En una carta dirigida a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales señalaron que el Consejo debería lanzar una investigación internacional independiente sobre los abusos cometidos por todas las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen.

Por Gretel Zeniquel

Cuando el presidente Ali Abdullah Saleh renunció, en el año 2011, dejó un montón de problemas sin resolver. Los poderes presidenciales fueron transferidos al vicepresidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi quien asumió la presidencia oficialmente el 21 de febrero del 2012 en una elección de una sola persona.

Según el último informe elaborado por Freedom House, la guerra civil que desbastó a Yemen comenzó en el 2015cuando el presidente en ejercicio Abd Rabbu Mansur al-Hadi huyó de la capital y las potencias extranjeras encabezadas por Arabia Saudita intervinieron para apoyar a su gobierno contra el movimiento rebelde Huzí, radicado en la comunidad chiíta Zaidi, una gran minoría en Yemen, y fuerzas aliadas vinculadas al ex presidente Ali Abdullah Saleh.

Amnistía Internacional, Human Right Watch y demás organizaciones denuncian que tanto la coalición dirigida por Arabia Saudita, que apoyaba al gobierno yemení, y el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él, cometieron con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional. Se impusieron duras restricciones al derecho de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en las zonas que algunas de las partes controlaban, deteniendo arbitrariamente a quienes expresaban oposición o críticas, como periodistas y defensores de los derechos humanos, y obligando a cerrar ONGs.

Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó, por un lado, que el pasado 22 de agosto del corriente año un grupo armado no identificado secuestro a Mohsin, un periodista local de Yemen que había estado cubriendo la guerra civil contribuyendo así a una gran variedad de medios de comunicación. Por otro lado, el colapso de las instituciones estatales deja en vulnerabilidad a los periodistas, ya que debido a la escasez de información y la ausencia de cualquier tipo de investigación o del debido proceso legal sobre las desapariciones de éstos, pone de relieve el ambiente traicionero y turbio en el que ellos hacen su trabajo. Al menos seis periodistas fueron asesinados en relación con su trabajo durante el año, y varios otros fueron secuestrados.

Las organizaciones ya mencionadas sostienen que Yemen padece la mayor crisis humanitaria del mundo, con al menos siete millones de personas al borde de la hambruna y cientos de miles sufriendo cólera.

Ambas partes, cada una por su lado, han violado el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por su parte, la coalición internacional que apoyaba al gobierno del presidente Hadi impuso un bloqueo marítimo y aéreo que impidió la importación de alimentos y productos para la satisfacción de necesidades básicas; además muchos de sus ataques fueron indiscriminados y tuvieron como blanco a la población civil y bienes de carácter civil, como lugares donde se celebraban funerales, hospitales, escuelas, mercados y fábricas. Médicos Sin Fronteras ya no confía más en la capacidad de la coalición para evitar estos ataques y retiró a su personal de seis hospitales del norte de Yemen después de que aviones de la coalición bombardearan un hospital apoyado por la ONG, por cuarta vez en un año, matando a 19 personas e hiriendo a 24. Del otro frente, las fuerzas huzíes y sus aliados, entre los que había unidades del ejército leales al ex presidente Salé, también cometieron reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario. En noviembre se tuvo noticias de que habían efectuado al menos 45 ataques ilícitos en Taiz, matando e hiriendo a decenas de civiles. La ONU informó que un ataque cometido el 4 de octubre había matado a 10 civiles, entre ellos 6 niños y niñas, y herido a otros 17 en una calle próxima al mercado de Bir Basha. Se sumó la colocación de bombas terrestres antipersonal y el desplazamiento y arresto a periodistas o personas que expresaban críticas u oposición.

Por último, un reporte de Human Rights Watch notifica que junto a otras 66 organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales, regionales e internacionales en una carta a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalaron que el Consejo debería lanzar una investigación internacional independiente sobre los abusos cometidos por todas las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen.

Gretel Zeniquel