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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
27-08-2017El estado de los DDHH en Bahréin y su examen periódico universal
De los países latinoamericanos cabe destacar que la posición más crítica en el EPU de Bahréin la sostuvo Chile, manifestando estar profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos en el país y señalando que las restricciones al ejercicio de la democracia reducían la posibilidad de debate y crítica por parte de la sociedad civil. También le preocupó a Chile que los malos tratos y torturas a los detenidos sigan siendo prácticas comunes.Por Diana Arévalo
“Es un momento clave para presionar por el fin de la represión sistemática de la libertad de expresión en Bahréin. La comunidad internacional debería insistir para que en Bahréin se levanten las restricciones a la libertad de expresión”. Bahrain Center for Human Rights
El Reino de Bahréin es un archipiélago integrado por 36 islas, situado en el Golfo Pérsico, que comparte fronteras marítimas con la costa este de Arabia Saudita. Desde 1783 ha sido gobernado por la dinastía Al Jalif, y actualmente se encuentra gobernado por Hamad bin Isa Al Jalifa. El Emirato se independizó en 1971 y en 2002 se convirtió en una monarquía. Según Human Rights Watch hubo un marcado deterioro de la situación de los derechos humanos en Bahréin a mediados de 2016, cuando las autoridades disolvieron al principal grupo de oposición política, Al-Wifaq, encarcelaron al principal activista de derechos humanos del país y acosaron y procesaron a los clérigos chiítas que protestaron pacíficamente contra la revocatoria arbitraria. Actualmente la falta de una oposición política creíble en Bahréin restringe la democracia en el país y reduce la posibilidad de debate y crítica.
Como resultado de una enmienda a la ley de ciudadanía realizada en 2014, el Ministerio del Interior puede revocar la ciudadanía de cualquier persona que, según las autoridades, “provoque Daño a los intereses del Reino o actúe de manera que contravenga su deber de lealtad hacia él". Entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2017, El Centro de Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) registró un total de 772 personas condenadas en 187 casos por motivación política, 92 de los cuales tuvieron su ciudadanía bahreiní revocada, haciéndolos apátridas.
De igual manera, en los primeros seis meses de este año, han aumentado de manera significativa los casos de intimidación y represalias contra defensores de derechos humanos, periodistas y miembros activos de la sociedad civil en el país. Según otro reporte realizado por (BCHR) uno de los derechos más vulnerados es la Libertad de expresión; el cierre del único medio de comunicación independiente del país Al-Wassat, el aumento de las detenciones arbitrarias (entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, el BCHR ha registrado un total de 982 detenciones arbitrarias en Bahrein. De éstos, 84 eran niños y 28 eran mujeres), las represiones en las crecientes protestas pacíficas y el número significativo de órdenes que revocan la ciudadanía, demuestran que ha intensificado la represión de las voces críticas por parte del gobierno. En este tiempo se han producido 2.373 protestas en todo el país; 628 de éstas fueron reprimidas por la policía antidisturbios, mientras que 59 sentencias de cadena perpetua fueron dictadas.
Uno de los casos más significativos de detenciones arbitrarias es el de Nabeel Rajab, activista reconocido del país, quien fue sentenciado a dos años de prisión por cargos relacionados a entrevistas televisivas que brindó y publicaciones en Twitter, en las que según los fiscales difundía rumores y noticias falsas relacionadas con la situación del país de una manera "que socava el prestigio del Estado".
Otro hecho que ha generado polémica y que fue foco de críticas y recomendaciones durante el segundo Examen Periódico Universal del país, fue la implementación de la pena de muerte por parte del Gobierno, al ejecutar a tres presuntas víctimas de tortura: Sami Mushaima, Abbas Al-Samea y Ali Abdulshaheed Al-Singace. Los tres hombres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento después de que su condena a muerte fuera aprobada por el Rey de Bahréin. Desde enero de 2017 un total de 9 personas han sido condenadas a pena muerte.
Al igual que en otros gobiernos dictatoriales, en Bahréin las autoridades han impuesto prohibiciones arbitrarias para salir del país a decenas de individuos y activistas que han sido críticos de los abusos cometidos por el mismo.
