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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
06-05-2019El examen de Arabia Saudita luego del asesinato de Khashoggi
Austria, Perú, Costa Rica, Canadá, Islandia, el Reino Unido, España y Australia recomendaron que Arabia Saudita coopere en la investigación del asesinato de Khashoggi brindando toda la información necesaria y garantizando que un grupo de expertos examine las pruebas y actúe independientemente. Por Pilar Pereyra
Como parte del tercer examen periódico universal de Arabia Saudita, varios países intervinieron sobre la situación de los derechos humanos en la monarquía islámica y aportaron recomendaciones al gobierno saudita, para que este mejore las condiciones humanitarias. En este artículo se hará hincapie en los países de Latinoamérica y las denominadas Full Democracies (democracias plenas).
En primer lugar fueron celebrados los logros de Arabia Saudita desde el anterior examen. Las mejoras hechas con respecto a los derechos de la mujer fueron especialmente encomiadas por Costa Rica, Perú, Venezuela, Brasil, Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania, Uruguay y Austria. Asimismo Costa Rica elogió la actualización de la Ley de Procedimiento Penal y Bolivia y Honduras celebraron que se analice la posibilidad de adherir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además Cuba y México felicitaron al gobierno por presentar mejoras en la salud.
Con respecto a las recomendaciones y observaciones críticas, muchas de ellas son sobre la libertad de expresión y la detención de defensores de los derechos humanos. El caso de Jamal Khashoggi llamó especialmente la atención y fue denunciado por Australia, Brasil, Dinamarca, Alemania, Argentina, Irlanda, Canadá, Dinamarca, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, el Reino Unido, los Países Bajos y Suiza. Las delegaciones de estos países condenaron las violaciones a la libertad de expresión que ejerce el gobierno, más que nada con respecto a activistas y periodistas, que pueden ser detenidos y penados por manifestarse o transmitir información opuesta a los intereses del gobierno.
Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Brasil, Canadá, Costa Rica, España, Suiza, Uruguay, Australia y Argentina pidieron específicamente que se garantice el pleno respeto de la libertad de prensa y de expresión con una nueva legislación, abstenerse de perseguir a los periodistas y a todos quienes formulan críticas.
Finlandia demandó que se reformen la Ley de Asociaciones, la Ley contra el Terrorismo y contra la Ciberdelincuencia, así como la Ley de Prensa y Publicaciones para que respeten las libertades individuales. Asimismo, Austria, Perú, Costa Rica, Canadá, Islandia, el Reino Unido, España y Australia recomendaron que Arabia Saudita coopere en la investigación del asesinato de Khashoggi brindando toda la informacion necesaria y garantizando que un grupo de expertos examine las pruebas y actúe independientemente.
México y Honduras también recomendaron ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Con respecto a los compromisos internacionales, Nueva Zelanda, Costa Rica, México, Bolivia, y Austria solicitaron que Arabia Saudita ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Irlanda sugirió que se armonice la legislación nacional con este pacto y Uruguay recomendó ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ratificación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue recomendada por Bolivia, México, Costa Rica y Nueva Zelanda.
Por otro lado, varias delegaciones se pronunciaron sobre la pena de muerte. Alemania, Austria, Uruguay, Australia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Islandia, Noruega y Suecia pidieron abolirla definitivamente y adoptar una moratoria sobre las ejecuciones. Sobre todo, les preocupaba la utilización de esta pena para castigar a delincuentes menores de edad y solicitaron que se acabe con esa práctica. También Dinamarca, Honduras y Chile recomendaron ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para combatir esta practica ejercida hacia los criminales detenidos por las fuerzas estatales. A su vez, Austria pidió que se apliquen plenamente los artículos 20 y 21 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Nueva Zelanda sugirió que se investiguen todos los casos de sospechas de tortura de parte de agentes oficiales y se detenga a los culpables.
Otro foco de críticas fue la actuación de Arabia Saudita en la invasión a Yemen, ya que preocupa “la creciente cantidad de civiles muertos o heridos a manos de soldados sauditas, las vulneraciones de los derechos de las mujeres y los niños, los ataques ilegales hechos por la coalición que lidera Arabia Saudita”. Canadá, Islandia y Haití apoyan una solución rápida y pacífica del conflicto. Asimismo Australia, Alemania y Perú indicaron que se debería hacer llegar la asistencia necesaria a los yemeníes, adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
La situación de vulnerabilidad que viven los trabajadores migrantes fue recriminada por el grupo de trabajo. Para acercarse a una solución, México, Honduras y Haití recomendaron que Arabia Saudita ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Mientras que de las democracias plenas únicamente el Reino Unido se pronunció sobre el tema, pidiendo que se refuerce la legislación laboral y se enjuicie a los empleadores que cometan abusos.
