Un informe de la ONU describe un Estado totalitario que busca el control de los eritreos a través de un vasto aparato de seguridad que ha penetrado todos los niveles de la sociedad. Después de 25 años de gobierno por el presidente no electo Isaias Afwerki, los ciudadanos de Eritrea siguen siendo sujetos de uno de los gobiernos más opresivos del mundo.

Por Beniamino Brunati

Eritrea es una República unipartidista cuyo presidente, Isaias Afewerki, gobierna sin restricciones institucionales desde 1991, año en el que se proclamó la independencia de facto del país. El país se independizó de Etiopia en 1993, sin tener algún tipo de elección libre desde el autogobierno en 1991. Eritrea no tiene legislatura desde 2002. El poder judicial está sujeto al control del ejecutivo. Una constitución adoptada en 1997 sigue sin aplicarse. El espacio público para cuestionar la política gubernamental no existe. No se permite ninguna organización no gubernamental nacional.

El gobierno posee todos los medios de comunicación. En septiembre de 2001, el gobierno cerró todos los periódicos independientes y detuvo a sus principales periodistas. Ninguno fue llevado a juicio. Permanecen en detención solitaria, sin acceso para los miembros de la familia. Los guardias anteriores han informado que cerca de la mitad han muerto en la detención. Once autoridades de alto nivel que criticaron el gobierno de Isaias también fueron arrestadas y detenidas desde 2001. Las autoridades de Eritrea han ignorado los llamamientos, incluyendo la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el relator especial de la ONU para Eritrea, para su liberación o al menos un Audiencia judicial.

El gobierno persigue a los ciudadanos que practican religiones distintas de las cuatro que reconoce: el Islam sunita y las iglesias Ortodoxa, Católica y Evangélica (luterana) de Eritrea. El gobierno interfiere en las prácticas de las cuatro religiones que reconoce. Las autoridades depusieron al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Eritrea en 2006, designando a un sucesor un año más tarde. El patriarca depuesto permanece bajo arresto domiciliario más de 10 años después.

El gobierno de Eritrea es responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, que han creado un clima de temor para callar las voces de la disidencia.

La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Investigación de la ONU sobre Derechos Humanos en Eritrea (creada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2014) indica además que una gran proporción de la población está sometida a trabajos forzados y al encarcelamiento arbitrario. Según la Comisión, algunas de esas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad. En Eritrea manda el miedo, no la ley, según el informe de la ONU. A su vez, el Consejo en una resolución "condenó en los términos más enérgicos" las "violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos humanos" de Eritrea y pidió a la Asamblea General presentar los informes de la comisión a todos los "órganos pertinentes de la ONU". La Asamblea no tomó ninguna decisión pública sobre esa recomendación en su período de sesiones de octubre de 2016.

El informe describe un Estado totalitario que busca el control de los eritreos a través de un vasto aparato de seguridad que ha penetrado todos los niveles de la sociedad. Agrega que la información recopilada por ese sistema se utiliza con arbitrariedad para mantener a la población en un estado de ansiedad permanente. Después de 25 años de gobierno por el presidente no electo Isaias Afwerki, los ciudadanos de Eritrea siguen siendo sujetos de uno de los gobiernos más opresivos del mundo. El documento también destaca que cientos de miles de personas han huido del país y en desesperación recurren a rutas de escape peligrosas, a través del desierto y de países afligidos por conflictos, así como por el Mediterráneo.

Por ley, cada eritreo está obligado a servir 18 meses en servicio nacional a partir de los 18 años, pero en la práctica los reclutados sirven indefinidamente, muchos durante más de una década. El reclutamiento sin fin sigue siendo un motor principal de la migración.

A menudo los reclutas son asignados a proyectos arduos de construcción y agricultura no militares, aunque algunos sirvan en el servicio civil, educación y otros trabajos de servicio. Los reclutas se utilizan no sólo en proyectos relacionados con el gobierno, sino también en proyectos que benefician personalmente a los comandantes militares y otros funcionarios. El tratamiento de los conscriptos suele ser duro, dependiendo del capricho del comandante. El abuso físico, incluida la tortura, ocurre con frecuencia; lo mismo ocurre con la servidumbre doméstica forzada y la violencia sexual de los comandantes contra conscriptos femeninos. No existe un mecanismo de reparación para los reclutas que enfrentan abusos sexuales y otros. Los intentos de huir son severamente castigados. El 3 de abril, los nuevos reclutas que intentaban escapar de un convoy en Asmara fueron fusilados por guardias, matando a varios.

En la discusión de una gran concesión de la Unión Europea en 2015, los altos funcionarios de Eritrea anunciarion que el límite de 18 meses se aplicaría a nuevos conscriptos, pero no a los que ya sirven hace tiempo. En febrero, el gobierno abandonó la propuesta. En su lugar, el Presidente Isaias anunció que se aumentaría la remuneración de los conscriptos. Su ministro de Finanzas dijo que el pago de los reclutas que trabajan en la administración pública casi se triplicaría, sin hacer mención de aumentos para otros. Al momento, no hay pruebas de que el pago haya aumentado para la mayoría de los conscriptos.

Beniamino Brunati