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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
23-07-2017El estado de derechos humanos en Chad
A pesar de las pésimas condiciones en los campamentos de refugiados y la intensa y a menudo violenta regulación de la libertad de expresión, la reciente condenación del ex dictador Habré incita algo de esperanza para el futuro de los derechos humanos en Chad. Por Eric Cuevas
Chad es una república presidencial cuyo presidente, Idriss Déby, gobierna desde 1990, cuando lideró un golpe de Estado contra el ex dictador Hissène Habré. Desde entonces, Déby ha ganado cinco elecciones presidenciales, la última de las cuales tomó lugar en abril de 2016. Sus más de 26 años en el poder han sido posibles gracias a una enmienda constitucional de 2005, la cual descartó el límite a los mandatos presidenciales. Déby ha logrado mantener su poder también porque, según el último informe de Freedom House, el presidente chadiano ejerce una influencia importante sobre las otras ramas de gobierno, gracias a que él nombra el primer ministro y las cortes han permanecido fuertemente influenciadas por su liderazgo político.
La legitimidad del gobierno de Déby siempre ha sido cuestionada. El mismo informe de Freedom House afirma que el país jamás ha tenido elecciones libres y justas. La legitimidad queda aún más dudosa cuando se considera que recién en febrero de 2017, Déby anunció que las elecciones parlamentarias – que debían tener lugar en mayo de 2015 - se pospondrán otra vez, esta vez indefinidamente, por la falta de recursos del Estado.
Es este mismo aferro al poder lo que ha ocasionado tantas violaciones de derechos humanos y la represión de derechos civiles y políticos en Chad.
Según los últimos reportes elaborados por Freedom House y Amnesty International sobre Chad, la libertad de expresión se cuenta entre las libertades civiles más reprimidas en el país.
Esta represión de la libertad de expresión ha afectado severamente a los manifestantes a través de las detenciones arbitrarías y el uso de fuerza excesiva. Amnesty International reportó que en febrero de 2016, 17 manifestantes pacíficos fueron detenidos en N’Djamena por dos días y fueron golpeados y rociados con gas lacrimógeno. Poco tiempo después, el gobierno prohibió toda manifestación que no fuera parte de las campañas electorales, a pesar de que la libertad de reunión está protegida por la constitución chadiana. Después de esta prohibición, el país entero fue testigo de varios casos de detenciones de manifestantes pacíficos, quienes fueron encontrados culpables de ‘perturbar el orden publico’.
Los periodistas y gerentes de los medios de comunicación también se han encontrado extremadamente censurados por el Estado. Amnesty International reporta varios ejemplos. En mayo de 2016, un presentador de la radio nacional fue interrogado y suspendido del programa por haberse referido al presidente Déby como el ex dictador Habré. Asimismo, dos periodistas chadianos se encuentran escondidos, ya que fueron acusados por la Agencia de Seguridad Nacional. Uno de ellos después de criticar a Déby por haber incumplido su promesa de no postularse nuevamente para la presidencia y el otro por haber prometido publicar los nombres de los periodistas que están en la nómina del organismo de inteligencia doméstica.
Por su parte, la población en general padeció las restricciones a la libertad de expresión durante el tiempo previo a las elecciones, pues el servicio de internet del país se encontraba con interrupciones y el acceso a las redes sociales fue muy regulada.
Más allá de la libertad de expresión, los refugiados en Chad se enfrentan con otros tipos de abusos. Actualmente, se encuentran más de 389 mil refugiados en Chad, en su mayoría provenientes de Sudan, Nigeria y la República Centroafricana. Estos refugiados han experimentado altos niveles de violencia intermitente en sus países durante la última década, principalmente debido al surgimiento de grupos subversivos armados. Y así como estos refugiados han sufrido situaciones violentas similares en sus países de origen, llegan a Chad a padecer también las pésimas condiciones de los campamentos de refugiados.
Según el ACNUR, los residentes de los campamentos enfrentan violencia sexual, violencia de género y acceso limitado al agua y al saneamiento. Además, los niños de los campamentos han sido históricamente reclutados tanto por los grupos subversivos de la región como por las fuerzas del Estado. Afortunadamente, desde que el gobierno chadiano firmó un acuerdo con UNICEF en 2009, esta practica por parte del Estado ha disminuido drásticamente; sin embargo, hoy en día, el grupo terrorista Boko Haram – de origen nigeriano – presenta la mayor amenaza para el reclutamiento de niños en estos campamentos.
El grupo Boko Haram también ha amenazado a los derechos humanos con sus ataques violentos contra los civiles chadianos y sus propiedades en los últimos años. El grupo ha básicamente tomado el lugar de los grupos subversivos y fuerzas de seguridad chadianos, quienes, durante la guerra de poder con Sudan y las diferentes oleadas de rebeliones en el país, atacaban a los ciudadanos y sus propiedades con impunidad. Es por este tipo de violencia que, en 2016, se contaron 108 mil desplazados internos, muchos de los cuales acompañan a los refugiados en los campamentos.
A pesar de la enorme cantidad de abusos de derechos humanos, Chad recién obtuvo una gran victoria gracias a la comunidad internacional y el papel que tuvo en la condena del ex dictador Hissène Habré. Habré, quien gobernó entre 1982 y 1990, fue condenado a cadena perpetua en mayo de 2016, después de haber sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante su dictadura.
El caso fue resuelto en las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE) de Senegal, dónde Habré se había refugiado después de haber sido depuesto por Déby. Las CAE fueron creadas con el apoyo de la Unión Africana después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Senegal que enjuiciara a Habré.
