Con la emblemática Unpacu, el ejercicio del poder tiránico es ejemplar y también emblemático. Como han demostrado muchos abogados independientes, no se respetaron ni una de las cláusulas legales, procedimentales ni de los preceptos o fundamentos constitucionales a la hora del blitzkrieg judicial contra estos activistas políticos.

Por Manuel Cuesta Morúa

No hay Estado de derecho sin espíritu de derecho. Cuando el derecho, entendiéndolo como las reglas del juego en una sociedad, se usa sin su espíritu, solo tenemos el Estado de castigo. Esa circunstancia en la que la ley se invoca para sancionar a los que se salen del régimen. El Estado de derecho presupone dos estatus complementarios: institucionalidad abierta y protección a quienes no están en la órbita del régimen. Por eso es que las libertades fundamentales son su base, abierto  siempre a la reforma, que es la esencia del constitucionalismo: el cambio de la ley a la ley para tutelar aquellos derechos que surgen del cambio o mutación social.

El Estado de castigo es la degeneración del Estado de derecho, la ruptura interna de su concepto, que trata de naturalizarse en el Estado de legalidad: la pretensión, muchas veces ficción, de que la ley que regula los procedimientos disciplinarios  y de castigo va a ser, eso sí, respetada. Cuando se trata de la legalidad, los gobiernos reconocen que van a castigar pero de acuerdo a leyes preestablecidas y respetando celosamente sus términos. Esto no es lo ideal desde luego para ninguna sociedad que diga practicar la Justicia, así en mayúsculas, con arreglo al ideal de justicia. Pero al menos los comportamientos de los gobiernos son previsibles en el Estado de legalidad y todos los ciudadanos conocen aquellos límites, más allá de los cuales la transgresión será castigada dentro de esos límites previsibles.

Esta es la base de la filosofía de la acción civil tanto en Mahatma Gandhi como en Martin Luther King: violar la ley injusta (la legalidad) pero asumiendo el castigo, esto es las consecuencias. Si un gobierno rompe las barreras de las consecuencias previstas nos conduce al Estado de tiranía: la sistematización en el ejercicio arbitrario del poder para imponer la voluntad fuera del marco circunscrito de legalidad.

De esto se desprende que la trayectoria describible cuando se interrumpe el Estado de derecho nos lleva a la dictadura; mientras que la que se describe en el caso de una ruptura de la legalidad nos conduce a la tiranía.  La consecuencia de inventar un Estado socialista de Derecho para construir un relato sobre las ruinas del Estado de legalidad que permita tiranizar a quienes ejercen sus derechos reconocidos en la parte del derecho enunciada, en contra o de espaldas a la parte socialista de la formulación. Cuba 2019.

Lo que distingue el caso de la Unión Patriótica de Cuba dentro del recinto definido de la legalidad es que el gobierno cubano, obligado a dar el salto retórico hacia la idea de los derechos, no parece quedarle más opción que quebrar su legalidad para detener el impulso social que recoge y narra su retórica. El compás que abre en esta contradicción, abismal como se presenta, es entre la pompa constitucional y el ejercicio de la tiranía. La paradoja que se instala cuando se habla de derechos sin su espíritu.

Hay que olvidar aquí por un instante los pretextos construidos como “verdad” en esas prácticas consuetudinarias de la mentira compleja diseñada por el poder para, en este caso, encarcelar a José Daniel Ferrer y a sus tres compatriotas. Lo más importante para definir a las tiranías no son los hechos que narra o la construcción de la imagen degenerativa de sus adversarios, sino los procedimientos que viola para facilitar sus procedimientos de limpieza cívica.  

Esto es ya algo distinto, y más descarnado, que el expediente de delitos comunes, comúnmente utilizado, para anular la contestación cívica y política de los ciudadanos. Lo que habría venido sucediendo en los últimos años. Se acusaba entonces a un disidente u opositor de los delitos de desacato y desorden público, por ejemplo, y se trataban de respetar más o menos ―nada de respeto germánico aquí― los procedimientos establecidos por las leyes penal y procesal. Siempre se sabía que la “verdad” penal era el pretexto que escondía la verdad política pero la legalidad sufría solo averías en muchos de estos casos.  

Con la emblemática Unpacu, el ejercicio del poder tiránico es ejemplar y también emblemático. Como han demostrado muchos abogados independientes, no se respetaron ni una de las cláusulas legales, procedimentales ni de los preceptos o fundamentos constitucionales a la hora del blitzkrieg judicial contra estos activistas políticos.

El diseño del ataque no fue jurídico-policial, fue de guerra. De esas guerras en las que ni siquiera se respeta el derecho humanitario cuando se tratan o muestran a los prisioneros. Presentar a José Daniel Ferrer sin camisa, y airear en imágenes televisadas cómo supuestamente se golpeaba la cabeza contra una mesa son actos de humillación que pretenden la doble destrucción, psicológica y moral, de los combatientes enemigos: algo que es contrario a los códigos militares modernos y denigra más al carcelero que a los encarcelados.

Esta conducta impropia en momentos de guerra, circunstancia en la que se ve a sí mismo el gobierno cubano, solo ha sido rescatada en estos tiempos por los combatientes de ISIS. Y no es por supuesto, muy inteligente o informada. Los cuerpos de las cárceles despiertan mucha sensibilidad y relativizan los delitos. Supuestos o reales.

Con lo de la Unpacu no estamos frente a un tema menor. Varios relieves se transparentan aquí. La mentira inversa: aquella que es narrada positivamente (la nueva Constitución cubana) para degenerar (mentir) en los hechos el ejercicio del poder pero con buena conciencia. El enmascaramiento de lo político en lo supuestamente criminal: lo que esconde una legitimación del crimen siempre que no se enfrente al poder, un buen resumen por demás, de cómo se llega a las sociedades fallidas. La ideologización del derecho a través de la deshumanización de lo humano. El uso sempiterno de la ley como simulacro de la venganza. La incompatibilidad entre revolución, derecho y legalidad, incapaz aquella de una respuesta consistente y coherente al desafío de los derechos humanos como última utopía. La permuta cotidiana entre gobierno legal y gobierno de facto, y el uso del poder como terror, es decir la pulverización del ciudadano a través de la polvoranización de la ley.  

Esto en el contexto de una creciente debilidad estructural de la diplomacia en las democracias avanzadas para avanzar los valores a través o junto a los intereses. Por cierto y por suerte, la división de poderes dentro de la Unión Europea salva a la Unión Europea y nos abre un destello de esperanza como gesto frente a la tiranía que viene.

Apoyar a la Unpacu y a José Daniel Ferrer no solo es un imperativo moral tal y como lo es apoyar a todos los presos políticos en cualquier lugar del mundo; es también detener, o intentarlo, lo que tiene una capacidad moral en sí mismo, la normalización de la tiranía como nueva dimensión y nuevo espacio político en la región, deriva que parece natural desde un totalitarismo en descomposición cínica: el que nos devuelve al lujo de la elite mientras reproduce la pobreza, e intenta seguir narrándonos el futuro mientras recupera el pasado. No el mejor de los pasados posibles.  

Manuel Cuesta Morúa

Historiador, politólogo y ensayista. Portavoz del Partido Arco Progresista, Ha escrito numerosos ensayos y artículos, y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras, además de participar en eventos nacionales e internacionales. En 2016 recibió el Premio Ion Ratiu que otorga el Woodrow Wilson Center.