Prensa
El texto del documento firmado contra la brutalidad del régimen castrista
Fuente: Perfil (Argentina)
El ejercicio de los derechos no es delito
Reclamo por la liberación de todos los presos políticos en Cuba
Los abajo firmantes nos dirigimos a los gobiernos democráticos de América Latina con el objetivo de solicitarles que reclamen ante el régimen cubano la liberación de todas las personas que en ese país se encuentran encarceladas por delitos que, de acuerdo con los estándares internacionales, son derechos básicos.
Estamos de acuerdo en que la región normalice sus relaciones con Cuba, pero para ello el gobierno de los hermanos Castro debe armonizar sus normas internas eliminando las restricciones a los derechos humanos más elementales. Es que a diferencia de cualquier país en el que se puede producir una violación a los derechos humanos, en Cuba existe una política de estado que expresamente viola las libertades fundamentales. Al respecto, la Constitución de Cuba, su Código Penal, leyes especiales como la número 88 y las sentencias de los tribunales populares, son una evidencia irrefutable de las violaciones a los derechos humanos en ese país.
En efecto, el análisis de ciertos aspectos del orden político cubano a través del estudio de su organización institucional y legal, es concluyente que ya desde sus instituciones fundamentales, el contenido de sus leyes y la interpretación que le dan los órganos judiciales, el régimen cubano está organizado sobre la base de la supremacía del poder del Estado por encima de los derechos humanos básicos, y frecuentemente los vulnera en nombre de intereses propios del gobierno.
Como todo régimen plenamente autoritario, los atropellos a los derechos, a las formas de democracia republicana, de control y límites al poder del Estado y de respeto a las elementales garantías judiciales de los ciudadanos, van mucho más allá en los hechos que en los textos legales y constitucionales.
Sin embargo, el régimen cubano ha invocado frecuentemente los logros en materia de educación o salud, para acallar las críticas a las violaciones a derechos humanos básicos. Pero sostener que se respetan los derechos humanos en una sociedad donde cualquier ciudadano puede ser detenido sin motivo por la autoridad, no puede expresar ideas políticas, no tiene derecho a asociarse, reunirse con otros, ejercer la industria o el comercio, disponer de su propiedad, entrar y salir del país, etc.; es tanto como sostener que un esclavo goza de derechos humanos porque su amo le provee alimento, un lugar donde dormir y lo cura cuando se enferma.
Lo cierto es que el régimen jurídico-político de Cuba viola la mayoría de las garantías básicas plasmadas en todos los instrumentos internacionales que se han suscripto en las últimas décadas, y que en la actualidad forman parte del derecho internacional de los derechos humanos.
Por ejemplo, un informe de Human Rights Watch de noviembre de 2009 señalaba ''Numerosos presos políticos detenidos durante el gobierno de Fidel Castro continúan presos padeciendo las condiciones inhumanas de las prisiones cubanas. Y el gobierno de Raúl Castro ha recurrido a leyes draconianas y a procesos judiciales que son una farsa para encarcelar a muchas otras personas que se atrevieron a ejercer sus libertades básicas. El gobierno de Raúl Castro se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre ‘peligrosidad’ es netamente política y define como ‘peligrosa’ a cualquier conducta contraria a las normas socialistas. Esta norma, la más orwelliana de todas las leyes cubanas, capta la esencia de la mentalidad represiva del gobierno cubano, que percibe a cualquier persona cuyas acciones no concuerden con el gobierno como una potencial amenaza y, por ende, pasible de castigo…las actividades ‘peligrosas’ incluyen entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas, escribir artículos que critican al gobierno, e intentar organizar sindicatos independientes''.
Por cierto, es preocupante que América Latina se muestre tan indiferente frente a estas injusticias que sufre el pueblo cubano y tan complaciente con su ilegítimo gobierno, lo cual evidencia un límite de la democracia en la región. Especialmente preocupa que países que han sufrido terribles dictaduras, recibiendo en esos años de plomo importantes muestras de solidaridad democrática internacional, no reconozcan a la oposición pacífica cubana que es considerada subversiva por su gobierno debido a la invocación que hacen de los derechos humanos y la exigencia de su respeto o su difusión pública.
