Comunicados
Defensa y promoción de la institucionalidad democrática en la Argentina
Lijo, una mala elección
La Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA), que integra CADAL, reclama el cumplimiento de la Constitución Nacional y el Decreto No 222/2003 por parte del Poder Ejecutivo y espera se revise la nominación para respetar la necesaria presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las condiciones éticas y morales indispensables en miras a recuperar los valores institucionales y republicanos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la más alta magistratura del país, la última instancia que tiene a su cargo asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y participar en el gobierno de la República. Sus integrantes deben ser personas honorables, de intachable trayectoria moral y contar con sobrada solvencia técnica.
Asimismo, es de esperar, a esta altura de la historia, que las vacantes sean completadas con la nominación de mujeres notables que reúnan las condiciones antes señaladas. Sin dudas, no hacerlo importa un grave retroceso en materia de igualdad de oportunidades propia de toda sociedad inclusiva.
Las designaciones propuestas al Senado de la Nación por parte de la Oficina de Presidencia mencionan a dos hombres, un magistrado de cuestionada solvencia moral y a un abogado cuya trayectoria personal, profesional y científica no dejan lugar a dudas.
Este último ha sido propuesto, aun cuando el cargo se encuentra a cargo del Dr. Maqueda, quien no alcanzó la edad de retiro (art. 99. Inc. 4 CN), por lo que la designación luce absolutamente apresurada.
Lamentablemente, las observaciones que hemos efectuado muestran una vez más la dificultad que tiene la dirigencia política para comenzar a fortalecer el sistema institucional, máxime con la gravedad que conlleva al tratarse del más alto tribunal judicial de la Argentina.
La sociedad pide y apoya un cambio profundo dada la palmaria crisis económica y social. La misma podrá ser erradicada en la medida que el presidente no pierda credibilidad nominando a personas responsables de la decadencia moral de nuestro país.
No puede la necesidad del consenso político para reforzar la gobernabilidad, comprometer de modo muy grave la calidad institucional de nuestra nación. Por ello, REJIA reclama el cumplimiento de la Constitución Nacional y el Decreto No 222/2003 por parte del Poder Ejecutivo y espera se revise la nominación para respetar la necesaria presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las condiciones éticas y morales indispensables en miras a recuperar los valores institucionales y republicanos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la más alta magistratura del país, la última instancia que tiene a su cargo asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y participar en el gobierno de la República. Sus integrantes deben ser personas honorables, de intachable trayectoria moral y contar con sobrada solvencia técnica.
Asimismo, es de esperar, a esta altura de la historia, que las vacantes sean completadas con la nominación de mujeres notables que reúnan las condiciones antes señaladas. Sin dudas, no hacerlo importa un grave retroceso en materia de igualdad de oportunidades propia de toda sociedad inclusiva.
Las designaciones propuestas al Senado de la Nación por parte de la Oficina de Presidencia mencionan a dos hombres, un magistrado de cuestionada solvencia moral y a un abogado cuya trayectoria personal, profesional y científica no dejan lugar a dudas.
Este último ha sido propuesto, aun cuando el cargo se encuentra a cargo del Dr. Maqueda, quien no alcanzó la edad de retiro (art. 99. Inc. 4 CN), por lo que la designación luce absolutamente apresurada.
Lamentablemente, las observaciones que hemos efectuado muestran una vez más la dificultad que tiene la dirigencia política para comenzar a fortalecer el sistema institucional, máxime con la gravedad que conlleva al tratarse del más alto tribunal judicial de la Argentina.
La sociedad pide y apoya un cambio profundo dada la palmaria crisis económica y social. La misma podrá ser erradicada en la medida que el presidente no pierda credibilidad nominando a personas responsables de la decadencia moral de nuestro país.
No puede la necesidad del consenso político para reforzar la gobernabilidad, comprometer de modo muy grave la calidad institucional de nuestra nación. Por ello, REJIA reclama el cumplimiento de la Constitución Nacional y el Decreto No 222/2003 por parte del Poder Ejecutivo y espera se revise la nominación para respetar la necesaria presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las condiciones éticas y morales indispensables en miras a recuperar los valores institucionales y republicanos.