Siempre conseguimos defender el derecho al estudio universitario dentro de la cárcel como un derecho universal, sin distinción de condena ni de ideología. Los derechos humanos no pueden ser atribuidos sólo a aquellos que piensan como nosotros, eso seria hacer lo mismo que hizo la dictadura, argumentaba yo en esa época.

Por Héctor Ricardo Leis

Hace poco leí que la agrupación Vatayón controlaba políticamente las cárceles federales, y después que el consejo universitario de la UBA había prohibido por unanimidad a los militares de la dictadura que estudiasen dentro de la cárcel en el Programa UBA XXII, basándose en el paradójico argumento de que quienes violan los derechos humanos no tienen derecho a estudiar. Conocerán esa metáfora que ilustra la teoría del caos, que afirma que el aletear de una mariposa en un extremo del planeta puede producir un tifón en el otro extremo. Pues bien: esas dos historias son una comprobación de la teoría del caos aplicada a mis propias acciones. Siempre pensé que una de las mejores cosas que había hecho en la vida, había sido crear condiciones propicias para que ese programa de UBA XXII fuese posible

Al volver a la Argentina, en 1985, fui profesor del CBC de la UBA. Un día la coordinadora me mandó a la cárcel de Devoto para ver que querían tres presos comunes que se habían matriculado en el CBC. Yo me mandé para allá acompañado apenas de mis fantasmas (había estado preso en Devoto casi un año, entre 1971-1972). En Devoto me enteré de que los tres internos matriculados querían ser trasladados todos los días a la universidad, con la evidente intención de huir por el camino. Les dije que eso dependía del juez —que por cierto no los iba a dejar salir para estudiar— pero que lo que yo podía hacer era darles clases todas las semanas durante el primer semestre de las dos primeras materias (Introducción al Conocimiento Científico e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado). Les comenté que haríamos eso bajo cuerda; si esperabamos una aprobación formal de la UBA la cosa podría demorar mucho o no ocurrir nunca. La apuesta era crear un hecho consumado (el derecho adquirido de los internos a seguir estudiando, por causa de haber aprobado dos materias) que obligara a la UBA a aceptar la idea. Y así fue. Les dí clases durante un semestre por mi cuenta y sacrificio (viajaba en colectivo desde Avellaneda a Devoto). Al final del semestre les tomé examen, aprobaron, y después otros dos profesores firmaron el acta de examen de forma solidaria (e ilegal, ya que el reglamento exige que en la mesa de examenes haya tres profesores presentes, y no uno, como fue el caso).

Como esperaba, la cosa funcionó. Después de ese semestre, aunque a regañadientes de muchos, la UBA decidió aceptar la propuesta. Quedó claro para mí que sólo podría haberse logrado de esa manera, ya que varias autoridades manifestaron una clara reticencia a embarcarse en esa “aventura”. En la época del rector Shuberoff, el decano de derecho argumentaba que no era posible que asesinos como Schoklender se recibiesen de abogados, y el propio rector decía que él no firmaría el diploma de un criminal. Y hubo también profesores que se sintieron “engañados” y salieron corriendo de UBA XXII cuando descubrieron que se habían enamorado de la inteligencia de dos internos que, a pesar de estar como presos comunes, habían sido informantes de los servicios de inteligencia de la dictadura.

Yo había sido profesor de esos informantes (estaban entre mis tres primeros alumnos), así como de Schoklender y de Firmenich y de tantos otros. Nunca pregunté ni quise saber lo que habían hecho. Fui vice-coordinador de ese programa hasta mi regreso a Brasil en 1989. Tanto la coordinadora del programa como yo siempre enfrentamos esas oposiciones como preconceptos, como algo que no tenía cabida dentro del Estado de Derecho. Nadie puede ser condenado más de una vez por el mismo delito, ese es un principio básico del derecho en cualquier país del mundo, y si la UBA quisiera impedir que algún condenado estudie, lo estaría condenando dos veces. Sin contar, además, con que si los derechos son universales, no se puede discriminar su concesión dentro de un mismo universo (en este caso, los internos en una cárcel).

Siempre conseguimos defender el derecho al estudio universitario dentro de la cárcel como un derecho universal, sin distinción de condena ni de ideología. Los derechos humanos no pueden ser atribuidos sólo a aquellos que piensan como nosotros, eso seria hacer lo mismo que hizo la dictadura, argumentaba yo en esa época. Y en una línea más foucaultiana agregaba que en la cárcel no existen ideologías, existen presos. Como dije antes, siempre pensé que mi participación en ese programa me llevaría al cielo de los justos. Gracias a UBA XXII las prisiones federales de Argentina fueron un ejemplo a seguir en todo el mundo.

Estaba equivocado. No había pensado en el caos inherente a los asuntos humanos, que pudo transformar mi intervención de 1985 a favor de los derechos humanos en las cárceles en algo que sirvió indirectamente para que llegase a existir, casi tres décadas despues, la agrupación de presos kirchneristas Vatayón (que según afirman sus integrantes se escribe con V de Victoria y de Verga). Y en algún sentido también sirvió para que la UBA manchase su historia a favor de los derechos humanos con la exclusión de esos militares del CBC.

Fuente: Los Trabajos Prácticos

 

Héctor Ricardo Leis

Ex-Consejero Académico

Master en Ciencia Política por la University of Notre Dame y Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Fue profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entre los libros de su autoría se destacan: El Movimiento por los Derechos Humanos y la Política Argentina, 1989; Intelectuales y Política: Estudio del Debate Intelectual Argentino, 1991; y Un Testamento de los años 70, 2013. Nació en Argentina y es naturalizado brasileño.