Es hora que América Latina se ponga del lado de los demócratas cubanos y le exija al régimen de los hermanos Castro que inicie una apertura política garantizando derechos muy elementales como la libertad de asociación y expresión, lo cual posibilitaría la liberación de muchos presos políticos por el principio de la vigencia de la ley más benigna. El 18 de marzo de 2010 se cumplirán siete años de la ola represiva conocida como ''La primavera negra de Cuba'', la cual culminó con la detención de 75 opositores pacíficos, entre ellos periodistas y bibliotecarios independientes y promotores del Proyecto Varela, una iniciativa de referéndum que solicitaba cambios al sistema vigente en la isla. Actualmente, la mayoría de los detenidos continúan en prisión, junto a otros tantos presos políticos encarcelados antes y después de esa fecha por delitos que solamente existen en Cuba. Varios se encuentran en muy malas condiciones de salud y, el pasado 23 de febrero, se produjo la muerte del preso de conciencia –así reconocido por Amnistía Internacional- Orlando Zapata Tamayo, quien cumplía una larga condena por delitos tales como ''desacato, insubordinación, difamación de las instituciones, desorden público y menosprecio de la figura del comandante Fidel Castro''.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ''El señor Zapata Tamayo era una de las víctimas del Caso Número 12.476, donde la Comisión Interamericana recomendó al Estado de Cuba ordenar la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas declarando nulas las condenas en su contra, por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. El informe de fondo de este caso, aprobado el 21 de octubre de 2006, también recomendaba adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos, reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana establecidas en el informe, y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares volvieran a cometerse. El Estado de Cuba no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH''.
Por lo expuesto, queremos hacerle llegar nuestra solidaridad a todos los demócratas cubanos y al mismo tiempo reclamarle a la opinión pública latinoamericana que no permanezca indiferente frente a la injusticia que padecen. La democracia no estará consolidada en América Latina mientras, ante la complacencia de gobiernos y organismos regionales, se mantenga vigente en Cuba un régimen de partido único que considera que el ejercicio de los derechos puede considerarse un delito y que por tal motivo una persona inocente debe ser privada de la libertad por largos años e incluso perder la vida.
Firman: Julio César Strassera, Patricio Aylwin, Graciela Fernández Meijide, Guillermo O''Donnell, Ricardo Gil Lavedra, Santiago Kovadloff, Vicente Palermo, Daniel Sabsay, Pepe Eliaschev, Beatriz Sarlo, Juan Carlos Vega, Fernando Iglesias, Claudia Hilb, Emilio de Ipola, Carlos Lauría, Andrew Graham-Yooll, Sergio Fausto, María Matilde Ollier, Gabriela Ippólito, Marcos Novaro, Ricardo Uceda, Guillermo Rozenwurcel, Jessica Valentini, Demetrio Magnoli, Patricio Navia, Sylvina Walger, Rafael Rojas, Daniel Muchnik, Antonio Camou, María Sáenz Quesada, Carlos Facal, Ricardo Rojas, Fernando Ruiz, Silvia Uranga, Claudia Guebel, Héctor Leis, Eduardo Viola, Paulo Uebel, Paola Silva, Eduardo Ulibarri, César Ricaurte, Robert Eisenmann, Dilmar Rosas, Hugo Machín, Ricardo Lafferriere, Heinz Sonntag, Andrés Cañizalez, Romeo Pérez Antón, Diego Camaño Viera, Carlos Bascuñán, Gabriel Palumbo, Alejandro Nogueira, Claudio Paolillo, Carlos Gervasoni, Ricardo López Göttig, Bernabé García Hamilton, Carlos Kohn, Marianne Kohn Beker, Rodolfo Rico, Humberto García Larralde, Alejandro Oropeza G., Caroline B. de Oteyza, Carlos Walter, Marta de la Vega, Rocío San Miguel, Manuel Alcalá Murillo, Vanessa Blum, José Cantero, Jorge Maldonado, Patricia Alvarez, Cecilia Lucca, Gabriel Salvia, Sabrina Ajmechet, Tomás Borovinsky y Raúl Ferro.
