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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
27-04-2017El nuevo gobierno de Ecuador y la libertad de expresión
En la década de gobierno de Correa, la relación con los medios de comunicación adquirió gran relevancia, específicamente tras la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013. Durante la campaña, Moreno se pronunció en contra de una derogación de la normativa, que los partidos opositores califican de «mordaza» a la libertad de expresión, pero no descartó la posibilidad de realizar una revisión al texto.Por Macarena Castro
Tras diez años de “revolución ciudadana” por parte del gobierno de Rafael Correa, el 24 de mayo de 2017 asumirá la presidencia de Ecuador el candidato oficialista, Lenin Moreno. Para comprender la situación política actual del país, es importante analizar la relación que el futuro mandatario plantea con los medios de comunicación y cómo puede diferenciarse de la administración Correa.
Moreno maneja un discurso más conciliador en contraste con un Correa combativo. El partido que ambos integran, Alianza PAÍS, gobierna Ecuador desde la primera victoria electoral de Correa en 2007. Durante su primer período y hasta 2013, Moreno se desempeñó como vicepresidente.
En la década de gobierno de Correa, la relación con los medios de comunicación adquirió gran relevancia, específicamente tras la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013. Durante la campaña, Moreno se pronunció en contra de una derogación de la normativa, que los partidos opositores califican de “mordaza” a la libertad de expresión, pero no descartó la posibilidad de realizar una revisión al texto.
Asimismo, añadió al ser consultado por la prensa que “abrirá una etapa de diálogo con los medios de comunicación que se regirá por el hecho de que la libertad de expresión debe estirarse lo más posible, aunque en un marco de respeto a derechos integrados en la ley, a la crítica fundamentada y sin caer en excesos”.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue sancionada por la Asamblea Nacional a fines de junio de 2013. En sus artículos 5 y 71, califica a la comunicación como un servicio público, lo que generó posturas antagónicas. Para los detractores de la normativa, las comunicaciones no deben regularse ya que esto daría lugar a una intromisión del Estado y a una monopolización de la información. Quienes están a favor, en cambio, sostienen que va en línea con el derecho a la libertad de expresión.
A principios de diciembre de 2015, esta definición fue incorporada a la Constitución de 2008 por medio de una enmienda. Para la ONG Fundamedios, se trató de “un grave retroceso y vulneración” al derecho a expresarse libremente.
Otro punto criticado de la ley es la repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, que establece una distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios. Críticos a la ley insisten en que no garantiza la independencia de los medios públicos. Para el ex candidato a presidente por el partido CREO, Guillermo Lasso, “los medios de comunicación públicos hoy no actúan como medios independientes del gobierno”.
Según la organización estadounidense Freedom House, la mayoría de los medios de comunicación en Ecuador son privados, entre los cuales se encuentran aquellos bajo influencia directa o indirecta del Gobierno. Denuncia, asimismo, que el escenario mediático está polarizado, ya que “la mayoría de los medios defienden puntos de vista oficialistas u opositores”.
Por otro lado, tanto Freedom House como Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otras instituciones y actores críticos al correísmo, acusan al Gobierno de perseguir a las voces opositoras en los medios de comunicación bajo el pretexto de que se está cometiendo una “difamación”.
También cobra importancia el concepto de “linchamiento mediático”, introducido en el artículo 26 de la ley, que prohíbe la difusión de información “producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. En caso de que la Superintendencia de Información y Comunicación (la SUPERCOM, ente encargado de fiscalizar y aplicar sanciones) juzgue una declaración bajo este precepto, el autor de los dichos debe realizar una disculpa pública.
Del mismo modo, la ley establece multas por reincidencia “equivalentes del 1 al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses” y, luego una multa “del doble de lo cobrado en cada ocasión anterior”.
Un ejemplo es el del periodista Emilio Palacio, que en 2011 tuvo un conflicto con el gobierno de Correa tras la publicación de un artículo en El Universo que tituló “No a las mentiras”, en el que llama “dictador” al presidente. Correa demandó al directorio del diario y al reportero por injuria y exigió 80 millones de dólares. El juez a cargo de la causa condenó a los acusados a tres años de prisión y al pago de u$s40 millones. En 2012, Correa perdonó a los sentenciados y Palacio se exilió en Miami.
