El inicio del «golpe blando» que anuncia Petro no ha sido percibido así por el abanico político colombiano. Salvo los integrantes del Pacto Histórico que respaldan la visión presidencial, otros actores han desestimado la aseveración de Petro, adjudicándole un intento de «victimización» y desconocimiento de la separación de poderes del Estado

Por Hugo Machín Fajardo

A medio término de la administración del presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, los problemas que más preocupan a la ciudadanía cafetera son el acceso a la salud  (21,9 %), la corrupción (18 %), la seguridad (16,3 %), el costo de la canasta básica (16,1 %) y la falta de empleo (15 %), según sondeo de las empresas Ecoanalítica y Guarumo. Asimismo, un 32,6 % de los consultados definió como «pésima la gestión» de Petro y un 33,3% como «mala».

La aprobación ciudadana al «gobierno del cambio» —como es publicitado por la presente administración—, según diferentes encuestas, se ubica en un 30%. En este contexto, el presidente de Colombia anunció en la noche del pasado martes 8 de octubre el inicio de un «golpe blando» contra su persona, y convocó a sus correligionarios a movilizarse en las calles para defender la institucionalidad.

La reacción de Petro obedeció a una decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, por 7 votos contra 2, de iniciar un proceso formal para investigar a la campaña «Petro Presidente», por entender que hubo violación de topes en los aportes financieros con fines electorales.

Profundicemos en el contexto que se da el pronunciamiento de Petro. Un rápido vuelo sobre los temas que urgen a la ciudadanía nos indica que la reforma de la salud hasta el presente no ha funcionado. Rechazada en el Congreso, una propuesta piloto aplicada a partir del 1 de mayo/2024 al sistema de salud del sector de la enseñanza colombiana —800.000 profesores—, tampoco tuvo el resultado esperado. El presidente Petro dijo el 20 de mayo/2024 que uno de los problemas con el nuevo modelo de salud del magisterio estaba relacionado con una falla en el software contratado.

Inseguridad. Según declaraciones de la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, «el crecimiento de los grupos armados organizados en el territorio» llega a tener presencia «en 253 municipios» de los 1.101 con que cuenta el país. La Policía Nacional documentó el crecimiento en un 36% de las zonas de influencia de los grupos armados, y el principal partido opositor de Petro, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, sostiene que el Clan del Golfo, con el que el Gobierno abrió un «espacio de conversación sociojurídico», es una banda criminal que «intimida a los habitantes del 75 % del territorio nacional, donde 24 de los 32 departamentos ya reportan la grave presencia de ese grupo armado, según la Defensoría del Pueblo».

Gómez, en tanto, afirma que el crecimiento de estas bandas se debe al surgimiento de nuevos grupos y la «diversificación en los negocios ilegales de los grupos, como la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión». Se suma a esto la disputa de territorios entre grupos armados y economías ilegales, donde el tráfico de oro— producto de minería ilegal— sustituye en parte el interés por el narcotráfico.  De acuerdo a datos de su Ministerio, los grupos armados han cambiado sus modalidades después del proceso de paz de 2016, con el resultado de una mayor criminalización y a la subcontratación de actividades delincuenciales a través de bandas locales. Esta nueva dinámica hace que «el control de estos grupos sea más difícil de lo que se estaba acostumbrado en el pasado».

La viceministra agregó el 1 de octubre 2024, en entrevista de la emisora bogotana BLU Radio, que el Estado Mayor Central [ex Farc] y el Clan del Golfo, están reclutando a jóvenes a través de las redes sociales, «utilizando campañas que los atraen con mentiras».         Gómez también destacó la caída en el número de homicidios en 20 años. Subrayó que la responsabilidad de los grupos armados organizados en estos casos representa aproximadamente el 11% de los homicidios, y que el resto de los homicidios son atribuibles a bandas criminales y grupos delincuenciales.

Durante la administración Petro, las masacres suman más de 150 y, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el desplazamiento forzado masivo aumentó en un 37 %. Un informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación presentado el martes 7/10, documenta más de 137.200 personas desplazadas de manera forzada y 94.700 más confinadas en 62 municipios de 13 departamentos, de los 32 que cuenta el país.

Otra de las preocupaciones ciudadanas tiene larga data en Colombia y así lo evidencia Transparencia Internacional cuando publica su ranking de percepción de la corrupción. En dos años el gobierno de la Colombia Humana se ha visto sacudido por diferentes episodios: proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, del hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, exdiputado a la Asamblea del departamento del Atlántico; el interrogatorio a que fue sometida presuntamente de manera arbitraria y con abuso de funciones policiales contra una niñera de Laura Sarabia, mano derecha de Petro; audios del actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti, un político tradicional clave en la campaña de Petro, quien en esas grabaciones generó sospechas sobre hechos de corrupción que habrían ocurrido durante la campaña electoral; otro caso es el apoyo que habría dado el narcotraficante, hoy procesado, Juan Carlos López y su esposa, Sandra Navarro, a la candidatura de Petro; también la malversación de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que supondría el pago  a legisladores para aprobar determinados proyectos, así como direccionar contratos de esa unidad para financiar a la guerrilla del ELN, a fin de que este grupo no abandonara la negociación con el Gobierno, como aseguró ante la Corte Suprema de Justicia Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Este último caso también involucra al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

Se suman denuncias de «abuso de poder» contra la esposa de Petro, Verónica Alcocer, quien en enero de 2024 fue cuestionada a raíz de los millones de pesos que recibieron las personas que conforman el «séquito» que la acompaña a los actos públicos y compromisos: maquillador y vestuarista personal, un fotógrafo profesional para sus redes sociales, una asesora personal y una persona encargada de la logística y los actos «protocolarios». Desde Presidencia se justificó el gasto con la afirmación de que Alcocer cumple una «función social». Designada en «Misión Especial», fue recusada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por incumplimiento del artículo 126 de Constitución. El caso está a estudio del Consejo de Estado.