En materia de Derechos de la Mujer, Orientación Sexual e Identidad de Género, tanto las mujeres sunitas como las chiítas son discriminadas y no cuentan con los mismos beneficios legales y autonomía que los hombres, como por ejemplo en materia de divorcio (es un derecho unilateral ejercido por el hombre), la penalización del delito de adulterio, la criminalización de las relaciones sexuales sostenidas fuera del matrimonio, entre otros. Sin embargo, no existe una ley que prohíba la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.
En el Examen Periódico Universal realizado en mayo del presente año (el tercero realizado al país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Bahréin que modificara o derogara sin demora estas leyes discriminatorias, incluidas las disposiciones discriminatorias en su Código Penal y Ley de Nacionalidad, así como en asuntos de familia.
En la sesión realizada entre 1 y 12 de mayo de 2017 en Ginebra la troika estuvo conformada por Cuba, Ghana y Japón. En el reporte realizado por la Oficina del Alto Comisionado para DDHH se destaca el estancamiento de la situación política en Bahréin desde el segundo ciclo del EPU en 2012. El equipo del país informó que no se habían introducido enmiendas a la Constitución después de las adoptadas en mayo de 2012.
El uso de la pena de muerte fue objeto de muchas de las 175 recomendaciones formuladas a Bahréin por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchos países recomendaron que Bahréin avanzara hacia la abolición de la pena de muerte, mientras que otras recomendaciones formuladas estaban relacionadas con la libertad sindical, el uso de tribunales militares, las amplias leyes antiterroristas del país y la protección de los defensores de derechos humanos.
Diálogo interactivo y respuesta por parte del estado de Bahréin
Durante el diálogo interactivo 82 delegaciones realizaron intervenciones, entre las recomendaciones de las democracias desarrolladas se destacaron las de Irlanda, Dinamarca, los Países Bajos, la República Checa y el Reino Unido, enfocadas en sugerir la abolición de la pena de muerte, denunciar el asesinato de civiles acusados de presuntos actos terroristas, el juzgamiento en cortes militares y la implementación de la arbitraria ley antiterrorista vigente en la actualidad. Tanto Reino Unido como Estados Unidos hicieron especial énfasis en las numerosas órdenes de revocatoria de la ciudadanía, considerándolas como arbitrarias.
De igual manera, Suecia observó que el principal grupo de oposición Al-Wefaq, había sido disuelto en junio de 2016, representando importantes limitaciones al derecho a la libertad de asociación y reunión y remarcó que la primera ejecución en más de seis años se había llevado a cabo en enero 2017. Suiza elogió esfuerzos tales como el establecimiento de nuevas instituciones, pero expresó su pesar por la aplicación incompleta de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin y repudió las medidas de represión aplicadas contra la sociedad civil. Francia dijo que la lucha contra el terrorismo debe realizarse, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, y también expresó su preocupación por las ejecuciones que se habían llevado a cabo y exhortó a Bahréin a respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Ante estas observaciones, el jefe de la delegación de Bahréin declaró que la pena de muerte sólo se aplicaba a un número limitado de casos graves y aclaró que en la legislación existen salvaguardias adecuadas para la imposición y aplicación de esta.
Algunos de los países celebraron la creación de varias instituciones enfocadas a trabajar los derechos humanos como el programa para el período 2015-2018, titulado: "Hacia la justicia, la seguridad y el bienestar de la sociedad", la Comisión de Derechos de los Presos y Detenidos, la Dependencia de Investigaciones Especiales y la Defensoría del Pueblo.
A pesar del crítico informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU, Portugal acogió con agrado la creación de una institución nacional de derechos humanos, y una comisión sobre los derechos de los reclusos y detenidos. Noruega reconoció las medidas positivas adoptadas para mejorar la situación de los derechos humanos e Italia acogió con satisfacción el establecimiento de un plan nacional para la inclusión de las mujeres de Bahréin, así como la adopción del mismo.
De los países latinoamericanos cabe destacar que la posición más crítica la sostuvo Chile, manifestando estar profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos en el país y señaló que las restricciones al ejercicio de la democracia reducían la posibilidad de debate y crítica por parte de la sociedad civil. También le preocupó a Chile que los malos tratos y torturas a los detenidos sigan siendo prácticas comunes.
