(Perfil) Desde la perspectiva idealista que la democracia es la base para el desarrollo económico y social, las discusiones de políticas públicas en el G20 son un ejercicio inviable dado que en varios de los países que lo integran no se respeta la soberanía popular e incluso están señalados como grandes violadores de los derechos humanos. Precisamente sobre estos países y sus respectivos autócratas deberían concentrarse las protestas públicas en Buenos Aires.

Por Gabriel C. Salvia

(Perfil) El G20 fue originalmente pensado para atender cuestiones económicas y financieras, argumentando que lo integran países que representan el 85% de la economía mundial. Luego se agregaron nuevas temáticas, como el empleo, el medio ambiente, la infraestructura, etc. En todos los casos, el G20 encuentra una limitación importante, debido a que todas estas cuestiones no se pueden discutir internamente en países miembro como China, Arabia Saudita, Rusia y Turquía. Por tal motivo, los encuentros previos de distintos sectores y sus recomendaciones fueron una pérdida de tiempo, considerando que difícilmente los gobiernos autoritarios que no escuchan a sus propios ciudadanos lo hagan con los de otros países.

Es decir, desde la perspectiva idealista que la democracia es la base para el desarrollo económico y social, las discusiones de políticas públicas en el G20 son un ejercicio inviable dado que en varios de los países que lo integran no se respeta la soberanía popular e incluso están señalados como grandes violadores de los derechos humanos.

Precisamente sobre estos países y sus respectivos autócratas deberían concentrarse las protestas públicas en Buenos Aires en el marco del encuentro del G20. Es cierto que hay cuestiones para criticar en otros países miembros del G20, como México, Brasil y el propio Estados Unidos, pero son democracias en las cuales internamente se puede manifestar, criticar y elegir libremente a las autoridades que se alternan en el poder. Si bien es una diferenciación elemental, en Argentina existe un creciente analfabetismo cívico combinado con ceguera ideológica y por tal motivo las protestas no están dirigidas dictadores que reprimen severamente las libertades de sus ciudadanos.

Por ejemplo, en el caso de China, la mayor dictadura del mundo, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que no se informara a las familias sobre el paradero de familiares que habían participado en protestas y seguían privados de libertad, ni de personas que presuntamente habían sido detenidas por organizar actividades o expresar opiniones en 2014, en la conmemoración del 25º aniversario de las protestas en la Plaza de Tiananmen. A su vez, el mismo Comité expresó su preocupación por los informes de que había clínicas, tanto privadas como públicas, que ofrecían una denominada ‘terapia de conversión’ para cambiar la orientación sexual de las personas lesbianas y gays, y de que entre sus prácticas figuraban la administración de descargas eléctricas y, en ocasiones, el internamiento involuntario en centros psiquiátricos y de otro tipo, lo que podía dar lugar a daños físicos y psicológicos. Este Comité también señaló que había recibido numerosas denuncias de fuentes dignas de crédito que documentaban en detalle casos de torturas, muertes en situación de privación de libertad, detenciones arbitrarias y desapariciones de tibetanos. También se habían recibido denuncias de actos cometidos específicamente contra uigures y mongoles.

Sin embargo, nadie se imagina protestas en Buenos Aires repudiando la presencia de Xi Jinping enarbolando banderas del Tibet.

En Arabia Saudita, menores de 18 años han sido condenados a muerte y ejecutados; existen penas consistentes en castigos corporales, como la flagelación o azotamiento y la amputación; se llevan a cabo matrimonios infantiles y forzados, y rige un código de vestimenta obligatorio para la mujer; no hay independencia e imparcialidad del poder judicial, ya que los jueces son nombrados y destituidos por el Rey; las mujeres ven impedido el ejercicio a la libertad de asociación y se prohíbe a las asociaciones ocuparse de cuestiones políticas y de los derechos humanos. Asimismo, el Relator Especial sobre el terrorismo de la ONU condenó enérgicamente el uso de la legislación antiterrorista contra las personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, así como la libertad de religión o de creencias y la libertad de asociación y reunión pacífica. Por su parte, en el marco de su operación militar en el Yemen, Arabia Saudita cometió graves vulneraciones de los derechos de los niños, las mujeres y las niñas.

Pero hasta ahora, ningún organismo local de derechos humanos salió a respaldar la denuncia contra Mohammed bin Salman ante la Justicia argentina presentada por la prestigiosa organización Human Rights Watch. Tampoco los defensores de la libertad de prensa, luego del terrible asesinato de su colega Jamal Khashoggi, y los colectivos feministas, tienen previsto protestar contra la presencia del príncipe saudí.

En Rusia se registra la persecución a las personas consideradas homosexuales o bisexuales, y se investigan secuestros, detenciones ilegales, torturas, palizas y asesinatos conexos; las torturas y los malos tratos, particularmente para extraer confesiones, siguen siendo sumamente frecuentes; hay denuncias de hostigamiento, amenazas de muerte,  intimidación, actos de violencia física y homicidios de abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición, en especial los que ejercían en el Cáucaso Septentrional; se encuentran detenidas personas acusadas o condenadas por expresar opiniones críticas o disidentes, entre otras cosas, sobre los acontecimientos políticos o el estatuto de Crimea; y se clasifica a algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) como agentes extranjeros, lo que afecta sus actividades operacionales y en algunos casos terminaron con su cierre. A su vez, la Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones pidió a la Federación de Rusia que adoptara medidas para garantizar que no se pudieran imponer penas privativas de libertad que entrañaran trabajo obligatorio a personas que, sin utilizar la violencia ni defenderla, expresaran determinadas opiniones políticas o su oposición al sistema político, social o económico establecido.

Tampoco se ha conocido que alguna organización LGTBI tenga previsto protestar contra la presencia de Vladimir Putin, y lo propio por parte de aquellos que siempre condenan la invasión a territorios de otros estados, como ha sucedido con Crimea.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha publicado un informe sobre Turquía que abarca el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, en el que denuncia la privación arbitraria del derecho al trabajo y la libertad de circulación, la tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias e infracciones del derecho a la libertad de asociación y expresión, documentando el uso de la tortura y los malos tratos bajo custodia, incluidos palizas severas, amenazas de asalto sexual y asalto sexual real, descargas eléctricas y ahogamientos simulados por la policía, la gendarmería, la policía militar y las fuerzas de seguridad.

Recep Tayyip Erdogan parece que tampoco será objeto de protestas de repudio a su presencia en Buenos Aires.

Durante la dictadura militar argentina, aliada de la entonces Unión Soviética y la revolución cubana, se recuerdan importantes gestos de solidaridad democrática internacional por parte de mandatarios, funcionarios, diplomáticos y referentes sociales, denunciando la represión ilegal y el terrorismo de estado. Por lo tanto, dice mucho sobre la ingratitud de los organismos y referentes tradicionales de derechos humanos locales, el hecho que tantos autócratas participen en una Cumbre en Buenos Aires y no reciban sus expresiones de condena y de solidaridad con sus víctimas.

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Fuente: Perfil.com (Buenos Aires, Argentina)

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.