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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
19-06-2018Bolivia y derechos humanos: una evaluación de la era Evo Morales
A pesar de su aspecto estable, Bolivia ha caído en una situación de incertidumbre política y económica. Aunque la oposición política sigue siendo fragmentada en el país, la hegemonía de Evo Morales se ve desafiada desde el referendo constitucional de 2016.Por Florie Postis
Bolivia ha logrado suscitar la atención internacional desde hace varios años por tres razones principales. Primero, el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) logró convertirse en la primera fuerza política del país en tan solo 30 años. Luego, por primera vez en la historia boliviana, un “indígena”, Evo Morales, ocupó la Presidencia en un país que fue dominado por las élites blancas o mestizas. Finalmente, estas dos fuerzas políticas juntas propusieron hacer una revolución en los marcos de la democracia proponiendo un modelo de desarrollo diferente al neoliberalismo y favorable a los sectores populares.
Así, desde 2005, Bolivia puede ser caracterizada por su continuad interna debido a la permanencia del presidente Evo Morales, reelegido en 2009 y en 2014 con más del 60% de los votos y con un apoyo popular muy importante. Por otro lado, algunos acontecimientos recientes sugirieron que la estabilidad económica y política de los últimos 10 años está acabándose. En efecto, en febrero de 2016 Evo Morales decidió llevar a cabo un referendo constitucional para poder presentarse por un cuarto mandato presidencial, pero su iniciativa perdió por estrecho margen. Aunque este referendo podía ser visto como un signo positivo para la democracia boliviana, las ambiciones presidenciales finalmente superaron la viabilidad política del país. Así, a finales de 2017 se suspendieron los artículos de la Constitución que prohibían la reelección y los opositores al presidente de Bolivia salieron a las calles de las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a las intenciones del mandatorio de postularse para un cuarto mandato. Además, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina, aunque sus reservas fósiles y recursos minerales se encuentran dentro de los más importantes de la región. Las desigualdades geográficas, étnicas y económicas entre las regiones son significativas y generan conflictos entre los sectores olvidados del país y la capital administrativa de La Paz y la región de la Media Luna donde se encuentran los principales recursos peroleros del país.
Hoy en día, la estrategia política de Evo Morales está bajo crecientes cuestionamientos y la capacidad del gobierno para responder a las presiones sociales está fuertemente comprometida. Aunque el gobierno intenta prevenir un escalamiento de la violencia y de las protestas antigubernamentales, las organizaciones sociales, indígenas y regionales que apoyaban a Evo Morales durante sus dos primeros mandatos tienen cada vez más reivindicaciones debidas a la situación de los derechos humanos en el país. En efecto, el gobierno ha generado un clima hostil para los defensores y defensores de los derechos humanos y la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cerró el 31 de diciembre de 2017. Según Amnistía Internacional, las preocupaciones principales son: la debilidad del sistema judicial, la falta de libertad de expresión para los defensores de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres y el trabajo infantil.
La base del problema: un sistema judicial que sigue careciendo de eficacia
Aunque se hicieron algunos progresos, la corrupción, las demoras y la interferencia política siguen caracterizando al sistema judicial boliviano. En enero de 2015, el presidente Evo Morales anunció un nuevo proceso de reforma judicial pero no logró mejorar la situación en cuanto a la independencia judicial, a las condiciones carcelarias y a la impunidad de abusos y delitos violentos.
La independencia judicial es un verdadero desafío en el país. En consecuencia, en junio de 2016, miembros del gobierno y de la sociedad civil boliviana se reunieron en la “Cumbre Nacional de la Justicia” para debatir y hacer recomendaciones hasta crear un sistema judicial efectivo. Dentro de las recomendaciones de la Cumbre, pueden citarse la creación de un proceso de selección para los jueces del Tribunal Superior de Justica, el establecimiento de un grupo de magistrados de supervisión y la instauración de condiciones de evaluación de los jueces. A pesar de esas observaciones, el gobierno siguió controlando fuertemente el ámbito judicial. En efecto, en diciembre de 2016, miembros de la Asamblea Plurinacional de Bolivia y afiliados de Evo Morales suspendieron a 4 de los 5 miembros del Consejo de Magistrados, organismo responsable del nombramiento de los jueces, por haber sido nombrados de “manera ilegal”. En mayo de 2017, los nuevos miembros del Consejo de Magistrados anunciaron que todos los jueces elegidos antes del establecimiento de Constitución de 2009 podrían ser suspendidos por el Consejo. El mismo mes, 88 jueces fueron despedidos. Finalmente, en diciembre de 2017, se eligieron los jueces de la Alta Corte sobre una lista directamente diseñada por la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Finalmente, según las informaciones de Amnistía Internacional, Evo Morales dijo en una entrevista que la independencia judicial era una “doctrina de los Estados Unidos”, “al servicio del imperio”.
