(Buenos Aires Herald) Es una desgracia que la mayoría de los gobiernos de la región no hayan sido contundentes levantándose por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, cuando la oposición asocia los pedidos de liberación de López y otros presos políticos con el voto contra el gobierno el 6 de diciembre, los líderes democráticos en Latinoamérica encuentran la excusa perfecta para no meterse. La defensa de los derechos humanos debiera ser una prioridad de los gobierno sin importar quién gane.

Por Patricio Navia

(Buenos Aires Herald) La tímida reacción de los gobiernos latinoamericanos ante la sentencia a 13 años de prisión contra el líder de la oposición venezolana Leopoldo López refleja las limitaciones de la protección de los derechos humanos en la región. Y, la manera en que la oposición venezolana ha intentado transformar la encarcelación de López y otros presos políticos en una campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, dificulta que los gobiernos en la región puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela sin involucrarse directamente en los asuntos políticos internos de otro país.

El caso judicial contra Leopoldo López, un líder de la oposición arrestado hace 19 meses por supuestamente ser responsable de la violencia que tuvo lugar en manifestaciones convocadas por la oposición en febrero de 2014, no resiste ningún análisis. Amnistía Internacional ha denunciado que los cargos estaban motivados políticamente. Tras varios meses demorando la decisión, el sistema judicial venezolano sentenció recientemente a López a 13 años de prisión.

Si bien la justicia venezolana es formalmente independiente, existen sospechas bien fundadas de que el caso contra López estuvo orquestado por el Presidente Nicolás Maduro. El gobierno buscó apuntar a López precisamente porque representaba la oposición más radical. La oposición moderada, encabezada por el ex candidato a presidente Henrique Capriles, constituía una mayor amenaza al gobierno a comienzos de 2014 ya que Capriles obtenía el apoyo de los ex simpatizantes de Maduro ahora insatisfechos. La movida para dividir a la oposición funcionó ya que la detención de López radicalizó a gran parte de la oposición. La oposición moderada perdió base política y electoral. Tras perder estrechamente con Maduro en la elección de 2013 – que tuvo lugar poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez – Henrique Capriles ahora perdió el lugar de ser el líder de la oposición mejor valorado en manos del menos moderado, Leopoldo López.

Habiendo administrado mal la economía, la inflación está fuera de control y la caída en el precio del petróleo ha limitado la capacidad gubernamental de financiar ambiciosos esquemas de gasto social – el gobierno busca polarizar aún más la opinión pública frente a las elecciones de diciembre. Si bien el sistema electoral está hecho para que sea más fácil al gobierno ganar una mayoría de bancas en el Congreso unicameral aún si la oposición gana la mayoría de los votos, la mayor parte de las encuestas indican que el gobierno sufrirá un duro golpe si los votos son lo suficientemente altos. La aprobación presidencial de Maduro está por el 20%, pero muchos venezolanos desencantados pueden optar por abstenerse, facilitándole al gobierno la movilización de los votos suficientes para retener la mayoría en la legislatura.

La oposición apostó a ganar una mayoría de votos y bancas el 6 de diciembre y luego, controlando la Asamblea Nacional, aprobar una ley de amnistía para liberar a López y otros prisioneros políticos. Más aún, algunos opositores creen que, si Maduro pierde, se verá obligado a renunciar por su propio Partido Socialista Unido. Si bien mucho venezolanos aún tienen una buena imagen del fallecido presidente Chávez, Maduro carece del carisma, la habilidad política y el conveniente precio del petróleo para igualar el liderazgo de su predecesor. La elección del 6 de diciembre se presenta como un referéndum para Maduro. Precisamente por esta razón, la administración Maduro está intentando transformarla en un referéndum a la oposición radical. Maduro sabe que no puede ganar sólo con sus méritos, pero espera poder convencer a la mayoría de los venezolanos que una oposición liderada por López representaría un retorno al impopular régimen pre-Chávez.

La sentencia judicial contra López fue duramente criticada por ex presidentes democráticos latinoamericanos, el gobierno de Estados Unidos, Amnistía Internacional y otras organizaciones de

derechos humanos. Sin embargo, en su mayoría, los gobiernos de Latinoamérica prefirieron evitar el tema o no denunciaron a la administración de Maduro.

La defensa tímida de los derechos humanos por parte de los gobiernos latinoamericanos es, en parte, en respuesta al capital político que la oposición está intentando obtener de la sentencia a López. Para la oposición, defender los derechos humanos equivale a apoyo electoral. Dado que los gobiernos democráticos de Latinoamérica no pueden tomar partido en asuntos políticos internos de una democracia vecina (aun cuando esa democracia no funciona para nada bien), prefieren no involucrarse en la escandalosa e inaceptable sentencia contra López.

La oposición venezolana está utilizando una estrategia mal concebida. Habría que presionar a los gobiernos latinoamericanos para que se expresen en defensa de los derechos humanos. Es una desgracia que la mayoría de los gobiernos de la región no hayan sido contundentes levantándose por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, cuando la oposición asocia los pedidos de liberación de López y otros presos políticos con el voto contra el gobierno el 6 de diciembre, los líderes democráticos en Latinoamérica encuentran la excusa perfecta para no meterse. La defensa de los derechos humanos debiera ser una prioridad de los gobierno sin importar quién gane. En los foros internacionales, la oposición debería contenerse de mezclar sus exigencias de liberación a López y otros presos políticos con la elección del 6 de diciembre. Al hacerlo, la oposición eliminaría la principal excusa de los gobiernos democráticos latinoamericanos para evitar levantar su voz por la liberación de López.

Este artículo fue originalmente publicado en The Buenos Aires Herald, el 22 de septiembre de 2015.

Traducción de Hernán Alberro.

Patricio Navia

Consejero Académico

Doctor en ciencias políticas (New York University). Anteriormente obtuvo un master en la misma disciplina de la Universidad de Chicago y una licenciatura en ciencias políticas y sociología de la Universidad de Illinois. Es profesor titular de estudios liberales y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York University. En Chile, es profesor titular de ciencias políticas en la Universidad Diego Portales. Es autor de varios libros y especialista en elecciones, opinión pública, sistemas de partidos y relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina. Es columnista en varios medios, incluido El Líbero (Chile) y Americas Quarterly (EEUU).