Por último, se recomendó continuar relizando mejoras con respecto a la situación de la mujer, empezando por la abolición del sistema de tutela, apoyada por Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Haití, Islandia, Suecia, Suiza, España, Nueva Zaelanda, Austria y Uruguay. Asimismo, las democracias plenas agregaron que se debe avanzar en las reformas legislativas necesarias para que las normas busquen la igualdad entre el hombre y la mujer, tipificar como delito todas las formas de violencia hacia la mujer, y retirar la reserva general a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Pilar Pereyra
Como parte del tercer examen periódico universal de Arabia Saudita, varios países intervinieron sobre la situación de los derechos humanos en la monarquía islámica y aportaron recomendaciones al gobierno saudita, para que este mejore las condiciones humanitarias. En este artículo se hará hincapie en los países de Latinoamérica y las denominadas Full Democracies (democracias plenas).
En primer lugar fueron celebrados los logros de Arabia Saudita desde el anterior examen. Las mejoras hechas con respecto a los derechos de la mujer fueron especialmente encomiadas por Costa Rica, Perú, Venezuela, Brasil, Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania, Uruguay y Austria. Asimismo Costa Rica elogió la actualización de la Ley de Procedimiento Penal y Bolivia y Honduras celebraron que se analice la posibilidad de adherir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además Cuba y México felicitaron al gobierno por presentar mejoras en la salud.
Con respecto a las recomendaciones y observaciones críticas, muchas de ellas son sobre la libertad de expresión y la detención de defensores de los derechos humanos. El caso de Jamal Khashoggi llamó especialmente la atención y fue denunciado por Australia, Brasil, Dinamarca, Alemania, Argentina, Irlanda, Canadá, Dinamarca, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, el Reino Unido, los Países Bajos y Suiza. Las delegaciones de estos países condenaron las violaciones a la libertad de expresión que ejerce el gobierno, más que nada con respecto a activistas y periodistas, que pueden ser detenidos y penados por manifestarse o transmitir información opuesta a los intereses del gobierno.
Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Brasil, Canadá, Costa Rica, España, Suiza, Uruguay, Australia y Argentina pidieron específicamente que se garantice el pleno respeto de la libertad de prensa y de expresión con una nueva legislación, abstenerse de perseguir a los periodistas y a todos quienes formulan críticas.
Finlandia demandó que se reformen la Ley de Asociaciones, la Ley contra el Terrorismo y contra la Ciberdelincuencia, así como la Ley de Prensa y Publicaciones para que respeten las libertades individuales. Asimismo, Austria, Perú, Costa Rica, Canadá, Islandia, el Reino Unido, España y Australia recomendaron que Arabia Saudita coopere en la investigación del asesinato de Khashoggi brindando toda la informacion necesaria y garantizando que un grupo de expertos examine las pruebas y actúe independientemente.
México y Honduras también recomendaron ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Con respecto a los compromisos internacionales, Nueva Zelanda, Costa Rica, México, Bolivia, y Austria solicitaron que Arabia Saudita ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Irlanda sugirió que se armonice la legislación nacional con este pacto y Uruguay recomendó ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ratificación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue recomendada por Bolivia, México, Costa Rica y Nueva Zelanda.
Por otro lado, varias delegaciones se pronunciaron sobre la pena de muerte. Alemania, Austria, Uruguay, Australia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Islandia, Noruega y Suecia pidieron abolirla definitivamente y adoptar una moratoria sobre las ejecuciones. Sobre todo, les preocupaba la utilización de esta pena para castigar a delincuentes menores de edad y solicitaron que se acabe con esa práctica. También Dinamarca, Honduras y Chile recomendaron ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para combatir esta practica ejercida hacia los criminales detenidos por las fuerzas estatales. A su vez, Austria pidió que se apliquen plenamente los artículos 20 y 21 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Nueva Zelanda sugirió que se investiguen todos los casos de sospechas de tortura de parte de agentes oficiales y se detenga a los culpables.
Otro foco de críticas fue la actuación de Arabia Saudita en la invasión a Yemen, ya que preocupa “la creciente cantidad de civiles muertos o heridos a manos de soldados sauditas, las vulneraciones de los derechos de las mujeres y los niños, los ataques ilegales hechos por la coalición que lidera Arabia Saudita”. Canadá, Islandia y Haití apoyan una solución rápida y pacífica del conflicto. Asimismo Australia, Alemania y Perú indicaron que se debería hacer llegar la asistencia necesaria a los yemeníes, adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
La situación de vulnerabilidad que viven los trabajadores migrantes fue recriminada por el grupo de trabajo. Para acercarse a una solución, México, Honduras y Haití recomendaron que Arabia Saudita ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Mientras que de las democracias plenas únicamente el Reino Unido se pronunció sobre el tema, pidiendo que se refuerce la legislación laboral y se enjuicie a los empleadores que cometan abusos.
Por último, se recomendó continuar relizando mejoras con respecto a la situación de la mujer, empezando por la abolición del sistema de tutela, apoyada por Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Haití, Islandia, Suecia, Suiza, España, Nueva Zaelanda, Austria y Uruguay. Asimismo, las democracias plenas agregaron que se debe avanzar en las reformas legislativas necesarias para que las normas busquen la igualdad entre el hombre y la mujer, tipificar como delito todas las formas de violencia hacia la mujer, y retirar la reserva general a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
