Al adoptar la Declaración universal sobre la democracia, el gobierno reconoce los principios de soberanía limitada y de supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Una de las líneas de defensa abusadas por las autoridades consisteen la utilización pre-moderna del concepto de soberanía.

Por Manuel Cuesta Morúa

¿Conocen o recuerdan a la Unión Interparlamentaria1? La Unión Interparlamentaria (IPU) es una organización decana que agrupa a los parlamentos en el mundo, fundada en 1889 y que tiene a Cuba entre sus actuales 173 miembros. La IPU es el punto focal del diálogo parlamentario mundial y trabaja por la paz y la cooperación entre los pueblos y por el firme establecimiento de la democracia representativa.

Es tan vetusta que hace exactamente 20 años, entre el 7 y el 16 de septiembre de 1997, celebró nada más y nada menos que su 98ª Conferencia, en El Cairo, Egipto.

A 20 años de distancia, aquel encuentro es para nosotros ciertamente memorable, quizá también para muchos otros países. En él se adoptó, sin votación, por parte de su Consejo Interparlamentario, la Declaración universal sobre la democracia. Estuvieron representados en dicha ocasión 128 parlamentos del mundo, de los 193 Estados miembros con los que cuenta las Naciones Unidas en la actualidad, y con las únicas reservas expresadas por la delegación de China. Entre los participantes sin reservas estuvo el parlamento cubano y, sin intención de convocar a la risa, también el parlamento de Corea del Norte.

Con estas dos menciones especiales, y a la luz de la particular evolución de los acontecimientos en muchos países luego de 20 años, puede resultar poco serio para algunos rescatar las remembranzas de una Declaración más, que entra en los anales de los bellos principios frente a la cruda realidad de los principios groseramente violados por un número preocupante de Estados.

Sin embargo, creo que hay solo tres maneras de avanzar en las luchas democráticas: a través de las protestas no violentas contra los gobiernos anti democráticos, con la utilización simétrica y mancomunada de la ley por parte de la sociedad, y con el uso público de la palabra y la letra comprometidas por los gobiernos ante la sociedad y la comunidad internacional.

Esta Declaración, que no es vinculante en términos jurídicos, pero que sí lo es en la dimensión más importante de los gobiernos modernos, que es la dimensión ético-moral del ejercicio de la gobernanza, ―todos los gobiernos dicen fundarse en principios― comprende cuatro partes, empezando por los considerandos generales, seguidos de otras tres más sustanciales: una que se refiere a los Principios de la democracia, otra a los Elementos y ejercicio del gobierno democrático, y una última que toca la Dimensión Internacional de la democracia.

En 27 puntos, la Declaración universal sobre la democracia expresa conceptos tan importantes como los siguientes, y que solo resumo, destacando aquellos que me parecen relevantes para la particular y difícil conversación política entre el gobierno cubano y la sociedad civil:

1. La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad.
2. El estado de democracia garantiza que los procesos de llegada al poder y de ejercicio y alternativa en el poder permitan una libre competencia política y surjan de una participación popular abierta, libre y no discriminatoria, ejercida conforme el dominio de la ley, tanto en la letra como en el espíritu.
3. La democracia es inseparable de los derechos enunciados en los instrumentos internacionales mencionados en el preámbulo (Pactos internacionales de derechos civiles y políticos, culturales, económicos y sociales). Por consiguiente, esos derechos deben aplicarse de modo efectivo y su ejercicio correcto ha de estar acompañado de responsabilidades individuales y colectivas.
4. La democracia se funda en la primacía del derecho y en el ejercicio de los derechos humanos. En un estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
5. La democracia está basada en el derecho de todas las personas a participar en la gestión de los asuntos públicos; por ello requiere la existencia de instituciones representativas en todos los niveles, y en particular en el Parlamento, representativo de todos los componentes de la sociedad y dotado de poderes y medios para expresar la voluntad del pueblo legislando y controlando la acción gubernamental.
6. El elemento clave del ejercicio de la democracia es la celebración a intervalos periódicos de elecciones libres y justas, que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de modo que todos los votantes puedan elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia, que estimulen la competencia política…
7. Una de las funciones primordiales del Estado consiste en garantizar a sus ciudadanos el goce de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales…
8. Ser responsable ante los ciudadanos, elemento primordial de la democracia, se aplica a todas las autoridades públicas, elegidas o no, y a todos sus órganos sin excepción…
9. Las instituciones judiciales y los mecanismos de control independientes, imparciales y eficaces son la garantía del estado de derecho, fundamento de la democracia. Para (…) es preciso que todas las personas tengan acceso a recursos administrativos y judiciales…
10. Es necesario establecer condiciones que lleven al ejercicio auténtico de los derechos de participación, eliminando a la vez los obstáculos que eviten, obstaculicen o inhiban dicho ejercicio…
11. El estado de democracia supone la libertad de opinión y de expresión, lo que implica el derecho a expresar opiniones sin interferencia y a buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio informativo y sin consideración de fronteras (digamos que el gobierno cubano firmó la Declaración Universal tres veces)
12. En las sociedades tanto homogéneas como heterogéneas, las instituciones y los procesos de la democracia deben favorecer la participación popular para proteger la diversidad, el pluralismo y el derecho a ser diferente en un clima de tolerancia.
13. Una democracia debe defender los principios democráticos en las relaciones internacionales. En ese sentido, las democracias deben abstenerse de toda conducta no democrática, expresar su solidaridad con los gobiernos democráticos y los actores no estatales, como son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos, y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en regímenes no democráticos…