Fuente: Perfil.com (Buenos Aires, Argentina)
Perfil (Argentina)
El ejercicio de los derechos no es delito
Reclamo por la liberación de todos los presos políticos en Cuba
Los abajo firmantes nos dirigimos a los gobiernos democráticos de América Latina con el objetivo de solicitarles que reclamen ante el régimen cubano la liberación de todas las personas que en ese país se encuentran encarceladas por delitos que, de acuerdo con los estándares internacionales, son derechos básicos.
Estamos de acuerdo en que la región normalice sus relaciones con Cuba, pero para ello el gobierno de los hermanos Castro debe armonizar sus normas internas eliminando las restricciones a los derechos humanos más elementales. Es que a diferencia de cualquier país en el que se puede producir una violación a los derechos humanos, en Cuba existe una política de estado que expresamente viola las libertades fundamentales. Al respecto, la Constitución de Cuba, su Código Penal, leyes especiales como la número 88 y las sentencias de los tribunales populares, son una evidencia irrefutable de las violaciones a los derechos humanos en ese país.
En efecto, el análisis de ciertos aspectos del orden político cubano a través del estudio de su organización institucional y legal, es concluyente que ya desde sus instituciones fundamentales, el contenido de sus leyes y la interpretación que le dan los órganos judiciales, el régimen cubano está organizado sobre la base de la supremacía del poder del Estado por encima de los derechos humanos básicos, y frecuentemente los vulnera en nombre de intereses propios del gobierno.
Como todo régimen plenamente autoritario, los atropellos a los derechos, a las formas de democracia republicana, de control y límites al poder del Estado y de respeto a las elementales garantías judiciales de los ciudadanos, van mucho más allá en los hechos que en los textos legales y constitucionales.
Sin embargo, el régimen cubano ha invocado frecuentemente los logros en materia de educación o salud, para acallar las críticas a las violaciones a derechos humanos básicos. Pero sostener que se respetan los derechos humanos en una sociedad donde cualquier ciudadano puede ser detenido sin motivo por la autoridad, no puede expresar ideas políticas, no tiene derecho a asociarse, reunirse con otros, ejercer la industria o el comercio, disponer de su propiedad, entrar y salir del país, etc.; es tanto como sostener que un esclavo goza de derechos humanos porque su amo le provee alimento, un lugar donde dormir y lo cura cuando se enferma.
Lo cierto es que el régimen jurídico-político de Cuba viola la mayoría de las garantías básicas plasmadas en todos los instrumentos internacionales que se han suscripto en las últimas décadas, y que en la actualidad forman parte del derecho internacional de los derechos humanos.
Por ejemplo, un informe de Human Rights Watch de noviembre de 2009 señalaba ''Numerosos presos políticos detenidos durante el gobierno de Fidel Castro continúan presos padeciendo las condiciones inhumanas de las prisiones cubanas. Y el gobierno de Raúl Castro ha recurrido a leyes draconianas y a procesos judiciales que son una farsa para encarcelar a muchas otras personas que se atrevieron a ejercer sus libertades básicas. El gobierno de Raúl Castro se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre ‘peligrosidad’ es netamente política y define como ‘peligrosa’ a cualquier conducta contraria a las normas socialistas. Esta norma, la más orwelliana de todas las leyes cubanas, capta la esencia de la mentalidad represiva del gobierno cubano, que percibe a cualquier persona cuyas acciones no concuerden con el gobierno como una potencial amenaza y, por ende, pasible de castigo…las actividades ‘peligrosas’ incluyen entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas, escribir artículos que critican al gobierno, e intentar organizar sindicatos independientes''.
Por cierto, es preocupante que América Latina se muestre tan indiferente frente a estas injusticias que sufre el pueblo cubano y tan complaciente con su ilegítimo gobierno, lo cual evidencia un límite de la democracia en la región. Especialmente preocupa que países que han sufrido terribles dictaduras, recibiendo en esos años de plomo importantes muestras de solidaridad democrática internacional, no reconozcan a la oposición pacífica cubana que es considerada subversiva por su gobierno debido a la invocación que hacen de los derechos humanos y la exigencia de su respeto o su difusión pública.