Por su parte, México expresó su preocupación por las medidas adoptadas con miras a restringir los derechos a la libertad de asociación, reunión y a la libertad de expresión. Y Uruguay acogió con beneplácito la legislación para abolir la tortura, así como el establecimiento de instituciones para investigar los supuestos casos de tortura.
En cambio, la República Bolivariana de Venezuela aplaudió a Bahréin por las amplias consultas realizadas para la preparación del informe nacional. Acogió con satisfacción las reformas que adelanta el país en materia de derechos humanos, que según ellos, se encuentran en concordancia con los Principios de París. Resaltaron los esfuerzos para garantizar la igualdad de género. A su vez, Argentina felicitó a Bahréin por haber presentado un informe a mitad de período en 2014 y por haber lanzado un programa de acción para el período 2015-2018.
Cuba tomó nota de las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia penal y el desarrollo de la capacidad de la policía nacional para respetar los derechos humanos en el curso de la aplicación de la ley. También tomó nota de la aplicación de la Visión Económica 2030 del país sobre la base de la sostenibilidad, la equidad y la competitividad y la promoción de los derechos humanos.
Presentación oficial del Estado evaluado
Cabe destacar que dentro de la presentación del informe realizado por Bahréin, el jefe de la delegación del país informó al Consejo de Derechos Humanos que el examen periódico universal brindaba la oportunidad de poder presentar los logros del Reino en el fomento y la protección de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Se hizo especial énfasis en resaltar la adopción positiva y responsable de las recomendaciones formuladas en mayo de 2012, durante la revisión del segundo ciclo del Reino. Sin embargo, siguiendo el clásico discurso de los gobiernos represivos, la delegación presentó una recopilación que incluía información “falsa” sobre violaciones a los DDHH, atribuida a organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos de las Naciones Unidas que buscaban politizar el discurso de los DDHH y desconocer los avances en la materia realizados por el gobierno de Hamad bin Isa Al Jalifa.
Diana ArévaloConsultora en Libertad de Expresión ArtísticaProfesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Maestrando en Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. En el 2015 realizó un Curso de Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en FLACSO en Buenos Aires. En el 2016 realizó un Diplomado en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales en la Fundación Henry Dunant en Santiago de Chile. Entre marzo y agosto de 2016 realizó una práctica como pasante internacional en CADAL, en julio de 2017 se incorporó como Asistente de Proyectos y entre 2019 y 2020 fue Coordinadora y luego Directora de proyectos culturales. En julio de 2020 entra a formar parte del equipo de Freemuse, organización danesa cuya misión es la defensa de la libertad de expresión artística en el mundo, desempeñando el rol de Campaigner para América Latina. A partir de febrero de 2021 hasta marzo de 2022, fue Oficial de campañas y advocacy para América Latina en la misma organización.
“Es un momento clave para presionar por el fin de la represión sistemática de la libertad de expresión en Bahréin. La comunidad internacional debería insistir para que en Bahréin se levanten las restricciones a la libertad de expresión”. Bahrain Center for Human Rights
El Reino de Bahréin es un archipiélago integrado por 36 islas, situado en el Golfo Pérsico, que comparte fronteras marítimas con la costa este de Arabia Saudita. Desde 1783 ha sido gobernado por la dinastía Al Jalif, y actualmente se encuentra gobernado por Hamad bin Isa Al Jalifa. El Emirato se independizó en 1971 y en 2002 se convirtió en una monarquía. Según Human Rights Watch hubo un marcado deterioro de la situación de los derechos humanos en Bahréin a mediados de 2016, cuando las autoridades disolvieron al principal grupo de oposición política, Al-Wifaq, encarcelaron al principal activista de derechos humanos del país y acosaron y procesaron a los clérigos chiítas que protestaron pacíficamente contra la revocatoria arbitraria. Actualmente la falta de una oposición política creíble en Bahréin restringe la democracia en el país y reduce la posibilidad de debate y crítica.
Como resultado de una enmienda a la ley de ciudadanía realizada en 2014, el Ministerio del Interior puede revocar la ciudadanía de cualquier persona que, según las autoridades, “provoque Daño a los intereses del Reino o actúe de manera que contravenga su deber de lealtad hacia él". Entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2017, El Centro de Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) registró un total de 772 personas condenadas en 187 casos por motivación política, 92 de los cuales tuvieron su ciudadanía bahreiní revocada, haciéndolos apátridas.