Y en los últimos días se agregaron nuevos hechos: la denuncia contra el ex presidente de la Cámara de Diputados, David Rasero, por supuestos cobros de porcentajes de los sueldos de sus asesores legislativos; y la apertura de una investigación en la Corte Suprema contra un senador —también del Pacto Histórico—, Alex Flores, por posible lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado.

Capítulo aparte son los choques entre el presidente Petro y el Poder Judicial, así también como con la Justicia Especial para la Paz (JEP), entidad creada a partir de los acuerdos de paz de 2016.

Economía: los precios de la canasta básica se han visto beneficiados por la inflación anual que sigue cediendo —5,81% en setiembre— y es la más baja desde finales de 2021 (Petro asumió en agosto 2022) que llegó a estar en 13,34% en marzo 2023.

Y el mundo del trabajo para el que Petro propone dos reformas básicas —laboral a estudio en el Congreso y jubilatoria— se ve apremiado por un infortunio que bien de lejos: la informalidad. Hoy se ubica en 52% de la población económicamente activa (PEA). México presenta el 53,1%; Brasil, 37,2%; Bolivia, 80,8% y Argentina, 47,4%; según la OIT. Los países mejor situados son Chile y Uruguay , ambos con una tasa de informalidad por debajo del 30%.

Entre 2022 y 2023, más de 1,6 millones de personas en Colombia salieron de la pobreza, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a julio 2024. La pobreza monetaria (persona que percibe 110 dólares mensuales) se ubicó en 33% de los 50 millones de habitantes: más de 16 millones. En tanto, la pobreza extrema monetaria (unos 55 dólares mensuales), disminuyó en 2,4 puntos porcentuales y abarca al 11% de la población: más de 5,5 millones de personas.

Reforma agraria. Durante este octubre serían entregadas 50.000 hectáreas en diferentes sitios del territorio colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural.

El 3 de octubre fueron adjudicadas 3.280 hectáreas a siete asociaciones campesinas y a una reforestadora, correspondientes a predios adquiridos a la Universidad de Antioquia. La ANT ha comprado tierras en un 120% más que el año pasado. Suman 142 mil hectáreas adquiridas para campesinos en lo que va de este gobierno, según datos oficiales. 2 millones de hectáreas han sido formalizadas, más del 100% en la mitad de tiempo que el gobierno anterior (Iván Duque) según la ANT.

Por otra parte, la formalización de la tierra alcanzó 1.130.101 de hectáreas formalizadas, —incluye titulación, registro y ejecutoriadas— para que los campesinos del país puedan producir alimentos con la certeza de que la tierra que trabajan es propia. No obstante, esta reforma agraria —alto estandarte de la actual administración— no está exenta de cuestionamientos y contratiempos. La primera ministra del ramo, Cecilia López renunció en abril 2023, cuando consideró una «expropiación» la propuesta de reglamentar la expropiación administrativa prevista en la Ley Nro. 9 de 1989. Su condición de socialdemócrata, sostuvo, no le permitía aceptarlo. Ella era partidaria de realizar un «catastro multipropósito»: «Yo soy demócrata y no voy a irrespetar la propiedad privada», argumentó. Menos de un año después, en febrero 2024, Petro dispuso la sustitución del director de la ANT, Gerardo Vega, quien a los cuatro meses después publicó el libro «Los fracasos de la reforma agraria. Tierras nuevas, trucos viejos». Allí sostiene que «para iniciar una Reforma Agraria se necesita darle 3 millones de hectáreas a gente que nunca ha tenido tierras, darle título de propiedad a familias que viven sobre siete millones de hectáreas que tiene la tierra, pero no están legalizadas, y restituir 6,5 millones de hectáreas a 360.000 familias (…) La Reforma Agraria no ha tenido impedimentos de los enemigos del presidente, solo la estamos jodiendo nosotros mismos. Matamos el tigre y nos asustamos con el cuero, y es que la Reforma Agraria ha sido víctima a en estos años de las ministras de agricultura y altos funcionarios que imponen su credo (...) la idiotez de lo perfecto».

El inicio del «golpe blando» que anuncia Petro no ha sido percibido así por el abanico político colombiano. Salvo los integrantes del Pacto Histórico que respaldan la visión presidencial, otros actores han desestimado la aseveración de Petro, adjudicándole un intento de «victimización», en un caso; atribuyéndole al Presidente desconocimiento de la separación de poderes del Estado, en otro; explicando las distinciones entre lo que es el fuero presidencial y la investigación de la campaña; y otras consideraciones alejadas del riesgo institucional.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.