La oposición presentó a la Asamblea Nacional al menos cinco proyectos para modificar artículos de la ley. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó al Gobierno que a causa de las multas varios medios debieron cerrar y que se ha llegado a “un nivel de autocensura cada vez más alto”.
Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, “el criterio periodístico ya no prima en las redacciones” y “los medios tienen equipos de abogados que revisan cada nota”. En conversación con el diario español El País, un periodista ecuatoriano -resguardado en el anonimato- reconoció que “la responsabilidad subsidiaria hace que los medios tengan restricciones para publicar ciertas cosas por las multas”.
El temor a las represalias por parte del Gobierno comenzó a afectar a los contenidos de las notas, en particular a los editoriales y las columnas de opinión. Luego del caso de Emilio Palacio del diario El Universo -uno de los choques más fuertes que Correa tuvo históricamente con la prensa-, columnistas de cinco diarios ecuatorianos volcaron sus opiniones en un artículo del periódico El Comercio llamado “¿Existe autocensura en Ecuador?” acerca de los riesgos que implica escribir artículos de opinión y la necesidad de ser rigurosos.
Según datos de Fundamedios, los casos de autocensura en medios e Internet han escalado de 2 en 2010 a 76 en 2016. Durante este período tuvieron lugar un total de 61 episodios. A fines de marzo, la ONG registraba ya 6 casos de autocensura en lo que va del año.
La administración de Correa ha recriminado en reiteradas oportunidades a los medios la omisión de información en sus artículos, amparándose en la definición de las comunicaciones como servicio público. La representante del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, Viviana Paredes, llegó incluso a sostener que, con respecto a los temas de interés público, “no deciden los medios, no deciden las personas, deciden las instituciones a través de la norma jurídica”.
Sus declaraciones, a mediados de abril de este año, aluden a una demanda contra siete medios del país por no haber cubierto un artículo publicado en el diario argentino Página 12 que acusa al ex candidato Guillermo Lasso de la constitución de 49 empresas offshore en paraísos fiscales.
Este reciente caso no vendría a ser el primero en el cual el gobierno apunta a los medios de comunicación por “no informar” sobre determinados hechos. Luego de un viaje de Correa a Chile para recibir un título de doctor honoris causa y entrevistarse con Michelle Bachelet, el mandatario arremetió contra cuatro medios por sus coberturas del viaje.
Por otra parte, el Gobierno ha aplicado censura previa -prohibida en la misma ley- a los medios. Un caso referente fueron las restricciones impuestas durante la erupción del volcán Cotopaxi en 2015. En agosto, el presidente firmó un decreto que imponía el “estado de excepción en todo el país” y que avalaba la “censura previa” de las informaciones “que no fueran de boletines oficiales”.
Para RSF, “no es válido restringir a los reporteros para transmitir únicamente las noticias de las fuentes científicas oficiales y desdeñar el resto de las fuentes”. Tras la emisión del decreto presidencial, manifestantes se movilizaron en contra y al menos veinte fueron detenidos, entre ellos un fotógrafo de El Comercio.
Un último caso controversial involucra la persecución contra la ONG Fundamedios en 2015, cuando la Secretaría de Comunicación (Secom) exigió la disolución de la organización con el argumento de que había “difundido mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos”. Fundamedios se dedica a rastrear las violaciones a la libertad de expresión en Ecuador y ha denunciado alrededor de 600 ataques entre 2008 y 2012.
En la actualidad, Ecuador ocupa el puesto 105 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa 2017 de RSF. Según Freedom House, el país no se encuentra en un estado de libertad de prensa, mientras que la libertad de expresión en Internet es parcialmente libre. Asimismo, asigna al país como puntaje de libertad de prensa un 66/100 -siendo 0/100 el puntaje ideal- conformado por las siguientes áreas: legal (23/30), política (27/40) y económica (16/30).
