Por Carlos Gervasoni

Desde hace años investigaciones periodísticas y académicas se vienen planteando si las provincias argentinas son democráticas. Estudios sobre Santiago del Estero bajo los Juárez, el San Luis de los Rodríguez Saá y la Santa Cruz kirchnerista tendieron a encontrar tanto o más autoritarismo que democracia.

La evidencia de otras partes del mundo muestra que, aun en países claramente democráticos a nivel nacional, existen regiones en los que el autoritarismo se mezcla con, y a veces eclipsa a, la democracia.

Argentina responde a ese patrón. Aunque todas nuestras provincias gozan de un piso de institucionalidad democrática, es claro que hay diferencias importantes entre ellas en las dos dimensiones clave de la democracia liberal: la competencia electoral razonablemente igualitaria por el poder y los pesos y contrapesos que limitan el abuso del poder.

Por ejemplo, la limpieza del acto electoral en sí mismo es generalmente bien evaluada. No ocurre lo mismo con la igualdad en las condiciones de competencia. En muchas provincias el oficialismo cuenta con exageradas ventajas electorales, no sólo por sus muy superiores recursos de campaña, sino también porque la cobertura de los medios provinciales está claramente sesgada en favor de sus candidatos. Uno de los aspectos más débiles de la democracia provincial es la división de poderes: con pocas excepciones los Ejecutivos provinciales concentran gran poder y enfrentan escasas o nulas limitaciones de los poderes legislativos y judiciales. Tampoco las agencias de control -tribunales de cuentas, fiscalías de Estado- cumplen con efectividad su tarea. A esta deficiencia del control institucional se suma la frecuente debilidad del control social, especialmente el ejercido a través de los medios de comunicación.

Expertos de varias provincias coinciden en que los medios son exitosamente controlados, presionados y/o sobornados por el gobierno provincial.

En clave más optimista, en ningún distrito prevalecen las prácticas autoritarias más duras: los gobiernos no asesinan ni encarcelan a políticos y periodistas opositores y, en general, no discriminan a sus habitantes por motivos religiosos, raciales o sexuales.

Sí, en cambio, algunas policías provinciales se exceden con preocupante frecuencia en el uso de la fuerza.

Tomando en cuenta todos los aspectos evaluados, surge que la CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe ostentan regímenes básicamente democráticos. En el otro extremo, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero presentan déficits importantes en varios de los aspectos mensurados. Las evaluaciones de los expertos coinciden a grandes rasgos con indicadores objetivos que la ciencia política utiliza para evaluar niveles de democracia, tales como la competitividad electoral, la rotación en el poder y el tamaño de las mayorías legislativas.

En Formosa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz, por ejemplo, ha gobernado el mismo partido desde 1983, a menudo con mayorías electorales y legislativas sospechosamente abrumadoras. Entre Ríos o Mendoza, en cambio, han tenido desde 1983 elecciones siempre competitivas, varias rotaciones en el poder y legislaturas con representación importante de la oposición.

¿Por qué estas diferencias entre provincias? ¿Es simplemente el nivel de desarrollo? Nótese que algunas provincias con buenos indicadores socioeconómicos, como Santa Cruz y San Luis, son menos democráticas que otras más pobres como Chaco y Corrientes. La respuesta puede provenir de un lugar inesperado: Oriente Medio.

Las generosas transferencias federales a ciertas provincias equivalen a las rentas petroleras que sustentan los regímenes autoritarios del Golfo. Los gobernadores de provincias fuertemente subsidiadas (las beneficiarias de la arbitraria distribución secundaria de nuestra coparticipación) tienden a establecer sistemas políticos hegemónicos en los que, invirtiendo la ecuación democrática, los ciudadanos dependen de los gobernantes.

Nuestro federalismo fiscal, tan cuestionado por su complejidad e inequidad, podría entonces también ser responsable de los déficits democráticos provinciales.

Curiosamente, desde 1983 nuestros presidentes han provenido mayoritariamente de provincias rentísticas y poco democráticas. Es posible que porteños, bonaerenses, cordobeses y santafesinos estén subsidiando pequeñas satrapías provinciales que funcionan como campos de prueba y entrenamiento para los aspirantes a la hegemonía nacional.

Carlos Gervasoni es profesor en la Universidad Di Tella y miembro del Consejo Académico de CADAL.

Este artículo fue originalmente publicado en el diario Clarín el 17 de agosto de 2010.

 

Carlos Gervasoni

Consejero Académico

Profesor-Investigador en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y Gerente Regional del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctorado en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios sobre la democracia, federalismo, opinión pública y metodología de la investigación. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Journal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, Party Politics, Política y Gobierno, y World Politics. Es autor del libro Hybrid Regimes within Democracies. Fiscal Federalism and Subnational Rentier States (Cambridge University Press, 2018). Miembro fundador y presidente de CADAL entre 2003 y 2004.