Además, pueden anotarse los problemas vinculados a las condiciones carcelarias. En efecto, en diciembre de 2016, Bolivia registraba más de 15.000 presos, aunque se podían recibir como máximo 5.000 presos en las prisiones. Para luchar contra este problema, los decretos presidenciales adoptados entre 2012 y 2017 permitieron al presidente reducir las penas impuestas por los tribunales por delitos menores. Así, en diciembre de 2016, más de 5.800 personas beneficiaron de estos “perdones”.
Finalmente, el sistema judicial boliviano carece en cuanto a la falta de justica para los responsables de violaciones de derechos humanos. En efecto, Bolivia ha condenado muy poco a los responsables de las violaciones del gobierno autoritario entre 1964 y 1982, porque las fuerzas armadas se negaron a dar informaciones sobre las personas desaparecidas o asesinadas durante este periodo. En agosto de 2017, el gobierno decidió establecer una Comisión de la Verdad para investigar las graves violaciones cometidas bajo los gobiernos militares entre 1964 y 1982 y el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas bolivianas, el General Luis Orlando Ariñez, afirmó que los militares iban a colaborar para dar apoyo a la Comisión, concediendo entre otras cosas acceso a sus archivos. Además, la falta de justicia ha llevado a que se produzcan linchamientos de ciudadanos o policías que se creía que eran responsables de delitos. Por ejemplo, en mayo de 2017, en San Julián, lincharon al ciudadano Yonny Pizarro, presuntamente implicado en la muerte de un colegial de 17 años en abril del mismo año. Lo agredieron, le prendieron fuego, y lo colgaron de un árbol hasta que perdió la vida según las informaciones de Radio TV Central de la Red ERBOL.
Los efectos: más violaciones de derechos humanos, menos compasión
Los defensores y defensoras de derechos humanos todavía viven intimidaciones y no pueden trabajar con eficacia y de manera independiente. Al respecto, desde un decreto de 2013, Evo Morales puede disolver a una organización de la sociedad civil y puede revocar la licencia de cualquiera ONG que ejerce otras actividades que las citadas en la ley. En esta perspectiva, el gobierno tiene varios medios para interferir en los grupos independientes y acusó de manera repetida a defensores de derechos humanos por conspiración contra el gobierno. Por ejemplo, en marzo de 2017, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), organización no gubernamental con sede en la universidad Mayor de San Simón, denunció que el rector de esa universidad había hostigado al Centro. El director del CEDIB solicitó garantías de seguridad para su personal y sus archivos, pero no recibió respuesta de las autoridades. En noviembre del mismo año, el CEDIB denunció que se habían congelado sus cuentas bancarias como consecuencia de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector. Para protestar, el 6 de febrero de 2017, los lideres de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tomaron durante varias horas la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la capital y exigieron la destitución de su presidenta.
Los defensores de derechos humanos no son los únicos que sufren violencias graves en Bolivia. Las mujeres y los derechos reproductivos no son protegidos en el país y la ley de 2013 no permite a las mujeres recibir una protección suficiente. En efecto, aunque esta ley creó el crimen de “feminicidio” en el país y estableció cortes para crímenes de género, el Abogado General reportó 74 feminicidios entre enero y septiembre de 2016. También las mujeres encuentran problemas para conseguir anticonceptivos y el aborto inseguro sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna.
A nivel del trabajo infantil, en 2014 se aprobó una ley permitiendo el trabajo de menores desde los 10 años, algo que viola estándares internacionales, convirtiendo a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el trabajo desde tan temprana edad. Al mismo tiempo, el gobierno expresó su voluntad de realizar un censo para registrar a todos los niños con menos de 14 años trabajando en el país, pero todavía no está terminado. El último censo de 2008 indicaba que 850.000 niños con menos de 17 años trabajaban en Bolivia.
