La exclusión ciudadana de la actividad política es prácticamente total. La intolerancia no es solo política, sino también religiosa. Las expresiones de disidencia son reprimidas. Las mujeres son ciudadanas de segundo grado. Los trabajadores que se encuentran bajo el sistema de la visa kafala están atrapados en un sistema moderno de esclavitud.

Por Augusto Couceiro

Parecería ser que estamos hablando de una monarquía absolutista del siglo XVII al mejor estilo "Roi Soleil". Sin embargo hay que situarse en tiempo presente y en el medio de la Península Arábiga. La Arabia Saudita de Mohámed bin Salmán, primer ministro y príncipe heredero, es el encargado de dirigir esta monarquía absolutista donde el Islam es Ley (Sharia) y el petróleo es el principal sustento económico.

Con la idea de desarrollar el país y convertirlo en la máxima potencia regional se ha esbozado el "Plan 2030" para modernizar y diversificar la economía. Sin embargo, el país se encuentra envuelto en el manto de la tradición donde sus valores y acciones se oponen a los compartidos por las democracias occidentales.

Así como la diversificación económica es necesaria para mantener sana las finanzas, garantizar los derechos humanos es imprescindible para cualquier tipo de Estado. Y en el estado que se encuentran, sería muy complicado afirmar que estén garantizados.

En materia política, al ser una dinastía monárquica convierte a todos los ciudadanos del reino en súbditos del Rey. El mismo es elegido internamente en la familia real Al Saud, por lo que los ciudadanos no tienen la potestad de elegir a su gobernante ni a los 150 miembros del consejo consultativo (Majlis al-Shura). Las elecciones municipales son el único nivel donde el ciudadano puede sufragar, pero sin embargo estas se encuentran manipuladas por el Estado y cualquier candidato puede ser suprimido sin razones claras.

Las pasadas elecciones del 2015 fueron las primeras en que las mujeres pudieron tanto votar como candidatearse, aunque de todas maneras se aplicaron políticas divisorias y la imagen de ambos sexos no podía compartir ningún ámbito público. La posibilidad de elegir a los gobernantes no pasa de ser una simple ilusión.

La exclusión ciudadana de la actividad política es prácticamente total. Al no existir partidos políticos y la disidencia al poder central estar penada con la cárcel, el lugar a la heterogeneidad de ideas es inexistente. Lamentablemente, estos conceptos se vieron materializados en septiembre de 2017 tras el encarcelamiento de los miembros fundadores de la Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA), una de las organizaciones más importantes en la materia.

La intolerancia no es solo política, sino también religiosa. La única religión aceptada es el Islam, pero no todas sus vertientes gozan del mismo trato. Arabia Saudita es el bastión sunita de la región (84% de la población), la cual representa la clase dominante sobre la minoría chií, que es perseguida. Uno de los referentes de esta minoría, el clérigo Nimr al Nimr fue ejecutado en 2016 tras haber sido declarado culpable de incitar al terrorismo. No

ha habido pruebas de lazos entre el clérigo y entidades terroristas, solo actividades reformistas, que desde la perspectiva oficial del país es motivo suficiente para su condena.

Como ya se ha mencionado, las expresiones de disidencia son reprimidas pero esto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una voluntad de encapsular a la población para volverla sumisa y obediente. Una de las maneras que opta el estado Saudí además de la represión, es el control de los medios de comunicación. El ministerio de la información es el aparato del gobierno que se encarga de manejar los medios tradicionales (televisión, radio y prensa escrita) como otorgar o retirar licencias para la publicación de contenidos en internet.

El adoctrinamiento está presente en todas las esferas de la vida cotidiana y la educación no podía ser la excepción. El sistema escolar cuenta con buena infraestructura, cantidad de maestros y presencia a lo largo y ancho del reino. Pero lo que se "enseña" no es más que un simple bourrage de crâne donde no existe la libertad académica, con un programa diseñado para fomentar los valores del islam sunita y reprimir las ideas seculares. Es decir que el objetivo del sistema no es formar personas críticas con capacidad analítica sino ciudadanos funcionales al sistema opresivo.

Y son justamente estos ciudadanos funcionales (hombres, saudíes, sunitas y a favor del sistema) que gozan de un nivel de vida y privilegios superior al resto de la sociedad.

Si bien las mujeres lograron tener cierto grado de participación política, el mismo podría ser catalogado como dependiente. Dependiente de su "tutor", primero del padre y luego de su marido. No pueden decidir por ellas mismas, dependen de la autorización del tutor para poder tener un negocio, estudiar, salir del país o incluso casarse. Su testimonio tiene menos peso en la corte y reciben menos herencia que sus hermanos hombres, por lo que se las podría catalogar como ciudadanas de segundo grado.

Si bien no todos los ciudadanos son tratados iguales, hay un grupo que se encuentra todavía más vulnerable. Estamos hablando de un grupo vital para el desarrollo del país ya que representa la amplia mayoría de la fuerza laboral. Son los trabajadores que se encuentran bajo el sistema de la visa kafala. Este estatuto le entrega al empleador la "propiedad" del trabajador ya que de este depende tanto la entrada como la salida del país y la capacidad para tener otro empleo. Este grupo se encuentra atrapado en un sistema moderno de esclavitud ya que desarrollan sus vidas dentro del reino en condiciones prácticamente infrahumanas, donde su voluntad no es respetada y están a la merced de las decisiones que tomen por él.

Los ciudadanos saudíes viven bajo el yugo de un déspota que encuadra la sociedad bajo tradiciones y costumbres opuesta a la declaración de los derechos humanos. Por eso, no se dejen engañar por los rascacielos de Riad ni la membrecía al G20, pues hay un pueblo que no conoce la palabra libertad.

Augusto Couceiro