Ante este escenario, resta esperar si Lenin Moreno efectivamente revisará la polémica ley de medios, como anunció, o si planteará una continuidad con respecto al accionar de su padrino político, Rafael Correa.
Macarena CastroMacarena Castro es estudiante de periodismo en la Universidad del Salvador (USAL) y pasante de CADAL como colaboradora en el portal Análisis Latino.
Tras diez años de “revolución ciudadana” por parte del gobierno de Rafael Correa, el 24 de mayo de 2017 asumirá la presidencia de Ecuador el candidato oficialista, Lenin Moreno. Para comprender la situación política actual del país, es importante analizar la relación que el futuro mandatario plantea con los medios de comunicación y cómo puede diferenciarse de la administración Correa.
Moreno maneja un discurso más conciliador en contraste con un Correa combativo. El partido que ambos integran, Alianza PAÍS, gobierna Ecuador desde la primera victoria electoral de Correa en 2007. Durante su primer período y hasta 2013, Moreno se desempeñó como vicepresidente.
En la década de gobierno de Correa, la relación con los medios de comunicación adquirió gran relevancia, específicamente tras la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013. Durante la campaña, Moreno se pronunció en contra de una derogación de la normativa, que los partidos opositores califican de “mordaza” a la libertad de expresión, pero no descartó la posibilidad de realizar una revisión al texto.
Asimismo, añadió al ser consultado por la prensa que “abrirá una etapa de diálogo con los medios de comunicación que se regirá por el hecho de que la libertad de expresión debe estirarse lo más posible, aunque en un marco de respeto a derechos integrados en la ley, a la crítica fundamentada y sin caer en excesos”.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue sancionada por la Asamblea Nacional a fines de junio de 2013. En sus artículos 5 y 71, califica a la comunicación como un servicio público, lo que generó posturas antagónicas. Para los detractores de la normativa, las comunicaciones no deben regularse ya que esto daría lugar a una intromisión del Estado y a una monopolización de la información. Quienes están a favor, en cambio, sostienen que va en línea con el derecho a la libertad de expresión.
A principios de diciembre de 2015, esta definición fue incorporada a la Constitución de 2008 por medio de una enmienda. Para la ONG Fundamedios, se trató de “un grave retroceso y vulneración” al derecho a expresarse libremente.
Otro punto criticado de la ley es la repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, que establece una distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios. Críticos a la ley insisten en que no garantiza la independencia de los medios públicos. Para el ex candidato a presidente por el partido CREO, Guillermo Lasso, “los medios de comunicación públicos hoy no actúan como medios independientes del gobierno”.
Según la organización estadounidense Freedom House, la mayoría de los medios de comunicación en Ecuador son privados, entre los cuales se encuentran aquellos bajo influencia directa o indirecta del Gobierno. Denuncia, asimismo, que el escenario mediático está polarizado, ya que “la mayoría de los medios defienden puntos de vista oficialistas u opositores”.
Por otro lado, tanto Freedom House como Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otras instituciones y actores críticos al correísmo, acusan al Gobierno de perseguir a las voces opositoras en los medios de comunicación bajo el pretexto de que se está cometiendo una “difamación”.
También cobra importancia el concepto de “linchamiento mediático”, introducido en el artículo 26 de la ley, que prohíbe la difusión de información “producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. En caso de que la Superintendencia de Información y Comunicación (la SUPERCOM, ente encargado de fiscalizar y aplicar sanciones) juzgue una declaración bajo este precepto, el autor de los dichos debe realizar una disculpa pública.
Del mismo modo, la ley establece multas por reincidencia “equivalentes del 1 al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses” y, luego una multa “del doble de lo cobrado en cada ocasión anterior”.
Un ejemplo es el del periodista Emilio Palacio, que en 2011 tuvo un conflicto con el gobierno de Correa tras la publicación de un artículo en El Universo que tituló “No a las mentiras”, en el que llama “dictador” al presidente. Correa demandó al directorio del diario y al reportero por injuria y exigió 80 millones de dólares. El juez a cargo de la causa condenó a los acusados a tres años de prisión y al pago de u$s40 millones. En 2012, Correa perdonó a los sentenciados y Palacio se exilió en Miami.
