Es obvio que hay quienes distorsionan la realidad venezolana como se desprenden de quienes presentan “ejemplo de democracia” este nuevo asalto madurista a las exiguas libertades del país caribeño. Hoy en día, el ciudadano democrático que no quiera informarse sobre lo que ocurre en el mundo y se limite a seguir consumiendo falsedades diseminadas por sus dirigentes lo hace por pereza u obsecuencia.

Por Hugo Machín Fajardo

“Neste domingo (6), a Venezuela deu um grande exemplo de democracia durante as eleições de deputados para a nova formação da Assembleia Nacional para os próximos cinco anos  (…) Diversos observadores internacionais dos cinco continentes, com 300 representantes de mais de 30 países, estiveram presentes na Venezuela”.

Con esta aseveración inicia su crónica el periódico Jornal Brasil Popular, del domingo 6 de diciembre 2020. El mismo periódico había informado el viernes 4, con base a la agencia cubana Prensa Latina, que “O candidato à Assembleia Nacional (AN) do partido de oposição Soluções para a Venezuela, Claudio Fermín, reconheceu hoje que as eleições parlamentares têm todas as garantias para que os cidadãos possam exercer o direito de voto”.

Esta manera de informar sobre la dictadura venezolana explica en parte porqué dirigentes y partidarios de la izquierda latinoamericana que en el Siglo XX luchó contra sangrientas dictaduras, en este siglo siguen defendiendo a un régimen liberticida que cuenta en su haber con: 18.093 asesinados entre 2014 y 2020 por fuerzas de seguridad del Estado y paramilitares; 178 ciudadanos ejecutados en manifestaciones callejeras; 653 casos de torturas documentados; 15.501 detenciones arbitrarias y 724 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019, como ha reportado el 2 de diciembre la OEA, al cuestionar la realización de las elecciones legislativas fraudulentas orquestadas por Nicolás Maduro.

El documento denuncia que “desde enero de 2020 el número total de muertes por operaciones de seguridad del Estado ha superado 2.000”.

El chavismo socialista pretendió darle un viso de legalidad a una dictadura, pero el mismo presidente Maduro se encargó de desmentirlo al participar como un candidato más en la campaña del oficialismo.

La información. La BBC de Londres informó sobre lo ocurrido el domingo 6 de diciembre en Venezuela: “El chavismo recuperó este domingo la Asamblea Nacional de Venezuela en unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición y por una masiva abstención. Con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró más de 3,5 millones de los 5,2 millones de votos para lograr un total de 67,6% de los apoyos, según los datos del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano”.

Otras fuentes horas después informaron que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano la participación fue de un 30,5%, lo que lleva la abstención electoral al 69,5%.

Rechazo internacional. Difundidas las cifras de los comicios se supo que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) no reconocerán a la Asamblea Nacional de mayoría chavista; y crece el número de países que rechazaron los resultados electorales llegando a casi 50 los que desconocen el triunfo socialista. La UE reclamó la realización de nuevas elecciones legislativas y presidenciales “creíbles, inclusivas y transparentes”.

El Reino Unido fue más allá y tras denunciar que la votación no fue “libre ni justa”, pidió a “todos los lideres” de Venezuela un compromiso que permita arribar a “una solución”.

En Latinoamérica los países del Grupo de Lima —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela—  emitieron una declaración donde afirman que las elecciones legislativas del domingo en Venezuela “carecen de legalidad y legitimidad”. 

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia” en Venezuela, declaró el Grupo, en un texto firmado por 16 países y divulgado por la cancillería de Perú.

Uruguay, que no forma parte del grupo, emitió una declaración en la que expresó “preocupación” por el proceso electoral, al entender que “no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia”.

Casi anecdótico, pero no menos cómplice de la dictadura, fue el tuit de un diputado socialista uruguayo Enzo Malán, opositor en su país, quien fungió como veedor electoral: “decir que las elecciones legislativas en Venezuela carecieron de las ‘garantías mínimas’ es falso”. La Internacional Socialista, un día después de las elecciones, denunció en un comunicado que “el pueblo y las fuerzas democráticas de Venezuela han visto sus libertades y derechos gravemente vulnerados por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en esta oportunidad con las ilegítimas elecciones legislativas realizadas el día de ayer”. 

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en una extorsión desembozada había dicho el lunes 30 de noviembre que no habría comida para los que “no voten”. La Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachellet declaró luego de los comicios que “por cierto nos preocupó esos comentarios en términos de que las personas que no iban a votar no iban a tener acceso a programas sociales, de alguna manera, presionando a las personas que fueran a votar”.