Es hora que América Latina se ponga del lado de los demócratas cubanos y le exija al régimen de los hermanos Castro que inicie una apertura política garantizando derechos muy elementales como la libertad de asociación y expresión, lo cual posibilitaría la liberación de muchos presos políticos por el principio de la vigencia de la ley más benigna. El 18 de marzo de 2010 se cumplirán siete años de la ola represiva conocida como ''La primavera negra de Cuba'', la cual culminó con la detención de 75 opositores pacíficos, entre ellos periodistas y bibliotecarios independientes y promotores del Proyecto Varela, una iniciativa de referéndum que solicitaba cambios al sistema vigente en la isla. Actualmente, la mayoría de los detenidos continúan en prisión, junto a otros tantos presos políticos encarcelados antes y después de esa fecha por delitos que solamente existen en Cuba. Varios se encuentran en muy malas condiciones de salud y, el pasado 23 de febrero, se produjo la muerte del preso de conciencia –así reconocido por Amnistía Internacional- Orlando Zapata Tamayo, quien cumplía una larga condena por delitos tales como ''desacato, insubordinación, difamación de las instituciones, desorden público y menosprecio de la figura del comandante Fidel Castro''.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ''El señor Zapata Tamayo era una de las víctimas del Caso Número 12.476, donde la Comisión Interamericana recomendó al Estado de Cuba ordenar la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas declarando nulas las condenas en su contra, por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. El informe de fondo de este caso, aprobado el 21 de octubre de 2006, también recomendaba adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos, reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana establecidas en el informe, y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares volvieran a cometerse. El Estado de Cuba no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH''.
Por lo expuesto, queremos hacerle llegar nuestra solidaridad a todos los demócratas cubanos y al mismo tiempo reclamarle a la opinión pública latinoamericana que no permanezca indiferente frente a la injusticia que padecen. La democracia no estará consolidada en América Latina mientras, ante la complacencia de gobiernos y organismos regionales, se mantenga vigente en Cuba un régimen de partido único que considera que el ejercicio de los derechos puede considerarse un delito y que por tal motivo una persona inocente debe ser privada de la libertad por largos años e incluso perder la vida.
Firman: Julio César Strassera, Patricio Aylwin, Graciela Fernández Meijide, Guillermo O''Donnell, Ricardo Gil Lavedra, Santiago Kovadloff, Vicente Palermo, Daniel Sabsay, Pepe Eliaschev, Beatriz Sarlo, Juan Carlos Vega, Fernando Iglesias, Claudia Hilb, Emilio de Ipola, Carlos Lauría, Andrew Graham-Yooll, Sergio Fausto, María Matilde Ollier, Gabriela Ippólito, Marcos Novaro, Ricardo Uceda, Guillermo Rozenwurcel, Jessica Valentini, Demetrio Magnoli, Patricio Navia, Sylvina Walger, Rafael Rojas, Daniel Muchnik, Antonio Camou, María Sáenz Quesada, Carlos Facal, Ricardo Rojas, Fernando Ruiz, Silvia Uranga, Claudia Guebel, Héctor Leis, Eduardo Viola, Paulo Uebel, Paola Silva, Eduardo Ulibarri, César Ricaurte, Robert Eisenmann, Dilmar Rosas, Hugo Machín, Ricardo Lafferriere, Heinz Sonntag, Andrés Cañizalez, Romeo Pérez Antón, Diego Camaño Viera, Carlos Bascuñán, Gabriel Palumbo, Alejandro Nogueira, Claudio Paolillo, Carlos Gervasoni, Ricardo López Göttig, Bernabé García Hamilton, Carlos Kohn, Marianne Kohn Beker, Rodolfo Rico, Humberto García Larralde, Alejandro Oropeza G., Caroline B. de Oteyza, Carlos Walter, Marta de la Vega, Rocío San Miguel, Manuel Alcalá Murillo, Vanessa Blum, José Cantero, Jorge Maldonado, Patricia Alvarez, Cecilia Lucca, Gabriel Salvia, Sabrina Ajmechet, Tomás Borovinsky y Raúl Ferro.
Fuente: Perfil.com (Buenos Aires, Argentina)
