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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Laos
Entre las situaciones más graves de la Republica Democrática y Popular de Laos
en materia de Derechos Humanos (DDHH) sobresalen las siguientes: casos de
discriminaciones ante minorías étnicas (entre otras los hmong); casos de torturas y
malos tratos en las prisiones del país; casos de malos tratos y trata de personas, y
sobre todo de niños; falta al derecho a la educación para los niños; y no respeto del
principio de no devolución de los solicitantes de asilo. Durante el diálogo interactivo,
73 delegaciones hicieron declaraciones.
Laos, oficialmente República Popular de Lao, tras la caída de la monarquía en 1975, se transformó en un Estado comunista, con economía de mercado y hegemonía absoluta del Partido Popular Revolucionario de Laos (LPRP), que ha restringido severamente derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.
Laos está gobernado desde junio de 2006 por CHOUMMALI Saiyasone, Lt. Gen, quien fue vicepresidente entre 2001-2006 y ministro de defensa. Su relevo está previsto tras el próximo Congreso del Partido Popular Revolucionario en 2016. Tiene la potestad de nombrar y cesar al Primer Ministro (Thongsing Thammavong).
El Poder Legislativo es un órgano unicameral compuesto por 132 representantes elegidos cada cinco años. En las elecciones a la Asamblea Nacional pueden votar los laosianos mayores de 18 años quienes eligen a los miembros de la Asamblea entre una lista establecida por el LPRP. Si bien la Constitución de 1991 consagra como partido único al LPRP, pueden presentarse candidatos independientes que deben contar con la aprobación del “Frente para la Reconstrucción Nacional de Laos”, organismo controlado por el LPRP en el que convergen asociaciones comerciales y campesinas como grupos religiosos y económicos.
Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia son elegidos por la Asamblea Nacional a recomendación del Comité Permanente. Son considerados corruptos y controlados por el LPRP. Se considera común el retardo procesal, especialmente en los casos relacionados con quejas públicas. Los presos sufren torturas y en ocasiones deben sobornar a funcionarios para obtener un trato más humano.
Según los informes de Freedom House y Human Rights Watch, la libertad de expresión y asociación en Laos es casi nula, el gobierno restringe severamente la libertad de reunión y prohíbe la participación a organizaciones que se dedican a manifestaciones, protestas públicas o son acusadas de "inestabilidad social". Los infractores pueden recibir penas de hasta cinco años de prisión. Cabe destacar que la desaparición forzada en 2012 del destacado activista Sombath Somphone permanece sin resolver a pesar de los pedidos de organizaciones como Amnistía Internacional.
La censura es frecuente porque las autoridades utilizan tácticas legales e intimidatorias contra los críticos del Estado, que a su vez es propietario de casi todos los medios de comunicación. Los periodistas que critican al gobierno o discuten temas polémicos, tienen un riesgo a ser castigados y el código penal lo avala. El gobierno aprobó una ley de ciberdelincuencia restrictiva, que tipifica como delito la publicación de contenido vagamente definido, incluyendo críticas al LPRP.
Laos es considerado uno de los países con menores grados de libertades civiles en el mundo, toda la tierra es propiedad del Estado, aunque los laosianos tienen derechos de uso y se ha otorgado tierras a ciudadanos con conexiones con el gobierno. Asimismo la discriminación contra las minorías étnicas es común. Tribus como los Hmong, que enviaron un ejército guerrillero aliado con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam se enfrentan a un trato duro por parte el gobierno.
