Los países latinoamericanos y las democracias plenas difieren en cuanto a su preocupación por los derechos humanos y en la especificidad de sus sugerencias y observaciones para Perú. Pero comparten áreas de interés acerca de minorías que hay que proteger y fortalecer, algo fundamental a la hora de construir consensos y permitir esfuerzos para combatir situaciones de injusticia.

Por Alejandro Di Franco

El 8 de noviembre de 2017, el grupo de trabajo del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas, llevó a cabo el examen de Perú acerca de su estado en materia de derechos humanos. Los países que participaron en la sesión formularon sus observaciones respecto a este tema, sus preocupaciones y reconocimientos.

Al examinar las observaciones realizadas por cada país, podemos agruparlos, por un lado, a los países de la región, que cuentan con una historia similar y con problemáticas similares (algo que en algunos casos restringe los comentarios que pueden realizar respecto de otro país); y por otro lado, a los países definidos por The Economist como “Full democracies” (democracias plenas), con sociedades que disfrutan mucho más plenamente los derechos humanos.

Con la excepción de Chile y los países clasificados como democracias plenas, ningún país latinoamericano expresó alguna preocupación por la situación de los derechos humanos en Perú (algo que contrasta con el hecho de que 7 de las 13 democracias plenas que participaron sí lo hicieron).

Lo que formularon los países de esta región, en especial aquellos con problemas democráticos en sus propios regímenes, fueron observaciones mucho más ambiguas: felicitaron la ratificación de “varios instrumentos jurídicos” o el fortalecimiento del sistema judicial; además de resaltar en general los logros o los avances respecto del anterior Examen Periódico Universal (del año 2012).

Por otra parte, tocaron varios temas en sus observaciones. Muchos de ellos, considerando la traumática historia que tuvo la región con las dictaduras militares y los métodos que utilizaban, felicitaron al país por sus logros en materia de derechos humanos tales como la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas o la decisión de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (como fueron los casos de Panamá, Paraguay y Nicaragua).

La problemática de género tampoco estuvo ausente en la participación de los países de la región, con Honduras, Guatemala o Chile destacándola. Sin embargo, fueron en general menciones ambiguas como “la promoción de medidas para la lucha contra la discriminación”. Otros países destacaron la inclusión o los programas contra el racismo. Finalmente, algunos países más progresistas dentro de la región encomiaron las medidas a favor de la población LGBT, aunque Chile expresó preocupación por “la discriminación estructural en relación con la orientación sexual y la identidad de género”.

Los países definidos como democracias plenas por The Economist, sí formularon preocupaciones, advirtiendo situaciones graves en varios campos, como la discriminación hacia las personas LGBT (Islandia), la igualdad de género (Australia), el aborto (Suiza) o la violencia sexual (Reino Unido). Un tema recurrente en estas preocupaciones fue la violencia en el marco de protestas hacia activistas de derechos humanos, como señalamos en nuestro artículo sobre el Examen Periódico Universal.

Estos países, sin embargo, reconocieron avances, como el abordaje al tema de derechos humanos con la adopción del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (2017-2021) Este tema es de gran importancia, ya que como señalamos: “En Perú, un gran tema de derechos humanos son las condenas por los abusos cometidos durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y el 2000. En ese tiempo, se estima que murieron o desaparecieron 70.000 personas, victimas tanto de la acción de agentes del gobierno como de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. Hasta mayo de 2017, reporta Human Rights Watch, solo 17 casos resultaron en condenas”.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.