De igual manera, en los primeros seis meses de este año, han aumentado de manera significativa los casos de intimidación y represalias contra defensores de derechos humanos, periodistas y miembros activos de la sociedad civil en el país. Según otro reporte realizado por (BCHR) uno de los derechos más vulnerados es la Libertad de expresión; el cierre del único medio de comunicación independiente del país Al-Wassat, el aumento de las detenciones arbitrarias (entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, el BCHR ha registrado un total de 982 detenciones arbitrarias en Bahrein. De éstos, 84 eran niños y 28 eran mujeres), las represiones en las crecientes protestas pacíficas y el número significativo de órdenes que revocan la ciudadanía, demuestran que ha intensificado la represión de las voces críticas por parte del gobierno. En este tiempo se han producido 2.373 protestas en todo el país; 628 de éstas fueron reprimidas por la policía antidisturbios, mientras que 59 sentencias de cadena perpetua fueron dictadas.
Uno de los casos más significativos de detenciones arbitrarias es el de Nabeel Rajab, activista reconocido del país, quien fue sentenciado a dos años de prisión por cargos relacionados a entrevistas televisivas que brindó y publicaciones en Twitter, en las que según los fiscales difundía rumores y noticias falsas relacionadas con la situación del país de una manera "que socava el prestigio del Estado".
Otro hecho que ha generado polémica y que fue foco de críticas y recomendaciones durante el segundo Examen Periódico Universal del país, fue la implementación de la pena de muerte por parte del Gobierno, al ejecutar a tres presuntas víctimas de tortura: Sami Mushaima, Abbas Al-Samea y Ali Abdulshaheed Al-Singace. Los tres hombres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento después de que su condena a muerte fuera aprobada por el Rey de Bahréin. Desde enero de 2017 un total de 9 personas han sido condenadas a pena muerte.
Al igual que en otros gobiernos dictatoriales, en Bahréin las autoridades han impuesto prohibiciones arbitrarias para salir del país a decenas de individuos y activistas que han sido críticos de los abusos cometidos por el mismo.
En materia de Derechos de la Mujer, Orientación Sexual e Identidad de Género, tanto las mujeres sunitas como las chiítas son discriminadas y no cuentan con los mismos beneficios legales y autonomía que los hombres, como por ejemplo en materia de divorcio (es un derecho unilateral ejercido por el hombre), la penalización del delito de adulterio, la criminalización de las relaciones sexuales sostenidas fuera del matrimonio, entre otros. Sin embargo, no existe una ley que prohíba la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.
En el Examen Periódico Universal realizado en mayo del presente año (el tercero realizado al país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Bahréin que modificara o derogara sin demora estas leyes discriminatorias, incluidas las disposiciones discriminatorias en su Código Penal y Ley de Nacionalidad, así como en asuntos de familia.
En la sesión realizada entre 1 y 12 de mayo de 2017 en Ginebra la troika estuvo conformada por Cuba, Ghana y Japón. En el reporte realizado por la Oficina del Alto Comisionado para DDHH se destaca el estancamiento de la situación política en Bahréin desde el segundo ciclo del EPU en 2012. El equipo del país informó que no se habían introducido enmiendas a la Constitución después de las adoptadas en mayo de 2012.
El uso de la pena de muerte fue objeto de muchas de las 175 recomendaciones formuladas a Bahréin por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchos países recomendaron que Bahréin avanzara hacia la abolición de la pena de muerte, mientras que otras recomendaciones formuladas estaban relacionadas con la libertad sindical, el uso de tribunales militares, las amplias leyes antiterroristas del país y la protección de los defensores de derechos humanos.
Diálogo interactivo y respuesta por parte del estado de Bahréin
Durante el diálogo interactivo 82 delegaciones realizaron intervenciones, entre las recomendaciones de las democracias desarrolladas se destacaron las de Irlanda, Dinamarca, los Países Bajos, la República Checa y el Reino Unido, enfocadas en sugerir la abolición de la pena de muerte, denunciar el asesinato de civiles acusados de presuntos actos terroristas, el juzgamiento en cortes militares y la implementación de la arbitraria ley antiterrorista vigente en la actualidad. Tanto Reino Unido como Estados Unidos hicieron especial énfasis en las numerosas órdenes de revocatoria de la ciudadanía, considerándolas como arbitrarias.