En cuanto a la orientación sexual de las personas, en mayo de 2016 el tribunal Supremo Electoral otorgó el derecho a contraer matrimonio civil a las personas que habían cambiado legalmente de género. Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo siguió sin contar con reconocimiento oficial. En diciembre de 2016, una mujer transexual, Luna, obtuvo un nuevo certificado de identificación con su identidad de mujer. Entonces, se casó en diciembre de 2016 con su esposo, convirtiéndose en la primera persona transexual en casarse legalmente con una persona del mismo sexo biológico. Sin embargo, en noviembre de 2017 revisaron la ley mostrando que todavía no se permitiera el matrimonio de personas del mismo sexo biológico. También, a finales de 2017, el defensor del Pueblo propuso una enmienda del Código Penal para que los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales constituyan un delito. Durante el decenio anterior, las autoridades habían eludido exigir responsabilidad a quien mataban lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
También en agosto de 2017, la asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley para facilitar la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y la provisión de asistencia económica a personas con discapacidad grave. Por ejemplo, durante años, los activistas que defendían los derechos de las personas con discapacidad habían perdido un subsidio mensual por discapacidad, que aun no se había otorgado.
Por último, irónicamente los indígenas sufren exclusiones en el país por parte del gobierno, aunque la Constitución de 2009 incluye garantías para los derechos de los grupos indígenas. En efecto, en agosto de 2017 el presidente promulgó la Ley 969, que permite la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua del país y en el que viven aproximadamente 14.000 personas indígenas. En este sentido, esa ley derogó una legislación anterior según la cual el TIPNIS era un área protegida, lo que causo preocupación por el posible desarrollo de otros proyectos extractivos y de infraestructuras en la zona.
A pesar de su aspecto estable, Bolivia ha caído en una situación de incertidumbre política y económica. Aunque la oposición política sigue siendo fragmentada en el país, la hegemonía de Evo Morales se ve desafiada desde el referendo constitucional de 2016. Las elecciones de 2019 mostrarán seguramente los límites de la era Morales. Según el Índice de Transformación Bertelsmann, el país tendrá que enfrentarse a cuatro desafíos:
- El MAS y sus opositores tendrán que establecer varios procesos institucionales para implementar un régimen de cooperación entre el nivel nacional y subnacional, además de organizar un sistema jurídico independiente y estable sin interferencias políticas.
- El gobierno tendrá que tener en cuenta los movimientos sociales para evitar un escalamiento de los conflictos y de las violencias.
- El programa de ayuda social creado por Evo Morales tendrá que ser implementado correctamente.
La dependencia a las materias primas tendrá que ser superada con nuevas ideas para que se diversifique el sistema productivo boliviano, respetando al medio ambiente y a las fuerzas presentes en el país.
Florie PostisFrancia
Bolivia ha logrado suscitar la atención internacional desde hace varios años por tres razones principales. Primero, el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) logró convertirse en la primera fuerza política del país en tan solo 30 años. Luego, por primera vez en la historia boliviana, un “indígena”, Evo Morales, ocupó la Presidencia en un país que fue dominado por las élites blancas o mestizas. Finalmente, estas dos fuerzas políticas juntas propusieron hacer una revolución en los marcos de la democracia proponiendo un modelo de desarrollo diferente al neoliberalismo y favorable a los sectores populares.
Así, desde 2005, Bolivia puede ser caracterizada por su continuad interna debido a la permanencia del presidente Evo Morales, reelegido en 2009 y en 2014 con más del 60% de los votos y con un apoyo popular muy importante. Por otro lado, algunos acontecimientos recientes sugirieron que la estabilidad económica y política de los últimos 10 años está acabándose. En efecto, en febrero de 2016 Evo Morales decidió llevar a cabo un referendo constitucional para poder presentarse por un cuarto mandato presidencial, pero su iniciativa perdió por estrecho margen. Aunque este referendo podía ser visto como un signo positivo para la democracia boliviana, las ambiciones presidenciales finalmente superaron la viabilidad política del país. Así, a finales de 2017 se suspendieron los artículos de la Constitución que prohibían la reelección y los opositores al presidente de Bolivia salieron a las calles de las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a las intenciones del mandatorio de postularse para un cuarto mandato. Además, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina, aunque sus reservas fósiles y recursos minerales se encuentran dentro de los más importantes de la región. Las desigualdades geográficas, étnicas y económicas entre las regiones son significativas y generan conflictos entre los sectores olvidados del país y la capital administrativa de La Paz y la región de la Media Luna donde se encuentran los principales recursos peroleros del país.
