El cambio más significativo se reflejó en la transformación política, donde la calificación de Nicaragua descendió tres categorías: de una democracia defectuosa (BTI 2006-2008) a una autocracia de línea dura (2022-2024). Similares deterioros se observan en el índice de gobernanza, en el cual Nicaragua descendió dos categorías desde 2016 hasta recibir la calificación de gobernanza fallida a partir del 2020.

Por Maite Argüelles

Foto: lanacion.com.ar

Nicaragua se incorpora a la fila detrás de Venezuela, Haití y Cuba como uno de los regímenes políticos autocráticos de América Latina, con un gobierno que comete trasgresiones a los derechos humanos y que está en el poder desde el año 2007. En los últimos años, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, a cargo de la vicepresidencia, Rosario Murillo, centralizaron el poder político, controlando el estado y sus instituciones, y estableciendo así un régimen autoritario que parece perpetuarse y fortalecerse cada vez más. Daniel Ortega actualmente está ejerciendo su quinto mandato presidencial y hasta 2027, año de las próximas elecciones, gobernará Nicaragua.

El deterioro político nicaragüense se evidencia en los reportes realizados por el Bertelsmann Transformation Index (BTI), el cual analiza y evalúa los procesos y cambios sociales hacia la democracia y economía de mercado de 137 países en vías de desarrollo y transición. El BTI comprende tres dimensiones de análisis: la transformación política, la transformación económica y la gobernanza, cuyos indicadores son calificados con un puntaje del 1 al 10. El gráfico refleja la evolución de estas tres dimensiones en las ediciones bianuales del BTI de 2006 a 2024 de Nicaragua, caracterizada por un decrecimiento en cada dimensión.

El cambio más significativo se reflejó en la transformación política, donde la calificación de Nicaragua descendió tres categorías: de una democracia defectuosa (BTI 2006-2008) a una autocracia de línea dura (2022-2024). Similares deterioros se observan en el índice de gobernanza, en el cual Nicaragua descendió dos categorías desde 2016 hasta recibir la calificación de gobernanza fallida a partir del 2020. En cuanto a la dimensión económica, la puntuación máxima de 5.5 (BTI 2008, 2014 y 2016) pasó a 4.5 en 2022, una reducción comparativamente leve que, sin embargo, significó un cambio de categoría en las últimas ediciones del BTI en las cuales el estado de la economía nicaragüense fue calificado como muy limitado. A continuación, se exhibirá y explicarán las causas de tales transformaciones, así como cuáles indicadores se redujeron más y los motivos de esos descrecimientos.

Transformación política

El BTI mide la transformación política a través de la evaluación de cinco criterios: la estatalidad, la participación política, el Estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y la integración política social. Para entender el deterioro democrático nicaragüense, su involución política y por qué está actualmente en la posición 115 de 137 países en transformación política, es ineludible entender los cambios de las categorías y los puntajes que llevaron a tal categorización.

Es necesario comprender, primero, que la estabilidad de las democracias latinoamericanas, sobre todo las Centroamericanas, históricamente, tuvieron vastos problemas para su plena consolidación. Sin embargo, en los años ochenta y principios de los noventa, lograron un gran avance, con la ola democratizadora, la cual cambió la política de toda América Latina. Nicaragua no fue la excepción de este proceso democratizador, el cual pregonaba elecciones libres y justas, el respeto a las instituciones y al Estado de derecho.

Tal democratización, se manifestó en el puntaje del estado de democracia del BTI. Con un puntaje de 6.7 en el BTI 2006, la democracia nicaragüense, en ese entonces, era relativamente estable. Sin embargo, el puntaje decreció paulatinamente, hasta que en el BTI 2018 bajó abruptamente a 4.9 para descender aún más hasta un 3.2 en el BTI 2024. Es decir, el régimen democrático nicaragüense comenzó a resquebrajarse durante el segundo y tercer mandato de Ortega (2007-2012; 2012-2017), hasta que finalmente se quebrantó en 2018, a comienzos del cuarto mandato, después de la irrupción de masivas protestas sociales contra el régimen de Ortega. Sin embargo, cabe preguntar ¿cuáles fueron los factores que incidieron en el quiebre democrático?

Primeramente, uno de los factores que influyó en la ruptura democrática fue la centralización de poder en manos del presidente Daniel Ortega. Dicha centralización inició en 1998 con un célebre acuerdo denominado El Pacto, entre los líderes de los dos partidos políticos mayoritarios, Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista. El objetivo del Pacto era la protección de sus intereses mediante la instauración de un sistema bipartidista y la politización del poder judicial para así lograr un mayor control sobre las instituciones del estado y salir indemnes de la corrupción.

