las democracias sudamericanas pro mercado, que garantizan la alternancia de personas y partidos en el poder, deberían encontrar una alternativa superadora de integración regional. Esto significa blanquear las enormes diferencias políticas, económicas e institucionales entre los países de América Latina, que como nunca antes la situación en Siria puso en evidencia.

Por Gabriel C. Salvia y María Rosario Savini

La represión y matanzas perpetradas por la dictadura que gobierna en Siria, ante la vista del mundo entero, dejan en clara evidencia las convicciones políticas de varios gobiernos latinoamericanos. En efecto, tanto las posiciones de apoyo incondicional al régimen sirio por parte de países agrupados en el ALBA, como las de neutralidad y crítica, formuladas el 7 de octubre de 2011 durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Siria en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ofrecen un panorama más claro que nunca del mapa político de la región.

Hasta ahora se habían esbozado algunas clasificaciones superficiales sobre las características políticas de los diferentes gobiernos latinoamericanos, pero a partir del EPU de Siria la divisoria de aguas es mucho más cristalina: hay un grupo activamente comprometido con las prácticas autoritarias, liderado por Venezuela, Cuba y Ecuador; y otro conformado por Chile, Brasil, Uruguay y Perú que siguen el modelo de las democracias pro mercado de la Unión Europea.

Por ejemplo, en el diálogo interactivo del EPU de Siria realizado en Ginebra, Brasil se mostró seriamente preocupado por la situación de los derechos humanos en Siria, condenó los actos de violencia perpetrados por ambos bandos y declaró que la respuesta violenta a protestas pacíficas era inaceptable. Además, Brasil le recomendó a Siria que respetara la libertad de asociación y expresión.

En tanto, Uruguay reiteró su preocupación por la violenta represión de protestas pacíficas y el incremento de actos contrarios a las leyes internacionales de derechos humanos, y le recomendó al país mantener una relación de cooperación con el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos. Con respecto a los detenidos, Uruguay consideró que Siria debía liberar a los prisioneros de conciencia y detenidos arbitrariamente y poner fin a las intimidaciones, persecuciones y arrestos arbitrarios.

Chile, por su parte, llamó a Siria a generar condiciones para poner fin a la violencia y la represión, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aseguró que el estado de emergencia debía ser levantado para poder garantizar los derechos humanos. Además, le recomendó a Siria proteger a los grupos vulnerables, sobre todo a los niños y niñas y liberar a todos los detenidos por expresar libremente sus opiniones.

En tanto Perú, de manera firme lamentó que Siria no estuviera a la altura de los compromisos asumidos en marzo de 2011 relacionados con el mantenimiento de los más altos estándares en la protección de los derechos humanos. Tomó nota de que Siria no había cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales y no autorizaba el acceso de la Relatora Especial que hacía referencia a la situación de los defensores de los derechos humanos.

Contrariamente, Cuba felicitó a Siria por la adopción de una serie de medidas y la apertura al diálogo con la oposición, le recomendó seguir confrontando cualquier intento de intervención extranjera en sus asuntos internos, así como seguir tomando medidas a nivel nacional guiados por sus legítimas autoridades como una solución política a lo que está sucediendo en el país. En la misma línea, Ecuador reafirmó el derecho de las personas a la autodeterminación, el respeto por la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

La República Bolivariana de Venezuela fue un poco más lejos que sus socios del ALBA, señalando que, “a pesar de las serias dificultades y sufrimientos, Siria había enviado un mensaje de compromiso para con los derechos humanos”. También llamó la atención sobre los esfuerzos hechos por el país examinado para lograr la paz y la reconciliación nacional promoviendo reformas que aseguraran los derechos sociales y económicos. Venezuela reiteró su apoyo a Siria para preservar la unidad nacional y la estabilidad y recomendó “mantener el buen momento por el que atraviesa el país en lo referente a mejorar la legislación y las instituciones”. Incluso, Venezuela instó a Siria “a continuar con los esfuerzos por crear un entorno armónico con los ciudadanos, mantener la seguridad, la integridad del país, el orden público y proteger la propiedad pública y privada”.

Párrafo aparte merece el triste papel de la Argentina, especialmente por alardear de tener como eje de la política exterior a la protección internacional de los derechos humanos, algo muy declamado pero que en la práctica ha encontrado al gobierno de Cristina Kirchner más alineado con los dictadores que con los activistas pro- democráticos. Un motivo más para profundizar el aislamiento y el desprestigio internacional de la Argentina.

Para concluir, es evidente que en organismos como el flamante CELAC, la UNASUR o el Mercosur sería muy difícil adoptar una posición común en materia de promoción internacional de los derechos humanos. En consecuencia, las democracias sudamericanas pro mercado, que garantizan la alternancia de personas y partidos en el poder, deberían encontrar una alternativa superadora de integración regional. Esto significa blanquear las enormes diferencias políticas, económicas e institucionales entre los países de América Latina, que como nunca antes la situación en Siria puso en evidencia.

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y María Rosario Savini es Coordinadora del Observatorio de Relaciones Internacionales y DDHH del Proyecto Puente Democrático de CADAL.

 

Gabriel C. Salvia y María Rosario Savini

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y María Rosario Savini es Coordinadora del Observatorio de Relaciones Internacionales y DDHH del Proyecto Puente Democrático de CADAL.