Hoy en día, la estrategia política de Evo Morales está bajo crecientes cuestionamientos y la capacidad del gobierno para responder a las presiones sociales está fuertemente comprometida. Aunque el gobierno intenta prevenir un escalamiento de la violencia y de las protestas antigubernamentales, las organizaciones sociales, indígenas y regionales que apoyaban a Evo Morales durante sus dos primeros mandatos tienen cada vez más reivindicaciones debidas a la situación de los derechos humanos en el país. En efecto, el gobierno ha generado un clima hostil para los defensores y defensores de los derechos humanos y la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cerró el 31 de diciembre de 2017. Según Amnistía Internacional, las preocupaciones principales son: la debilidad del sistema judicial, la falta de libertad de expresión para los defensores de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres y el trabajo infantil.
La base del problema: un sistema judicial que sigue careciendo de eficacia
Aunque se hicieron algunos progresos, la corrupción, las demoras y la interferencia política siguen caracterizando al sistema judicial boliviano. En enero de 2015, el presidente Evo Morales anunció un nuevo proceso de reforma judicial pero no logró mejorar la situación en cuanto a la independencia judicial, a las condiciones carcelarias y a la impunidad de abusos y delitos violentos.
La independencia judicial es un verdadero desafío en el país. En consecuencia, en junio de 2016, miembros del gobierno y de la sociedad civil boliviana se reunieron en la “Cumbre Nacional de la Justicia” para debatir y hacer recomendaciones hasta crear un sistema judicial efectivo. Dentro de las recomendaciones de la Cumbre, pueden citarse la creación de un proceso de selección para los jueces del Tribunal Superior de Justica, el establecimiento de un grupo de magistrados de supervisión y la instauración de condiciones de evaluación de los jueces. A pesar de esas observaciones, el gobierno siguió controlando fuertemente el ámbito judicial. En efecto, en diciembre de 2016, miembros de la Asamblea Plurinacional de Bolivia y afiliados de Evo Morales suspendieron a 4 de los 5 miembros del Consejo de Magistrados, organismo responsable del nombramiento de los jueces, por haber sido nombrados de “manera ilegal”. En mayo de 2017, los nuevos miembros del Consejo de Magistrados anunciaron que todos los jueces elegidos antes del establecimiento de Constitución de 2009 podrían ser suspendidos por el Consejo. El mismo mes, 88 jueces fueron despedidos. Finalmente, en diciembre de 2017, se eligieron los jueces de la Alta Corte sobre una lista directamente diseñada por la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Finalmente, según las informaciones de Amnistía Internacional, Evo Morales dijo en una entrevista que la independencia judicial era una “doctrina de los Estados Unidos”, “al servicio del imperio”.
Además, pueden anotarse los problemas vinculados a las condiciones carcelarias. En efecto, en diciembre de 2016, Bolivia registraba más de 15.000 presos, aunque se podían recibir como máximo 5.000 presos en las prisiones. Para luchar contra este problema, los decretos presidenciales adoptados entre 2012 y 2017 permitieron al presidente reducir las penas impuestas por los tribunales por delitos menores. Así, en diciembre de 2016, más de 5.800 personas beneficiaron de estos “perdones”.
Finalmente, el sistema judicial boliviano carece en cuanto a la falta de justica para los responsables de violaciones de derechos humanos. En efecto, Bolivia ha condenado muy poco a los responsables de las violaciones del gobierno autoritario entre 1964 y 1982, porque las fuerzas armadas se negaron a dar informaciones sobre las personas desaparecidas o asesinadas durante este periodo. En agosto de 2017, el gobierno decidió establecer una Comisión de la Verdad para investigar las graves violaciones cometidas bajo los gobiernos militares entre 1964 y 1982 y el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas bolivianas, el General Luis Orlando Ariñez, afirmó que los militares iban a colaborar para dar apoyo a la Comisión, concediendo entre otras cosas acceso a sus archivos. Además, la falta de justicia ha llevado a que se produzcan linchamientos de ciudadanos o policías que se creía que eran responsables de delitos. Por ejemplo, en mayo de 2017, en San Julián, lincharon al ciudadano Yonny Pizarro, presuntamente implicado en la muerte de un colegial de 17 años en abril del mismo año. Lo agredieron, le prendieron fuego, y lo colgaron de un árbol hasta que perdió la vida según las informaciones de Radio TV Central de la Red ERBOL.