El pacto generó consecuencias en la gobernabilidad y en las instituciones democráticas. Inicialmente, creó obstáculos al gobierno, en ese momento, de Enrique Bolaños (2002-2007). Las instituciones se politizaron, haciéndose más ineficientes. Este cambio de irregularidad institucional y electoral se vio reflejado en el criterio de estabilidad de las instituciones democráticas, ya que pasó de un puntaje correspondientemente sólido de 6.5, en el BTI 2006, a un 4, para el BTI 2010, y el puntaje continuó decreciendo, sobre todo entre el BTI 2018 y 2020, dada la profunda crisis política de 2018, como consecuencia de la primera movilización masiva contra el gobierno de Ortega, ya en su cuarto mandato. Entonces, para el BTI 2024 el puntaje del indicador de estabilidad de las instituciones democráticas decreció a 2 evidenciando lo alejado que está el régimen de Ortega de los principios democráticos.

Además, del control institucional que hizo la familia Ortega, es preciso mencionar la cooptación sobre los poderes del estado, lo cual llevó a los Ortega a un mayor control estatal. Los puntajes del indicador de separación de poderes manifiestan esta pérdida en el funcionamiento del sistema de controles y equilibrios, dada la decreciente autonomía de los poderes legislativo y el judicial. Cuando asumió Ortega en 2007, el puntaje del BTI era de 6, mientras que en el BTI 2024 es de 2. Dichas cifras señalan como el poder ejecutivo a expensas de los otros poderes ha ido concentrando poder.

Otro factor fundamental a tener en cuenta para entender el deterioro democrático nicaragüense, son los derechos y las libertades civiles, vitales en una democracia, como las libertades de asociación, religiosas y de expresión. Gradualmente, el gobierno de Ortega dejó de tener la voluntad de ejercer el Estado de derecho, así como los derechos civiles empezaron a no respetarse. A diferencia de las otras transformaciones mencionadas, este cambio fue más radical, ya que recién en el BTI 2020, la puntuación pasó de 6 a 3. Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un informe en los últimos años, 2022 y 2023, en el cual enumeró los derechos que incumplía el gobierno de Ortega. Pero ¿cuál fue la causa de dicho menoscabo y por qué fue tan radical, a diferencia de los otros?

La explicación se encuentra principalmente en que a partir del año 2018 inició la movilización social contra el régimen autocrático de Ortega. Grupos de la oposición, grupos sociales e incluso la iglesia, actor hasta ese momento aliado del gobierno, se movilizaron contra el presidente ante el aumento de la censura y violencia estatal. La reacción gubernamental incluyó transgresiones de los derechos civiles, lo que se manifestó, aparte del indicador ya mencionado, en los puntajes para la libertad de expresión y de reunión. La libertad de expresión en el BTI 2006 tenía 7 puntos, pero a partir del BTI 2018 quedó reducido a 6 puntos y seguía reduciéndose hasta llegar a 2 en el BTI 2024. Lo mismo con el derecho de libre asociación, que en el BTI 2006 tenía un puntaje de 8, en el BTI 2018 bajó dos puntos, y para 2024 llegó a 2. Así que, las violaciones de los derechos humanos son una variable clave que explica el fuerte y abrupto deterioro de Nicaragua en la dimensión política del BTI.

El gobierno, por lo tanto, durante las protestas del 2018 aumentó considerablemente su violencia contra los opositores y manifestantes, reprimiendo, desatando así una crisis política que también impactó internacionalmente. La represión de las protestas causó un gran número de muertos y heridos, lo cual generó rechazo a nivel internacional, sobre todo de las Naciones Unidas. Expertos de la organización manifestaron preocupación sobre la represión y las violaciones de derechos en el marco de las protestas pacíficas en un comunicado. Mientras que, a nivel nacional, el impacto se trasladó a un mayor control político y represivo por parte del gobierno, el cual creó un marco legal para poder justificar la violencia estatal, al señalar que los grupos y las personas opositoras eran “enemigos de la patria”, y hasta utilizó ejércitos paramilitares para finalizar las movilizaciones.

Otro factor político relevante para entender el deterioro se encuentra en el débil sistema de partidos políticos. Si bien nunca existió un sistema de partidos políticos sólido, existían varios partidos políticos que competían entre sí. Por lo tanto, el BTI 2006 señalaba para el respectivo indicador un puntaje de 7. Hasta el BTI 2024, sin embargo, este puntaje se redujo por más que la mitad quedando en 3, debido a la represión, la persecución de los opositores y la censura. No existe, consecuentemente, una competencia política justa.

El régimen político autocrático nicaragüense permanecerá con pocas perspectivas a mejorar en unos años. El futuro político nicaragüense permanece incierto, la posibilidad de una formación de una oposición sólida se ve dificultada, debido a la polarización, los obstáculos que tiene esta para organizarse y la permanente represión del gobierno orteguista, la tortura a los ciudadanos que públicamente critican al gobierno, así como también el cierre y ataque a los medios de comunicación y, por supuesto, al exilio forzado de centenares de opositores.

