Terrorismo de estado y la cuestión de la memoria

Introducción

Pocas personas conocedoras del país estarían dispuestos a controvertir los hechos centrales que marcaron a fuego al régimen militar que controló la Argentina entre mediados de los años 70 y principios de los 80; muy pocos, también, cuestionarían los dos o tres años que lo precedieron. Este ensayo toma a este caso de violencia ejercida desde el estado para ingresar en la polémica acerca del papel de la averiguación de la verdad y de la manera más eficaz de acercarse a ella. Los medios más conocidos, como es sabido son los juicios criminales y la comisiones de verdad. Comienzo con una breve narrativa del caso argentino para indagar luego en la naturaleza de las nociones de memoria y verdad. Mi razonamiento me empuja a defender, no sin cierta timidez, a las comisiones de verdad y reconciliación por encima de la persecución y condena criminal.

Entre 1974 y 1983 Argentina se convirtió en un campo de batalla donde miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Bajo la tutela de altos funcionarios estatales, esta extendida violencia comenzó cuando, en ocasión de la muerte de Juan Perón en 1974, éste fue sucedido en la Presidencia por su esposa y Vicepresidenta, Isabel. Bajo su presidencia, bandas armadas de civiles mataron y mutilaron a decenas de jóvenes por la sola razón de ser considerados activistas de izquierda.

En 1976, un golpe de estado depuso a Isabel y la violencia escaló en un abrir y cerrar de ojos. Bajo el control de facto de una junta compuesta por cuatro militares, el personal militar y para-militar hizo uso extensivo de la tortura y el asesinato para lo cual invocaron la necesidad de salvar al país de la subversión interna. Por aquellos días la violación y el saqueo de las víctimas de la represión no eran inusuales.

La represión apuntaba a amplios segmentos sociales: de hecho, los discursos de los comandantes revelaban que los campos sociales que ellos consideraban contaminados por la subversión eran el religioso, el político, el educativo, el económico y el cultural. Excepto por algunos ciudadanos que se hallaban fuera de sospecha, el resto de la sociedad era considerada vulnerable a los persuasivos avances de este enemigo de infinitos rostros. Entre aquellos mencionados como “subversivos” por los apasionados discursos de los funcionarios oficiales de los ’70 encontramos, citando expresiones literales de los altos mandos, a los “contractualistas”, los “empiristas”, los “utilitaristas”, los “positivistas”, los “racionalistas” y los “freudianos”. Para sofocar esta amenaza infinita el terror se transformó en la herramienta política principal del régimen.

En abril de 1982, con la economía en estado de caos, los militares intentaron cosechar sustento popular invadiendo las Islas Malvinas (Falkland Islands) controladas por los ingleses. Esta aventura resultó en un desastroso conflicto armado en el Atlántico Sur, que concluyó con la rendición argentina ante las tropas inglesas en junio del mismo año.

Este fiasco desacreditó en tal medida a la camarilla gobernante que sus miembros se vieron forzados a dar un paso al costado y convocar a elecciones nacionales para la elección de Presidente, legisladores y gobernadores. Tras la asunción del Presidente Raúl Alfonsín comenzaron algunos juicios a oficiales militares de modo tal que algunos de ellos, fueron sentenciados. Posteriormente, muchos oficiales que debían ser enjuiciados fueron exculpados por dos leyes del Congreso y, el resto, indultado por el Presidente Carlos Menem, sucesor de Alfonsín.

En este Documento comienzo cuestionando la presunción de que la memoria de abusos pasados a los derechos humanos contribuirá a la construcción de una democracia republicana basada en derechos. Sostengo que en una sociedad conducida con el auxilio del terror existen razones estructurales que frustran la formación de una memoria que realce la responsabilidad individual y cobije el ejercicio de derechos. Contrariamente a la opinión de gran parte de los activistas y especialistas en derechos humanos, sostengo que los juicios por violaciones a los derechos humanos no necesariamente corregirán este déficit.

Jaime Malamud Goti es Doctor en derecho, de la Universidad de Buenos Aires, profesor de ética y derecho, de la Universidad de San Andrés, Director del Instituto de Investigaciones "Carlos Nino," de la Universidad de Palermo. Fue asesor legal durante el gobierno del Presidente Alfonsín, uno de los dos principales arquitectos de los juicios a los generales y fue Procurador de la Corte Suprema de Argentina para la transición democrática después de la dictadura militar. Ha sido profesor de University of Arkansas. Ha escrito libros en torno al proceso de transición argentino como Game without end, state terror and the politics of justice; y Terror y justicia en la Argentina (Ediciones de la Flor, 2000) y numerosos artículos.