos números, ya que las cifras de algunos países pueden no ser confiables. En Venezuela, si bien el ministro de comunicación Jorge Rodríguez felicitó los bajos números de contagio del régimen, diciendo que “de no haber tomado las medidas dictadas por Nicolás Maduro hubiera una cantidad de casos entre 13 mil y 14 mil personas”, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó, por el contrario, que “en Venezuela hay un cuadro delicado” y que “en las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer, y buscarán ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas”. Si bien la crisis económica que enfrenta el país puede significar que no haya mucho contacto con países con una gran cantidad de casos, también significa que, si la situación empeora, podrían tener una gran vulnerabilidad para enfrentarla.

Otro factor para tomar en cuenta son las políticas públicas adoptadas ante esta situación inédita. Si bien muchos regímenes democráticos han demorado en la toma de decisiones firmes, cuando la situación comenzó a empeorar muchos de ellos actuaron rápida y decisivamente. Probablemente, la rendición de cuentas que estos gobiernos enfrentan ante el electorado pone presión para que tomen control de la situación de manera efectiva. Además, elementos como la confianza en el gobierno y la solidaridad en la sociedad -elementos característicos de democracias liberales- son esenciales en momentos de crisis como este.

En cuanto al segundo problema, reporteros de Freedom House advirtieron en el Washington Post hace unas semanas cómo esta crisis ha sido utilizada por dictadores alrededor del mundo para su propia ventaja. En Rusia, por ejemplo, mientras que Putin plantea quedarse en el poder hasta el 2036, las restricciones a la libertad de asociación pueden afectar a la oposición, que recurre a protestas para denunciar al régimen. En Hungría, el parlamento declaró un estado de emergencia que le otorgará al primer ministro iliberal Victor Orban poderes extraordinarios y, según el director regional de Amnesty International le dará “carta en blanco para restringir derechos humanos”.

Estas consecuencias pueden llegar a nuestra región. En Venezuela, donde en los últimos años han ocurrido numerosas protestas multitudinarias, y donde la infraestructura y el acceso a internet es más débil que en países desarrollados, la pandemia puede silenciar la oposición a Maduro. En Latinoamérica en general, desde el retorno a la democracia, las sociedades han recurrido a la protesta como manera de controlar a gobiernos que se pueden distanciar de sus poderes constitucionales, y las medias para evitar esta enfermedad pueden debilitar esta manera de accountability social.

Esto no se debe malinterpretar. Las medidas de distanciamiento social son absolutamente necesarias, y algunas limitaciones a las libertades de circular van a tener que ser toleradas mientras que dure la pandemia para poder “aplanar la curva”. Sin embargo, y justamente, por tratarse de un evento extraordinario, se va a tener que seguir de cerca y discernir qué medidas son necesarias y científicamente justificadas, y cuáles de ellas son una mera fachada para silenciar oposiciones.

La manera en la que algunos países como China o Singapur lograron controlar el coronavirus puede darle argumentos a quienes consideran que las autocracias son una forma de gobierno más eficiente y que pueden ser convenientes en algunas circunstancias. En Latinoamérica, según el Latinobarómetro, este tipo de opiniones respecto a los regímenes autoritarios son cada vez más fuertes. Sin embargo, la eficiencia alegada a las dictaduras no parece estar demostrada. En primer lugar, se podrían ver los ejemplos de Corea del Sur o Japón, que lograron controlarlo sin ser dictaduras. Por otra parte, el manejo del virus por parte de China dista de ser perfecto: ante los primeros brotes de la enfermedad decidió silenciar a médicos y bloquear información que circulaba en internet. Hoy, se estima que si esto no hubiese sucedido y se hubieran tomado medidas dos semanas antes, el número de contagios se habría reducido en un 86%.

El año pasado, el lanzamiento de una miniserie sobre el desastre en Chernóbil recordó al mundo los desastres de magnitudes inimaginables que pueden ocurrir cuando gobiernos represivos silencian sistemáticamente las voces disidentes. Este año, los estragos que causó en China el nuevo coronavirus y la respuesta del régimen, llevaron a que se hable de él como el “Chernóbil Chino”. Claramente, el respeto por los derechos civiles no es el único factor que importa en la lucha contra el virus: la infraestructura y el sistema de salud de cada país van a ser las claves en el éxito que va a tener cada uno en enfrentarlo. Sin embargo, no se debe desestimar el nivel de responsiveness que pueden tener los gobiernos democráticos a la hora de tomar políticas públicas en esta situación inédita. Mientras que estos regímenes deben ser transparentes y eficientes en su toma de decisiones para sobrevivir, las autócratas solo tomarán estas medidas cuando les convienen, silenciarán a expertos que los contradigan y falsificarán datos, en un momento en el cual la ciencia y los expertos son más valiosos que nunca.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.