Transformación económica

Con la globalización económica y financiera, resurgió el modelo económico de libre mercado y la política económica neoliberal, por lo tanto, en los noventa los gobiernos nicaragüenses buscaron una economía pro mercado y un modelo orientado a la exportación, liberalizando el comercio exterior. No hubo grandes cambios al respecto, por lo cual el puntaje del respectivo indicador, liberalización comercial, se mantuvo entre 9 y 8 puntos desde el BTI 2006. No obstante, el principal problema comercial de Nicaragua, que hasta hoy en día persiste es la baja diversidad de los bienes para la exportación, como también la baja calidad del transporte e infraestructura, la cual es necesaria para un comercio exterior eficiente.

La economía interna, por otro lado, sí sufrió cambios, sobre todo en cuanto a la estabilidad fiscal. Al respecto, el BTI evidencia un gran deterioro: para 2006 el puntaje del BTI era de un sólido 8, pero para el BTI 2024 un 5. Esta situación se debe a que el gobierno primero no destina lo que recauda a mejorar la infraestructura y modernizar la economía y segundo, a que, a partir de 2020, con la desaceleración económica mundial tras la pandemia (COVID-19) los déficits fiscales eran difíciles de sostener debido a la reducción del ingreso por el comercio.

Además, Nicaragua es un Estado que depende de la ayuda exterior para su desarrollo económico. A esta dependencia se le suma que está severamente endeudado y carece de fondos estatales. El desarrollo económico nicaragüense es limitado.

Otro problema económico es con respecto a la propiedad privada. Desde el ascenso del régimen sandinista no se respetó frecuentemente la propiedad privada y varias propiedades fueron expropiadas por el gobierno para distribuirlas políticamente. La expropiación fue realizada sin un debido proceso legal y no está permitida por la Constitución de Nicaragua. Por lo tanto, el puntaje para el indicador de derecho a la propiedad privada se redujo: en el BTI 2008 el puntaje era de 6, mientras que en BTI 2024 descendió a 4.

El crecimiento y la transformación económica de Nicaragua son escasos y actualmente es uno de los países más pobres del hemisferio, detrás de Haití, según las estadísticas del FMI. La situación económica no tuvo grandes cambios, sino que se mantiene relevantemente estable. Sin embargo, Nicaragua no goza de confianza de los organismos internacionales para el financiamiento externo, sobre todo de los países occidentales, como Estados Unidos. Aunque, en los últimos años, ha ganado la confianza económica de otros estados más allegados ideológicamente, como Rusia y China, el financiamiento actualmente derivará del relacionamiento con estas dos potencias.

Gobernanza

La cooperación entre Ortega y Alemán, mediante el Pacto, no ha permitido reformas destinadas a promover la democracia, sino que debilitó aún más la democracia con el impedimento del funcionamiento de las instituciones. La suprema autoridad de Ortega dificulta una eficaz administración y la ejecución eficiente de políticas públicas, debido al impedimento que ejercen la corrupción y las prácticas personalistas.

El BTI demuestra la falta de políticas públicas de anticorrupción efectivas, asignándole a Nicaragua ya un puntaje bajo de 4 puntos en el BTI 2006 que se redujo a 2 puntos para el BTI 2024. Además, se destaca el desmejoramiento del gobierno nicaragüense en la creación de consenso, dados los altos niveles de polarización y exclusión absoluta de voces opositoras de la participación política, ya sea por encarcelación, exilio forzado o la privación de la ciudadanía. Consecuentemente, la calificación del respectivo criterio del BTI de creación de consenso decreció de un puntaje moderado de 5 en el BTI 2006 a 2 puntos en el BTI 2024.  

Las tendencias autocráticas del gobierno de Ortega impactan en el escenario internacional. Varios estados han cancelado el apoyo hacia el estado nicaragüense, pues rechazan las prácticas autoritarias. Ante la crisis política del año 2018, el gobierno de Ortega perdió credibilidad, sobre todo con su quinta reelección en el 2022. La irregularidad electiva recibió críticas de la Organización de Estados Americanos, de la cual Nicaragua era un estado miembro, pero que abandonó en el año 2021.

El menoscabo de la cooperación internacional es extremadamente evidente mediante la reducción del puntaje anual del BTI; pasó de un 8 en el BTI 2008, a un 3 en el BTI 2024. Actualmente Nicaragua se alinea, no sólo económicamente, sino que ideológicamente con países cuyos regímenes están lejos de ser democráticos, como China, Rusia, Irán y Cuba. Este alineamiento internacional hace que se solidifique la posición orteguista y su régimen autocrático, generando en consecuencia la perpetuación de la autocracia orteguista. 

Maite Argüelles

Estudiante de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica Argentina y voluntaria de CADAL.