Los partidos opositores con candidatos seleccionados por el chavismo— denominados “alacranes” por la oposición que llamó a la abstención— votaron coaligadamente bajo el nombre Alianza Venezuela Unida y obtuvieron un 18% de los votos contabilizados, equivalente a casi un millón de sufragios. Uno de los “alacranes”, Luis Parra, que se postulaba por el estado de Yaracuy se auto atribuye la banca, pero el CNE se la adjudicaría a un candidato madurista.

Sin cambios. El panorama para el régimen no ha variado, pues se mantendrán las dificultades de acceso a los mercados financieros; la imposibilidad de resolver una dramática crisis económica— que expulsó a cinco millones de venezolanos fuera de fronteras— y ha generado la tercera hiperinflación más duradera de la historia venezolana; una dolarización de hecho que profundiza la desigualdad social propiciada por dos décadas de mal gobierno; y permanecerán las trabas para actuar en mercados petroleros.

No obstante, el chavismo, siguiendo la receta cubana, apunta a consolidar un régimen de partido único. Detenta 19 de las 23 gobernaciones; cuenta con 305 de las 335 alcaldías; y la casi totalidad de los diputados de las asambleas legislativas regionales, así como también el 90% de los concejales municipales. Si además el Poder Judicial carece de absoluta independencia —más bien que depende del régimen—así como la Fiscalía General y el CNE, también chavistas, se cumple con la estratagema de que “el pluripartidismo es la pluriporquería”.

¿Y ahora qué? El presidente encargado, Juan Guaidó, quiere convocar a la Comisión Delegada –contemplada en el artículo 195 de la Constitución venezolana– e instalarla con diputados de los cuatro principales partidos de oposición: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo (G-4). Su soporte jurídico es que al haberse constatado que la elección legislativa fue fraudulenta, la Asamblea legítima que cesa el 5 de enero del 2021, entra en receso y debe funcionar la Comisión Delegada.

También propuso realizar una consulta popular entre el martes 8 y el sábado 12 de diciembre, que valide su tesis de continuar como presidente encargado de la Asamblea en receso. Son tres preguntas que hace Guaidó a la ciudadanía: si exige el cese de la usurpación presidencial por Maduro y si se quieren elecciones generales libres, justas y verificables; si rechaza la elección del domingo 6 de diciembre; si respalda o no la gestión internacional de Guaidó.

La consulta se realiza en forma virtual y presencial. Una página web, una aplicación para celulares y la plataforma Telegram por un lado, y el sábado con instalación de puestos callejeros y militantes opositores en todo el país, así como en 300 ciudades del mundo.

El Gobierno encabezado por Guaidó quiere mantener su disputa por la administración de los recursos y activos venezolanos existentes en el extranjero.

52.000 millones de dólares. La aspiración opositora, además de la ilegitimidad del chavismo en el poder, se sustenta en los hechos de corrupción que se han verificado durante las dos décadas del gobierno de Hugo Chávez y Maduro. El Corruptómetro una plataforma investigativa conformada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga y Connectas  difundida por tres medios periodísticos  —Runrunes, El Pitazo y TalCual— presenta un mapa de la economía del delito. El estudio también identifica a los principales funcionarios involucrados en diversas tramas de corrupción.

Entre los principales hallazgos de la investigación se subraya un registro de 236 casos de corrupción, se conoce el monto en dólares involucrado en 144 casos. Es decir, sólo se tiene información de 41% de los dineros públicos malversados del total de casos judicializados tanto dentro como fuera de Venezuela.

De esos 144 casos de corrupción se revela que los fondos del Estado identificados ascienden a 52.098 millones de dólares.

Otro dato relevante, lo constituye el hecho de que el sector económico donde hubo una mayor cantidad de dinero manejado de forma irregular es el sector petrolero. De acuerdo a la investigación, unos $42.322 millones del total de $52.098 millones, se perdieron en distintos hechos irregulares cometidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales.

Desde otro sector de la oposición, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, pidió replantear la estrategia “y abrir caminos de la mano de todos los sectores” del país. “Después de estos fracasos habrá que replantear alternativas reales”, escribió el domingo en su cuenta de Twitter.

Retomo lo del inicio de esta columna. Es obvio que hay quienes distorsionan la realidad venezolana como se desprenden de quienes presentan “ejemplo de democracia” este nuevo asalto madurista a las exiguas libertades del país caribeño.  Hoy en día, el ciudadano democrático que no quiera informarse sobre lo que ocurre en el mundo y se limite a seguir consumiendo falsedades diseminadas por sus dirigentes lo hace por pereza u obsecuencia. La información variada, y de diversas fuentes, está al alcance de un clic. Adentrados en el Siglo XXI, no hay excusas para mañana decir que no se conocía lo que realmente pasaba dentro de fronteras de un régimen totalitario.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.