Aquí resumí trece de los veintisiete puntos de la Declaración universal sobre la democracia, en un orden que no corresponde a la numeración propia de ella.

El criterio fundamental de este específico resumen es el de poner en perspectiva cuatro tipos de conflicto que confrontamos hoy en Cuba: un primer conflicto entre el Estado cubano y la letra y el espíritu de las declaraciones, acuerdos, pactos y demás instrumentos internacionales que ha firmado en materia de democracia, derechos humanos y ciudadanía; un segundo entre sus compromisos internacionalmente asumidos y su comportamiento hacia la sociedad cubana; un tercero entre la Constitución y las leyes vigentes con esos instrumentos internacionales, y un cuarto entre estas mismas leyes, la Constitución y su cumplimiento por parte del Estado y gobierno cubano respecto de la sociedad.

Hay un eje que conecta estos cuatro tipos de conflictos: el gobierno cubano no admite constreñir su conducta a reglas del juego. Ni internas ni externas.

A juzgar por la fecha de sus posicionamientos retóricos, muy bien vendidos frente a la comunidad internacional, podríamos decir que el gobierno cubano ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos tres veces. La primera, cuando no denunció la firma hecha en 1948; la segunda, cuando en 1997 firmó y adoptó esta Declaración universal sobre la democracia, que no es otra cosa que una traducción política de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la tercera cuando en 2008 firmó los Pactos Internacionales, que intentan establecer un vínculo jurídico de obligado cumplimiento entre los gobiernos y toda la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Si lo miramos desde la perspectiva de los Pactos, diríamos que el gobierno cubano los adoptó desde 1997, cuando asumió y firmó sin reservas esta Declaración universal sobre la democracia. Once años antes de que los firmará de forma específica frente a Ban Ki Moon, entonces Secretario General de las Naciones Unidas. De hecho si adoptar fuera, jurídicamente hablando, sinónimo de ratificar, pues estaríamos en condiciones de exigir al gobierno cubano por el incumplimiento de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

Hay un segundo criterio que avanzo en este análisis. Fundamental para todos los cubanos. Al adoptar la Declaración universal sobre la democracia, el gobierno reconoce los principios de soberanía limitada y de supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Una de las líneas de defensa abusadas por las autoridades consiste en la utilización premoderna del concepto de soberanía. Para el gobierno cubano la soberanía reside en el Estado, como antes de la Revolución Francesa residía en el Rey. Aquel, con un lenguaje y ropaje modernos, ha logrado enmascarar su visión arcaica dentro del principio de libre autodeterminación de los pueblos, que en realidad no supone una contradicción con la soberanía de los Estados porque estos, a diferencia de los tiempos premodernos, obtienen su poder soberano de los ciudadanos. De un modo tal que, si la libre autodeterminación de estos lo determina legislativamente, podrían poner fin a la existencia de un Estado en el concierto de Estados mundial.

Por aquí hay conceptos esenciales para la sociedad civil en Cuba que me permiten concluir en la siguiente idea: la palabra y la letra dadas por el gobierno cubano, tanto internas como externas, son herramientas poderosas que podemos utilizar para movilizar la democracia en Cuba desde cuatro fundamentos: jurídico, moral, internacional y cultural. Parece ser nuestra única posibilidad, para mí la mejor, de emparejar el juego y establecer la simetría que necesitamos en una conversación política ya bastante prolongada. Desempolvar esta Declaración hoy proporciona más fuerzas morales 20 años después. La otra democracia está asumida por Cuba en un sinnúmero de textos a la mano de los demócratas cubanos.

Manuel Cuesta Morúa

Historiador, politólogo y ensayista. Portavoz del Partido Arco Progresista, Ha escrito numerosos ensayos y artículos, y publicado en varias revistas cubanas y extranjeras, además de participar en eventos nacionales e internacionales. En 2016 recibió el Premio Ion Ratiu que otorga el Woodrow Wilson Center.