Además de haber sido el primer caso en el mundo dónde las cortes de un país enjuician al ex gobernante de otro por supuestas violaciones de derechos humanos, este caso también representa un paso importante en la lucha contra la impunidad para los violadores de los derechos humanos en Chad.
Eric Cuevas
Chad es una república presidencial cuyo presidente, Idriss Déby, gobierna desde 1990, cuando lideró un golpe de Estado contra el ex dictador Hissène Habré. Desde entonces, Déby ha ganado cinco elecciones presidenciales, la última de las cuales tomó lugar en abril de 2016. Sus más de 26 años en el poder han sido posibles gracias a una enmienda constitucional de 2005, la cual descartó el límite a los mandatos presidenciales. Déby ha logrado mantener su poder también porque, según el último informe de Freedom House, el presidente chadiano ejerce una influencia importante sobre las otras ramas de gobierno, gracias a que él nombra el primer ministro y las cortes han permanecido fuertemente influenciadas por su liderazgo político.
La legitimidad del gobierno de Déby siempre ha sido cuestionada. El mismo informe de Freedom House afirma que el país jamás ha tenido elecciones libres y justas. La legitimidad queda aún más dudosa cuando se considera que recién en febrero de 2017, Déby anunció que las elecciones parlamentarias – que debían tener lugar en mayo de 2015 - se pospondrán otra vez, esta vez indefinidamente, por la falta de recursos del Estado.
Es este mismo aferro al poder lo que ha ocasionado tantas violaciones de derechos humanos y la represión de derechos civiles y políticos en Chad.
Según los últimos reportes elaborados por Freedom House y Amnesty International sobre Chad, la libertad de expresión se cuenta entre las libertades civiles más reprimidas en el país.
Esta represión de la libertad de expresión ha afectado severamente a los manifestantes a través de las detenciones arbitrarías y el uso de fuerza excesiva. Amnesty International reportó que en febrero de 2016, 17 manifestantes pacíficos fueron detenidos en N’Djamena por dos días y fueron golpeados y rociados con gas lacrimógeno. Poco tiempo después, el gobierno prohibió toda manifestación que no fuera parte de las campañas electorales, a pesar de que la libertad de reunión está protegida por la constitución chadiana. Después de esta prohibición, el país entero fue testigo de varios casos de detenciones de manifestantes pacíficos, quienes fueron encontrados culpables de ‘perturbar el orden publico’.
Los periodistas y gerentes de los medios de comunicación también se han encontrado extremadamente censurados por el Estado. Amnesty International reporta varios ejemplos. En mayo de 2016, un presentador de la radio nacional fue interrogado y suspendido del programa por haberse referido al presidente Déby como el ex dictador Habré. Asimismo, dos periodistas chadianos se encuentran escondidos, ya que fueron acusados por la Agencia de Seguridad Nacional. Uno de ellos después de criticar a Déby por haber incumplido su promesa de no postularse nuevamente para la presidencia y el otro por haber prometido publicar los nombres de los periodistas que están en la nómina del organismo de inteligencia doméstica.
Por su parte, la población en general padeció las restricciones a la libertad de expresión durante el tiempo previo a las elecciones, pues el servicio de internet del país se encontraba con interrupciones y el acceso a las redes sociales fue muy regulada.
Más allá de la libertad de expresión, los refugiados en Chad se enfrentan con otros tipos de abusos. Actualmente, se encuentran más de 389 mil refugiados en Chad, en su mayoría provenientes de Sudan, Nigeria y la República Centroafricana. Estos refugiados han experimentado altos niveles de violencia intermitente en sus países durante la última década, principalmente debido al surgimiento de grupos subversivos armados. Y así como estos refugiados han sufrido situaciones violentas similares en sus países de origen, llegan a Chad a padecer también las pésimas condiciones de los campamentos de refugiados.
Según el ACNUR, los residentes de los campamentos enfrentan violencia sexual, violencia de género y acceso limitado al agua y al saneamiento. Además, los niños de los campamentos han sido históricamente reclutados tanto por los grupos subversivos de la región como por las fuerzas del Estado. Afortunadamente, desde que el gobierno chadiano firmó un acuerdo con UNICEF en 2009, esta practica por parte del Estado ha disminuido drásticamente; sin embargo, hoy en día, el grupo terrorista Boko Haram – de origen nigeriano – presenta la mayor amenaza para el reclutamiento de niños en estos campamentos.
El grupo Boko Haram también ha amenazado a los derechos humanos con sus ataques violentos contra los civiles chadianos y sus propiedades en los últimos años. El grupo ha básicamente tomado el lugar de los grupos subversivos y fuerzas de seguridad chadianos, quienes, durante la guerra de poder con Sudan y las diferentes oleadas de rebeliones en el país, atacaban a los ciudadanos y sus propiedades con impunidad. Es por este tipo de violencia que, en 2016, se contaron 108 mil desplazados internos, muchos de los cuales acompañan a los refugiados en los campamentos.
A pesar de la enorme cantidad de abusos de derechos humanos, Chad recién obtuvo una gran victoria gracias a la comunidad internacional y el papel que tuvo en la condena del ex dictador Hissène Habré. Habré, quien gobernó entre 1982 y 1990, fue condenado a cadena perpetua en mayo de 2016, después de haber sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante su dictadura.
El caso fue resuelto en las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE) de Senegal, dónde Habré se había refugiado después de haber sido depuesto por Déby. Las CAE fueron creadas con el apoyo de la Unión Africana después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Senegal que enjuiciara a Habré.
Además de haber sido el primer caso en el mundo dónde las cortes de un país enjuician al ex gobernante de otro por supuestas violaciones de derechos humanos, este caso también representa un paso importante en la lucha contra la impunidad para los violadores de los derechos humanos en Chad.
