¿Puede entenderse la deriva autoritaria venezolana filo fascista de un militar golpista autodefinido como «socialista del siglo XXI» sin la inacción varios actores políticos latinoamericanos? Algunos hicieron algo, pero muy poco; otros no hicieron nada; otros se aprovecharon económicamente del despilfarro chavista a costa del pueblo venezolano; y otros fueron directamente cómplices de cada paso del chavismo erosionando la democracia en Venezuela.

Por Gabriel C. Salvia

El informe anual 2022 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) tiene un doble mérito. En primer lugar, lo elaboran y publican bajo un hostigamiento y persecución constante por parte del gobierno no democrático del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En segundo lugar, porque ofrece el real estado de los derechos humanos en Venezuela, es decir, las libertades civiles y políticas, y los derechos económicos, sociales y culturales, en un país ante cuyas autoridades no se puede peticionar, pedir rendición de cuentas y con una política de estado basada en la opacidad.

Venezuela es una dictadura porque las elecciones no son libres, justas y transparentes, y el gobierno encarcela, asesina, persigue o fuerza al exilio a opositores políticos, y a quienes expresan opiniones críticas, como puede leerse en este informe. Por tal motivo, prestigiosos índices e informes internacionales, como el publicado por The Economist (Democracy Index) o la Fundación Berteslmann (Bertelsmann Transformation Index) califican a Venezuela como “autocracia”. En algún caso, como el de “Libertad en el mundo” de Freedom House, le asigna desde hace unos años a Venezuela la misma calificación que tenía Argentina durante su última dictadura militar (1976-1983): “no libre”.

En una democracia, en la cual se respetan las libertades civiles y los derechos políticos, la agenda de política pública es promover el bienestar general y la igualdad de oportunidades garantizando el acceso a la educación, la salud, la cultura, la previsión social, la asistencia a los desfavorecidos y la protección ambiental. Si Venezuela ocupa los peores lugares en los índices que miden el desempeño político, económico y social, como por ejemplo en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) es precisamente porque está gobernada por una dictadura que no rinde cuentas a su pueblo sobre su gestión gubernamental, el Poder Judicial no es independiente, la labor de control de la oposición se ve impedida y la prensa censurada. Si algo entonces necesita Venezuela es precisamente una política de derechos humanos en su integralidad.

Venezuela no es la única dictadura de América Latina, pero su gobierno autocrático es el que recibe internacionalmente los mayores señalamientos y avergonzamientos. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió crear una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, y existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI cometidos por las autoridades del Estado en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. En octubre del 2022, como también lo señala el informe de PROVEA, durante la última elección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU Venezuela no logró la reelección (de los dos lugares para el Grupo Latinoamérica y el Caribe -GRULAC- resultaron electos Chile y Costa Rica). Todo esto es el logro de la labor de varias organizaciones de derechos humanos de Venezuela, entre las que se destaca PROVEA.

Desde el Cono Sur de América Latina, la tragedia venezolana se vive con enorme impotencia y vergüenza ajena respecto a la complicidad de algunos gobiernos. Cuando en Argentina, Chile y Uruguay se encontraban bajo dictaduras militares, con desaparecidos, detenidos y torturados, perseguidos políticos y exilio forzado, Venezuela -una de las tres democracias de entonces en la región- se solidarizaba a través de la diplomacia comprometida de sus embajadas en Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo, y recibía cantidades de exiliados políticos. Esta ingratitud es una evidencia de la falsa defensa de los derechos humanos en ciertos ámbitos políticos y de la sociedad civil, y una afrenta a la memoria de la solidaridad democrática internacional recibida en tiempos oscuros.    

Durante la dictadura militar argentina, bajo un terrorismo de Estado, organizaciones de derechos humanos funcionaron legalmente y accedieron a la cooperación internacional proveniente de los Estados Unidos y Europa. En ese entonces, para los militares, Amnistía Internacional era comunista, y los opositores y activistas de derechos humanos “subversivos”. La defensa de los derechos humanos es siempre crítica de los gobiernos y requiere independencia política, por lo cual es común que esta noble labor moleste a los partidos políticos de turno en el poder y mucho más a las dictaduras que aspiran al control autoritario, corrupto, discrecional y permanente.