Los efectos: más violaciones de derechos humanos, menos compasión
Los defensores y defensoras de derechos humanos todavía viven intimidaciones y no pueden trabajar con eficacia y de manera independiente. Al respecto, desde un decreto de 2013, Evo Morales puede disolver a una organización de la sociedad civil y puede revocar la licencia de cualquiera ONG que ejerce otras actividades que las citadas en la ley. En esta perspectiva, el gobierno tiene varios medios para interferir en los grupos independientes y acusó de manera repetida a defensores de derechos humanos por conspiración contra el gobierno. Por ejemplo, en marzo de 2017, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), organización no gubernamental con sede en la universidad Mayor de San Simón, denunció que el rector de esa universidad había hostigado al Centro. El director del CEDIB solicitó garantías de seguridad para su personal y sus archivos, pero no recibió respuesta de las autoridades. En noviembre del mismo año, el CEDIB denunció que se habían congelado sus cuentas bancarias como consecuencia de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector. Para protestar, el 6 de febrero de 2017, los lideres de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tomaron durante varias horas la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la capital y exigieron la destitución de su presidenta.
Los defensores de derechos humanos no son los únicos que sufren violencias graves en Bolivia. Las mujeres y los derechos reproductivos no son protegidos en el país y la ley de 2013 no permite a las mujeres recibir una protección suficiente. En efecto, aunque esta ley creó el crimen de “feminicidio” en el país y estableció cortes para crímenes de género, el Abogado General reportó 74 feminicidios entre enero y septiembre de 2016. También las mujeres encuentran problemas para conseguir anticonceptivos y el aborto inseguro sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna.
A nivel del trabajo infantil, en 2014 se aprobó una ley permitiendo el trabajo de menores desde los 10 años, algo que viola estándares internacionales, convirtiendo a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el trabajo desde tan temprana edad. Al mismo tiempo, el gobierno expresó su voluntad de realizar un censo para registrar a todos los niños con menos de 14 años trabajando en el país, pero todavía no está terminado. El último censo de 2008 indicaba que 850.000 niños con menos de 17 años trabajaban en Bolivia.
En cuanto a la orientación sexual de las personas, en mayo de 2016 el tribunal Supremo Electoral otorgó el derecho a contraer matrimonio civil a las personas que habían cambiado legalmente de género. Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo siguió sin contar con reconocimiento oficial. En diciembre de 2016, una mujer transexual, Luna, obtuvo un nuevo certificado de identificación con su identidad de mujer. Entonces, se casó en diciembre de 2016 con su esposo, convirtiéndose en la primera persona transexual en casarse legalmente con una persona del mismo sexo biológico. Sin embargo, en noviembre de 2017 revisaron la ley mostrando que todavía no se permitiera el matrimonio de personas del mismo sexo biológico. También, a finales de 2017, el defensor del Pueblo propuso una enmienda del Código Penal para que los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales constituyan un delito. Durante el decenio anterior, las autoridades habían eludido exigir responsabilidad a quien mataban lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
También en agosto de 2017, la asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley para facilitar la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y la provisión de asistencia económica a personas con discapacidad grave. Por ejemplo, durante años, los activistas que defendían los derechos de las personas con discapacidad habían perdido un subsidio mensual por discapacidad, que aun no se había otorgado.
Por último, irónicamente los indígenas sufren exclusiones en el país por parte del gobierno, aunque la Constitución de 2009 incluye garantías para los derechos de los grupos indígenas. En efecto, en agosto de 2017 el presidente promulgó la Ley 969, que permite la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua del país y en el que viven aproximadamente 14.000 personas indígenas. En este sentido, esa ley derogó una legislación anterior según la cual el TIPNIS era un área protegida, lo que causo preocupación por el posible desarrollo de otros proyectos extractivos y de infraestructuras en la zona.
A pesar de su aspecto estable, Bolivia ha caído en una situación de incertidumbre política y económica. Aunque la oposición política sigue siendo fragmentada en el país, la hegemonía de Evo Morales se ve desafiada desde el referendo constitucional de 2016. Las elecciones de 2019 mostrarán seguramente los límites de la era Morales. Según el Índice de Transformación Bertelsmann, el país tendrá que enfrentarse a cuatro desafíos:
- El MAS y sus opositores tendrán que establecer varios procesos institucionales para implementar un régimen de cooperación entre el nivel nacional y subnacional, además de organizar un sistema jurídico independiente y estable sin interferencias políticas.
- El gobierno tendrá que tener en cuenta los movimientos sociales para evitar un escalamiento de los conflictos y de las violencias.
- El programa de ayuda social creado por Evo Morales tendrá que ser implementado correctamente.
La dependencia a las materias primas tendrá que ser superada con nuevas ideas para que se diversifique el sistema productivo boliviano, respetando al medio ambiente y a las fuerzas presentes en el país.
