La grave crisis política e institucional hondureña ante las elecciones a finales de 2017 contribuyó a agravar la situación de los derechos humanos en el país y amenazó a las instituciones democráticas.

Por Florie Postis

Durante las últimas elecciones presidenciales de diciembre de 2017, el país centroamericano ha vivido una situación que ha llamado la atención en el concierto de los procesos políticos electorales latinoamericanos. En efecto, la Corte Suprema hondureña decidió suprimir la limitación de un único mandato presidencial, lo que permitió al presidente saliente – Juan Orlando Hernández – lanzar su campaña para un segundo mandato. En un país con un sistema electoral que requiere una sola votación, había ganado con el 35% de los votos en 2013 y logró consolidar su poder durante los cinco últimos años, manteniendo un control fuerte sobre las principales instituciones del país y asegurándose de posicionar a sus seguidores en los puestos fundamentales del Estado.

Al mismo tiempo, se han lanzado durísimas campañas contra los medios de comunicación críticos con el Gobierno que denunciaban las irregularidades del proceso electoral y los excesos policiales. En consecuencia, las elecciones se desarrollaron en un marco caótico, con represión y violencia en las calles a un costo de más de 30 muertos. Finalmente, la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que el estrecho margen de votos entre los dos primeros candidatos, tanto como las irregularidades y errores sistémicos, le impidieron determinar quién fue el ganador y concluyó recomendando una nueva elección.

Así, la grave crisis política e institucional hondureña ante las elecciones a finales de 2017 contribuyó a agravar la situación de los derechos humanos en el país y amenazó a las instituciones democráticas. En efecto, la sostenibilidad democrática del Estado ha sido fuertemente probada durante el último año. En este sentido, el informe del Bertelsmann Transformation Index de 2018 sobre Honduras destaca que en un contexto en el que las elecciones presidenciales no fueron justas ni libres, el Estado no puede seguir garantizando un nivel mínimo de seguridad para todos los ciudadanos. Hoy, Honduras es conocido sobre la escena internacional por ser uno de los países con el nivel más alto de asesinatos debido a la negación de todas las formas de derechos humanos y todas las personas pueden ser afectadas, desde periodistas y defensores de derechos humanos por mostrar su oposición al gobierno, hasta mujeres por ser mujeres. La situación es tan grave que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “las personas deciden dejar sus casas por desesperación”.

Desde ataques de periodistas y defensores de derechos humanos…

Las protestas pacíficas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad y el país siguió siendo uno de los más peligrosos de las Américas para los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), 25 periodistas fueron asesinados entre 2014 y 2016. En septiembre de 2017, el famoso periodista Carlos William Flores fue asesinado por un hombre en bicicleta en la ciudad de Cortes, cerca de la frontera guatemalteca. Flores era el director del programa televisivo “Sin Pelos en la Lengua” en el que criticaba los efectos dramáticos del comercio agrícola sobre el medio ambiente. En este sentido, puede subrayarse que los defensores y defensoras que trabajan en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente siguieron sufriendo abusos como campañas difamatorias orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales para desacreditar su labor, intimidaciones, amenazas y ataques violentos. En este contexto, el año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defendían los derechos medioambientales. Por ejemplo, se reportaron altos niveles de violencia en el Valle del Aguán, donde siguieron sin resolverse largos conflictos de tierras. Según el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, todavía no se han implementado adecuadamente las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida y la integridad de líderes y lideresas en el Valle del Aguán.

Además, de acuerdo con las autoridades locales, el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia carece de los recursos y el personal necesarios. En febrero de 2017, el Congreso aprobó una ley para condenar a las personas en caso de apología, glorificación o justificación del terrorismo, abarcando así todas las formas de asociaciones ilegales y actos que podrían generar miedo, poner en riesgo o afectar a la seguridad interna del Estado como al equilibrio económico del país. Hoy en día, se sabe que las provisiones de la ley sirven para detener a los actores de las protestas pacificas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron su inquietud en cuanto a la formulación ambigua de la ley y su potencial arbitrario.

Finalmente, la gran mayoría de los ataques registrados siguieron quedando impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontan las investigaciones y los juicios. Por ejemplo, apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la famosa defensora ambientalista indígena y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. En el segundo aniversario de su muerte, el 2 de marzo de 2018, Amnistía Internacional declaró que no pudo identificar a quienes están detrás del asesinato de Berta Cáceres poniendo en peligro a demás activistas.

…Hasta ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil

Honduras, Guatemala y El Salvador están con los números de homicidios más altos del mundo. La violencia en estas naciones afecta de manera especial a los que critican el Gobierno, pero también a la población civil sin razones aparentes.

Primero, las mujeres son las primeras víctimas de la violencia en Honduras y a modo de ejemplo puede mostrarse que entre enero y octubre de 2017, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de mujeres.

Por otra parte, puede entenderse que, si además de defender los derechos humanos eres mujer, sufrirás un doble rechazo en Honduras. En este sentido, la organización Asociadas por lo Justo (JASS), presentó este 9 de mayo de 2018 el informe MAPEO: Las Mujeres y las Luchas por la Tierra y el Territorio de Honduras. En el mismo se destaca que las mujeres son más propensas a recibir agresiones y que las principales fuentes de amenaza son la policía, las empresas y las fuerzas armadas del Estado. Entre las formas de agresión más frecuentes, las mujeres mencionaron ofensas de carácter sexual, insultos y humillaciones, expulsiones, violencias y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones.

Además, aunque en junio de 2017 se aprobó una ley en el Congreso Nacional hondureño prohibiendo el matrimonio de los niños, un tercio de las niñas están casadas antes de los 18 años.

Finalmente, no se garantiza el acceso a un aborto seguro y legal en ninguna circunstancia. Según el Código Penal hondureño, el aborto puede ser condenado hasta 6 años de prisión. El 5 de mayo de 2017, el Congreso Nacional decidió mantener la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

Las personas LGBTI también afrontaron altos niveles de violencia durante el año 2017. Según la Red Lésbica Cattrachas, aumentaron los homicidios hasta un total de 35 muertes.

En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, se denunciaron homicidios, agresiones y casos de utilización indebida del sistema de justicia contra quienes defendían a los pueblos indígenas. En 2017, aún no se habían implementado las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 en dos casos en los que Honduras había violado los derechos colectivos sobre la tierra de comunidades garífunas.

Los emigrantes también vivieron situaciones contrarias a la preservación de los derechos humanos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 17.735 personas hondureñas solicitaron asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estado Unidos. Sin embargo, también seguían devolviéndose a Honduras desde esos países a números personas, que se veían así obligadas a regresar a las mismas situaciones de peligro mortal.

Honduras está viviendo momentos cruciales de su historia y como lo recuerda el activista y periodista padre Melo: “La mejor solidaridad con Honduras es no olvidar su existencia.” En efecto, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos fuera de las zonas de guerra, con varias consecuencias dramáticas sobre las personas y el país, mientras la oposición todavía acusa de fraude electoral a Juan Orlando Hernández, reelegido por una diferencia de 50.000 votos.

Florie Postis

Francia