Asimismo, la cooperación internacional democrática exige transparencia y rendición de cuentas, pero en ningún caso implica subordinación o claudicación en la defensa de los derechos humanos. No hay mejor ejemplo de independencia que recibir fondos de la cooperación norteamericana, luego de participar en convocatorias competitivas, y al mismo tiempo alzar la voz cuestionando el inicio de la guerra en Irak, la ilegalidad de los detenidos en Guantánamo o defender a Edward Snowden en su presunción de inocencia frente al aparato estatal. Los defensores internacionales de la dictadura venezolana no pueden decir lo mismo, tanto por su subordinación política incondicional como a la recepción de fondos informales/ilegales.

La labor de PROVEA, con una extensa trayectoria y ejemplos de independencia ante el poder de turno, es una luz en la oscuridad venezolana y un ejemplo a seguir por sus colegas de todo el mundo.     

La Venezuela chavista es uno de los ejemplos que cita el libro “Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Ariel, 2018), y un caso de manual de los cuatro indicadores de comportamiento autoritario. Curiosamente, mientras moría la democracia en Venezuela, con el militar Hugo Chávez Frías en el poder, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) adoptaron cláusulas de defensa de la democracia (en el caso de la CELAC y OEI también suscriptas por el régimen de partido único de Cuba).

Quizás para promover el compromiso actual en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y hacerlo extensivo a otras dictaduras, y rendir cuentas ante las víctimas, pueda plantearse la responsabilidad política de actores claves de la región latinoamericana que gozan de credenciales democráticas y son definidos ideológicamente como “progresistas”. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores de Brasil, que gobernó desde 2003 a 2016, y vuelve a gobernar en alianza a partir del 2022 con Luis Inacio Lula Da Silva en su tercer período como presidente; El Frente Amplio uruguayo, que gobernó desde 2005 al 2019 con dos gobiernos de Tabaré Vázquez y uno de José “Pepe” Mujica; los gobiernos de la Concertación chilena, Ricardo Lagos entre el 2000 y 2006, y Michelle Bachelet entre 2006 y 2010, y 2014 y 2018; y el actual senador chileno José Miguel Insulza, quien se desempeñó como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2005 y 2015.

¿Puede entenderse la deriva autoritaria venezolana filo fascista de un militar golpista autodefinido como “socialista del siglo XXI” sin la inacción de los mencionados actores políticos latinoamericanos? Algunos hicieron algo, pero muy poco; otros no hicieron nada; otros se aprovecharon económicamente del despilfarro chavista a costa del pueblo venezolano; y otros fueron directamente cómplices de cada paso del chavismo erosionando la democracia en Venezuela. Todos, sin excepción, contribuyeron a degradar el “progresismo” y el “socialismo democrático”.

También hay que recordar que Luis Almagro, actual Secretario General de la OEA, fue Canciller de José “Pepe” Mujica y en dicha función nunca se expresó alertando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela; y que el ex presidente chileno de centro-derecha, Sebastián Piñera, fue el que participó en la Cumbre de la CELAC del 2011 en Caracas con la tristemente recordada frase de “vivan las diferencias”, equiparando así a los gobiernos democráticos con alternancia en el poder de aquellos en los que sus gobernantes alteran las reglas de juego para perpetuarse indefinidamente en la presidencia hasta consolidar una autocracia.

Incorporar la Memoria y responsabilidad política de gobernantes y funcionarios frente a la erosión de la democracia y la violación de los derechos humanos en otros países es parte de la política exterior que declaman las Cancillerías latinoamericanas, pero sobre todo puede servir para alertar presentes y futuras indiferencias de gobernantes ante la tragedia ajena.

Este texto fue originalmente publicado como Prólogo del informe anual 2022 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista internacional de derechos humanos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista trabajó en gráfica, radio y TV. Compiló varios libros, entre ellos "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021) y "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), y es autor de "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). También es autor de varios informes, entre los que se destacan "Las sillas del Consejo: autoritarismos y democracias en la evolución de la integración del órgano de DDHH de la ONU" y "Memoria cerrada: La complicidad de la revolución cubana con la dictadura militar argentina".