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Promoción de la Apertura Política en Cuba
La posición común europea sobre Cuba y el compromiso internacional con los Derechos Humanos
El problema de la posición común de la UE hacia Cuba ha sido el incumplimiento de la misma y la falta de compromiso internacional con los Derechos Humanos por parte de muchos de los países –Italia y Francia, por ejemplo- o, en el caso de España, no haber sido adoptada como política de estado de los distintos gobiernos.Por Gabriel C. Salvia
La posición común sobre Cuba, adoptada el 2 de diciembre de 1996 por la Unión Europea, es un antecedente muy valioso de política exterior en materia de Derechos Humanos al que sin embargo algunos analistas lo califican como “contraproducente”.
En palabras de Susanne Gratius, Investigadora Senior de FRIDE, “la práctica política señala que el condicionamiento y la presión no son instrumentos idóneos para promover la democracia”. Aunque ejemplos como las incesantes presiones internacionales a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile o al régimen del apartheid en Sudáfrica que incluía un amplio embargo, refutan lo expresado por la analista del prestigioso think tank español.
Pero aunque la denuncia internacional y los reclamos de apertura política a una dictadura efectivamente no logren sus objetivos, desde la perspectiva democrática es inadmisible aceptar que autoridades ilegítimas, como en este caso las de Cuba, hagan prevalecer sus condiciones y mucho menos ante la Unión Europea, cuyos estados miembro deben garantizar internamente la vigencia de las libertades civiles y políticas.
En el caso de la posición común de la UE hacia Cuba el problema ha sido el incumplimiento de la misma y la falta de compromiso internacional con los Derechos Humanos por parte de muchos de los países –Italia y Francia, por ejemplo- o, en el caso de España, no haber sido adoptada como política de estado de los distintos gobiernos.
En realidad, el único cuestionamiento serio a la Posición Común de la UE sobre Cuba es respecto al punto 3 inciso d, referido a evaluar “la evolución de la política interior y exterior cubana según las mismas normas que aplica la Unión Europea a sus relaciones con otros países, en particular la ratificación y cumplimiento de los convenios internacionales sobre los derechos humanos”. Esto es, la inconsecuencia en no adoptar con otras dictaduras, como China, Arabia Saudita o Bahrein, la misma firmeza que impulsan respecto a Cuba. En todo caso, en lugar de dejar sin efecto la Posición Común de la UE hacia Cuba, sería deseable para la promoción internacional de los Derechos Humanos, extender la misma a países igualmente represivos.
Salvo el mencionado cuestionamiento, cuesta entender la idea de dar marcha atrás frente a una posición comprometidamente progresista que, por ejemplo, establece: “La Unión Europea considera que una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Acaso puede ser otra la política exterior democrática frente a una dictadura?
Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Gabriel C. SalviaDirector GeneralActivista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.
La posición común sobre Cuba, adoptada el 2 de diciembre de 1996 por la Unión Europea, es un antecedente muy valioso de política exterior en materia de Derechos Humanos al que sin embargo algunos analistas lo califican como “contraproducente”.
En palabras de Susanne Gratius, Investigadora Senior de FRIDE, “la práctica política señala que el condicionamiento y la presión no son instrumentos idóneos para promover la democracia”. Aunque ejemplos como las incesantes presiones internacionales a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile o al régimen del apartheid en Sudáfrica que incluía un amplio embargo, refutan lo expresado por la analista del prestigioso think tank español.
Pero aunque la denuncia internacional y los reclamos de apertura política a una dictadura efectivamente no logren sus objetivos, desde la perspectiva democrática es inadmisible aceptar que autoridades ilegítimas, como en este caso las de Cuba, hagan prevalecer sus condiciones y mucho menos ante la Unión Europea, cuyos estados miembro deben garantizar internamente la vigencia de las libertades civiles y políticas.
En el caso de la posición común de la UE hacia Cuba el problema ha sido el incumplimiento de la misma y la falta de compromiso internacional con los Derechos Humanos por parte de muchos de los países –Italia y Francia, por ejemplo- o, en el caso de España, no haber sido adoptada como política de estado de los distintos gobiernos.
En realidad, el único cuestionamiento serio a la Posición Común de la UE sobre Cuba es respecto al punto 3 inciso d, referido a evaluar “la evolución de la política interior y exterior cubana según las mismas normas que aplica la Unión Europea a sus relaciones con otros países, en particular la ratificación y cumplimiento de los convenios internacionales sobre los derechos humanos”. Esto es, la inconsecuencia en no adoptar con otras dictaduras, como China, Arabia Saudita o Bahrein, la misma firmeza que impulsan respecto a Cuba. En todo caso, en lugar de dejar sin efecto la Posición Común de la UE hacia Cuba, sería deseable para la promoción internacional de los Derechos Humanos, extender la misma a países igualmente represivos.
Salvo el mencionado cuestionamiento, cuesta entender la idea de dar marcha atrás frente a una posición comprometidamente progresista que, por ejemplo, establece: “La Unión Europea considera que una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Acaso puede ser otra la política exterior democrática frente a una dictadura?
Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).