La oposición presentó a la Asamblea Nacional al menos cinco proyectos para modificar artículos de la ley. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó al Gobierno que a causa de las multas varios medios debieron cerrar y que se ha llegado a “un nivel de autocensura cada vez más alto”.
Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, “el criterio periodístico ya no prima en las redacciones” y “los medios tienen equipos de abogados que revisan cada nota”. En conversación con el diario español El País, un periodista ecuatoriano -resguardado en el anonimato- reconoció que “la responsabilidad subsidiaria hace que los medios tengan restricciones para publicar ciertas cosas por las multas”.
El temor a las represalias por parte del Gobierno comenzó a afectar a los contenidos de las notas, en particular a los editoriales y las columnas de opinión. Luego del caso de Emilio Palacio del diario El Universo -uno de los choques más fuertes que Correa tuvo históricamente con la prensa-, columnistas de cinco diarios ecuatorianos volcaron sus opiniones en un artículo del periódico El Comercio llamado “¿Existe autocensura en Ecuador?” acerca de los riesgos que implica escribir artículos de opinión y la necesidad de ser rigurosos.
Según datos de Fundamedios, los casos de autocensura en medios e Internet han escalado de 2 en 2010 a 76 en 2016. Durante este período tuvieron lugar un total de 61 episodios. A fines de marzo, la ONG registraba ya 6 casos de autocensura en lo que va del año.
La administración de Correa ha recriminado en reiteradas oportunidades a los medios la omisión de información en sus artículos, amparándose en la definición de las comunicaciones como servicio público. La representante del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, Viviana Paredes, llegó incluso a sostener que, con respecto a los temas de interés público, “no deciden los medios, no deciden las personas, deciden las instituciones a través de la norma jurídica”.
Sus declaraciones, a mediados de abril de este año, aluden a una demanda contra siete medios del país por no haber cubierto un artículo publicado en el diario argentino Página 12 que acusa al ex candidato Guillermo Lasso de la constitución de 49 empresas offshore en paraísos fiscales.
Este reciente caso no vendría a ser el primero en el cual el gobierno apunta a los medios de comunicación por “no informar” sobre determinados hechos. Luego de un viaje de Correa a Chile para recibir un título de doctor honoris causa y entrevistarse con Michelle Bachelet, el mandatario arremetió contra cuatro medios por sus coberturas del viaje.
Por otra parte, el Gobierno ha aplicado censura previa -prohibida en la misma ley- a los medios. Un caso referente fueron las restricciones impuestas durante la erupción del volcán Cotopaxi en 2015. En agosto, el presidente firmó un decreto que imponía el “estado de excepción en todo el país” y que avalaba la “censura previa” de las informaciones “que no fueran de boletines oficiales”.
Para RSF, “no es válido restringir a los reporteros para transmitir únicamente las noticias de las fuentes científicas oficiales y desdeñar el resto de las fuentes”. Tras la emisión del decreto presidencial, manifestantes se movilizaron en contra y al menos veinte fueron detenidos, entre ellos un fotógrafo de El Comercio.
Un último caso controversial involucra la persecución contra la ONG Fundamedios en 2015, cuando la Secretaría de Comunicación (Secom) exigió la disolución de la organización con el argumento de que había “difundido mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos”. Fundamedios se dedica a rastrear las violaciones a la libertad de expresión en Ecuador y ha denunciado alrededor de 600 ataques entre 2008 y 2012.
En la actualidad, Ecuador ocupa el puesto 105 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa 2017 de RSF. Según Freedom House, el país no se encuentra en un estado de libertad de prensa, mientras que la libertad de expresión en Internet es parcialmente libre. Asimismo, asigna al país como puntaje de libertad de prensa un 66/100 -siendo 0/100 el puntaje ideal- conformado por las siguientes áreas: legal (23/30), política (27/40) y económica (16/30).
Ante este escenario, resta esperar si Lenin Moreno efectivamente revisará la polémica ley de medios, como anunció, o si planteará una continuidad con respecto al accionar de su padrino político, Rafael Correa.