De igual manera, Suecia observó que el principal grupo de oposición Al-Wefaq, había sido disuelto en junio de 2016, representando importantes limitaciones al derecho a la libertad de asociación y reunión y remarcó que la primera ejecución en más de seis años se había llevado a cabo en enero 2017. Suiza elogió esfuerzos tales como el establecimiento de nuevas instituciones, pero expresó su pesar por la aplicación incompleta de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin y repudió las medidas de represión aplicadas contra la sociedad civil. Francia dijo que la lucha contra el terrorismo debe realizarse, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, y también expresó su preocupación por las ejecuciones que se habían llevado a cabo y exhortó a Bahréin a respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Ante estas observaciones, el jefe de la delegación de Bahréin declaró que la pena de muerte sólo se aplicaba a un número limitado de casos graves y aclaró que en la legislación existen salvaguardias adecuadas para la imposición y aplicación de esta.
Algunos de los países celebraron la creación de varias instituciones enfocadas a trabajar los derechos humanos como el programa para el período 2015-2018, titulado: "Hacia la justicia, la seguridad y el bienestar de la sociedad", la Comisión de Derechos de los Presos y Detenidos, la Dependencia de Investigaciones Especiales y la Defensoría del Pueblo.
A pesar del crítico informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU, Portugal acogió con agrado la creación de una institución nacional de derechos humanos, y una comisión sobre los derechos de los reclusos y detenidos. Noruega reconoció las medidas positivas adoptadas para mejorar la situación de los derechos humanos e Italia acogió con satisfacción el establecimiento de un plan nacional para la inclusión de las mujeres de Bahréin, así como la adopción del mismo.
De los países latinoamericanos cabe destacar que la posición más crítica la sostuvo Chile, manifestando estar profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos en el país y señaló que las restricciones al ejercicio de la democracia reducían la posibilidad de debate y crítica por parte de la sociedad civil. También le preocupó a Chile que los malos tratos y torturas a los detenidos sigan siendo prácticas comunes.
Por su parte, México expresó su preocupación por las medidas adoptadas con miras a restringir los derechos a la libertad de asociación, reunión y a la libertad de expresión. Y Uruguay acogió con beneplácito la legislación para abolir la tortura, así como el establecimiento de instituciones para investigar los supuestos casos de tortura.
En cambio, la República Bolivariana de Venezuela aplaudió a Bahréin por las amplias consultas realizadas para la preparación del informe nacional. Acogió con satisfacción las reformas que adelanta el país en materia de derechos humanos, que según ellos, se encuentran en concordancia con los Principios de París. Resaltaron los esfuerzos para garantizar la igualdad de género. A su vez, Argentina felicitó a Bahréin por haber presentado un informe a mitad de período en 2014 y por haber lanzado un programa de acción para el período 2015-2018.
Cuba tomó nota de las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia penal y el desarrollo de la capacidad de la policía nacional para respetar los derechos humanos en el curso de la aplicación de la ley. También tomó nota de la aplicación de la Visión Económica 2030 del país sobre la base de la sostenibilidad, la equidad y la competitividad y la promoción de los derechos humanos.
Presentación oficial del Estado evaluado
Cabe destacar que dentro de la presentación del informe realizado por Bahréin, el jefe de la delegación del país informó al Consejo de Derechos Humanos que el examen periódico universal brindaba la oportunidad de poder presentar los logros del Reino en el fomento y la protección de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Se hizo especial énfasis en resaltar la adopción positiva y responsable de las recomendaciones formuladas en mayo de 2012, durante la revisión del segundo ciclo del Reino. Sin embargo, siguiendo el clásico discurso de los gobiernos represivos, la delegación presentó una recopilación que incluía información “falsa” sobre violaciones a los DDHH, atribuida a organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos de las Naciones Unidas que buscaban politizar el discurso de los DDHH y desconocer los avances en la materia realizados por el gobierno de Hamad bin Isa Al Jalifa.
